Una noticia dada a conocer a inicios de semana -
a la cual la prensa basura de este país tercermundista sospechosamente no le ha dado la importancia que debiera - indica que veinte miembros de las Juntas Militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay serán juzgados por la desaparición de 23 ciudadanos italianos en el marco del siniestro Plan Cóndor realizado entre las décadas de 1970 y 1980, anunció la Justicia italiana. En efecto, entre quienes serán procesados figuran el ex - dictador peruano Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y el ex -jefe represor del genocida chileno Augusto Pinochet, Manuel Contreras, anunció el juez Alessandro Arturi, quien instruyó la fase preliminar durante el último año, y como así figura en la sentencia, fijó el inicio del juicio para el 15 de febrero del 2015.
Estos serán juzgados por su responsabilidad en la desaparición y el asesinato de 23 ciudadanos italianos en el contexto de la sangrienta operación, ideada por la CIA y liderada por el chileno Augusto Pinochet, el cual coordinó la represión de la oposición política entre los regímenes de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia. Los imputados en este caso ascendían a 33 personas, si bien una decena de ellos -de nacionalidad uruguaya- aún no han sido enviados a juicio ya que Arturi debe verificar que pueden ser juzgados en Italia por los mismos cargos por los que ya han sido juzgados en su país y para lo que ha solicitado esa información al Ministerio de Justicia italiano. En el acto estaba presente también Fabio Porta, un diputado del Partido Demócrata italiano (PD), la formación que lidera la coalición gubernamental italiana y que se ha personado en este proceso como parte civil. Porta refirió que el ministro Andrea Orlando es "sensible" a este caso y que el Gobierno de Matteo Renzi es consciente de "la importancia del mismo" por lo que los trámites, según dijo, serán agilizados. Por el momento, los imputados son el general boliviano Luís Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980; y los chilenos Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, jefe de la DINA (aparato represor de Pinochet); Daniel Aguirre Mora, ex -prefecto de la Policía; y el militar Sergio Víctor Arellano Stark. Además, los también chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo (brigadier); el expolicía Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luís Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez; el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el ex -comandante Luís Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan. Los peruanos son el ex dictador Francisco Morales Bermúdez; el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada. Los uruguayos son Juan Carlos Blanco; el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez; el general Iván Paulós y Pedro Antonio Mato Narbondo, este último fugado a Brasil, donde se ha casado con una brasileña. El juez retiró de la lista de imputados por fallecimiento a los uruguayos Juan María Bordaberry (2011) y Carlos Calcagno Gorlero (2013) y al chileno Odlanier Rafael Mena Salinas (2013). De entre los nombres de los uruguayos sobre los que restaría el trámite ministerial destaca el del exdictador Gregorio Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985) y que gobernó entre 1981 y 1985.
Como sabéis, el Plan Cóndor - diseñado por la CIA - fue una especie de “Internacional del Terror” con la que dichos gobiernos represivos trabajaban en conjunto para desaparecer a miles de personas que huían de sus países de origen y forzadas a retornar a ellas, donde generalmente encontraban la muerte en medio de atroces torturas por parte de sus verdugos fascistas. En el caso de Morales Bermúdez, este felón protagonizó un Golpe de Estado en 1975 en contra del General progresista Velasco Alvarado, aprovechando su delicado estado de salud, e inmediatamente integro al Perú a ese “selecto” club de países violadores de los Derechos Humanos, convirtiéndose por lo tanto en cómplice de sus crímenes. Existen documentos desclasificados tanto de la CIA como cables revelados por Wikileaks que dan cuenta de los estrechos vínculos de Morales Bermúdez con ese proceso. A pesar de estas pruebas en su contra, el muy cobarde niega ahora haber aprobado la participación del Perú en el Plan Cóndor, “señalando la enemistad con Chile como un impedimento para un acuerdo con los servicios de inteligencia de ese país”.
Miente el asesino, porque precisamente para evitar el estallido de la guerra contra Chile preparada por el General Velasco para recuperar Arica y Tarapacá dentro del llamado “Plan Dignidad” - a realizarse antes de 1979 en el que cumplía cien años de la infausta Guerra del Pacífico - protagonizo un golpe pro-chileno en coordinación con la CIA y se hizo con el Poder, desatando una sangrienta represión por lo que ahora deberá responder ante la justicia italiana. Estos delitos no prescriben y haría bien el gobierno de entregar a este despreciable genocida para que sea condenado y pague por sus crímenes, los cuales no pueden ni deben quedar impunes :)
Caricatura: La República
