Una grave noticia proveniente del Perú dada a conocer esta semana, nos obliga a ocuparnos de este suceso que representa un duro golpe a la lucha anticorrupción. En efecto, gracias a un cuestionado fallo del politizado Tribunal Constitucional (TC), la dos veces candidata presidencial Keiko Fujimori - hija de un despreciable genocida condenado ejemplarmente a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad - salio de la cárcel donde desde hace trece meses cumplía una prisión preventiva en el marco de un proceso por lavado de activos relacionado con el financiamiento ilegal de su campaña electoral por parte de la constructora brasileña Odebrecht. En una decisión dividida de cuatro votos a tres, el TC anuló la detención preventiva de la cabecilla de Fuerza Popular (calificada como una organización criminal por la fiscalía) revirtiendo así lo decidido por tres instancias judiciales. Esta irrita decisión del TC se da precisamente cuando su situación jurídica se complica por los testimonios de importantes empresarios peruanos - aquellos que forman parte de los principales grupos de poder económico - quienes confesaron ante la fiscalía que financiaron en forma oculta las campañas presidenciales de Keiko del 2011 y 2016, confirmando el patrón de dinero negro y lavado ya revelado en el caso Odebrecht, poniendo en evidencia las mentiras de Keiko, que siempre negó la existencia de esos aportes ocultos, y cuando un ex colaborador muy cercano a ella ha revelado que ella dirigió las operaciones para obstruir las investigaciones judiciales en su contra, razón demás para ponerla bajo prisión preventiva. La fiscalía ha advertido que la liberación de Keiko - que equivale a impunidad - pone en riesgo el proceso en su contra por las acciones que la jefa de la mafia pudiera poner en marcha para frustrarlo. Se han denunciado amenazas de muerte a los testigos que han decidido hablar. Como podéis imaginar, la cuestionada decisión del TC fue celebrada por un fujimorismo que la pasa mal luego de perder la mayoría parlamentaria que tenía con el cierre del Congreso en septiembre pasado y que se debate entre el descrédito y las divisiones de la agrupación mafiosa. Como recordareis, ese mes la Corte Suprema había ratificado la prisión preventiva de Keiko, rebajando el tiempo de la misma de 36 a 18 meses, plazo que se cumplía en abril próximo. Pero la decisión del TC le ha permitido salir libre antes, a dos meses de las elecciones legislativas de enero del 2020, a las que el fujimorismo llega debilitado y dividido, y que ahora espera aprovechar a su favor la liberación de su jefa. La hija de Fujimori está acusada de haber recibido un millón de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial del 2011, dinero que no fue declarado y que salió de la caja que la constructora brasileña usaba para pagar sobornos. Testimonios de directivos de Odebrecht y de ex colaboradores de Keiko confirman la entrega de ese dinero, algo que ella siempre negó, pero que reveladoras evidencias lo confirman plenamente. “Nunca recibimos aportes ocultos, Todo fue bancarizado, transparente”, ha repetido Keiko numerosas veces en su defensa faltando groseramente a la verdad, ya que los testimonios que la desmienten la dejan muy mal parada. Recientes confesiones ante la fiscalía amplían el caso en su contra más allá de los aportes ilegales de Odebrecht y la comprometen seriamente. Hace unos días, el empresario Dionisio Romero, cabeza del mayor grupo económico del país - BCP- confesó ante la fiscalía que le entregó en forma oculta 3 millones 650 mil dólares a Keiko para su campaña presidencial del 2011 y otros 450 mil dólares para la del 2016 con el objetivo de impedir el triunfo del candidato nacionalista Ollanta Humala, a quien calificaron de “chavista” por sus simpatías con la Revolución Bolivariana, lo cual era visto como un potencial peligro para sus intereses, Dueño del mayor banco del país, el Banco de Crédito del Perú, Romero admitió que esas entregas no se bancarizaron, sino que fueron hechas en efectivo. Relató que entregó ese millonario monto por partes, en varias reuniones, y que lo hacía en maletines que Keiko recibía en persona. Las confesiones del poderoso empresario abrieron las puertas para que otros hablaran. Directivos de otros importantes grupos de poder comenzaron a desfilar por la fiscalía admitiendo aportes ocultos para las campañas presidenciales de Keiko. Lo grave del caso es que ella en ese tiempo era congresista, por lo que constituye un soborno. El ex procurador anticorrupción César Azabache ha señalado que debe investigarse si buena parte de esos millonarios aportes ocultos entregados a Keiko fueron a parar a las cuentas personales de la hija del ex dictador Kenyo Fujimori en lugar de llegar a la campaña. Una sospecha que crece más aun cuando ella ni el mantenido de su marido trabajan y que aparte del sueldo que tenía cuando estuvo en el Congreso, “vivía de los aportes entregados por los congresistas de su agrupación” según propia confesión. La prisión preventiva de la actual jefa del fujimorismo se había dictado luego que la fiscalía presentara sólidos argumentos sobre la entrega oculta del millón de dólares de Odebrecht, testimonios que la ponían a ella como cabeza de una organización delictiva montada para recibir ese dinero negro y para lavarlo, y evidencias que la situaban dirigiendo una serie de operaciones para obstruir las indagaciones judiciales, usando para ello el poder que le daba su entonces mayoría parlamentaria y sus nexos con jueces y fiscales. A pesar que lo últimos testimonios la comprometen seriamente y refuerzan los argumentos por los cuales en su momento se dictó prisión preventiva, el TC decidió liberarla para que pueda seguir obstruyendo a la justicia, una decisión vista como un golpe a los procesos anticorrupción. El presidente del TC, Ernesto Blume, conocido por sus simpatías fujimoristas, dijo que este fallo era “ajeno a presiones políticas” pero su alegato sonó poco convincente. Justificó la decisión señalando que la prisión preventiva “afecta los derechos humanos” de su lideresa. Pero la decisión del TC no se refiere al fondo de la acusación y el proceso judicial en contra de Keiko continua. La fiscalía tiene evidencias sólidas para acusarla ya que por los cargos de lavado y de ser encontrada culpable, podría ser condenada hasta a 20 años de prisión. Hoy Keiko puede celebrar, pero el festejo podría no durarle mucho.Como escribe este viernes César Hildebrandt en su semanario: “Keiko está libre. Volverá a asustar testigos, a borrar huellas, a desaparecer documentos, a perder libros contables a cambiar declaraciones y a inventar cócteles. Volverá a fingir que está en política cuando, en realidad, lo que dirige es una organización presta al delito, digna heredera de aquel padre ladrón que compraba opositores e indemnizaba a Montesinos con dinero encostalado disponible en Palacio. Ahora tendrá el apoyo del Poder Judicial, el mismo que ha eximido a Pedro Chávarry y que colaborarán con ella la Fiscalia que César Villanueva ya había infectado. Además, contará con la ayuda de los empresarios miserables que amaron a su encarcelado padre porque él convirtió al Estado en un fantasma, a los sindicatos en espectros y a la justicia en la dama de la noche que lo sigue siendo" indicó. La pregunta que muchos peruanos indignados se preguntan en estos momentos es porque los fiscales aun no han presentado la acusación formal para que se inicie formalmente el juicio, ya que las pruebas en su contra son abrumadoras. En lugar de hacer su trabajo - que para eso se les paga - han preferido aparecer continuamente en las pantallas de televisión con evidente afán de figuración, dejando negligentemente que pase el tiempo, lo cual fue aprovechado por la mafia para recomponerse y lograr que la cabecilla de la banda delincuencial salga libre. Ya sucedió en otros casos parecidos, cuando quienes estaban detenidos preventivamente, salieron en libertad por exceso de carcelaria. Si bien algunos juristas coinciden que la fiscalía podría pedir una nueva prisión preventiva para Keiko, en base a los nuevos elementos que tiene en su poder, como el demoledor testimonio de Jorge Yoshiyama que Blume no quiso tomar en cuenta, y que podría dictarse “si se acredita que intenta evadir la justicia o llevar a cabo actos de obstrucción”, no hay que ser adivino para saber lo que sucederá a partir de ahora y es que a la menor oportunidad que se le presente, aparte de seguir obstruyendo a la justicia, intentará fugar del país - o tal vez refugiarse en alguna embajada como el suicidado Alan García - para evitar volver a la cárcel del cual nunca debió salir. Si hay que buscar culpables de esta vergonzosa situación, no solo se encuentran en el TC (considerado el ultimo reducto de la mafia) sino en el propio Ministerio Público que permite con su inacción que esta lamentable escena vuelva a repetirse ¿Hasta cuando? :(
