Es indudable que la mafia caviar ha llevado al Ministerio Público (MP) a una crisis terminal. Durante más de seis años han utilizado la fiscalía como un instrumento, para mantener y acrecentar un poder ilegítimo, persiguiendo a sus adversarios y protegiendo a sus amigos. Así, han desvirtuado completamente la función de la fiscalía, convirtiéndola en una herramienta para venganzas políticas y personales, persecutora de militares, policías y políticos, defensora y cómplice de delincuentes. Ahora, Delia Espinoza y sus secuaces se aferran ilegalmente a sus puestos, desconocen la autoridad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y pisotean la legalidad que deberían defender, “amparados” por un cuestionado juez - otrora defensor de terroristas - quien en tiempo récord suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del ejercicio de la función pública tanto como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, y que había sido repuesta por la JNJ en el cargo de Fiscal de la Nación que hoy usurpa la corrupta Delia Espinoza, asalariada del judío Gorriti. Pero este desastre no es de ahora como podéis suponer. Comenzó en el 2018, cuando Martin Vizcarra, un maldito Lagarto aliado con los caviares, asaltó el sistema de justicia. Liquidó el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y, mediante una comisión integrada por caviares, creó la JNJ, para que sirviera a sus propósitos. Luego defenestró al por entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y puso en su lugar a la impresentable Zoraida Ávalos. Lo hizo, hay que recordarlo, asociado con la prensa caviar, que demolió a Chávarry con cientos de portadas de diarios y reportajes televisivos tramposos. A partir de allí, la mafia caviar se ha atrincherado en el sistema judicial, violando leyes y resoluciones. Por ejemplo, el Congreso, en uso de sus atribuciones, inhabilitó por diez años a la lagartona Zoraida Ávalos. Pero ella hizo caso omiso a esa decisión, y con la complicidad del Poder Judicial, sigue instalada ilegalmente en la fiscalía. El Congreso también inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez, de la anterior JNJ. Lo mismo, siguieron ahí, impertérritos, hasta el último día. Hoy, cuando la nueva JNJ ha repuesto a la fiscal Patricia Benavides, no acataron la resolución. Peor todavía, la acusan a ella, a los abogados que la defienden y a la propia JNJ. Como ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, son gatillo fácil, disparan acusaciones a diestra y siniestra, usando ilegítimamente el poder que aún detentan. ¿Qué hacer entonces? Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de Américo Gonza para reorganizar el MP. También Alejandro Muñante ha propuesto una acusación constitucional contra los fiscales supremos. De hecho, ya existe una acusación presentada por Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra toda la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado, que ya está para ser discutida en la Comisión Permanente del Congreso. El asunto es si se obtendrán los votos necesarios para aprobarlas. Y, en el caso de lograrlo, es seguro que esos fiscales que no acatan ni las leyes ni las resoluciones que aprueba el Congreso, seguirían en rebeldía, apañados por el Poder Judicial también controlado por la mafia caviar. Y, naturalmente, por la Corte Interamericana de DDHH y otros organismos del caviarismo internacional. Se requieren soluciones radicales. Como las que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, que barrió a cientos de magistrados prevaricadores del sistema judicial. No hay otra alternativa. Es indudable por ello que la mediática confrontación entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, expone el deterioro institucional en el país andino. Lo que parecía ser una controversia jurídica sobre la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación se ha transformado en un enfrentamiento entre dos órganos autónomos, donde las partes reclaman autoridad sin reconocer límites. El resultado es un Estado atrapado en el conflicto, sin árbitros eficaces. Como sabéis, la usurpadora Delia Espinoza ha decidido atrincherarse en el cargo, ignorando las resoluciones e iniciando incluso una investigación preliminar contra los miembros de la JNJ como una suerte de revancha. Estos actos de rebeldía comprometen la imparcialidad y objetividad que exige el Ministerio Público. Lo que corresponde conforme a ley es que la susodicha deje el cargo, iniciando luego los procesos de reclamo que estime convenientes. No es tampoco jurídicamente admisible que quien encabeza la institución utilice su posición para investigar a quienes emitieron una decisión por el simple hecho de sentirse afectada personalmente. Este solo hecho es suficiente para ser destituida. Pero no es la primera vez que ocurre. El caso del fiscal supremo Tomás Gálvez es otro ejemplo elocuente. El Tribunal Constitucional ordenó su restitución, pero la actual fiscal de la Nación optó por desacatarlo, patrón reiterativo donde mandatos judiciales o constitucionales son ignorados por resultar inconvenientes. Esta conducta instala una anarquía institucional, erosionando la legitimidad de la Fiscalía, perdida hace mucho, al convertirse en un instrumento político de los caviares para perseguir a sus adversarios y “blindar” a los suyos, comenzando con el propio Gustavo Gorriti, de IDL (quien es el que realmente manda en el Ministerio Publico) cuyo proceso está absurdamente “congelado” a pesar de la gravedad de sus delitos. Cabe recordar que Patricia Benavides fue la fiscal de la Nación que se atrevió a investigar al régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo, vista como figura clave para frenar un proyecto autoritario y corrupto, cuyo autogolpe de Estado fracaso rotundamente, terminando en la cárcel por golpista y ladrón. Esa actuación de Benavides la convirtió en una fiscal incómoda para los caviares, apartándola del cargo mediante un apresurado proceso que hoy la misma JNJ califica como viciado. Las instituciones no pueden funcionar sin reglas ni mecanismos de solución de disputas. El desacato, convertido en práctica recurrente, ignora resoluciones del Congreso, del Tribunal Constitucional o de la JNJ. Cada órgano actúa como soberano de sus propias interpretaciones, generando pérdida de confianza y una inseguridad jurídica que pone en riesgo la imagen del país, ahuyentando las inversiones. Los fiscales pertenecientes a la mafia caviar, además, han convertido los conflictos en instrumentos de propaganda. Lejos de respetar la reserva que exige su función, se exponen en los medios victimizándose, convirtiendo procesos internos en espectáculos mediáticos. Lo que debería resolverse jurídicamente se discute con comunicados, entrevistas y ruedas de prensa, filtrando incluso información confidencial a la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia. Así, el Ministerio Público ha perdido el respeto institucional y la confianza ciudadana que una vez tuvo, antes que los caviares lo tomasen por asalto, con la complicidad del lagarto Martin Vizcarra. Lo que está en juego es la estabilidad institucional. El Ministerio Público no puede operar al margen de la ley, desacatando sentencias, ignorando resoluciones, actuando según su propia conveniencia. La ciudadanía necesita una Fiscalía que funcione, reglas claras, independencia y autoridades que respeten la legalidad, aunque resulte incómoda. La salida a esta crisis no será exponiendo sus argumentos antes las cámaras de la TV o utilizando las redes sociales. Se requiere una reorganización profunda del Ministerio Público, nuevos liderazgos comprometidos con el país, con voluntad para restaurar la confianza en la justicia. Cuando las instituciones no respetan sus propios límites, la confianza en el país simplemente se desintegra poco a poco. Lo expuesto requiere iniciativas alternativas para superar el actual estado caótico en que se encuentran el Ministerio Público y el Poder Judicial. Con mayor razón, delante de unas elecciones generales de vértigo. Apremia, entonces, aprobar proyectos existentes en el Legislativo sobre esta materia, para avanzar concibiendo algún modelo jurídico funcional; y que el Legislativo que se elija en 2026 tome inmediatamente la posta y concluya el resto. En el actual Congreso existen iniciativas provenientes de una Comisión Especial de Alto Nivel sobre Reforma del Sistema de Justicia; otra de la Academia de la Magistratura, formadora de jueces y fiscales (que deberá reorganizarse por la ínfima calidad de jueces y fiscales que presenta); y/o de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, precisando que el paroxismo de la fiscalía hace vulnerables a los peruanos de los operadores políticos. Paralelamente, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo necesitan opinar sobre aspectos que vulneran principios constitucionales. ¿A que esperan para actuar ya? No hay tiempo que perder.
