Como recordareis, desde sus inicios, el filosenderista Pedro Castillo no ha ocultado en ningún momento su rechazo a la prensa libre que denuncia constantemente sus delitos. Y no es algo nuevo, ya que durante su campaña, los fustigaba reiteradamente predisponiéndolos ante la indiada para que ataquen a los medios y periodistas, como ocurrió repetidamente en los mítines. A ello podemos agregar que el por entonces “profesor” de escuela rural -convertido fortuitamente en candidato a la presidencia - dio apenas unas escuetas entrevistas en su medio lenguaje, dejando entrever su ignorancia supina, aun en los temas más elementales, demostrando que era un analfabeto en grado sumo, capaz de cometer las mayores bestialidades de llegar a Palacio (como hoy lamentablemente se puede comprobar). Es más, desde los primeros días que usurpo el poder mediante el fraude en los comicios, llenó de rejas los espacios públicos para impedir que los periodistas cubriesen eventos oficiales - incluyendo la juramentación de su primer Gabinete conformado a último minuto - negándose además a firmar las declaraciones de Chapultepec y Salta acerca del respeto a la libertad de prensa. De otro lado, el manejo independiente de los medios estatales a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) durante su nefasta gestión es altamente cuestionable, y su voluntad para conceder entrevistas con medios no oficiales luce prácticamente nula. Lo hizo solo una vez en una lamentable entrevista a un canal de noticias extranjero y tras el ridículo que protagonizó a nivel mundial, nunca más ha vuelto a concederlo. Peor aún, los ataques constantes a los medios de comunicación independientes que denuncian diariamente los múltiples actos de corrupción, tanto del sujeto en cuestión cómo de la banda delincuencial que lo rodea, son una característica puntual de su caótica y desastrosa administración. Pero ninguna iniciativa o comportamiento del régimen hasta ahora ha buscado tan desembozada y directamente atentar contra la libertad de prensa como el proyecto de ley aprobado recientemente en Consejo de Ministros. De acuerdo con el impresentable Aníbal Torres, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se estaría presentando al Congreso una propuesta para sancionar la difusión de información reservada en una investigación penal. En conferencia de prensa, Torres señaló que en la actualidad se “selecciona tal o cual información con el propósito de imputar la comisión de delitos”, y que el proyecto impondrá hasta cuatro años de prisión para quienes sean encontrados culpables, buscando de esta manera intimidar y silenciar a sus críticos tal como sucede en Venezuela desde los primeros días del chavismo y que Castillo pretende imitar a toda costa. Como podéis imaginar, este es un atropello mayúsculo a la libertad informativa que de ninguna manera debe convertirse en ley. Solo los estados autocráticos o llanamente dictatoriales buscan utilizar el sistema de justicia para acallar las voces incómodas. En países de la región en los que la democracia ha sido progresivamente erosionada hasta perderse, los primeros pasos consistieron precisamente en coaccionar a la prensa con medidas como la que propone hoy ese anciano decrepito y senil que hoy funge de primer ministro. Por lo demás, no es de extrañar esta burda maniobra del régimen, dadas las circunstancias en las que se somete este aberrante proyecto de ley a la consideración del Congreso. Hay sentido de oportunidad. Entretanto, el Ejecutivo se halla cercado por infinitas acusaciones de corrupción que cada semana que compromete seriamente al propio Castillo, que más temprano que tarde, así no lo quiera, terminara en la cárcel. Ello es posible gracias a los aspirantes a colaboradores eficaces quienes vienen declarando sobre la existencia de una amplia red de corrupción en diversas instancias públicas comenzando en Palacio de Gobierno. El torrente de acusaciones e indicios de culpabilidad del okupa ese ya lucen imparables. Es en este contexto que un desacreditado régimen seriamente manchado por cargos de corrupción - con ministros, secretarios y hasta sus sobrinos prófugos de la justicia a menos de un año de su nefasto mandato - quiere sancionar la difusión de información. Seamos claros: Castillo intenta silenciar a la prensa para ocultar sus delitos y, para ello, está usando el arma más manida a disposición: el sistema de justicia. Este empeño no debería ser exitoso, pero puede encontrar algunos infames aliados en el Congreso, como los ‘niños’ de Acción Popular y los arribistas de Podemos Perú y APP, que están a su servicio. No olvidemos que, en enero de este año, la Comisión de Justicia, liderada por la cuestionada ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz, propuso una modificación “legal” muy parecida. De haberse aplicado estos criterios antes, los grandes casos de corrupción de los últimos años sencillamente no hubieran podido tener la repercusión ni el impacto entre la ciudadanía que tuvieron y que hicieron posibles sus avances. Así, en los casos de Odebrecht, el Club de la Construcción, los Cuellos Blancos del Puerto y varios otros, los destapes periodísticos sobre los avances en las investigaciones fueron fundamentales para evitar que actores inescrupulosos del sistema de justicia intentasen enterrar los casos (como estuvieron cerca de lograrlo en varios momentos). La norma en cuestión supondría ahora pena de prisión para los periodistas empeñados en que la verdad se conozca, mientras los delincuentes seguirían gozando de total impunidad. En todo caso, al margen de si este proyecto de ley llega a aprobarse o no, su sola existencia es reveladora respecto a la vena autoritaria de Castillo y su organización criminal. Un régimen que piensa que la manera de evitar que su descrédito escale es silenciando a quienes informan sobre sus escándalos está siguiendo la ruta más corta hacia el desastre total. Se retrata, a sí mismo, como uno incapaz de contener el caudal de información cada vez más comprometedora e ingresa a ese nefasto grupo de dictaduras que a lo largo de la historia del Perú intentaron torcer la labor periodística instrumentalizando el sistema legal de manera espuria. Pero esta no es la única objeción que se le puede hacer a este vil elemento que busca acallar a sus críticos pero que a su vez opta por el silencio para no condenarse a sí mismo, ya que en un acto por lo demás vergonzoso, se negó a recibir esta semana a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quienes acudieron a Palacio de Gobierno a tomar su declaración en el contexto de las investigaciones que el referido grupo de trabajo parlamentario realiza con respecto a las reuniones extraoficiales que sostuvo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, así como de las irregularidades cometidas en licitaciones de Provías Descentralizado y Petro-Perú, entre otros temas. Como recordareis, la comisión cambió recientemente la condición de Castillo de testigo a investigado, originalmente programando la declaración para el martes 21 de este mes, pero a pedido del secretario general de Palacio, , esta fue postergada por seis días. En el mismo documento en el que se solicitó la postergación, Alva Coronado comunicó al titular de la comisión, el legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular), lo siguiente: “Pero Castillo manifiesta su total disposición a recibir a la Comisión que usted preside en el Despacho Presidencial, en la fecha que considere, a partir del 27 de junio”. Todo hacía pensar, que cumpliría con la palabra empeñada; máxime cuando recientemente había anunciado en una actividad con líderes amazónicos celebrada en Palacio lo siguiente: “Estoy sometido a investigaciones y acusaciones, asistiré a todas, iré a todas, porque de eso se trata, de dar la cara en donde nos llamen”. Conforme la fecha se fue acercando, no obstante, si actitud al respecto fue modificándose. A través de uno de sus abogados, Benji Espinoza, primero se anunció la posibilidad de que Castillo guardase silencio ante las preguntas de la Comisión de Fiscalización. Y ya el domingo por la noche (es decir, en la víspera del día en que la cita debía tener lugar), Espinoza comentó que le había recomendado a su patrocinado que no recibiese al mencionado grupo de trabajo parlamentario “porque una declaración debe ser la concreción del derecho a ser escuchado con objetividad” y que “cuando eso no existe, la declaración es una mera formalidad”. Finalmente, el abogado comunicó que Castillo no recibiría a la comisión, y que viajaría más bien a Huancavelica para cumplir “una agenda establecida con posterioridad a la fijación de la cita para su declaración”. El representante legal del investigado proclamó, por su parte, que este no atendería a la comisión porque “esta no busca la verdad” y, en esa medida, “la declaración de Castillo sería una puesta en escena, una pantomima, una apariencia de debido proceso”. Lo que haría presumir tal cosa, sería, según él, que el grupo de trabajo encabezado por el parlamentario Ventura ya adelantó que su informe estaría listo para a mitad de semana. Como podéis notar, las distintas razones esgrimidas por Espinoza, o bien estaban ya a la vista el día que se acordó la cita (y, en consecuencia, su formulación a última hora no se sostiene), o bien se basaban sobre un cálculo del tiempo que podría tomarle a la comisión terminar su trabajo: dos pretextos artificiosos para quitarle el cuerpo al compromiso asumido. Los miembros de la comisión concurrieron de todas maneras a la Casa de Pizarro a la hora convenida, pero previsiblemente se les hizo saber Que Castillo o se encontraba en Palacio y no se los dejó entrar. Se entiende, sin embargo, que su propósito fue dejar en claro ante la opinión pública el incumplimiento de la palabra empeñada por ese individuo. Lo que ha quedado en evidencia, de cualquier forma, es que Castillo, una vez más, dijo una cosa e hizo otra. Y, curiosamente, la caracterización que su abogado trató de hacer de la sesión que no llegó a ocurrir ha terminado describiendo, más bien, la combinación de gestos y silencios con la que él ha reaccionado frente a las expectativas de que respondiese a la investigación del Congreso. Estamos, efectivamente, ante una burda patraña montada de antemano por quien quiere proteger a como dé lugar a sus cómplices prófugos de la justicia, ya que su caen ellos, el será el siguiente. El negarse a comparecer a la Comisión de Fiscalización del Congreso - que de por sí ya es una infracción constitucional - y el querer mantener la boca cerrada solo acrecienta su culpabilidad que no lo salvara del destino que le aguarda (Por cierto, la citada Comisión ha aprobado este jueves su informe final , donde se acusa constitucionalmente a Castillo por negociación incompatible, aprovechamiento del cargo, ilegales ascensos en las FF.AA. y la PNP, favorecer al Consorcio Puente Tarata III y liderar una organización criminal, por lo cual ahora pasará al Pleno para ser debatido en los próximos días... Se sienten pasos) :)
