TV EN VIVO

sábado, 19 de julio de 2025

PERÚ: Entre la incertidumbre y la gobernabilidad

La fragmentación política en el país andino, caracterizada por la proliferación de vientres de alquiler que eufemísticamente se autodenominan “organizaciones políticas”, la volatilidad electoral y la debilidad institucional, constituye un fenómeno estructural que se ha intensificado en la última década. En efecto, la crisis de institucionalización de las “organizaciones políticas” es una de sus causas principales. Como sabéis, la transición democrática post-fujimorismo en el año 2000 no consolidó a los viejos partidos tradicionales – barridos tras el autogolpe de 1992 así como el desprestigio que arrastraban desde años atrás al estar envueltos en sonados casos de corrupción - sino que dio paso a un sistema de “democracia sin partidos”, donde las “organizaciones políticas” que los sucedieron, funcionan como vehículos electorales efímeros, más que como instituciones democráticas programáticas. Esta dinámica se acentuó en el 2016 cuando el fujimorismo obtuvo 73 parlamentarios y se exacerbó tras la disolución del Congreso en el año 2019 por el golpista Martin Vizcarra y las elecciones extraordinarias del 2020, que reflejaron una ruptura del predominio fujimorista y el ascenso de nuevas fuerzas políticas atomizadas, financiados por la minería informal y el narcotráfico. A medida que se aproximan las elecciones generales del 2026, este fenómeno se intensifica, generando desafíos significativos para la gobernabilidad, la representatividad y la estabilidad democrática en el Perú. Cabe precisar que el sistema político peruano se rige por la Constitución de 1993, que establece un régimen esencialmente presidencialista con elecciones concurrentes cada cinco años para elegir al presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos. La normativa electoral, regulada principalmente por la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, fija requisitos para la inscripción de partidos, como la recolección de firmas equivalente al 0.1% del padrón electoral, una barrera relativamente baja que ha facilitado la proliferación de 43 vientres de alquiler inscritos para las elecciones del 2026. Esta multiplicidad de actores políticos refleja una atomización del sistema de partidos, agravada por la ausencia de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tras su instauración en el año 2019 y su cuestionable eliminación en el año 2024, lo que ha permitido la participación de pseudo organizaciones políticas con nula representatividad. La fragmentación se ve agravada por el sistema de voto preferencial en las elecciones parlamentarias, que incentiva la competencia individual sobre la cohesión partidaria, y por la falta de una barrera electoral efectiva, fijada en 5% para partidos y 6% para alianzas. Este diseño institucional, combinado con la reinstauración del infame sistema bicameral para el 2026, con 60 senadores y 130 diputados (que pueden incrementarse mediante ley orgánica), amplifica la dispersión de la representación legislativa, como se observó en el año 2021, cuando nueve agrupaciones lograron escaños en un Congreso de 18 contendientes. A nivel jurídico, la baja barrera para la inscripción de partidos y la falta de incentivos para formar alianzas electorales sostenibles contribuyen a la proliferación de candidaturas. En el 2026, se estima que podrían competir aproximadamente más de cuarenta candidatos presidenciales, un récord histórico. La eliminación de las PASO ha permitido que agrupaciones fantasmales con limitado respaldo popular participen, incrementando la fragmentación del voto. Además, el sistema de voto preferencial fomenta la personalización de la política, debilitando la cohesión de las bancadas parlamentarias, como se observa en la “migración” de 55 de 130 congresistas a otras bancadas desde el 2021, que, más propiamente, podría ser considerado en la mayoría de los casos como actos típicos de transfuguismo parlamentario. La crisis de legitimidad de las instituciones políticas, con un Congreso que registra un 93% de desaprobación ciudadana, y la desconfianza en los partidos, reflejada en un 30% de voto blanco o viciado en encuestas recientes, alimentan un escenario de apatía y volatilidad electoral. Esta situación se agrava por la percepción de corrupción sistémica y la influencia de poderes fácticos, como los medios de comunicación, que concentran el 80% de la prensa escrita en el Grupo El Comercio, adalid de la prensa basura (quebrada económicamente y que se encuentra a la venta). En este escenario, las elecciones del 2026 se perfilan como las más complejas de la historia peruana. La primera vuelta, programada para abril de ese año, será una suerte de una primaria de facto, definiendo las dos candidaturas presidenciales más votadas para el balotaje y la composición del Congreso bicameral. Sin embargo, la alta fragmentación del voto podría conducir a que los candidatos que pasen a la segunda vuelta obtengan un porcentaje bajo de votos que podría comprometer la legitimidad del presidente electo. En el ámbito parlamentario, la fragmentación se manifiesta en la proliferación de bancadas y la inestabilidad de las alianzas legislativas. La reintroducción del sistema bicameral y el voto preferencial para senadores y diputados podría complicar aún más la cohesión legislativa. Se debe evidenciar, asimismo, que las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han avizorado la oportunidad de permanecer en el poder más allá del 2026. Para ello, la Constitución ha sido reformada “a su medida” en casi sesenta artículos en el 2024. La reforma central de estos cambios constitucionales es la reintroducción del bicameralismo del Congreso de la República. Hay que recordar que Fujimori justificó el golpe de Estado de 1992 y el cierre del Congreso que era bicameral en aquel entonces porque era ineficiente, corrupto y obstruccionista. Sin embargo, la reintroducción del bicameralismo no ha tomado en cuenta la decisión de los peruanos que, en el referéndum del 2018, rechazó con el 90% de los votos el reestablecimiento de la bicameralidad. Es indudable por ello que la fragmentación política plantea desafíos significativos para la gobernabilidad del Perú en los próximos años. El presidente electo en el 2026 enfrentará un Congreso fragmentado y con alianzas frágiles, donde ningún partido alcanzará mayoría. La ambigüedad de mecanismos como la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” y la disolución del Congreso, utilizados en crisis recientes, sigue sin resolverse, perpetuando la inestabilidad. No obstante, las elecciones podrían representar también una oportunidad para replantear el sistema político peruano; pero sin reformas estructurales, por lo que el riesgo de inestabilidad persistirá, perpetuando un ciclo de crisis que amenaza la viabilidad de su endeble democracia. La fragmentación política en el Perú de hoy tiene también una causa más grave: la “banalización de la Constitución”, que se ha acrecentado en los últimos años y se puede percibir en el hecho de que ella misma ha dejado de ser fundamento y límite del poder político. Formalmente lo es, aunque es constantemente manipulada al antojo de la voluntad de las fuerzas políticas, principalmente, del Parlamento. Es así que la actual Constitución ya no racionaliza el poder y su ejercicio, sino que es instrumentalizada por la política parlamentaria para “legitimar” la aprobación de leyes que favorecen sin ambages a los propios congresistas. Cuando en los últimos años, durante el régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo se pretendió convocar a una espuria asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna, pero al no conseguirlo, intento dar un autogolpe de Estado en el 2022, fracasando miserablemente y terminando ese mismo día en la cárcel por golpista y ladrón, los defensores de la Constitución han apelado a recordar sus bondades, sobre todo, en el ámbito económico y en la derrota del flagelo del terrorismo. Ello es innegable. Sin embargo, hay que reconocer que esa intangibilidad de la Constitución ha sido dejada de lado cuando las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han decidido que es más importante perpetuarse en el poder más allá del 2026, a través de la restauración del Senado, que defender la Constitución. Esto confirma la afirmación aguda que alguna vez hizo Horst Dreier, de que la Constitución no es un “seguro de vida político”. La democracia peruana no se sostiene solo por “tener” una Constitución, sino por mantener su vigencia, y protegerla de las fuerzas antidemocráticas que pretenden acabar con ella y sustituirla por otra de corte comunista como sucedió en Cuba, Nicaragua y Venezuela por sus sátrapas pretendiendo eternizarse en el poder. Ello no debe suceder en el Perú y por ese motivo hay que desbaratar infatigablemente cualquier intentona de la mafia caviar (que inexplicablemente aun controla los organismos electorales), quienes buscan repetir el fraude realizado en el 2021 para colocar en Palacio a un oscuro individuo de limitado lenguaje y nula inteligencia, para que destruya la democracia por dentro, como quiso hacerlo Castillo. A estar atentos a sus sucias maniobras... Pero con tal cantidad de candidatos demagogos y oportunistas que se van a presentar en los comicios ofreciendo hasta lo imposible a los incautos para conseguir su voto – y luego olvidarse de sus promesas como siempre lo hacen - las elecciones del 2026 van a ser de difícil pronóstico.
Creative Commons License
Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons.