Este fin se semana ha sido aprobado en la Asamblea Nacional de manera exprés del proyecto final de la ley que deroga la ley Orgánica de Hidrocarburos, por orden de Donald Trump, demostrando quien es el que manda efectivamente en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro y el consiguiente colapso del régimen chavista, el cual aún existe, pero sin poder alguno de decisión y mientras les sirva a quienes desean hacerse con la riqueza petrolera de ese país. Efectivamente, se trata de la “erradicación” total de la política petrolera de Chávez e incluso, va más allá, de la nacionalización de 1976 e incluso de todo el pensamiento nacional petrolero venezolano. Evidentemente, la primera Reforma propuesta y que debía ser aprobada el martes pasado en la AN, no fue aceptada, ya que se necesitaba presentar un proyecto final de “Reforma” que derogue completamente, no sólo la nacionalización de 1976, que reservaba al Estado las actividades petroleras, sino la Nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco del 2007, que otorgaba a los venezolanos el control y manejo de la mayor reserva de petróleo del planeta y que ahora ha pasado a manos estadounidenses. Se trata sin lugar a dudas de un robo a mano armada. Una cosa es apoyar la caída de un sátrapa como Maduro - celebrado por muchos – y otra muy diferente es aprovecharse de esa circunstancia para apoderarse de sus recursos energéticos como lo ha hecho Trump, quien, por cierto, ni siquiera lo disimula. Lo grave es que la aprobación de ese proyecto, borra de un zarpazo, las conquistas venezolanas de casi 70 años y pretende cancelar el pensamiento nacionalista petrolero del país. Desde Pérez Alfonzo, pasando por Carlos Andrés Pérez, hasta Hugo Chávez, y los retrocede a la época del dictador Juan Vicente Gómez. Además de la privatización de las actividades petroleras, tanto las primarias de producción, como las de exportación de petróleo (reservadas al Estado por el artículo 302 de la Constitución), se entregan los activos y derechos de Pdvsa a los operadores privados, decretando el fin de la empresa nacional, para convertirla en una mera agencia administradora de contratos. Así, Venezuela vuelve a la época donde el país no tenía propiedad alguna sobre el petróleo, se trata por ello, de la pérdida absoluta de control sobre su principal recurso natural, sobre el cual, no tendrá manera de ejercer su control y manejo soberano. Por otra parte, se entrega a los privados la comercialización del petróleo, que era reservada al Estado por la Constitución, impedirá que, de ahora en adelante, Venezuela pueda fijar los precios y atender los mercados de acuerdo con sus propios intereses. Ahora, será lo que decidan las transnacionales. Entretanto, el peso de Venezuela en la OPEP será cada vez más insignificante. Es evidente que la ley derogatoria, que se aprobó en la Asamblea Nacional, incluye rebajas fiscales totales, en una claudicación de sus derechos como propietarios del petróleo. Se eliminó el monto mínimo de regalías, se eliminó el impuesto de extracción, se eliminó el impuesto a los precios extraordinarios y exorbitantes del petróleo, se eliminó la tasa mínima del impuesto sobre la renta. El Ejecutivo se abroga una enorme discrecionalidad para favorecer al interés privado, en detrimento de su propio pueblo. Se incluyó además el arbitraje internacional, cediendo su soberanía jurisdiccional, en violación del artículo 151 de la Constitución. En la nueva ley derogatoria, el Estado “se compromete a compensar a las transnacionales si en el futuro se producen cambios en el régimen fiscal, impositivo o las leyes de la República”, renunciando así a las potestades soberanas del Estado sobre el manejo de nuestros propios asuntos. Igualmente, se arrebata a la Asamblea Nacional la capacidad aprobatoria de los contratos petroleros que - como establece la Constitución - son de interés público, violando groseramente el artículo 150 constitucional, imponiendo el secreto en materias que son de interés de todo el país. Finalmente, se “legalizan” contratos, los llamados de “participación productiva” (CPP), asignados de manera discrecional a operadores privados en detrimento de la propia Pdvsa. Ahora, habría que saber a favor de quién se entrega el petróleo de los venezolanos. Es muy grave lo que sucede. Más allá de las diferencias o disputas políticas, del odio y la intolerancia, del insulto y la descalificación, la defensa del petróleo y la soberanía debe ser un pensamiento y una aspiración nacional, de todos los venezolanos; de lo contrario, se estará hipotecando - así, como si nada - el futuro del país, entregada en cuerpo y alma a la voracidad de las trasnacionales estadounidenses. Asimismo, cuando con posterioridad a su celebración se produzcan modificaciones en el marco legal, fiscal, regulatorio o contractual, que afecten de manera negativa y sustancial la economía del proyecto, “el Ministerio con competencia en materia de hidrocarburos deberá acordar los ajustes necesarios para reestablecer dicho equilibrio, mediante la modificación de regalías, tributos, tarifas, plazos contractuales, condiciones económicas o mecanismos de compensación, a fin de restituir a la empresa operadora la posición económica que habría tenido de no haberse producido tales cambios.” En otras palabras, el Estado le está otorgando garantías al inversionista, rebajas y ventajas fiscales, para protegerlo de cambios en las leyes. El Estado renuncia así a su privilegio soberano de realizar futuros ajustes cambios en su régimen fiscal o sus propias leyes, teniendo que compensar al privado por ello, pagando una penalidad por el ejercicio de su propia soberanía. Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, las partes en los Contratos de Participación Productiva y demás modelos contractuales a que hace referencia esta disposición transitoria, “realizarán las adecuaciones que resulten necesarias a dichos contratos, a los fines de ajustarlos a los términos de esta ley. Durante dicho período continuará siendo aplicable el régimen tributario vigente antes de la publicación de esta ley. En ningún caso, el proceso de adecuación implicará o generará una desmejora de las condiciones previamente acordadas contractualmente.” Es decir, se aprovecha esta coyuntura para “legalizar” figuras contractuales violatorias de la LOH y la Constitución aún vigente; Se privatizan las actividades de producción y exportación de petróleo reservadas al Estado, en violación del artículo 302 de la Constitución; Se entregan áreas y activos de Pdvsa, a empresas seleccionadas de manera discrecional por el Ejecutivo, al amparo del secreto y la absoluta falta de transparencia. Desde ahora, la propiedad, producción y ganancias del petróleo venezolano serán exclusivamente para uso y beneficio de las empresas estadounidenses, donde los venezolanos no obtendrán ningún beneficio. De esta manera, lo que las bestias de presa de Washington le están haciendo a Venezuela ahora es un ejemplo especialmente flagrante de desvergüenza, una nueva demostración de la desfachatez estadounidense y la cobardía de los chavistas que se han entregado en cuerpo y alma a quienes hasta hace poco los consideraban como sus enemigos y ahora son sus amos. No es de extrañar por ello que los trumpistas y sus medios de comunicación se regodean en su propia iniquidad. El robo sistemático de los recursos de Venezuela - lo que ya está ocurriendo y el saqueo mucho mayor que se espera con regocijo para el futuro - se celebra públicamente. Y si hay disenso, es solo sobre las ganancias que se obtendrán, su escala prospectiva y si son tan seguras como los quiere Trump. “Las ganancias serán para nosotros y el garrote para quienes no acaten nuestras órdenes” ... Es la ‘Doctrina Donroe’ en toda su magnitud, donde impera la ley del más fuerte ¿Y las elecciones prometidas? Eso puede esperar indefinidamente, mientras roban todo lo que puedan “en nombre de la libertad”. Los buitres están de fiesta y se ceban sobre un país que ha perdido la dignidad.
