No me refiero como podéis suponer por el título, a los directivos del club Alianza Lima - que han dejado en vergüenza una vez más al futbol peruano a nivel mundial, al apagar las luces de su estadio para que sus rivales no celebrasen el titulo de la llamada Liga1 en su cara, pudiendo ocasionar una tragedia al poner en peligro la vida de jugadores y público asistente, por lo que tanto ellos como el estadio deberían ser sancionados ejemplarmente por este acto delictivo - sino a los parásitos caviares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que no quieren soltar la mamadera, dando manotazos de ahogado para tratar de evitar lo inevitable, como es su fulminante destitución por el Congreso debido a las múltiples infracciones cometidas, como su abierta complicidad junto con la ONPE, el JNE y la RENIEC, con el fraudulento “triunfo” del delincuente terrorista Pedro Castillo (alias Abimael 2.0), que hoy se pudre en la cárcel por corrupto, golpista y ladrón. Sucede que el ultimo miércoles se iba a debatir en el Congreso el informe que planteaba la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que no se llevo a cabo por una grosera interferencia del corrupto Poder Judicial, tras conceder a dicha institución una medida cautelar que suspende el proceso que realiza el Legislativo. En efecto, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia ordenó al Congreso la suspensión temporal en todos los efectos de la imputación a los magistrados por parte de la Comisión de Justicia del Congreso. En la medida de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, “se dispone suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia les formulara a los demandantes como parte del inicio de la investigación sumaria que le fuera encargada mediante la aprobación de la Moción de Orden del Día N° 7565 y todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma”. Además, el Poder Judicial determinó que esta decisión permanecerá en efecto hasta que se resuelva la acción de amparo presentada por la Junta Nacional de Justicia “sin perjuicio de las investigaciones o procedimientos parlamentarios que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro”. Tras la orden de la Corte, el Poder Legislativo inicialmente precisó que el Poder Judicial no podía interferir con las facultades que son de carácter exclusivo y excluyente por parte del Congreso de la República, amparándose en la sentencia 00003-2022-PCC/TC emitida por el Tribunal Constitucional, que prohíbe dicha intromisión. Como sabéis, el informe de la Comisión de Justicia mencionaba múltiples infracciones por parte de la JNJ, cuya gravedad y posterior remoción debía ser analizada el miércoles por el propio Parlamento, según la Constitución Política del Perú. Dentro de las imputaciones se encuentran que la JNJ no cumplió con su deber de imparcialidad, tras pronunciarse sobre el caso de la lagartona exfiscal de la Nación, inhabilitada, Zoraida Ávalos. Así como permitir y ratificar en la institución a la magistrada Inés Tello, quien ha excedido la edad legal para ostentar dicho cargo, según el artículo 156 de la Constitución, colocándose al margen de la ley. Asimismo, la tercera imputación realizada por la Comisión de Justicia concierne al incumplir con la presentación del Informe Anual del Congreso en los períodos 2021 y 2022. Debido a estas graves acusaciones, se esperaba destituirlos en la sesión del miércoles pero este se pospuso al final, tras la espuria medida cautelar otorgada por tres jueces de la Sala Constitucional para que se detenga su proceso de investigación y destitución. Lo que pocos saben es que estos dependen de la JNJ para ser ratificados. Lo lógico es pensar que se han curado en salud. Si no les otorgaban la cautelar, sus inquisidores hubieran podido destituirlos así que tenían una espada de Damocles sobre la cabeza. Por eso ha hecho bien el Congreso en contratacar a través de la congresista Chirinos para denunciarlos penalmente ante la fiscalía por prevaricato y abuso de autoridad. El prevaricato es obvio según la sentencia 003-2022-PCC/TC, F.83 “(…) los jueces de la República, al momento de expedir sus resoluciones, no pueden subrogar inconstitucionalmente las competencias de otro poder estatal ni las atribuciones de otro órgano constitucional, ni impedir u obstaculizar su ejercicio”. La cosa está clara. Esta es la típica forma de proceder de los caviares. Ya lo hicieron con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y con la del Defensor del Pueblo. Cuando sus candidatos no iban a obtener los votos en el Congreso e iba a salir alguien que ellos no querían o no podían controlar, ¡zas!, una cautelar. Por eso no quieren perder la JNJ. La razón es muy simple. Ya perdieron la Fiscalía de la Nación y, obviamente, ahora no quieren perder el Poder Judicial donde estas garrapatas todavía tienen sus tentáculos. Para nadie es un secreto que los caviares se valen de una serie de leguleyadas para impedir la decapitación de la JNJ, pero esto es como muerto el perro muerto la rabia. El Congreso debe dejarse de tomar acciones legales que durarán años y proceder a destituirlos ipso facto si tienen los 87 votos para lograrlo. ¿Qué les puede pasar? Los caviares amenazan con que “si desacatan una orden judicial podrían ser encausados los congresistas que votaron penalmente; además de la interposición de sendas acusaciones constitucionales” lo cual es risible. Los caviares creen que pueden revivir los procesos de Moscú y sentar en el banquillo a 87 parlamentarios. Eso nunca ha pasado ni nunca ocurrirá. Otros ilusos creen que las calles se van a levantar contra el gobierno de Boluarte como sucedió con Merino porque “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”. Los caviares no acaban de entender que en su submundo paralelo en el Perú nadie tiene la menor idea de qué cosa es la JNJ ni para qué sirve y que tratar de asimilar la defenestración del TC en los 90, va a ser muy difícil teniendo como ‘abogado’ de la junta al impresentable caviar Omar Cairo, el padre de la interpretación auténtica de la denegación fáctica de la confianza que sirvió al corrupto y genocida Vizcarra para perpetrar su golpe de Estado y disolver el Congreso. En síntesis, a ninguna mayoría en el país le importa un bledo el destino de la JNJ y las quejas de las ONG caviares en el extranjero siempre será de esperar. En síntesis, el Congreso no pierde nada recuperando el control de la situación porque está en su derecho mientras se trata de conseguir los 87 votos para mandar a esas lagartijas a su casa. ¿A que están esperando?... A por ellos.
