Por regla general, los mediocres siempre acusan a otros de sus desgracias, tratando de negar lo innegable y es que son ellos con su ineptitud e incapacidad son los únicos responsables de la situación en la que se encuentran. Esto podríamos aplicarlo perfectamente a Martín Vizcarra, aquel improvisado advenedizo quien mediante un golpe de Estado traiciono vilmente a la democracia el pasado 30 de septiembre, convirtiéndose en dictador, uno mas de aquellos que padeció el Perú a lo largo de su tumultuosa historia. Socio de Odebrecht, no solo posee 46 procesos judiciales abiertos por execrables delitos penales, que van desde cohecho, extorsión, intento de homicidio y secuestro, sino que también su empresa constructora, fue proveedor mayoritario del consorcio Conirsa - integrada por Odebrecht Latinvest Perú S.A.C., y Graña y Montero para la construcción de la carretera Interoceánica Sur - y además era apoderada del Consorcio Ilo, una asociación de constructoras lideradas por Graña y Montero, enriqueciéndose ilegalmente a costa del Estado utilizando su cargo para hacerlo a pesar que la ley se lo prohibía expresamente. A ello se suma su implicación en el Caso Chinchero, cuando como ministro de Transportes y Comunicaciones del conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski, intento presionar al por entonces Contralor de la Republica para que aprobara a como de lugar una infame addenda - a todas luces perjudicial para los intereses nacionales - con el cual intentaba favorecer al consorcio chileno Kuntur Wasi (propiedad de Sebastián Piñera, amigo de Kuczynski) obligando al Estado peruano a financiar íntegramente la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero (Cuzco), cuando en el contrato original se decía que los chilenos deberían hacerlo. Pero no contento con ello, se entregaba a dicho consorcio por 40 años la administración del citado aeropuerto a pesar de no haber invertido un céntimo, quedándose con todas las millonarias ganancias que ello acarrearía, lo cual iba a ser repartido entre Piñera, Kuczynski y Vizcarra. Pero al estallar el escándalo al quedar al descubierto dicha felonía, el contrato fue anulado y se abrió una investigación criminal para sancionar ejemplarmente a los responsables. Temeroso por las últimas investigaciones al respecto que daba cuenta de sus delitos y que podría terminar en la cárcel, dio el golpe de Estado para evitar ser fiscalizado, acabando con la institucionalidad democrática que había sido restaurada en el año 2000 tras la caída de la criminal dictadura fujimorista. Consumado el golpe, Vizcarra y sus secuaces están celebrando por estos días, teniendo no solo el apoyo de aquella prensa rastrera vendida al régimen golpista como El Comercio y La República - que sobreviven económicamente gracias a los millones de dólares otorgados indebidamente por el Estado para evitar su quiebra - sino también de aquellos pseudoperiodistas de alquiler, ONGS y empresas encuestadoras para que con sus campañas mediáticas hagan creer a los incautos que no se acabo con el estado de derecho y que no se vive en un régimen dictatorial, similar a lo que sucedió durante el fujimorismo. Si bien no hay tanques en las calles ni se tomaron los medios de comunicación como en aquella oportunidad - que es el argumento del cual se agarran ahora los golpistas para decir que no se ha repetido la historia - ya no es necesario hacerlo, porque tiene a sus grupos violentistas (aquellas hordas vizcarristas que se hacen llamar La Manada) que en realidad son comunistas reciclados aliados del terrorismo, quienes marchan en las calles con sus trapos rojos con la hoz y el martillo, atacando a quienes no piensen como ellos contando con la complicidad de la policía para hacerlo, intentando revivir épocas pasadas de siniestra recordación; y en cuanto a los segundos, como anotamos líneas arriba - debido a la grave crisis económica que padecen - los tiene bien agarrados de donde ya saben, para que les sirva de caja de resonancia de sus arbitrariedades. Pero para su desgracia, no sucede lo mismo fuera de las fronteras y conocidos e importantes medios de comunicación no han dudado en condenar firmemente el golpe, llamando a Vizcarra como lo que es: un despreciable dictador. En efecto, este hecho irrebatible lo confirma, demoledoramente, un artículo aparecido en The Wall Street Journal - el diario estadounidense de mayor circulación y el más influyente del planeta - bajo la firma de Mary Anastasia O’Grady, integrante del Consejo Editorial del WSJ, aparte de editora y columnista, quien bajo el sugerente titulo ‘The President of Perú Stages a Coup’ (El Presidente del Perú escenifica un golpe) detalla los pormenores de aquella infamia perpetrada por Vizcarra para intentar eternizase en el poder a toda costa. Este comentario sin la menor duda fijará la línea de opinión que adoptarán los mercados internacionales. E incluso, el propio gobierno estadounidense, respecto a lo que ha ocurrido en el Perú. El artículo señala que Vizcarra “ha disuelto ilegalmente el Congreso a pesar de que este le otorgo un voto de confianza que tanto le exigía, por lo cual dicha medida tomada arbitrariamente es inconstitucional y lo ha colocado al margen de la ley.” Empieza recordando que al observar la situación actual de Venezuela por culpa de una derecha que durante décadas saqueo las finanzas del país petrolero a su antojo y la sumió en la mas espantosa crisis económica, propiciando con ello la llegada al poder de un líder mesiánico como Hugo Chávez en 1999 - un outsider al margen de la clase política responsable de aquel desastre - “con la promesa de erradicar la corrupción” (argumento idéntico al expuesto por Vizcarra) instaurando un régimen que ya dura 20 años. “Cuarenta años antes, la revolución cubana de Fidel Castro obtuvo gran parte de su apoyo popular gracias al rechazo generalizado con la corrupción del régimen de Batista, instaurando una feroz dictadura tan oprobiosa como la de derroco que ha mantenido a la isla en el aislamiento internacional, parasitándose desde entonces para poder sobrevivir. Y es que una vez que han tomado el poder, aquellos "revolucionarios" ya no quieren dejarlo por ningún motivo. Pudiese parecer historia antigua, pero nos ayuda a explicar por qué la inconstitucional disolución del Congreso peruano en la semana pasada, mantiene en vilo a los demócratas de la región” aseveró O’Grady. El artículo recuerda que el Perú estuvo bajo una dictadura militar izquierdista hasta 1980, que utilizo los mismos argumentos para asumir el mando en 1968 destruyendo la economía con sus políticas estatistas, por lo que una vez que se restauro la democracia en 1980 tuvo que corregirse esos errores, pero tuvo que pasar varios años para que recién desde 1999 se haya tenido un enorme progreso económico incrementando el PBI por encima de 4.7%/año, y bajando el índice de pobreza de 59% en 1994 a 22% en el 2018. “Las exportaciones no tradicionales se han disparado en las últimas dos décadas, y la clase media se ha duplicado como porcentaje de la población. Estas ganancias se produjeron cuando el Perú se abrió a los mercados y mejoró la competencia y el respeto por la propiedad privada y la inversión extranjera. Pero ahora debido a que el golpe de Estado de Vizcarra pone en peligro las instituciones políticas del Perú, también amenaza seriamente a la economía, con mayor razón cuando su primer ministro es abiertamente estatista y propugna que el Estado tenga mayor participación en la actividad económica, contraviniendo la Constitución que limito su papel. Pero los partidarios de Vizcarra lo ven de otra manera. Creen que el cierre del Congreso (donde su presencia era minúscula) que le permitirá gobernar por decreto durante los próximos cuatro meses, está ‘justificado’ porque la democracia - afirman - se había vuelto disfuncional. En julio había convocado a elecciones generales anticipadas, que el Congreso de mayoría opositora rechazó. Tras ese fracaso, el mes pasado propuso una reforma del proceso por el cual el Congreso elige a los jueces de la Corte Constitucional, que hasta el último momento no se lo querian aprobar y fue la excusa perfecta para disolverlo, a pesar que finalmente lo hicieron, por lo que la medida adoptada por Vizcarra es inconstitucional y es claramente un golpe de Estado” expresó. “Cabe resaltar que cuando el conservador Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente en el 2016, Vizcarra era su compañero de fórmula. Tras la renuncia de Kuczynski bajo acusaciones de corrupción en el 2018, Vizcarra lo sucedió. Desde entonces al no tener partido propio, ha acumulado la mayor parte de su apoyo desde la izquierda, que busca afanosamente cambiar la Constitución especialmente en el rubro económico, para reinstaurar el estatismo a ultranza que tanto daño ha causado al Perú” escribe O’Grady con evidente preocupación. “Entre los partidarios del gobierno golpista se encuentra el ultraizquierdista Gregorio Santos - ferviente admirador de Hugo Chávez - quien tuiteó días antes de que Vizcarra cerrara ilegalmente el Congreso: ‘Vamos a preparar una gran reunión popular para una nueva Constitución’. Sabe que así es como Chávez consolidó el poder en Venezuela y quiere hacer algo parecido en el Perú. Un hombre fuerte que consolida el poder mediante un golpe de Estado rara vez es bueno para las perspectivas a largo plazo de una nación. Pisotear el estado de derecho no es una cura para la corrupción” puntualizó. Que un diario tan importante como el WSJ dedique un espacio para referirse a la situación que se vive en el Perú, indica hasta que punto el golpismo de Vizcarra suscita enorme inseguridad entre los inversionistas, esfumando con ello la confianza ganada e impulsando el caos social. Que orates como Antauro Humala o Verónika Mendoza tengan por ese motivo alguna posibilidad en los próximos comicios, suscita escalofríos por las locuras que pretenden hacer. Si bien es justo reconocer que el público estaba asqueado con los escandalosos “blindajes” otorgados por el Congreso a una serie de impresentables elementos para evitar que respondan por sus delitos ante la justicia - entre ellos a la propia cabecilla de la banda delincuencial, Keiko Fujimori, en prisión preventiva acusada de lavado de activos - por lo que se encontraba totalmente deslegitimado y pedían a gritos su disolución, no era la forma de hacerlo ya que se hizo sin respetar las normas constitucionales. Por cierto, ahora que no hay un adversario a quien acusar de obstruccionista porque todo el poder se concentra en sus manos ¿Como ‘justificara’ Vizcarra su inevitable fracaso? :)
