THE ECONOMIST: Totalitarismo disfrazado de “democracia”

Como se advierte desde hace unos meses atrás, la pandemia del Coronavirus tiene un durísimo impacto en América Latina, convirtiéndola en el "nuevo epicentro" de la enfermedad y agudizando hasta el infinito los agudos problemas que la agobian. En efecto, el COVID-19 avanza de manera imparable en la región - con cerca de 5´000.000 contagiados y más de 250.000 muertos hasta el momento - dejando oscuros pronósticos en materia económica y de empleo. Cabe destacar que el aumento exponencial de casos se da especialmente en el Brasil, Perú y Chile, donde el Coronavirus esta prácticamente fuera de control y quienes ¿gobiernan? aquellos países solo esperan resignadamente la llegada de la vacuna para fines de año. Y mientras tanto, es el sálvese quien pueda. Entretanto en materia económica, la pandemia dejará 11,5 millones de nuevos desempleados este año, un aumento de 3,4 puntos porcentuales, lo cual llevará el número total de desocupados a 37,7 millones de personas, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo presentado este jueves en Santiago de Chile. La contracción económica en la región será de un 5,3% este año -la peor desde 1930- y tendrá efectos negativos sobre la tasa de desocupación, que pasará de un 8,1% en el 2019 a un 11,5% en el 2020, según el reporte. Como sabéis, Brasil, uno de los países en que la pandemia crece más deprisa, se debate en una crisis que se produce en un contexto de fuerte confusión política, debido a las desavenencias entre la mayoría de los gobernadores, favorables a medidas de confinamiento y el dictador Jair Bolsonaro, que las critica debido “a su impacto económico”.En el Perú la historia es de terror, al superar los 63.000 muertos, según datos proporcionados este viernes por el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) a los que tuvo acceso la AFP que difieren de las cifras oficiales propaladas por el régimen, tratando de minimizar su fracaso. La Defensoría del Pueblo advirtió además que los hospitales de Lima han colapsado y denunció que faltan equipos médicos, personal, camas, ventiladores, oxígeno, entre otros insumos. "Es como una película de terror, adentro (del hospital) parece un cementerio por el gran número de cadáveres apilados en los pasillos, mientras los pacientes mueren en sus sillas de ruedas", dijo el enfermero Miguel Armas, del hospital Hipólito Unanue de Lima. Mientras en Chile, que recibió a la pandemia tras seis meses de crisis social que golpeó duramente su economía, se acerca a los 60.000 casos y las protestas en Santiago se han extendido para denunciar la falta de alimentos." Se trata de una batalla descomunal de la cual nadie puede desmarcarse", dijo el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien advirtió que el aumento de los casos "va a provocar presión en la red asistencial" en los próximos días e instó a respetar la cuarentena y a superar diferencias políticas y polarizaciones, en medio de una profunda desconfianza hacia el gobierno de Sebastián Piñera. Como si este drama que se vive en la región no fuera suficiente, hay que agregar la situación política, donde los gobiernos ante la cercanía de las elecciones en una serie de países, intentaran manipular los resultados para su beneficio, así como obstaculizar de una y otra manera a quienes pueden ser una ‘amenaza’ para lograr sus fines. Al respecto, el semanario británico The Economist, bajo el titulo “The return of rigged elections in Latin America” (El regreso de elecciones amañadas en América Latina) describe precisamente la preocupante tendencia que se ve en los países de la región donde quienes gobiernan buscan prohibir con un serie de artimañas, la postulación de políticos de oposición, para seguir medrando del poder. Y el Perú obviamente - con una prensa prostituida y servil al régimen golpista para sus campañas de demolición y desprestigio del adversario - no es ajeno a ello. Mejor demos paso al articulo del citado medio, el cual ofrezco traducido y entrecomillado ¿vale?: “En 1955 las Fuerzas Armadas Argentinas derrocaron al presidente populista Juan Domingo Perón, enviándolo al exilio, proscribiendo tanto a el como a su partido de la vida política, una prohibición que permaneció en vigor hasta 1973, cuando regreso al poder, pero su avanzada edad y delicado estado de salud no le permitió gobernar, muriendo al año siguiente, siendo reemplazada por su mujer y vicepresidenta María Estela Martínez, quien no pudo hacer frente al terrorismo que desato un baño de sangre en la Argentina, lo cual desencadeno un incruento golpe militar en 1976, posibilitando el regreso de los uniformados a la Casa Rosada. En el Perú, el APRA, un partido con tendencias afines al peronismo, estuvo igualmente prohibido en el país durante décadas, acusado de ser un grupo terrorista, hasta que al final del régimen militar fue legalizado y pudo ser gobierno hasta en dos ocasiones. Así como estos casos, durante la guerra fría instaurada por Washington en América Latina, fueron ilegalizados muchos partidos comunistas, con el argumento de que pudieran acceder alguna vez al poder y seguir el ‘ejemplo’ cubano. Pero con la expansión de las “democracias” en América Latina en la década de 1980 - que significo el fin de los regimenes militares afines a los EE.UU.- semejante manipulación de las elecciones parecía cosa del pasado, ya que al parecer cualquier ciudadano podría convertirse en presidente, siempre y cuando este siguiera los lineamientos de la Casa Blanca. Pero ese principio “democrático” fundamental fue puesto en entredicho con el resurgimiento del populismo, el cual comenzó en Venezuela con el triunfo de la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez, quien con un discurso radical se impuso en los comicios de 1998 echando a los partidos conservadores (AD - COPEI) que hasta ese momento manejaban el país a su antojo turnándose en el poder y que de la noche a la mañana se vieron prácticamente despojados de todos sus privilegios. Ávidos de venganza y ‘alentados’ por la Casa Blanca, le declararon la guerra a Chávez, e incluso intentaron desalojarlo del poder mediante un golpe de Estado en el 2002, pero fracasaron en su intento y lo único que lograron fue radicalizar el rumbo de la Revolución aun más. Fue así como en el 2008, fue excluido el golpista Leopoldo López - acusado de ser un agente de la CIA - de todo cargo público durante seis años y más tarde, arrestado por organizar protestas en las que murieron 43 personas, escapando de la prisión y refugiándose desde entonces en la residencia del embajador español en Caracas. En el 2017, fue proscrito otro conspirador, Henrique Capriles, quien afirmó fantasiosamente “haber ganado” una elección presidencial en el 2013 contra el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, cuando lo cierto es que su derrota fue clamorosa según reconocieron diversos observadores internacionales. Y es que a pesar de celebrar continuamente elecciones, Venezuela es calificada por los EE.UU. como una “dictadura” buscando someterlo mediante una serie de sanciones internacionales, a la par que financia a grupos opositores (los llamados escuálidos) así como infiltrando a comandos terroristas desde Colombia, intentando sacar a Maduro del poder y apoderarse de sus inmensas reservas de petróleo, pero de nada le ha valido y solo ha contribuido a fortalecerlo, por lo que se espera que el oficialismo triunfe una vez mas en las elecciones generales a celebrarse a fin de año, donde la oposición temiendo otra humillante derrota , ha decidido no participar siguiendo instrucciones de Washington. Peor para ellos. Pero la práctica de reducir el campo electoral se da en otras “democracias” de la región. En Guatemala, el año pasado, Thelma Aldana, una popular ex fiscal general que ayudó a encarcelar a un presidente corrupto, fue excluida de la boleta presidencial por un cargo de malversación de fondos que, según sus partidarios, es falso. En otros casos, los candidatos han sido excluidos luego de su condena en controvertidos casos, realizados por jueces cercanos al poder de turno y acérrimos enemigos de los procesados; En Brasil por ejemplo, el ex presidente izquierdista Luiz Ignacio Lula da Silva, fue excluido ilegalmente cuando lideraba todas las encuestas de opinión en las elecciones presidenciales del 2018, luego de que su controvertida condena fuera confirmada por un tribunal de apelaciones digitado por el gobierno golpista de Michel Temer; En el Ecuador, el expresidente Rafael Correa, que ahora reside en Bélgica, recibió en ausencia una sentencia de cárcel “por corrupción” en abril. Según una falaz interpretación de la constitución ecuatoriana, no puede volver a postularse. El consejo electoral - conformado por sus adversarios políticos - prosiguió con la prohibición de su partido, alegando falsamente que “presentó firmas inválidas” en su intento por registrarse. El consejo también dictaminó que los candidatos deben registrarse en persona, lo que significa que si Correa quería postularse sería arrestado. Una forma de querer mantenerlo alejado de la política ecuatoriana, sabiendo sus adversarios que conserva en el país una gran aceptación ciudadana, pero que tras la llegada al poder de quien fuera su vicepresidente, Lenin Moreno, este lo traiciono y se unió a los grupos conservadores - que hasta hace poco lo despreciaban a causa de ser un discapacitado físico, con quienes gobierna en la actualidad - prohibiéndole retornar al Ecuador; De otro lado, en las elecciones que se realizaron en Perú el 2016, la autoridad electoral en ese entonces en manos del fujimorismo, prohibió por un tecnicismo la postulación de un candidato bien ubicado en todos los sondeos, para favorecer a Keiko Fujimori - la hija del exdictador Kenyo Fujimori, que gobernó con mano de hierro en el país andino y que actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por múltiples violaciones a los Derechos Humanos - quien se creía favorita, pero que ni aun así pudo ganar en esa ocasión. Hoy se da todo lo contrario y tras el golpe dado por Martín Vizcarra el 2019 cerrando el Congreso inconstitucionalmente y copando de izquierdistas el Poder Judicial, los perseguidores se convirtieron en perseguidos, y de esta forma por ejemplo, el controvertido fiscal José Domingo Pérez, pidió el mes pasado a un tribunal que prohibiera durante dos años y medio (es decir, ‘coincidentemente’ hasta pasada las próximas elecciones) a Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, afirmando que se trata de una organización criminal ya que intentó encubrir una donación de 1,2 millones de dólares de Odebrecht, una empresa constructora brasileña, en el 2011. Pérez ha estado investigando a Fujimori durante tres años - quien incluso ha pasado 16 meses en la cárcel sin juicio - pero inexplicablemente aun no presenta la acusación fiscal para que sea procesada, por lo muchos observadores ven en ello una maniobra política del régimen para sacarla de la carrera electoral. Por lo visto, Vizcarra quiere que el candidato oficialista - alcalde de una barriada popular de Lima - no tenga obstáculos para que sea su sucesor. Pero la persecución del gobierno no se limita a ella ya que tiene a otros potenciales candidatos opositores en la mira que serán ‘neutralizados’ de acuerdo a la aceptación que logren en las encuestas, a medida que se acerque la fecha de los comicios; Finalmente, Bolivia es el ejemplo más preocupante del nuevo prohibicionismo electoral. En noviembre pasado, Evo Morales, su presidente desde el 2006, fue derrocado por un golpe de Estado de sectores conservadores en contubernio con los militares, tomando como excusa las denuncias de un supuesto fraude en unas elecciones en las que buscaba un cuarto mandato constitucional. Es así como un gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez, asumió el cargo con la tarea de organizar una nueva elección a medida de los golpistas, la cual ha sido postergada en dos ocasiones tomando como pretexto la pandemia del Coronavirus y ahora se dice que será el 18 de octubre. Pero el verdadero motivo por el cual hasta ahora no se realizan los comicios es la alta popularidad del candidato de Morales, Luís Arce, quien es el gran favorito y podría ganar ampliamente. Es por ello que los golpistas - que postulan inconstitucionalmente a Añez a pesar de estar impedida legalmente - buscan la descalificación de Arce por parte del tribunal electoral manejado por ellos por un tecnicismo. También hablan de postergar indefinidamente las elecciones “a causa de la pandemia”. Cualquiera de los dos sería un curso peligroso. Descalificar a Arce negaría legitimidad al ganador de las elecciones y condenaría a Bolivia a años de conflicto. Mucho mejor sería que los golpistas respaldaran a Carlos Mesa, un expresidente que fue el principal rival de Morales el año pasado. Deberían recordar lo sucedido en la Argentina en 1955. “En lugar de destruir al peronismo… la persecución rápidamente lo revitalizó y hoy esta en el poder” indicó el historiador David Rock. Esa situación se podría repetir ahora tanto en Bolivia como en Ecuador, donde Morales y Correa son perseguidos implacablemente por sus enemigos y a pesar de ello siguen teniendo gran aceptación popular. Sus críticos temen que si se les permite regresar, mantendrán el poder para siempre. Pero la democracia no puede salvarse frenándola” puntualiza la nota. Llama la atención por cierto que The Economist no le haya dedicado una línea a lo que hoy sucede en Brasil, Colombia y Chile, donde los opositores no solo son perseguidos por sus ideas e impedidos de participar en los procesos electorales, sino también asesinados. En todo caso, solo nos queda agregar que quienes buscan atornillarse al poder de todas las formas posibles - sean del país que fueran - no podrán acallar para siempre las demandas de amplios sectores que buscan liberarse del autoritarismo, el caudillismo, el populismo y la falsa “democracia” tutelada que tanto daño le hacen a la región. Y en relación al Perú, donde Vizcarra cree que al final se podrá salir con la suya con unas “elecciones” a su medida, esta completamente equivocado y como todo en su triste y patética vida, fracasara miserablemente :)