Dejémonos de hipocresías y llamemos a las cosas por su nombre. Lo que acaba de suceder en Brasil, con la destitución de la presidenta elegida en las urnas, Dilma Rousseff, es un golpe de Estado en toda regla. Un golpe de Estado pseudo-legal, “constitucional”, “institucional’, “parlamentario”, todo lo que quieran, pero ni más ni menos que un golpe de Estado. Los partidos políticos responsables de tal atropello han utilizado torticeramente un procedimiento de destitución previsto en la Constitución para casos extremadamente graves y lo han ajustado a juegos políticos cortoplacistas sin importarles el daño causado a la legitimidad democrática. Como sabéis, en una república presidencialista la destitución del Jefe del Estado es un hecho de extrema importancia, una excepción al sistema que permite al Parlamento revocar la voluntad popular y destituir a quien ha sido elevado directamente en las urnas a la máxima institución de Estado. Por tanto, no puede ser utilizado más que en casos excepcionales y de forma muy tasada so pena de crear una grave crisis política e institucional. Pero este no es el caso de Dilma Rousseff. Al ser imposible encontrar ninguna prueba de implicación en el escándalo Lava Jato (una red de corrupción generalizada en la que están profundamente implicados quienes precisamente votaron contra ella, empezando por el suspendido presidente del Parlamento, Eduardo Cunha acusado de robo de millones de dólares, blanqueo de capitales, evasión fiscal en Panamá, etc.), esa panda de ladrones han recurrido a un motivo de lo mas pueril, la desviación en el presupuesto, que aunque previsto en la Constitución carece de suficiente entidad política para justificar la destitución de Rousseff y el trauma y división al que se aboca al país. Que Rousseff haya sido depuesta pero no inhabilitada para ocupar cargos públicos, demuestra que el Congreso brasileño - tan desacreditado y corrupto como muchos de la región, empezando con el peruano, bajo el control de una mafia homicida - ha aplicado las normas sobre destitución con objetivos bien distintos a los que la norma perseguía. Estamos así ante un fraude de ley que arroja una grave sombra sobre el futuro inmediato de Brasil, más necesitado de unidad ante la crisis económica y política que de divisiones irreconciliables. La puesta en práctica de este golpe de Estado “institucional” parecer ser la nueva estrategia de la derecha latinoamericana. Puesta en marcha en Honduras y en Paraguay, esta maniobra ha demostrado ser de lo más eficaz para eliminar del panorama a los presidentes progresistas de la región. Se puede reprochar muchas cosas a Dilma: que no ha respetado sus promesas electorales y ha realizado numerosas concesiones a los banqueros, industriales y latifundistas, pero corrupta como quienes la destituyeron, no lo es. Desde hace un año, la desengañada izquierda política y social no ha dejado de reclamar un cambio en las políticas económicas y sociales, circunstancia que ha sido aprovechada por la derecha golpista para conseguir sus fines. Estos no se conformaron con las concesiones dadas por Dilma: querían todo el poder, al completo, para gobernar directamente a través de sus hombres de confianza, y abolir los avances sociales que los gobiernos del PT habían logrado en los últimos años. Es recurrente que muchos eventos históricos se repitan dos veces: la primera como tragedia, la segunda como una farsa. Este principio se puede aplicar a la perfección a Brasil. El golpe de Estado militar del mes de abril de 1964, fue una estrategia que sumió a Brasil en veinte años de una sangrienta dictadura, a costa de cientos de miles de muertos y torturados. El golpe de Estado parlamentario de este mes de agosto del 2016 es una farsa, un affaire trágico-cómico, donde una camarilla de diputados reaccionarios y notoriamente corruptos derrocan a una presidenta elegida democráticamente por 54 millones de brasileños, amparándose en “irregularidades contables”. El golpista Michel Temer, introducido por sus acólitos como “presidente”, está implicado en varias investigaciones que lo involucran seriamente en escandalosos casos de corrupción por los cuales debe terminar en la cárcel, pero aún no ha sido acusado formalmente. Según un reciente sondeo, en el que se preguntaba a los brasileños si votarían por Temer como Presidente de la República, solo un 2% respondía favorablemente. En 1964, los brasileños conquistaron el derecho a manifestarse de forma masiva: “Con Dios y la Familia por la Libertad”, lo que preparó el terreno para golpear al presidente Joâo Goulart; una vez más, la historia se repite, esta vez bajo multitudes embrutecidas por una prensa venal al servicio del gran capital, que se han movilizado para ‘exigir’ la destitución de Dilma, llegando incluso, en algunos casos, a pedir el regreso de los militares. Y que lastimosamente han sido convencidas por esos medios de comunicación de que el objetivo de este affaire no era otro que “combatir la corrupción” cuando los verdaderos ladrones - con Temer a la cabeza - ahora se han hecho con el poder. Es así como la tragedia de 1964 y la farsa del 2016 tienen algo en común: el odio que los golpistas tienen a la democracia ¿Como terminará esta aventura? Vaya uno a saber :(
