Cada cierto tiempo, cuando se perpetran delitos graves o aumenta la cantidad de actos delictuosos en el país andino, se pretende solucionar la situación con la pena capital, esto es, la pena de muerte, presentándose en el Congreso de la República proyectos de ley con tal objetivo. Como recordareis, dicha pena estuvo permitida en la Constitución de 1979 únicamente para el delito de traición a la patria en caso de guerra exterior, lo que repitió el artículo 140 de la Constitución de 1993 que actualmente rige al Perú, la que agregó el delito de terrorismo, pero no se ha dictado la legislación complementaria para ello, lo que impidió que Abimael Guzmán por ejemplo, fuera fusilado como se merecía, aplicándosele por lo tanto la mayor pena permitida como es la Cadena Perpetua, que cumplió hasta su muerte en el 2021. Además, si se pretendiese aplicarla pena de muerte para los violadores de menores tendría que modificarse previamente, en forma parcial, la Constitución, así como adicionalmente denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sucede que a raíz del asesinato de una niña de 12 años en un distrito populoso al sur de Lima y la consiguiente indignación publica, el tema volvió a la palestra, al ser esgrimido por la Presidenta Constitucional Dina Boluarte en un evento realizado en la Fuerza Aérea del Perú, donde pidió reabrir el debate para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores: “Es momento, que ante de hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles para una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”, exhortando a las autoridades judiciales a no permitir que agresores sexuales salgan en libertad. “Hago un llamado a las autoridades de justicia, a la Fiscalía y al Poder Judicial, no podemos permitir que este tipo de criminales siga en las calles o tenga este tipo de beneficios. No debemos tener ningún tipo de contemplación a quienes se atreven a tocar a nuestros niños, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias”, agregó. En tanto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, indicó que evaluaría aplicar esta medida en caso de violación a menores y al sicariato. Durante su interpelación, el titular del Minjus respondió a la pregunta del parlamentario Jorge Montoya, de Honor y Democracia, quien siempre mantuvo a favor de la aplicación de esta medida. “Yo comprendo la preocupación del congresista Montoya, quien ha señalado de manera clara la necesidad de modificar la legislación en relación con la pena de muerte para delitos tan graves. Aunque estas modificaciones requieren un proceso, considero que efectivamente deben ser revisadas”, señaló Arana. El ministro explicó que es un defensor de los derechos humanos, pero a título personal no puede evitar sentirse consternado por los delitos contra menores de edad. “Como ministro de Justicia no solamente soy un defensor de los derechos humanos, pero en lo personal no puedo dejar de expresar mi estupor por aquellos que, como bien lo ha mencionado el congresista Montoya, cometen estos delitos tan graves contra la sociedad que deben ser severamente castigados”, agregó. Cabe precisar que la última vez que se aplicó la pena de muerte en el país andino fue el 20 de enero de 1979, en el fusilamiento de Julio Alfonso Vargas Garayar, un exsuboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) acusado de traición a la patria por espionaje a favor de Chile. Como era de esperar, la propuesta ha suscitado diversas reacciones entre los congresistas. El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, fue cauto al dar una posición, pero consideró que “siempre es propicio debatir ideas”. En esa línea, instó al Ejecutivo a que plante de manera real su posición en la forma de un proyecto de ley a fin de discutirlo. “Todo es posible en la medida que lo propongan, pero por ahora solo son opiniones”, indicó. La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, opinó en la misma línea. Mencionó que si bien el crimen de esta pequeña ha conmocionado a todos, “frente a lo que ha dicho, sabe que tendríamos que denunciar el pacto San José y eso solo parte por una iniciativa del Ejecutivo”. “Si ellos lo consideran, lo tiene que presentar el Ejecutivo y a partir de eso recién debatir si hacerlo. No basta solo el dicho, porque a mérito de una opinión no podemos iniciar un procedimiento parlamentario”, expuso ante la prensa. Por otro lado, Jorge Montoya recordó que propuso hace más de dos años la salida de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a fin de tener libertad jurídica “para poder actuar en estos temas y, en paralelo, hacer los debates necesarios”. Sobre a quiénes se aplicaría, consideró que es populista sindicar a algún grupo. Entretanto, Wilson Soto adelantó que buscará reunirse con la presidenta y el ministro de Justicia porque en la Constitución dice que el estado debe proteger a sus ciudadanos. “Yo creo que ella se ha asesorado del ministro de Justicia, pero no hay ningún proyecto del Poder Ejecutivo sobre el tema. Yo me pongo del lado de la población. Desde el Congreso, ¿vamos a seguir mirando cuántos ciudadanos asesinan con total impunidad?”, cuestionó. Precisamente, al día siguiente del anuncio de la mandataria, el ministro de Justicia Eduardo Arana, señaló que es una postura “seria” que el Ejecutivo promoverá. “Hay un problema que atender y la ciudadanía lo sabe. Las tareas que estamos haciendo no son suficientes para atender nuestra política contra criminales (...) No podemos tolerar a quienes no respetan la vida humana”, manifestó. Así, Arana dijo que la administración de Dina Boluarte someterá a consulta y el debate necesario para que toda la ciudadanía validen o no la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores. “Vamos a someter a consideración de la ciudadanía a nivel nacional la consulta para que se examine si en estos casos corresponde o no la pena de muerte”, acotó. Arana señaló que el plan de Dina Boluarte no contempla la creación de un referéndum nacional, y por el contrario, se realizarán audiencias a nivel descentralizado donde se debatirá la aplicación de la pena de muerte. Ante todo, cabe precisar que aplicarla de manera inmediata por más que sea deseable, no es posible, al ser el Perú firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y retirarse de ella toma tiempo. Este tratado, en su artículo 4, dedicado a la protección del derecho a la vida, prohíbe la aplicación de la pena de muerte. El Perú firmó este tratado en 1977 y lo ratificó en 1978, por lo que está prohibido ampliar a otros delitos. Es así que si el gobierno pretende que se aplique esta medida punitiva para agresores sexuales de menores de edad, tendría que retirarse del Pacto de San José. Este proceso - reiteramos - tomaría por lo menos un año, a lo se debe sumar la reforma constitucional a cargo del Congreso, para que entre en vigor. Sin embargo y como era de esperar, tanto la prensa basura como los parásitos caviares se han manifestado en contra de tan saludable iniciativa, con los argumentos más risibles que uno se puede imaginar, demostrando una vez más su complicidad con esos criminales, al igual que hacen con los terroristas y lo que es peor, se ofenden cuando alguien califica acertadamente de “ratas” - porque eso es lo que son - a quienes mediante una asonada senderista desataron el caos y la violencia en el Perú tras el ignominioso final del régimen golpista de Pedro Castillo, quemaron vivos a policías , ametrallaron a soldados desarmados, bloquearon carreteras, destruyendo aeropuertos e incendiando instituciones públicas, por lo que de “pacíficos manifestantes” no tenían nada y recibieron su merecido. Por cierto, de reimplantarse la pena capital contra los violadores de niños, este debe hacerse extensiva también a la delincuencia venezolana y a quienes los protegen, como son los jueces y fiscales caviares que los liberan inmediatamente una vez que son entregados por la policía, para seguir delinquiendo con total impunidad y ello no debe continuar. Esperemos que en esta ocasión, este pedido no quede en palabras como en anteriores ocasiones….. Si a la Pena de Muerte. (Fiel a su ‘estilo’, el Congreso volvió a dar vergüenza ajena este viernes al no aprobar una reforma constitucional para prohibir que delincuentes como Antauro Humala postulen en el 2026, poniendo en grave riesgo la democracia, siendo el gran responsable de esto el fujimorismo, cuya gran parte de su bancada se “ausento” para no votar, con el claro objetivo de que su candidata Keiko Fujimori tenga posibilidades de ganar los comicios apostando por la polarización. Que grave irresponsabilidad)
