Como sabéis, hace unas semanas atrás, el Congreso de la República - en uso de sus facultades constitucionales, aprobó por amplia mayoría una Ley de Amnistía que beneficia a aquellos valerosos miembros de las FF.AA. y la PNP que a riesgo de sus vidas, lucharon contra esa maldita lacra terrorista que ensangrentó al pais andino en las últimas décadas del pasado siglo. Catalogados en su momento como ‘Héroes de la Democracia’ - porque salvaron al Perú de caer en las garras de comunismo homicida - todo cambio con la llegada al poder de los parásitos caviares, quienes primero con Paniagua (ya muerto) y especialmente con Toledo (hoy en la cárcel por ladrón) se dieron a la tarea de perseguirlos incansablemente con toda clase de vejaciones y humillaciones, sometiéndolos a procesos interminables, reabriendo de forma ilegal casos ya resueltos una y otra vez, al no encontrar pruebas que los incriminen de las absurdas acusaciones que se les hacen. Este intolerable abuso por parte de aquella mafia caviar, quienes al mismo tiempo ‘santifican’ a los terroristas, victimizando a los asesinos con su falsa narrativa, tenía que acabar de una vez por todas, y ello ocurrió con esta ley aprobada por el Congreso, que aun no ha sido promulgada por el Gobierno y publicada en El Peruano, para que entre en vigencia inmediatamente. Como era de esperar, la caviarada puso el grito en el cielo y acudieron a desacreditados organismos internacionales como la CIDH - la misma que clama por la “inocencia” de los terroristas, exigiendo que se les indemnice económicamente - en busca de apoyo, y vaya que lo consiguieron, ya que al instante esta “ordeno” al Perú que dicha Ley de Amnistía “no se aplique”. Pero lo que no se esperaban era la enérgica respuesta del Gobierno peruano por medio de la Presidenta Constitucional Dina Boluarte, quien los puso en su sitio, alegando que “el Perú no es colonia de nadie, para que desde fuera nos digan lo que tenemos que hacer”. En efecto, en una ceremonia realizada este jueves, la Jefa de Estado remarcó que el mandato de un país democrático como el Perú se ejerce de acuerdo con la Constitución y las leyes, y aseguró que siempre respaldará a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las organizaciones que defendieron al Perú del terrorismo. “El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana. Y eso debe quedar claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia”, puntualizó. “Somos defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos, y esta posición del Gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad”, añadió durante su discurso. Esta declaración ha tenido un amplio apoyo de la ciudadanía, que rechazan la burda injerencia de la CIDH en los asuntos internos del Perú. En sintonía con la cabeza del ejecutivo, varios ministros salieron a defender la posición esgrimida por la señora Boluarte .Tal fue el caso del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien apoyó la medida y trató el rechazo a la CIDH como una defensa soberana."Soy un general en situación de retiro, pero sigo siendo policía, ¿cómo no estar de acuerdo con haber visto en 35 años de mi vida persecuciones por demás? Estoy de acuerdo completamente. Tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que solucionar nuestros propios problemas. Debemos hacer lo que debemos hacer para salvar a nuestro país. La Corte no nos puede marcar la pauta, no puede decir qué hacer o qué no hacer", sostuvo durante una entrevista en Canal N. Similar fue el caso del ministro de Justicia, Juan Alcántara, quien aseguró que los procesos de observación de la corte internacional deben venir luego de que se promulgue la norma. Además, criticó el accionar de ese organismo caviar señalando que, no ocultan su apoyo a los terroristas que desataron un baño de sangre en el Perú."La corte nos dice que no sigamos con el trámite. Es una ley que ni siquiera ha sido promulgado. ¿Cómo la corte nos va a decir que no hagamos lo que tenemos que hacer? (…) Recién estamos por promulgar una norma. Han promulgado una medida cautelar donde nos dicen que no hagamos lo que nuestra Constitución nos pide que hagamos. (...) No es de extrañar que todas las decisiones de la Corte siempre han sido favorables a terroristas, ahí están las evidencias y demuestran de que lado están", indicó Pero no solo el Ejecutivo se ha pronunciado en contra de la CIDH. La nueva presidencia del Congreso también ha arremetido contra ese cuestionado organismo. José Jerí, recientemente elegido como titular del Legislativo, afirmó que la pena de muerte -propuesta como una posible medida para combatir la delincuencia “importada” de Venezuela - debe ser evaluada para su eventual implementación, incluso si ello implicara el retiro del país de la CIDH, “lo que seria lo mas conveniente” aseveró. “Cuando las instituciones fallan o no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más firmes”, declaró Jerí ante la prensa, sugiriendo la posibilidad de que el Perú se retire del infame Pacto de San José, dada su completa inutilidad. Como recordareis, durante su pedido del voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, llamo a que el Poder Legislativo de los primeros pasos para que el Perú salga de la CIDH (que únicamente vela `por los “derechos” de los terroristas) "Como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema que es sumamente perjudicial para el Perú", declaró en aquel entonces el actual primer ministro. En buena hora, los titulares de los ministerios se han pronunciado rechazando esta resolución intrusiva. Y obviamente, desde el Congreso de la República se debe reafirmar que la decisión de otorgar o no una amnistía es competencia exclusiva del Parlamento, no de una corte extranjera. No se puede seguir permitiendo que un organismo internacional, cuyos miembros nadie ha elegido, intente supervisar y censurar los procesos legislativos del Perú, queriendo imponer límites a su sistema democrático. Se necesita que el Gobierno actúe con firmeza y coraje frente a esta inaceptable intromisión, asumiendo la férrea defensa de su soberanía nacional. Esta no se negocia... A que lo tengan claro.
