Luego del bárbaro asesinato de siete valerosos policías en la provincia de La Convención en el Cuzco, en una cobarde emboscada de las hordas asesinas de Sendero Luminoso - al que debemos agregar a quien fue quemado vivo en Juliaca por “pacíficos manifestantes” integrantes de ese mismo grupo terrorista - uno podría esperar que el gobierno de Dina Boluarte por fin reaccionaria como debiera ante estos abominables crímenes y decretara el Estado de Sitio en todo el país andino e implantara el toque de queda, entregando el control absoluto de la situación a las FF.AA. quienes tendrían orden de disparar a matar a los terroristas que se atrevan a atacar a las Fuerzas del Orden, pero lamentablemente pasan los días y fuera de algunas lagrimas de cocodrilo durante el homenaje que se rindió a quienes ofrecieron su vida por la Patria, así como de “prometer” luchar contra esa maldita lacra con declaraciones liricas para las cámaras de televisión, nada se ha hecho hasta el momento. ¿Sera por su corazón “izquierdista”?. Si bien, conscientes de su fracaso, la intentona terrorista ha bajado de intensidad en los últimos dias, hay que evitar su retorno. Como sabéis, cuando asumió el cargo constitucionalmente en el Congreso - tras la vacancia y captura del delincuente terrorista Pedro Castillo (alias Abimael 2.0) quien dio un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre - se le ofreció una “tregua” a la señora Boluarte para que rija con mano firme los destinos del Perú, pero tras el estallido de la asonada terrorista aliada de Castillo, se nota que no estaba preparada para hacer frente a esa potencial amenaza que busca destruir al país. Entretanto, los comunistas y caviares, a través de los muchos medios que influyen y controlan buscan aprovechar su desconcierto, exigiendo que el Gobierno se paralice, que no emplee los mecanismos constitucionales para frenar a los terroristas, sino que “dialogue” con esos asesinos. Como bien dice Mario Ghibellini, “Lo que esas voces en el fondo reclaman es que los millones de peruanos que no estamos dispuestos a aceptar el chantaje de esas hordas destructoras nos rindamos. Y eso es inaceptable. El intercambio de pareceres es por cierto un instrumento valioso y deseable para evitar la devastación y la muerte. Pero practicarlo con los que apedrean, saquean e incendian solo resulta viable en el mundo de las ideas. Frente a ellos, lo que corresponde es imponer la autoridad con arreglo a ley. Los que crean que esos trances violentos se pueden superar dialogando que vayan a hacerlo al río.” Con el terrorismo no se negocia bajo ningún concepto, sino que se les aplica la Ley. Para ello es necesario que el Gobierno entienda que es indispensable usar los instrumentos para combatirlos que él mismo ha decretado. El estado de emergencia tiene que aplicarse de inmediato, no basta publicar un decreto en el diario oficial anunciando su extensión ad infinitum mientras no lo pone en práctica. A ello, debemos agregar que frecuentemente los policías tienen reparos en hacer uso de sus armas porque saben que serán procesados por un sistema judicial que usualmente está más preocupado por la “integridad” y los “derechos” de los agresores y delincuentes, que por aquellos a quienes el Estado y la sociedad han encargado la misión de protegerlos. Una red de ONG caviares tienen una enorme influencia en el sistema judicial y presionan sistemáticamente para sancionar y amedrentar a los efectivos de las fuerzas del orden y tratar benignamente a los terroristas. Un ejemplo es que el asesinato de 24 policías en Bagua, la mayoría de ellos desarmados y degollados a sangre fría, quedó impune. Peor aún, los políticos en el gobierno -este y anteriores-, también disuaden a los policías y a veces les ordenan explícitamente que no usen sus armas para defenderse de los ataques. Así ocurrió al comienzo de la asonada terrorista orquestados por los secuaces de ese delincuente filosenderista recluido en Barbadillo, cuando Dina Boluarte determinó públicamente que la policía no usará ni siquiera armas no letales, como las escopetas con perdigones de goma. Otra característica de este y otros gobiernos, es que creen equivocadamente qué hay que tratar con toda delicadeza a quienes provocan disturbios, bloquean carreteras, asaltan instalaciones y saquean comercios. Piensan que así se van a calmar. Es justamente al revés. Hay que intervenir desde el principio con toda energía y, si es posible, con una superioridad abrumadora. Esa es la manera más eficaz de evitar que los disturbios provocados por los agitadores se salgan de control. Pero los políticos no aprenden. y enviaron al principio a la Policía desarmada, con órdenes de sólo defenderse. El resultado ha sido que eso ha envalentonado a los terroristas y, cuando desbordaban a las fuerzas del orden, éstas han tenido que actuar enérgicamente y el “costo social”, el número de víctimas, ha sido alto. Además, no queda duda alguna que varios de los muertos y heridos entre los terroristas hayan sido víctimas de los propios azuzadores, como ocurrió en Lima en los disturbios contra Manuel Merino el 2020. Pero a pesar de las evidencias, los caviares, sus ONG, sus políticos y los medios de comunicación que influyen y dominan, persisten en difundir la falsa idea de que las fuerzas del orden están al mismo nivel de las turbas de delincuentes, terroristas y saqueadores que asaltan, roban, hieren y matan. No es así. No son iguales los delincuentes que atacan con violencia a las fuerzas del orden que los encargados por el Estado de mantener la tranquilidad. No pueden ser juzgados con el mismo rasero. Los únicos responsables de la violencia y las víctimas de los desórdenes son los secuaces del golpista Castillo -varios de los cuales inexplicablemente siguen en el Congreso- del narcopedófilo Evo Morales, del terrorista Gustavo Petro y otros de su calaña que se inmiscuyen groseramente en los asuntos internos del Perú. Es necesario por ello respaldar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y evitar que se repitan los errores y las injusticias del pasado. Al respecto, una interesante iniciativa dada a conocer por el congresista Alejandro Cavero de amnistiar a policías y militares que solo cumplieron su deber, debería ser debatida y aprobada de inmediato. Lo que también ha generado mucha indignación es justamente que, en los últimos años, algunos “senderólogos” y “opinólogos” se hayan dedicado a afirmar que el terrorismo en el Perú dejó de existir hace más de 30 años y quienes piensan distinto a ellos y denuncian sus crímenes “son el verdadero mal en el país”. Tampoco son capaces de aplaudir siquiera la gran labor que viene realizando la policía y la fuerza militar, no solo en el VRAEM, sino en varias zonas del país donde el narcoterrorismo está tomando fuerza. Como recordareis, uno de esos grandes esfuerzos fue el Operativo Patriota que se llevó a cabo el 2022 en el cual se logró acceder al campamento principal del camarada “José” -uno de los hermanos Quispe Palomino y cabecilla de Sendero Luminoso, reconvertido en un grupo narcoterrorista - y se obtuvo todo tipo de evidencia y documentación de estos grupos subversivos. Por otro lado, muchos olvidan que la propia Dirección contra el Terrorismo (Dircote) afirmó que quienes estaban detrás de las últimas protestas violentas en el país son personas vinculadas a Sendero Luminoso, como Rocío Leandro (alias camarada Cusi) o el terrorista Iber Maraví (alias camarada Carlos) que fue nada menos que ministro del Interior durante el régimen filosenderista de Castillo. El negacionismo que muchos sufren respecto a estos hechos criminales y los remanentes terroristas no solo es indignante, además es peligroso porque se está minimizando la existencia de grupos que asesinan y, en confabulación con el narcotráfico, son los principales generadores de cocaína en el país. El principal rasgo de un negacionista es que en el no se percibe el mismo nivel de indignación que sí tienen con quienes los denuncian, sobre hechos perpetrados por criminales subversivos y, lamentablemente, muchas veces los justifican y terminan con una narrativa totalmente alejada de la realidad. Se desgañitan y gritan en todos los tonos por los terroristas muertos, pero no dicen una palabra por los policías muertos por esos asesinos a quienes defienden, incluso en foros internacionales. Mientras estos malnacidos prefieren llamar a la sangrienta época terrorista que vivió el Perú y que ocasiono unos 80 mil muertos, como “un conflicto armado interno” (?), otros están muriendo suplicando que el Perú despierte del yugo del narcoterrorismo que tanto Sendero y sus aliados como los caviares y los (des)gobiernos izquierdistas de la zona, pretenden imponer mediante la violencia a toda costa, pero no lo lograran. (Por último, una excelente noticia. Pleno del Congreso aprobó este viernes la resolución legislativa que acusa constitucionalmente al unineuronal Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Ahora podrá ser investigado por la Fiscalía de la Nación y procesado por el Poder Judicial... lloren terrucos, lloren).
