Una noticia dada a conocer a inicios de semana confirma lo que por todos es sabido desde hace mucho tiempo: cada día que pasa, la podredumbre vizcarrista se hunde en su propia inmundicia. En efecto, según un informe publicado el pasado domingo, un aspirante a colaborador eficaz sostiene que Obrainsa pagó un millonario soborno a Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua en el 2014, para favorecer a la citada empresa en el otorgamiento de jugosos contratos con grave perjuicio para los intereses del Estado. El dinero en cuestión le fue entregado en dos ocasiones por Paul Tejeda, uno de los propietarios de Obrainsa sin la presencia de testigos, como suele ocurrir en estos casos. Según el relato judicial del arrepentido, otra parte del soborno fue pagado, a pedido de Vizcarra, mediante el alquiler de una avioneta para trasladar a funcionarios bolivianos de Lima a Moquegua, con quienes necesitaba reunirse. El pedido a la constructora de que asuma el vuelo “a cuenta de lo pactado” ocurrió en diciembre del 2013, incluso antes de la adjudicación de la licitación. Como podéis imaginar, la denuncia es sumamente grave y coloca nuevamente al golpista contra las cuerdas. El hecho de que el procesamiento a Vizcarra solo ocurrirá cuando deje el cargo - si es que antes no es vacado o que el Congreso finalmente anule en segunda votación la inmunidad presidencial del cual disfruta y pueda ser juzgado inmediatamente - no suspende hasta entonces algunos efectos. Uno es su descrédito total, al quedar demostrado plenamente que es mas corrupto que aquellos a los hipócritamente dice combatir. Lo más importante es que los pocos meses que le quedan al frente de su caótico (des)gobierno, estarán marcados por sus incesantes esfuerzos para intentar copar el Poder Judicial no solo para protegerse de las graves acusaciones que se le imputan, sino también para utilizarlo como una policía política con el objetivo de perseguir e intimidar a la oposición. Caso contrario, sabe que le espera la cárcel, por lo que intentara cometer fraude en las próximas elecciones, bien haciendo ganar a su ‘candidato’ que lo blinde de todos los juicios que le esperan o presentándose el mismo, ya que si no lo hace, terminara ineludiblemente tras las rejas. De momento, ya está con un pie adentro. Es indudable que la publicación de la citada denuncia en un medio prostituido y servil al régimen golpista como El Comercio - que necesita de la propaganda estatal para sobrevivir porque esta prácticamente quebrado - se deba a una gestión del precario inquilino de Palacio y que haya estado determinada por una desesperada estrategia de protección, ya que la delación de Obrainsa se conocía desde el 2019. Es mas, hace unas semanas, en círculos muy cerrados, se dio a conocer algunos detalles del proceso. Se sabe además que existe una segunda delación en ciernes de otra empresa vinculada al “Club de la Construcción”, el cartel empresarial para repartirse obras públicas del MTC, por lo que Vizcarra al saberse perdido y pretendiendo minimizar el impacto de la denuncia (que se iba a dar a conocer ese domingo en un programa televisivo nocturno) ordeno al citado diario que lo publique ese mismo día a modo de “primicia”, para seguidamente presentarse en los medios como “victima” de una conspiración, pero eso ya no cuela. Tal como se ha dado a conocer, en el 2013 Obrainsa obtuvo del gobierno regional de Moquegua una obra de irrigación en Lomas de Ilo mediante el pago de un millón de soles a Vizcarra a cambio de ser el ‘favorecido’ en el proceso de licitación. Como recordareis, la nefasta gestión de ese impresentable sujeto también ha sido denunciada por pagos irregulares a ICCGSA, que construiría un hospital en Moquegua. Es mas, en el 2014, un día antes de cesar Vizcarra como gobernador, de una forma escandalosa su corrupta administración le entregó un adelanto de 40 millones de soles... gestionado nada menos que en un solo día. La investigación, reabierta tras haber sido archivada ilegalmente en dos ocasiones, ya involucró al ex gerente regional Edmer Trujillo, y alcanza plenamente a Vizcarra por ser su cómplice del delito, por lo que debería ser juzgado ya mismo y no luego de finalizar su mandato como pretende la oficialista Fiscal de la Nación para que ese individuo tenga tiempo de eliminar todas las pruebas que lo comprometen seriamente. Pero antes podría haber sorpresas en el expediente que acelerarían su procesamiento. Al respecto, diversas publicaciones, como Gato Encerrado, han documentado irregulares asignaciones de obras a ICGSA y Obrainsa, durante las gestiones de Vizcarra como ministro y luego como usurpador del cargo de ‘presidente’ tras la obligada renuncia de Kuczynski, a pesar de estar prohibido por ley. También las recibió CASA, que según otro colaborador eficaz entregó dinero a la campaña de PPK cuando Vizcarra la dirigía. No hay acusaciones en concreto, ya que el MTC funciona en la oscuridad desde que el sátrapa decidió que lo dirigieran sus íntimos - integrantes de la organización delincuencial Los Injertos Moqueguanos, que el dirige - todos ellos involucrados hasta el cuello en su corrupta gestión como gobernador en Moquegua, como Carlos Estremadoyro, el actual ministro; y Edmer Trujillo, desde hace poco asesor del Minagri para que funcione en Pampas de Ilo la obra de irrigación por la que se le pago el soborno. Cabe recordar que cuando Vizcarra fue ministro (2016-2017), el MTC otorgó a Obrainsa la construcción de 57 puentes y obras en una carretera por S/ 547 millones. Además la empresa fue autorizada para quedarse con tres carreteras que mantenía en sociedad con Odebrecht. Por último, el ministro Edmer Trujillo aprobó el pago de 13 millones de soles por gastos adicionales de un proyecto que estaba en proceso arbitral - el MTC desistió, sin pelear-, y por la que Obrainsa pedía tres millones más. Esto ocurrió hasta el 2018 pero en 2019 ya no hubo favores a la empresa. Es posible que esta circunstancia, unida al hecho de que Paul Tejeda vivía más de un año a salto de mata, imputado por actos ilícitos del “Club de la Construcción”, haya determinado la colaboración eficaz que ahora pone contra las cuerdas a Vizcarra, quien para todos es evidente que es carne de presidio. Pero como era de esperar y de una forma cínica y miserable, el muy sinvergüenza atribuyó la denuncia y su publicación “a una conspiración de Odebrecht” (?), una disparatada teoría que no terminan de comprar ni sus mas acérrimos defensores ya que no tiene por donde sostenerlo. Precisamente, en una entrevista en el programa televisivo Panorama, la noche del pasado domingo y ante la contundencia de las acusaciones formuladas en su contra, Vizcarra se vio obligado a admitir las visitas a Obrainsa. Si se confirma - lo que prácticamente es un hecho - que fueron próximas a las fechas de preparación de los cheques, la versión del delator hundirá al golpista definitivamente. Como el soborno se hizo efectivo en el 2014, cuando Vizcarra no era ministro ni presidente, la investigación no será dirigida por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sino por Germán Juárez, que pertenece al Equipo Especial Odebrecht. Es lo mejor. Ávalos ha reforzado las sospechas sobre su completa falta de imparcialidad respecto de Vizcarra en el caso Swing: omitió el delito principal en la calificación del expediente. De otro lado, ha rehusado mantenerse al margen del proceso, como pidió el procurador anticorrupción, Amado Enco. En los audios se menciona explícitamente su cercanía a Palacio de Gobierno. Con posterioridad, de una forma grotesca, la vizcarrista trato de descalificar el material probatorio en una entrevista periodística y amenazó con un juicio a la principal testigo del caso, algo inaceptable para quien debe representar a los investigadores y no como lo que es, una patética y desaforada defensora a ultranza de Vizcarra y sus viles negociados. La tesis principal de la fiscal Janny Sánchez es que tanto este individuo como su secretaria de la Presidencia son instigadores de colusión agravada, cometida por funcionarios públicos que conciertan para defraudar al Estado, con evidente daño patrimonial. Es mas, Vizcarra y Morales instigaron a los ministros para que contrataran a un pobre diablo sin oficio conocido, apodado Richard Swing (cuya íntima amistad con Vizcarra es tal, que lo llama su ‘reina’). El delito tiene una prognosis de prisión de seis a quince años. Además, se postulan obstrucción a la justicia y negociación incompatible, que acarrean años adicionales en prisión. Sin embargo, en su cuestionadísima Disposición 01, la oficialista fiscal de la Nación ‘olvida’ la colusión y apoya los dos delitos restantes, añadiendo el de instigación de tráfico de influencias, también de bajo calado y difícil de demostrar. Gran favor que le hace a quien usurpa actualmente el cargo en Palacio y que lamentablemente ha pasado desapercibido hasta el momento, por lo cual debería ser destituida del cargo por el Congreso y pasar a ser procesada junto con Vizcarra y sus secuaces. A la cárcel con todos ellos (Por cierto, es lamentable que haya quienes se “indignen” por un resultado deportivo y no por la corrupción imperante en su propio país. Lo que hay que ver) :(
