En Brasil, a inicios de la próxima semana, Jorge Barata tomará una decisión que podría llevar a cuestionados personajes de la política peruana a que pasen por lo que él ya ha vivido: transitar del poder y el éxito a la ignominiosa revelación, la infamia. Ello ocurrirá en una diligencia sobre escandalosos casos de corrupción ocurridos en el Perú, pero se realizará bajo leyes brasileñas, dirigida por un fiscal [procurador, se dice allá] brasileño, probablemente Orlando Martello. Eso quiere decir que Barata hablará sobre Perú pero sometido a las leyes y acuerdos vigentes de Brasil, el principal de los cuales para este caso es el de delación premiada. El acuerdo significa que el otrora representante de Odebrecht en el Perú no puede mentir y no puede omitir. Si lo hace, arriesga a perder todos o parte de los considerables beneficios que trae la delación premiada. Y ello puede significar la cárcel durante largos años. Barata ya ha declarado sobre el Perú, a fines del 2016. Pero ha omitido información importante. Dejó de contar muchas cosas y otras las contó incompletas. Su justificación para ese ‘olvido’ es que no relató una serie de pagos para campañas electorales porque en el Perú eso no era delito. Y quizá pueda decir que se le olvidó de otras cosas muy serias porque los fiscales brasileños que lo interrogaron no conocían el Perú y estaban apurados. Así que, ahora que responderá a fiscales peruanos tendrá la oportunidad de completar lo que no dijo y evitar las consecuencias de no haber cumplido con el acuerdo de delación premiada. Pero el camino de la confesión exhaustiva y plena no es ni será fácil para Barata. Primero, por razones y emociones personales. Las delaciones corporativas tuvieron un impacto fuerte, familiar y social en Barata. El cómodo y próspero mundo del cuasi virrey brasileño en Perú se desbarató. Brasileños que habían echado raíces en el Perú han debido huir del país con sus familias casi intempestivamente, para empezar a vivir la vida del delator premiado en Brasil, buena parte de ellos despedidos de la compañía que, para muchos, había sido la única empleadora que pensaban tener en su vida. Los interesados ‘amigos’ desaparecieron como por encanto y si antes eran buscados y adulados, ahora son evitados a toda costa. Así, el rencor familiar y el de antiguos subordinados son inevitables. De otro lado, y esto es más importante, el proceso y la mecánica misma de las confesiones está mal organizada por las autoridades peruanas. Barata, el ejecutivo de más alto rango que tuvo Odebrecht en el Perú, es investigado por dos aparatos fiscales especializados: el de lavado de activos y el anticorrupción. El primero está liderado por el fiscal superior Rafael Vela; y el segundo está dirigido teóricamente por el fiscal superior anticorrupción César Zanabria. De otra parte, es sospechoso el papel ejercido por el fiscal provincial Hamilton Castro, quien actúa por orden del Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, el cual a pesar de estar encargado de investigar los vínculos de Pedro Pablo Kuczynski y Alan García con Odebrecht, inexplicablemente no ha viajado a Brasil ni mucho menos ha mandado preguntas sobre las implicaciones de ambos en esos actos de corrupción, alegando a modo de excusa que esto se debe a que “las investigaciones en torno a PPK se llevan a cabo de manera independiente a otras en las que también se requiere las declaraciones de Barata”. En ese sentido, el Ministerio Público informó que el Equipo Especial tiene previsto interrogar a Barata sobre Kuczynski “luego de que se recabe y analice la información que ya forma parte de la investigación y aquella que está pendiente de recibir, con el fin de que el interrogatorio sea más fructífero” prohibiendo que en la diligencia que se llevara a cabo por estos días en Brasil, los fiscales puedan preguntarle respecto a temas que - afirma - “no corresponden a su competencia”. En otras palabras, Sánchez quiere evitar que Barata confirme los pagos que Odebrecht hizo tanto a Kuczynski como a García. Si eso no es ser un cómplice ¿cómo lo podemos llamar? Para nadie es un secreto que existe una hostilidad sin disimulo de Hamilton Castro hacia Rafael Vela, quien a diferencia del primero, ha conseguido construir una relación fluida, de confianza, con las fiscalías anticorrupción brasileñas y buscado manejar las investigaciones con parámetros parecidos a los que se usaron en Brasil, para aprovechar a fondo el testimonio de los delatores. Sin embargo, su capacidad de conseguir la información necesaria podría estar seriamente limitada, porque el mandato de los fiscales provinciales peruanos que harán los interrogatorios en Brasil se centraran en investigar pagos ocultos o ilícitos en campañas electorales y no en inquirir sobre los grandes casos de corrupción por los que Odebrecht es investigado en el Perú. Esos los maneja exclusivamente el ya citado Hamilton Castro. Ello hubiera significado suscribir con la procuraduría brasileña los términos del acuerdo de inmunidad respecto de los delitos confesados. De manera que la que hubiese sido la gran oportunidad de obtener la más importante confesión sobre corruptos y corruptores que se haya realizado hasta ahora, se podrá convertir, ‘gracias’ al Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, en otra oportunidad perdida, ya que este busca direccionar las investigaciones, enfocando sus ataques en Keiko Fujimori (quien mediante su bancada mayoritaria en el Congreso, quiso destituirlo por corrupto), a la vez que protege tanto al conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski (el cual está seriamente involucrado en el caso, debido a los millonarios sobornos que recibió por parte de Odebrecht, a cambio de que la constructora brasileña sea ‘favorecida’ en las licitaciones de grandes obras publicas, como la Interoceánica, mientras era ministro del hoy prófugo de la justicia Alejandro Toledo), como a Alan García, cuya influencia dentro de la Fiscalía es conocida, donde grupos vinculados con el APRA son muy activos y bloquean cualquier investigación que se realice en su contra. Durante la diligencia, el procurador brasileño que la dirige podrá preguntar lo que crea conveniente. Y Barata estará obligado a contestar. Si ello se da, es probable que las respuestas sobre casos y personas en los que no haya acuerdo entre las fiscalías peruana y brasileña no sean entregadas oficialmente al Perú hasta que se produzca dicho acuerdo, pero ya habrán sido reveladas y tendrán efecto legal en Brasil como parte de la delación premiada de Barata. Y hay algo más. La empresa Odebrecht probablemente intentará en esta ocasión persuadir a Barata de contar todo. Los hechos, las pruebas, los testigos. Los negociados en alta resolución y con subtítulos. ¿Por qué? A Odebrecht le conviene que salga ahora todo a la luz y que otras compañías confiesen también. Hasta ahora fue la única compañía que confesó y las autoridades peruanas la castigaron a fondo (y a sus proveedores y subcontratistas) por haber hablado, con el DU 003. Odebrecht no tiene por ello nada que perder y más bien algo que ganar con revelaciones exhaustivas. Confesar a fondo aclarará el cuadro, distribuirá responsabilidades, ampliará el espectro y la notoriedad de corruptos. Pero si Barata no habla, se acrecentará la sospecha. Odebrecht necesita que Barata hable y ese quizá sea el estímulo más importante para despertar la elocuencia de su atribulado exsuperintendente en el Perú. Es imprescindible por ello que lo confiese todo y señale a sus socios del delito para que respondan ante la justicia. Si bien existen claros indicios de la existencia de un pacto de impunidad promovido por el Fiscal de la Nación para que no diga nada nuevo que pueda comprometer especialmente a Kuczynski y García, seria bueno escucharlo primero ¿no os parece? Eso no quiere decir en modo alguno que de ello depende si el nuevo pedido de vacancia presidencial que se presentara en marzo en el Congreso, va o no va. Este ira de todas maneras y de allí el nerviosismo de Palacio. La función recién comienza :)
