Este domingo, los chilenos votarán para aprobar el comienzo de la creación de una nueva constitución que remplazara a la actual, escrita durante el régimen militar del dictador Augusto Pinochet, que ha protegido intereses conservadores y al ejército, y reprimido la disidencia política durante 40 años. Pero la lucha de Chile con su oscuro pasado no es única. Países con democracias recientes, se han regido por constituciones autoritarias durante años o incluso décadas. Una investigación indica que más de dos terceras partes de las transiciones políticas a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial - en más de 50 países - han ocurrido bajo constituciones escritas por el régimen autoritario saliente. En algunas naciones sudamericanas, como la Argentina, - que ha oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura - varias transiciones democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos autoritarios. El Perú es otro triste ejemplo de ello, ya que como sabéis, aun se rige por una constitución nacida en una sangrienta dictadura instaurada en 1992 y cuyo promotor esta condenado a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad, pero ello no ha sido impedimento para que aun siga en vigencia y lo peor de todo, existan sectores que defiendan ese oprobioso legado. Como consecuencia de ello, la persistencia del autoritarismo por vía constitucional en una democracia es una receta para la desigualdad y el descontento democrático. No es de extrañar por ello que las democracias con constituciones promulgadas en épocas autoritarias tengan sistemas de transparencia y rendición de cuentas frágiles así como una participación ciudadana insuficiente en la formulación de políticas. Además, sus sistemas políticos siempre favorecen a las élites vinculadas al antiguo régimen y no a los ciudadanos de a pie, buscando preservar el status quo que los favorece en grado sumo, por lo que se muestran reacios a todo cambio. Cabe destacar por cierto, que la desigualdad en Chile está en un nivel similar al de la época de Pinochet en tanto que el tráfico de influencias por parte de los ricos - algunos de los cuales adquirieron sus fortunas por medio deconexiones con el régimen golpista y las privatizaciones de empresas estatales - es ubicuo. Esta mezcla tóxica explotó hace un año desatando manifestaciones callejeras generalizadas que trastocaron la falsa idea de que el país se había forjado “como un modelo de estabilidad y progreso en América Latina” a lo largo de cuatro décadas de economía de mercado. Desde entonces, la reputación de Chile solo ha empeorado debido a la respuesta deficiente del país a la pandemia. Incluso dentro de una región gravemente afectada por la COVID-19, Chile no tardó en destacar como un foco de contagio, con tasas de infección per cápita entre las más elevadas del mundo. Este hecho refleja una vez más cómo Sebastián Piñera, el multimillonario presidente empresario de Chile y declarado pinochetista, está sumamente desconectado de la manera en que viven la mayoría de los chilenos. La pandemia ha devastado barrios pobres donde la gente vive hacinada, los servicios de salud son limitados y los ciudadanos no pueden darse el lujo de refugiarse en casa. El plebiscito para convocar una convención constituyente en Chile podría derivar en un nuevo documento que acerque más el liderazgo al pueblo con una descentralización del sistema político y la introducción de mecanismos formales de consulta ciudadana y referendos. También podría ampliar los derechos de los sindicatos, consagrar la atención médica y la educación como derechos fundamentales, garantizar la igualdad para las mujeres y otorgar mayor autonomía a los pueblos indígenas. El gobierno conservador de Piñera está consciente de esto y está tomando medidas para oponerse a un cambio político radical. Los activistas informan que el gobierno ha usado la pandemia como un pretexto para intensificar la represión y acallar a la oposición. Apenas la semana pasada, se difundió un video que mostraba a un policía empujando a un adolescente hasta hacerlo caer de un puente durante una protesta, lo cual provocó una indignación generalizada. Esto se suma a las agresiones brutales que las fuerzas de seguridad ya habían ejercido en contra de los manifestantes en otoño del año pasado que han convertido a Santiago en un campo de batalla. Chile es un trágico ejemplo de cómo los dictadores que redactan constituciones a su conveniencia dejan de lado los intereses de las mayorias. La Constitución chilena protegió a los militares y a sus aliados del régimen pinochetista cuando entregaron el poder en 1990. Les concedió a los altos mandos del ejército escaños en el Senado, les otorgó a los militares la autoridad de elegir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y desvió el 10 por ciento de los enormes ingresos del cobre de Chile al presupuesto del ejército. También les brindó amnistías a Pinochet y a otros generales, estableció un sistema electoral diseñado para sobrerrepresentar a los partidos conservadores y prohibió la participación de los partidos de extrema izquierda. Lo importante era mantener el statu quo instaurado a sangre y fuego en 1973. Con el correr de los años, si bien se han realizado varias ‘reformas’ constitucionales, estas han sido cosméticas. En el 2005 por ejemplo, se fortaleció el control civil sobre la milicia y se eliminaron los escaños vitalicios designados en el Senado. Aun así, los umbrales de mayoría cualificada para las verdaderas reformas han protegido muchos de sus elementos básicos, impidiendo que estas se realicen. No es de extrañar por ello que la mayoría de los manifestantes chilenos y sus simpatizantes motivados por cuestiones de primera necesidad, como mejores salarios, igualdad de género, mayor acceso a los servicios de salud y atención médica de calidad, reforma de las pensiones, más derechos para los pueblos indígenas, acceso a transporte público asequible y educación pública gratuita, exijan una nueva constitución que reemplace a aquella que sienten que no les representa. También quieren tener una voz política y ser respetados por las instituciones de gobierno, que desde hace mucho se han enfocado en equilibrar presupuestos, atraer inversión y preservar la estabilidad sin tomar en cuenta las demandas de los millones de excluidos. Por ello, los manifestantes consideran que una nueva constitución es la clave para que sus anhelos se conviertan en realidad. A ello hay que sumar que el actual sistema neoliberal está extremadamente desacreditado: los índices de aprobación del Congreso y de Piñera son significativamente bajos, al igual que su política económica heredada de Pinochet y que ningún gobierno posterior - incluidos los ‘socialistas’ - se atrevieron a cambiar. Una convención constituyente puede llenar el vacío de liderazgo actual al incluir a los ciudadanos en un proceso de consulta para dirigir al país hacia el futuro y enaltecer sus principales intereses para dar nueva forma a su liderazgo político. Sectores conservadores se han apresurado a afirmar que proceso de reforma no necesariamente tendría que descarrilar el estatus de Chile “como una fuerza económica en la región”, pero lo va terminar de hacer ya que las políticas neoliberales implementadas ininterrumpidamente desde 1973 solo han favorecido a unos pocos y son el caldo de cultivo de las actuales protestas. Lamentablemente hay que admitir que grupos radicales de izquierda han instaurado un discurso abiertamente confrontacional y lideran las violentas marchas que han desatado el caos en Santiago y otras ciudades. Muchos predijeron este riesgo desde un inicio, por lo que centraron sus esfuerzos en organizar miles de foros de debate para transmitir y difundir su mensaje. Sin embargo, desde que las reuniones presenciales están restringidas por la pandemia, los foros en línea y las redes sociales han cobrado más relevancia y han subido el volumen de voces extremas, bien financiadas por el multimillonario judío George Soros quien esta detrás de las protestas que suceden en diversas partes del mundo y que en Chile se han manifestado con extremada violencia, como el sucedido el pasado domingo donde fueron bárbaramente saqueadas e incendiadas dos iglesias que eran parte de su patrimonio cultural. Venga ya, una cosa son las protestas y otra muy distinta los actos de vandalismo, que deben ser condenados firmemente. Por cierto, otras democracias que viven bajo el yugo de constituciones escritas por regímenes autoritarios deberían seguir el ejemplo de Chile. Esto no siempre es fácil. Birmania programó un referendo nacional para reformar su Constitución, promulgada por el ejército en el 2015. No obstante, los militares, que habían conservado una cuarta parte de los escaños en el Congreso y fijado el umbral para enmendar la Constitución en más de tres cuartas partes, ayudaron a socavar los cambios más importantes y el referéndum se ha pospuesto de manera indefinida. Otras naciones lo han intentado, pero con nulos resultados. Colombia se deshizo de una constitución autoritaria en 1991 y trato de apuntalar su democracia. En un país gobernado por los capos del narcotráfico donde sigue habiendo desigualdad y problemas relacionados con la guerra civil como la restitución de tierras, su constitución no ha proporcionado ninguna plataforma para que los ciudadanos marginados puedan proteger sus derechos básicos ya que quienes se atrevan a protestar son brutalmente reprimidos por el ejercito y sus lideres sociales son asesinados por grupos paramilitares afines al gobierno. En Túnez, tras la caída del régimen dictatorial en el 2012, se reemplazó su constitución autoritaria, pero de nada le ha valido, por que están peor que antes y con un nuevo dictador, tan brutal como el anterior. Lo mismo sucedió en varios países de Europa del Este donde los nuevos gobiernos ‘democráticos’ surgidos tras el derrocamiento de las dictaduras comunistas a fines del siglo pasado, se han apropiado del proceso de reformas para atrincherar su poder político. Pero al ser socios de la OTAN, Occidente calla en mil idiomas y nos los cuestiona como si lo hace hipócritamente con Belarús, por ser aliado de Rusia. Regresando al ámbito latinoamericano, si la reforma constitucional de Chile allana el camino hacia una democracia más auténtica, servirá de ejemplo para que otras ‘democracias’ de la región que enfrentan desafíos similares - como en el Perú, bajo el yugo del vizcarrismo - puedan hacer lo mismo, algo difícil por cierto, ya que antes hay que acabar con el corrupto régimen dictatorial que va a hacer todo lo que este a su alcance para eternizarse en el poder :(
