A raíz de la autoeliminación de un impresentable sujeto requisitoriado por la justicia y la prisión preventiva por 36 meses dictada simultáneamente contra otro corrupto, voces interesadas de la mafia criminal aprofujimorista han iniciado una infame campaña mediática con el claro objetivo de tirarse abajo al valiente equipo de jueces y fiscales que investigan sus delitos, buscando con ello deslegitimar la lucha anticorrupción, pero fracasaran en su vil intento. Como sabéis, el reciente suicidio de Alan García, quien iba a ser detenido por su implicación en la trama de Odebrecht, abrió un debate sobre la lucha anticorrupción en el Perú, que nunca antes como ahora había cercado - ni siquiera se acercaba - a la corrupta y decadente cúpula de la clase dirigente de este país bananero. No en vano, en la actualidad, quienes gobernaron desde 1985 tienen graves problemas con la justicia. Y si no se incluye en esa lista a Fernando Belaunde - tan corrupto como quienes lo sucedieron - es que ya esta muerto. Otra es la situación del ex-dictador Francisco Morales Bermúdez, con orden de captura internacional por la justicia italiana que lo condenó in absentia en enero del 2017 a cadena perpetua por genocidio, razón por lo cual no puede abandonar el país, protegido vergonzosamente por el Estado peruano que se niega a entregarlo hasta el día de hoy para que cumpla su sentencia. En efecto, por estos días se están escuchado insistentemente voces que apuntan a pedir ‘un borrón y cuenta nueva’ respecto a los procesos judiciales en curso y los que, seguro, están por venir en el marco de la investigación del caso Odebrecht en el país, bajo el argumento falaz de que la decisión tomada por il capo della mafia de volarse la tapa de los sesos “es culpa de las investigaciones judiciales y de las denuncias del periodismo” (?). Como era de esperar, el nauseabundo coro lo encabezan el APRA y el fujimorismo quienes han arremetido con todo en contra de la prisión preventiva, alegando un “exceso” en la actuación de la justicia, anunciando por ello la presentación en el Congreso de un proyecto de ley con el fin de 'regularla' : “Ha habido un exceso deliberado y abusivo de las detenciones preliminares y eso tiene que parar”, vomitó la congresista aprista Luciana León. La secundó su correligionaria Nidia Vílchez, quien ladró: “Exigimos que las instituciones no se usen para perseguir a sus enemigos políticos”. A estas voces se sumó el cardenal fujimorista Juan Luis Cipriani, quien gruñó rabiosamente “Aquí no hay un problema de investigaciones, se está acusando mediáticamente, esto tiene que terminar”, alegó. “Basta de tanta persecución y maldad, se debe acabar con esta persecución que no es en nombre de la justicia, es en nombre del abuso del poder político”, insistió el conocido defensor de genocidas y curas pederastas. En ese mismo contexto, otro oportunista que se sumo al coro fue el fracasado excandidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea - de conocida militancia aprista - quien también arremetió vilmente contra la lucha anticorrupción. “Hay que terminar el contubernio de la mafia judicial con los improvisados del gobierno”, dijo. Venga ya, viniendo de quien viene ¿Qué más se puede esperar de estos especímenes a los que también se les viene la noche? No debe sorprendernos esas interesadas opiniones. Antes que ‘una judicialización de la política’ - como arguyen en todo momento - lo que hay en el Perú es un problema de políticos corruptos que han cometido una serie de escandalosos delitos los cuales han sido completamente corroborados, por lo que deben ser juzgados y condenados ejemplarmente. Esto es lo que se debe exigir, en vez del ‘olvido’ de sus delitos que se sugiere cada vez con mayor preocupación por las nuevas revelaciones que están en curso y que compromete seriamente a los cabecillas de las organizaciones delincuenciales que defienden con tanto ardor. Así lo entiende también el jurista Javier de Belaunde, quien considera existe un uso rastrero del suicidio de García Pérez, al querer atribuirlo a otros. “Los fiscales están cumpliendo su deber y el periodismo de investigación ha cumplido un rol inusual e importante. Hay que defenderlos de esos ataques malintencionados por parte de quienes tienen mucho que responder en los tribunales”, sostuvo. “Las investigaciones anticorrupción deben continuar. Se habla de ‘excesos’ en la prisión preventiva, pero eso es una falsedad ya que esta completamente justificado para evitar la fuga de los procesados. El sistema anticorrupción debe ser respaldado porque tienen todas las de perder ante el poder político y económico que busca silenciarlo” apuntó. “Históricamente, el sistema de justicia en Perú ha estado dominado por ellos y es una gran novedad que ahora en el Ministerio Público y el Poder Judicial no exista esa injerencia ni dominio y que estemos frente a investigaciones fiscales independientes. Por eso han pasado del desconcierto al ataque feroz para acabar con su labor” puntualizó. En la misma línea, el investigador y jurista Luis Pásara alerta sobre las potenciales consecuencias de esta ola de críticas a la actuación del Poder Judicial. “Quienes usan ese grotesco episodio (la muerte de García) como una ocasión para pedir que 'cese la persecución' - como el cardenal Cipriani - o que 'acabe el odio entre peruanos' - como el aprista Jorge del Castillo - están mas preocupados por las investigaciones sobre los demás corruptos”, carga. “La principal amenaza es utilizarlo para que el trabajo de fiscales y jueces contra la corrupción pierda respaldo ciudadano. El caso Odebrecht en el Brasil enseñó que ese respaldo es fundamental para que el proceso judicial avance y en el Perú sigue estando en juego la recuperación de algo de salud de la república mediante una labor higiénica de la justicia que establezca hasta dónde ha llegado el cáncer de la corrupción y condenar a quienes lo merecen” aseveró. Finalmente, Mario Vargas Llosa en un articulo publicado en el diario español El País, señala: “En el Perú, desde hace algún tiempo, hay un grupo de jueces y fiscales que ha sorprendido a todo el mundo por el coraje con el que han venido actuando para combatir la corrupción, sin dejarse amedrentar por la hostilidad desatada contra ellos desde la misma esfera del poder al que se enfrentan, investigando, sacando a la luz a los culpables, denunciando los malos manejos de los poderosos. Y, afortunadamente, pese al silencio cobarde de tantos medios de información, hay también un puñado de periodistas que sostienen la labor de aquellos funcionarios heroicos. Este es un proceso que no puede ni debe detenerse porque de él depende que el país salga por fin del subdesarrollo y se fortalezcan las bases de la cultura democrática, para la cual la existencia de un poder judicial independiente y honesto es esencial. Sería trágico que la labor de aquellos jueces y fiscales se viera interrumpida o saboteada, y los contados periodistas que los apoyan fueran silenciados por aquellos que buscan ocultar la verdad” expresó. No cabe duda que en esta lucha implacable contra la corrupción habrán muertos y heridos - eso se sabia de antemano - lo cual indica que se esta en el camino correcto y toca por ello reforzar y proteger a jueces y fiscales que llevan esos casos ante las amenazas de quienes ven en peligro sus oscuros intereses. Este combate a la mafia homicida no puede perder impulso por ningún motivo y hay que hacerlo hasta el final … A por ellos :)
