Con la misma contundencia que aquí condenamos a la mafia criminal aprofujimorista, toca hacerlo en esta oportunidad con el precario inquilino de Palacio, Martín Vizcarra (protagonista del affaire Kuntur Wasi e integrante de la organización delictiva 'Los Cuellos Blancos de Choquehuanca') quien en el colmo del cinismo, ha declarado el 2019 como ‘el Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad’ cuando el mismo esta involucrado en sonados escándalos que la justicia sospechosamente se niega a tratar y que sus operadores mediáticos tratan de minimizar de una manera irresponsable, cuando lo mas conveniente es investigarlo con la misma rigurosidad que se hace a cuestionados personajes como Alan García y Keiko Fujimori, mientras que otros impresentables sujetos - llámense Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y el propio Martín Vizcarra - tan corruptos como los anteriores citados se van de rositas, como si no tuvieran que responder por sus graves delitos cometidos ante la justicia, que pareciera haberse ‘olvidado’ de ellos. ¿Donde están los jueces y fiscales que no se manifiestan abiertamente ante este despropósito? ¿A que están esperando aquella piara de desadaptados que salieron ‘espontáneamente’ a gritar en las calles contra Chávarry a hacerlo ahora con Vizcarra? ¿Donde quedo su ‘indignación’? ¿O esas marcha$$ ciudadana$$ tienen su precio? Precisamente uno de esos oscuros negociados salio a la luz el pasado domingo cuando se dio a conocer las estrechas relaciones entre Vizcarra - hombre de confianza de Odebrecht - con la cuestionada constructora Graña y Montero, que por cierto, tampoco paga sus delitos y cuyos directivos fugaron del país amparados por un gobierno que supuestamente lucha “contra la impunidad”. En efecto, cuando la prensa tuvo acceso hace un tiempo atrás a documentos que vinculaban a Martín Vizcarra con dicha constructora , al extremo de haberle extendido dos poderes en su partida de Registros Públicos, la opinión pública estuvo escéptica, debido a la nauseabunda campaña mediática de la prensa oficialista liderada por La República, que salio a ladrar rabiosamente acusando sin prueba alguna que dichas acusaciones eran “un invento de la mafia” logrando que pasaran desapercibidas en ese entonces. Pero el último domingo el programa “Panorama” ha destapado lo que muchos sospechaban: que Vizcarra también trabajó para Odebrecht como proveedor en la obra más cuestionada de esa transnacional brasileña: los tramos 2 y 3 de la Interoceánica o IIRSA Sur. La verdad ha sido descubierta en los almacenes de la empresa Polysistemas, ubicados en Pachacámac, donde se guardan miles y miles de papeles y documentos del consorcio Conirsa que se encargó de la ejecución de las obras de los citados tramos de la Interoceánica, uno de los proyectos más grandes y sobrevaluados donde el Estado peruano gastó la astronómica suma de 4 mil 500 millones de dólares y el entonces presidente Alejandro Toledo recibió un soborno de 20 millones de dólares, por el cual es hoy un prófugo de la justicia. Según la propia página web de la constructora Odebrecht, Conirsa - consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales - estuvo a cargo de la construcción de 656 km de la carretera Interoceánica Sur, en el tramo 2, que une Cuzco con el Puente de Inambari, y el tramo 3, que une Inambari con Iñapari, hasta la frontera con Brasil. En la actualidad, es la Concesionaria IIRSA Sur, conformada por Odebrecht, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, la que “está a cargo de la construcción, rehabilitación, mejoramiento y operación por concesión de los tramos 2 y 3 durante un periodo de 25 años”. Hacemos esta precisión para dejar en claro que el problema es actual. Según el reportaje de “Panorama”, CyM Vizcarra es una empresa grande, con 25 años de trayectoria, conformada por los hermanos César y Martín Vizcarra Cornejo. Es una firma especializada en presas, construcción de edificios, mantenimiento de carreteras, montaje electromecánico y alquiler de equipo pesado. Y es la misma que aparece en la lista de proveedores de Conirsa de los años 2006 (en dos ocasiones) y 2008. El primer pago hecho a la empresa asciende a S/ 145,551.77 y luego aparece otro por S/ 123,386.58, en tanto el pago hecho en el 2008 fue de S/ 54,107.18. Cuando días atrás se debatía el tema de la reforma constitucional, una reportera de ATV le preguntó a Vizcarra “si su empresa fue proveedora para Odebrecht en la Interoceánica. ¿Podría contestarnos al respecto?”. Esa interrogante causó un nerviosismo evidente en el rostro del socio de la constructora brasileña, quien trato de negar lo evidente: “Respecto ah…, no en absoluto, en absoluto. Es falsa esa información”, respondió rápidamente al saberse descubierto. “La empresa que represento nunca ha realizado ningún tipo de contrato con Odebrecht para la construcción de la Carretera Interoceánica Sur ni para ningún otro proyecto”, añadió falazmente cuando las evidencias demuestran todo lo contrario. Si bien el contrato de CyM Vizcarra fue con Conirsa, este ha sido un consorcio liderado por Odebrecht con una participación accionarial del 70 %. En consecuencia el negocio en el fondo fue con Odebrecht porque Conirsa era una suerte de subsidiaria suya, como lo eran la Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A., precisamente para efectos del tramo 2, y la Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A., para el tramo 3. De otra parte, poco o nada se sabría de los negociados de Martín Vizcarra con la principal consorciada de Odebrecht, que es Graña y Montero S.A. Pero los investigadores de la prensa y el Congreso ubicaron unas fichas registrales que marcaron el nuevo derrotero a seguir. Y es que con fecha del 1 de septiembre del 2005, ante la Notaría de Jaime Murgia Cavero, en Lima, la constructora Graña y Montero S.A. otorgo poder de representación a Martín Vizcarra Cornejo y a su hermano César Vizcarra Cornejo y los nombra sus apoderados judiciales y administrativos con relación a la ejecución de la obra llamada “Instalaciones Eléctricas SPCC [Southern Peru Copper Corporation]”. Los detalles de estas facultades de representación están inscritos en la partida registral Nº 11006796 de la Zona Registral Nº IX de Lima. Asimismo, en la misma partida hay otro “nombramiento de mandatarios”, que es también un otorgamiento de poderes en la misma notaria y a nombre de los mismos personajes respecto de la “ejecución de la obra denominada ‘Nave Convertidores de la Fundición de Ilo K009”. Este tema se puso en evidencia en una sesión que efectuó la Comisión Odebrecht, entonces presidida por la fujimorista Rosa Bartra, en marzo pasado del 2017, donde los exdirectivos de Graña y Montero (GyM) intentaron evitar dar información sobre su sociedad con el ex ministro de Transportes, Martín Vizcarra en el ‘Consorcio Ilo’. Durante cinco horas, José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de GyM, así como Hernando Graña Acuña, ex director del grupo GyM, respondieron las interrogantes del grupo indagador, que los citó para preguntarles sobre los posibles vínculos de su ex representada en la investigación de los presuntos sobornos pagados por las empresas brasileñas. Pero fue el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) quien preguntó si GyM había subcontratado o utilizado los servicios del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ya que según una búsqueda efectuada en la Sunarp, figura el nombre del ministro de Transportes cuya inscripción coincide con la de la empresa constructora. “No tenemos esa información, vamos a verificar y se la haremos llegar”, contestó Hernando Graña Acuña, luego de lo cual la sesión se volvió reservada por aproximadamente media hora, tiempo en el que los miembros de la comisión los interrogaron sobre sus balances financieros. Cuando la reunión volvió a ser pública, García Belaunde les preguntó a los ex representantes de GyM qué era el ‘Consorcio Ilo’. “Consorcio Ilo es una sociedad entre GyM y CyM Vizcarra, entonces ¿eran socios o no eran socios?”, inquirió el legislador. “Sí, con CyM Vizcarra sí, era Consorcio Ilo, estoy de acuerdo. Recién lo recuerdo, me ha hecho recordar [García Belaunde]. El Consorcio Ilo fue una obra que hicimos para Southern Perú asociados con CyM Vizcarra, ellos de forma minoritaria”, reconoció Hernando Graña luego de recuperar la memoria. Esta súbita recuperación de sucesos pasados puso en evidencia que Martín Vizcarra era hombre de absoluta confianza de Graña y Montero, al extremo que le otorgó poderes especiales de representación en dos oportunidades. Es de subrayar que el hoy jefe de Estado era socio fundador y gerente de operaciones de CyM. Y según el estatuto de la constructora moqueguana, el gerente general –que era su hermano César Vizcarra Cornejo- y el gerente de operaciones gozaban de amplias facultades y atribuciones para representar, administrar y supervigilar los negocios de la sociedad. Es decir, Martín Vizcarra conocía cada negocio de la empresa, estaba encargado de supervigilarlos. Y no solo en los negocios con Graña, sino con Conirsa- Odebrecht y otras consorciadas de la transnacional brasileña. Era su socio y cómplice de sus delitos. Precisamente durante un programa televisivo en ATV + se dio cuenta del registro de compras de Conirsa de septiembre a diciembre del 2004, tomo Nº 2 del folio 228 al 0576. También, la documentación del 3 de agosto de 2006. Las cifras coinciden con lo destapado en “Panorama”. A todo este escándalo en el que aparece Vizcarra seriamente involucrado, podemos agregar otro cuando era Presidente regional de Moquegua y en el cual ‘coincidentemente’ esta presente Odebrecht. Como sabéis, la ejecución del Proyecto Especial Pasto Grande, iniciada en 1988, en Moquegua, estuvo plagada de graves irregularidades y astronómicos sobrecostos, de acuerdo con una investigación que se hizo en la Comisión Agraria del Congreso en el año 2002 y en la cual Vizcarra - vaya sorpresa - fue uno de los indagados. La obra de grandes proporciones que contempló la construcción de la presa Pasto Grande, el canal Umaizo, canal Pasto Grande y túnel Jachacuesta, inicialmente tuvo un costo de US$ 30 millones pero terminó en la astronómica suma de US$ 125 millones, con una sobrevaluación de US$ 85 millones. En el 2002, la Comisión Agraria encargada de la investigación concluyó atribuyéndole responsabilidades de tipo penal a Martín Vizcarra, quien en ese momento era director ejecutivo del proyecto, así como a la empresa constructora JJ Camet, beneficiada con la construcción. Todos sabemos que JJ Camet es una de las empresas consorciadas peruana de la empresa brasileña Odebrecht y acusada también de varios delitos que están siendo vistos en tribunales. En cuanto a la responsabilidad funcional de las empresas constructoras y supervisoras que intervinieron en la construcción del Túnel Jachacuesta y los canales comprendidos, esta fue por haber incumplido los acuerdos de los contratos firmados e incurrir en responsabilidad por no actuar de acuerdo a su reglamento. “En los adicionales de obra y reparaciones de obra en el Proyecto Pasto Grande, figuran los siguientes contratistas Federico Páucar Tito, Cohisa, CEINSA Ingenieros Contratistas, Consorcio ICCSA –CICSA, Consorcio COUSA-ICCGSA-CICSA, CHAVPE SR.LTDA. FAINSA, TRACS Contratistas S.A. (empresas relacionadas con el ingeniero J.J. Camet)”, se señala. Al respecto, Jesús Paredes Zegarra, presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua, denunció escandalosas irregularidades en el desarrollo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande-Lomas de Ilo-Moquegua, en el año 2014, ‘coincidentemente’ cuando Martín Vizcarra era gobernador regional. Según detalla Paredes Zegarra, el Gobierno Regional de Moquegua contrató a la empresa Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA), de propiedad del exministro de Agricultura y Riego, Manuel Hernández Calderón, para elaborar el expediente que se usaría en dicha obra. En el caso del proyecto “Lomas de Ilo”, la firma tuvo lugar el 7 de marzo de 2013 y por un monto de 2’373,076.81 soles se realizaría el servicio de consultoría, así como seguros e impuestos. Según el contrato Nº 021-2013-GG-PERG/GR.MOQ, el consorcio al que se le adjudicó la buena pro para la Construcción de la Línea de Conducción Nº 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego de la primera etapa del proyecto Ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo-Moquegua fue Obrainsa-Astaldi, por un monto de 80’981,137.34 soles. El contrato fue firmado el 6 de diciembre del 2013, y dicho monto cubriría el costo completo de la instalación de tubería, sistema de riego, seguro e impuesto, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución. Sin embargo, las irregularidades, de acuerdo a Paredes Zegarra, estuvieron en las contrataciones. En el contrato Nº 025-2013-GG-PERPG/GR.MOQ figura la empresa ATA como encargada de la supervisión de la adquisición de la tubería y construcción del proyecto por un monto de 4’573,185.04 soles. Es decir, la misma a la que se le adjudicó la realización del expediente técnico, y donde Hernández Calderón es accionista mayoritario. Este documento se encuentra firmado por el mismo Manuel Hernández y el ingeniero José Luis Núñez Herrera, gerente general del Gobierno Regional de Moquegua de ese entonces. No es de extrañar por ello que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya planteado esta semana en Moquegua, “recibir el proyecto Pasto Grande en Lima” para su conclusión, junto al “componente Lomas de Ilo” teniendo al propio Vizcarra a su lado, quien mostró su apoyo a dicha ‘sugerencia’. El problema es que esta obra paralizada es objeto de una investigación exhaustiva de la Contraloría. Y si no se ha judicializado hasta el día de hoy, es por el temor de la Fiscalía y la Judicatura regional a Martín Vizcarra, principal interesado que este negociado se haga realidad. Es por ese motivo, que ante esta grave denuncia la Comisión de Fiscalización en el Congreso, ha decidido por voto mayoritario, investigar todas las contrataciones que llevó a cabo el consorcio Conirsa - integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales- para las obras de la Interoceánica Sur. El Ministerio Publico también debería hacer su labor e iniciar las investigaciones cuanto antes para sancionar a los responsables. Cabe recordar que el conocido lobbysta y Traidor a la Patria Pedro Pablo Kuczynski fue obligado a renunciar por mentir acerca de sus negociados con los brasileños y en este ocasión se repite la misma historia, lo cual podría generar un nuevo pedido de vacancia presidencial en contra de Vizcarra, y si bien la actual correlación de fuerzas podría indicar que seria algo difícil de alcanzar, las pruebas acumuladas son irrefutables por lo que existen las condiciones para aprobarlo. La lucha contra la corrupción debe ser total y abarcar a todos los involucrados por igual. Nadie debe creerse inmune a ello, mucho menos Vizcarra, que no representa precisamente un ejemplo de transparencia ¿no lo creen ustedes? :)
