ALEJANDRO TOLEDO: ¿Existe el peligro de que prescriban sus delitos?
Se cierra el círculo alrededor del cholo. Como sabéis, esta semana se dio a conocer la confesión del ejecutivo de Odebrecht Sergio Nogueira Panicalli, quien revelo sin rubor alguno en Curitiba (Brasil) donde fue interrogado por un equipo de fiscales peruanos, que el monto de los sobornos pagados por las obras de la Interoceánica Sur llegó a un aproximado de 45 millones de dólares. Esta cifra difiere sustancialmente de lo declarado anteriormente a la Fiscalía por Jorge Barata, quien habló de pagos de sobornos por solo 20 millones de dólares, que se hicieron a cuentas de Alejandro Toledo - defensor acérrimo del matrimonio homosexual, la despenalización del consumo de drogas, el aborto libre y la ideología de género, entre otras aberraciones - quien se encuentra prófugo de la justicia. Según el testigo, esta cifra le fue proporcionada por Luís de Meneses Weyll en septiembre del 2009, cuando asumió la dirección del proyecto Interoceánica Sur. A esta confesión debemos agregar el anuncio del coordinador del Equipo Especial del Caso Odebrecht, Rafael Vela, por el cual el Ministerio Público cerró un acuerdo de colaboración eficaz con el empresario israelí Josef Maiman, para contribuir con las investigaciones contra Toledo, que se encuentra ‘refugiado’ en los EE.UU. y del cual debe ser extraditado para que responda por sus delitos. “El acuerdo con el señor Maiman ya está cerrado... El fiscal José Domingo Pérez está cumpliendo inmediatamente con todos los detalles de un acuerdo de colaboración eficaz que ha sido cerrado con Josef Maiman”, declaró Vela a la prensa al arribar al aeropuerto Jorge Chávez, luego de cumplir una serie de diligencias en Brasil. "Hay que elaborar el documento de corroboración, análogo al que se ha firmado en el caso de la empresa Odebrecht en Sao Paulo. Luego de ello será objeto de presentación ante un juez para que efectúe el control de legalidad", agregó. Refirió que el acuerdo de colaboración eficaz con Maiman es un elemento más dentro de otros que se está incorporando en las investigaciones por el caso Ecoteva y que son parte del trabajo proactivo de la Fiscalía. Como recordareis, en septiembre del 2017, Maiman declaró que se arrepintió de haber "apoyado" a Toledo. "Se me utilizó. Cometí el error de salir a ayudar a un amigo (Toledo) quien venía con múltiples versiones como el mentiroso compulsivo que es, y que los cambiaba de un día para otro a tal punto que ya no se puede creer una sola palabra de lo que dice", expresó Maiman. Alejandro Toledo es un prófugo de la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando fugo precipitadamente del país horas antes de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra por tráfico de influencias. Esto se debió ‘gracias’ a que fue alertado por Pedro Pablo Kuczynski (su socio del delito) para que abandone inmediatamente el Perú, ya que si caía el cholo, el era el siguiente, porque ambos fueron sobornados por Odebrecht recibiendo millonarios sobornos para favorecer a la constructora brasileña a la hora de adjudicarle importantes proyectos públicos. Debido a las nuevas revelaciones dadas a conocer esta semana, la Fiscalía acusará a Toledo de haber recibido US$45 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de la carretera Interoceánica Sur. En tanto Kuczynski (quien se encuentra con orden de impedimento de salida del país tras su forzada renuncia a la Presidencia, para evitar su ignominiosa destitución por el Congreso), también esta acusado por ese delito y su entrada en prisión es inminente. En abril del mismo año, el Poder Judicial dictó una segunda orden de prisión preventiva contra Toledo Manrique por el delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones por el Caso Ecoteva. El requisitoriado por la justicia - a quien se le ve botella en mano, frecuentando los bares en los EE.UU. - se le imputa en este proceso haber hecho sospechosas compras inmobiliarias a través de su suegra Eva Fernenbug (una anciana analfabeta colocada como testaferro de sus ilícitas actividades) con dinero proveniente de los millonarios sobornos recibidos de Odebrecht. Tras dos años de emitidas estas órdenes, surgen varias preocupaciones naturales. ¿Cuándo prescribirían los presuntos delitos? ¿Podrá ser extraditado de los EE.UU. antes que venzan estos plazos? Según explicó el abogado penalista Luís Lamas Puccio, el delito de tráfico de influencias por los sobornos de Odebrecht prescribiría el 2020; mientras que en el caso de lavado de activos (Ecoteva) la prescripción llegaría recién en el año 2035. De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el último pago que había recibido Alejandro Toledo fue en el 2010, año desde el cual comenzaría a correr el plazo de prescripción. Cabe señalar que respecto al Caso Ecoteva, el delito tendría una pena de hasta 20 años de cárcel y podría agravarse (cinco años más de prisión) si se considera que fue cometido como crimen organizado. "Creo que en la práctica es materialmente imposible, por lo menos en los términos que nos han planteado, que prescriba", indicó Lamas Puccio. Similar opinión tuvo la penalista Romy Chang, quien consideró que si bien el delito de tráfico de influencias prescribiría el 2020, en el caso de la investigación contra Toledo por lavado de activos se “estaría hablando de un plazo de aquí a 15 años por lo menos”. La especialista estimó que, en la práctica, este será extraditado al Perú mucho antes de que prescriban sus delitos. Respecto al plazo de la prescripción, Lamas Puccio indicó que el procurador del Estado debería solicitar al Poder Judicial que se suspenda el conteo de dicho plazo, algo que solo podría aplicarse con el nuevo Código Procesal Penal. "Lo que se debería haber gestado es que, en la investigación a Toledo, se suspendan los plazos de prescripción. Yo no sé si eso lo ha pedido la procuraduría, pero debió haberlo pedido. Como a Toledo le están haciendo dos procesos, uno con el antiguo y otro con el nuevo, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, el procurador debía haber exigido que se suspendan los plazos de la prescripción hasta que sea capturado y extraditado", manifestó. Romy Chang señaló por su parte que debería ser el fiscal quien pida al juez la suspensión de la prescripción de los delitos. Sin embargo, indicó que este tipo de medidas “son polémicas” porque contravendrían lo establecido en el artículo 83° del Código Penal. “Algunos plantean el tema de que la prescripción debe suspenderse y, por tanto, hacer como un 'stand by' y decir que todo lo que demora en traerlos no debería contabilizarse en el plazo. Lo podría pedir el fiscal en caso estuvieran ante un juicio. Esto es polémico porque también el Código Penal en el artículo 83, en la parte final, dice que en todo caso el delito prescribe cuando haya transcurrido la pena máxima más la mitad”, explicó. Finalmente, precisó que las órdenes de captura como las que pesan sobre el prófugo caducan cada 6 meses; no obstante, al no concretarse la detención, estas se renuevan “de trámite” y no tendrían por qué afectar el proceso de extradición contra Toledo. No cabe duda que este mitómano, alcohólico y drogadicto tarde o temprano terminara en manos de la justicia - a pesar que de una manera sospechosa Vizcarra no acelera los trámites para su extradición - y deberá pagar por sus delitos, junto a sus cómplices, entre los cuales hay varios en este gobierno de improvisados. Challapalca los espera a todos :)
