Un claro ejemplo de como la justicia caviar impera en el país andino (en la cual a los amigos se les permite todo, pero a los enemigos se les aplica la ley), se dio el pasado domingo, cuando en un programa televisivo se dio a conocer como una de las responsables de un sonado caso de corrupción que afecta a millones de limeños, sigue sin responder por sus delitos - a pesar de haber confesado ella misma que recibió millones de dólares de Odebrecht - mientras se da la gran vida en una casa de playa al sur de Lima, en lugar de estar en la cárcel a la espera de su juicio, que inexplicablemente se prolonga durante un tiempo que ya roza con la más grosera impunidad. Como podéis suponer, nos referimos a la cuestionada ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, quien fue captada por las cámaras de Panorama, disfrutando del verano en una casa con piscina ubicada en Lurín. El inmueble pertenece a su familia y ha sido en el pasado reciente escenario de diversas noticias, desde la revelación de que no contaba con permiso de construcción (se habían erigido cinco pisos cuando las autoridades solo permitían tres) y ocupaba un tramo de playa de manera irregular, según denunció el mismo programa televisivo en el 2017, hasta el allanamiento del que fue objeto al año siguiente por personal fiscal y policial. Villarán, como sabéis, viene afrontando tres investigaciones por escandalosos hechos de corrupción que tuvieron lugar durante su paso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre el 2011 y el 2014. Pero a casi diez años de que dejara el cargo, aprovecha el sol para refrescarse mientras millones de limeños reclaman por el negociado ocurrido durante su gestión en torno de los peajes ubicados al sur y al norte de la ciudad. Todo esto, gracias al avance extremadamente lento de los procesos en su contra. Especialmente aquel que lleva más de seis años investigándola por los aportes que recibió de constructoras brasileñas para su campaña por el ‘no’ a la revocatoria del 2013 y que se encuentra en etapa de control de acusación desde hace nueve meses. Ello, pese a que, en el 2019, la propia Villarán reconoció que sí recibió ese dinero, tal y como habían declarado previamente exfuncionarios de Odebrecht y OAS. Una circunstancia que negó durante mucho tiempo y solo aceptó cuando supo que quien había sido su gerente municipal, José Miguel Castro, se había sometido a un proceso de colaboración eficaz. “Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña por el ‘no’ a la revocatoria”, confesó Villarán en una entrevista en el 2019. “Tomamos la decisión, José Miguel Castro y yo, de procurar y aceptar fondos de campaña […] y yo cometí un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña”, añadió. Lo que para ella es un “error”, no obstante, para el Ministerio Público es un delito por el que ha solicitado una pena de 29 años de cárcel en su contra. El caso, sin embargo, avanza desde entonces con pies de plomo, debido, según se pudo conocer, “a la carga procesal” del juez caviaron Jorge Chávez Tamariz, que viene celebrando audiencias sospechosamente solo una o dos veces por semana. Para algunas fuentes allegadas al proceso, este recién podría llegar a la etapa del juicio oral para el próximo año; es decir, a más de una década de la comisión de los delitos, mientras la procesada sigue gozando impunemente de libertad. Si bien es cierto que estuvo detenida al iniciarse su proceso en el 2019, con el pretexto de la Pandemia del Coronavirus en mayo del 2020 , se dijo que “al padecer de una enfermedad incurable” - el lupus - era parte de la población de riesgo, por lo que se le concedió arresto domiciliario en “un asentamiento humano”, pero vamos, esa lujosa casa de playa de eso no tiene nada, y encima se le ha descubierto otra mentira ya que quienes padecen de Lupus por ningún motivo pueden exponerse a la luz solar … pero ella pasa todo el día en una piscina expuesta al calor del verano. La farsa demuestra que ella debería volver a la cárcel de inmediato, pero al sentirse protegida por los caviares, sabe que no le pasara nada. Pero si la aludida fuera una adversaria política, ni siquiera le hubiesen concedido el arresto domiciliario y la hubiesen dejado morir en su celda si le daba el Covid-19. Es más, los ‘cojudignos’ ya estarían en la puerta de su casa exigiendo su inmediata detención. Pero ello no ocurre ni sucederá jamás porque la aludida forma parte de su grupo. Eso está claro. En relación al escándalo de los aportes, no es este además, el único pendiente que tiene la exalcaldesa de Lima con la justicia. Actualmente, ella enfrenta otros dos casos que se encuentran en etapa de investigación preparatoria. El primero de ellos es el conocido como Vías Nuevas de Lima, en el que se la investiga por haber beneficiado a la concesionara Rutas de Lima, integrada por Odebrecht, una de las empresas que financiaron su campaña contra la revocatoria y para su reelección fallida en el 2014. El segundo está vinculado a la obra Línea Amarilla y que su gestión ha favorecido a la brasileña OAS –también financista de sus aventuras electorales– a través de la ampliación de un contrato de concesión. No se explica entonces la lentitud de la justicia ante la gravedad de sus delitos cometidos y que la sentencia no llega para sancionarla ejemplarmente como merece, pero siendo de la secta caviar, está convencida que a menos que ocurra una profunda reorganización de la justicia, ella seguirá gozando de libertad con total impunidad. Preguntado sobre el caso Villarán, el especialista en derecho penal, Luis Lamas Puccio, indicó que “es el símbolo de la impunidad. No le pasa nada. Es un caso emblemático que pone en evidencia cómo la justicia en el Perú no es igual para todos”. También expresó su indignación por esta situación, ya que “mientras que a un sujeto por robar un celular lo meten inmediatamente por 25 o 30 años en una cárcel como Piedras Gordas, estos personajes emblemáticos de la impunidad y la corrupción están libres en su casa disfrutando de la vida”. Una razón más que suficiente para erradicar a toda esa peste caviar tanto de la administración de la Justicia, el Ministerio Publico y los organismos electorales, donde esos parásitos aún viven agazapados. El Congreso tiene la palabra. (De momento, la Comisión Permanente aprobó a mediados de semana de manera abrumadora acusar constitucionalmente e inhabilitar por 10 años a los integrantes de la cuestionada Junta Nacional de Justicia, por infringir la Carta Magna, el cual paso al Pleno, donde solo se necesitan 66 votos para destituirlos en una sesión que será vista este jueves. Luego es el turno de Salas Arenas, otrora defensor de terroristas y que hoy usurpa funciones en el JNE, quien no oculta sus simpatías por ese despreciable asesino de policías y adicto a la marihuana de Antauro Humala, preparando desde ya el fraude para que este sea el “ganador” de las elecciones del 2026 - tal como lo hizo con el burro chotano - y ello no se puede permitir. Debe ser expectorado del cargo y a la cárcel con él. Cuanto antes mejor)
