No cabe duda alguna que aquella banda delincuencial liderada por Pedro Castillo que ha tomado por asalto el poder en el país andino, tiene como objetivo primordial destruir sistemáticamente su institucionalidad democrática para hacerla ingobernable e instaurar cuanto antes una sangrienta dictadura comunista que le posibilitaría eternizarse en el poder, cumpliendo paso a paso todo lo anunciado en campaña y que fue denunciado insistentemente por la prensa independiente como Willax TV y Expreso - hay que darles crédito a quienes lo merecen - pero que los peruanos en su ceguera y odio irracional a Keiko Fujimori, que competía con ese individuo de limitado lenguaje en el ballotage , prefirieron darle su voto al discípulo de Abimael Guzmán, quien ni corto ni perezoso y en contubernio con el impresentable Vladimir Cerrón (fundador de Perú Libre y procesado por corrupción, para quien la fiscalía pide cárcel efectiva) han elegido a un troupe de impresentables sujetos , todos con oscuros antecedentes y envueltos en sonados escándalos de corrupción - a la par de estar involucrados en tráfico de drogas y terrorismo - como integrantes de su primer Gabinete de ministros, liderados nada menos que por el “camarada” Guido Bellido, integrante de Sendero Luminoso y admirador de la terrorista Edith Lagos. Otro que tal es su canciller Héctor Béjar, un otrora “guerrillero” de 85 años, vil asesino de policías, quien no oculta su simpatía por las crueles dictaduras de Cuba y Venezuela, a los que en su senilidad califica de “democracias” y que además - como era de esperar - ha solicitado la inmediata liberación de Guzmán y otros cabecillas terroristas como Víctor Polay Campos del MRTA y Antauro Humala del Movimiento Etnocacerista, que cumplen sus condenas en la Base Naval del Callao. De los demás especímenes de su gabinete, ni se diga. Encontramos a un ministro de Trabajo vinculado a facciones radicales del Conare (brazo del MOVADEF, organismo de fachada de Sendero Luminoso) ; Un ex suboficial de tercera expulsado de la Policía Nacional y que hoy es ministro de Defensa (sancionado en los noventa con seis días de arresto de rigor tras determinarse que incurrió en faltas graves contra la moral policial y contra la disciplina); Un ministro del Interior que aún era fiscal cuando asumió el puesto (circunstancia que convertiría en nulo su nombramiento, según los expertos): Un ministro de Cultura que buscó defenderse a balazos al ser retirado de un bus en estado de ebriedad en el 2001; Una ministra de Desarrollo e Inclusión Social denunciada por discriminación contra una ciudadana discapacitada; Un chofer de combi reconvertido en ministro de Transportes con papeletas sin pagar por transportar pasajeros de manera informal (y denunciado ante la policía por agredir a su pareja); Y así por el estilo. Como podéis notar, se trata de gentuza de la peor calaña que uno se pueda imaginar. Es un hecho inédito que ninguno reúna a la vez prestigio, idoneidad y dignidad para el cargo de ministros; y, peor aún, carezcan de experiencia de gestión. En toda su historia, el Perú nunca había caído tan bajo como en esta oportunidad. Pero lo más preocupante de los primeros pasos de Castillo es su insistencia en convocar a como de lugar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Eso es exactamente lo que hizo el difunto Hugo Chávez en Venezuela, inmediatamente tras asumir el poder en 1999, y lo que hicieron los seguidores de Chávez en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Con la excusa de cambiar la Constitución “para combatir la corrupción y darle más derechos al pueblo” - si, como no - asumieron poderes absolutos. Esa prioridad de Castillo no es un buen augurio para el Perú, por varias razones. Primero, refuerza los temores de que está siguiendo el manual chavista al pie de la letra, buscando cambiar la Constitución neoliberal para permitir nacionalizaciones y estatizaciones a todo nivel, lo cual indudablemente frenará aún más las inversiones en un país cuya economía ya se contrajo un 11% el año pasado. En segundo lugar, la ‘sugerencia’ de Castillo de que podría convocar un referéndum para cambiar la Constitución pasando por encima del Congreso es abiertamente inconstitucional. Según el artículo 206 de la Constitución peruana, “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso”. Castillo dice que presentará un proyecto de ley al Congreso para permitirle proceder, pero al mismo tiempo ha insinuado que cambiará la Constitución sin pasar por el Congreso si “el pueblo” se lo pide. “No puede hacer eso”, dice el expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, Enrique Álvarez. “El artículo 206 de la Constitución es tajante: cualquier reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso”. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es un disparate total tratar de cambiar la Carta Magna y aumentar la polarización social en momentos en que el país tiene la mayor tasa de mortandad de COVID-19 per cápita del mundo. Debido al desastre heredado tanto de Vizcarra como de Sagasti, cerca de 200,000 peruanos han muerto de Coronavirus en un país de solo 32 millones de personas, lo que a todas luces es un genocidio ¿Tiene sentido por ello que Castillo concentre las energías de su régimen nacido en el fraude para cambiar la Constitución, en lugar de combatir la pandemia? Claro que no. Si hay un país en el mundo que debería concentrar todas sus fuerzas en combatir este virus, es el Perú. Sin embargo, Castillo y sus secuaces no lo ven así y por el contrario, pretenden agudizar las contradicciones buscando disolver el Congreso, ya que es un obstáculo para sus planes totalitarios con mayor razón cuando se encuentra en manos de la oposición. No debe extrañarnos por ello que el régimen se haya convertido en una amenaza directa e inminente contra la continuidad de la democracia. El problema ya no es de gobernabilidad y estabilidad. La situación ha cambiado radicalmente y lo que está en juego es la defensa de la democracia contra un proyecto dictatorial. Por otro lado, los medios de comunicación deben saber que están en la mira. La prensa libre es uno de los obstáculos fundamentales de todo proyecto autoritario. Impedir a la prensa ingresar a la juramentación de ministros y anunciar que solo se dará publicidad estatal a radios de provincias (léase, radios amigas para comprar sus líneas editoriales) son símbolos ominosos de lo que buscan. El primer objetivo de su “revolución” - ha declarado públicamente Vladimir Cerrón quien es el que realmente manda aunque nadie lo haya elegido - es cerrar el Congreso que le impide avanzar en sus objetivos. Por ello, es sumamente importante que las bancadas democráticas sepan responder a esta amenaza con cabeza fría, inteligencia y usando las herramientas constitucionales. Complejo equilibrio, en la medida en que suena abominable darle confianza a este Gabinete de prontuariados. Pero no dársela puede ser el pretexto que buscan para disolverlo. A su vez, pretenden expandir las rondas campesinas a las ciudades para fortalecer un brazo político armado que impida cualquier intento de oposición. “Su absurda pretensión propiciará la creación de una fuerza armada paralela a la Policía Nacional para contener todo intento de oposición política”, advirtieron diversos analistas . A pesar del rechazo que ha generado ese anuncio el pasado 28 de julio, Castillo está decidido a realizarlo y para ello tiene previsto destinarles un presupuesto para la “logística necesaria” que impulse su “participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades”. Esto convierte a los ronderos en una especie de brazo político en favor del régimen y no como aliados de la policía en la lucha contra la delincuencia. Ya pasó y pasa aún en Venezuela. En manos del chavismo, los denominados círculos bolivarianos operan desde el 2002 como “el brazo armado de la revolución bolivariana” mediante sistemas de comunicación, motocicletas y equipo de vigilancia, para ejercer control no solo en las colinas de Caracas donde abunda la inseguridad, sino también son los primeros en intimidar a los ciudadanos en cada cita electoral o protesta social. “Potenciar las rondas campesinas esconde el objetivo tácito de acabar creando una suerte de milicias políticas para defender al régimen extremista que ha conformado Castillo”, apuntó el diario digital español Ok Diario. Es una hipótesis que no es descabellada. Al respecto, José Luis Gil, ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), asumió que la directriz de Castillo es un peligro latente porque si provee normas, ámbitos y atribuciones derivará una “fuerza inconveniente” considerando además que las rondas se rigen bajo el “derecho consuetudinario” basado en resolver infracciones a través del diálogo y la concertación - como tradición ancestral - pero si esta infracción es tomada como grave se sanciona con castigo físico. Esto es, a latigazos. Aunque sus funciones parecen definidas, los miembros de estas organizaciones campesinas son vulnerables a su uso como herramienta de represión, espionaje y extorsiones políticas. No es fácil deducir que Venezuela es el espejo que Castillo busca imitar, más aun cuando los ronderos están infiltrados ideológicamente por el senderismo y han sido captados por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, todos ellos “coincidentemente” estrechos aliados del régimen. Ese deseo de Castillo se percibe como un intento para lograr la fusión de ambos sectores - terroristas y narcotraficantes - con los ronderos con fines inconfesables, pero implícitamente estratégicos si se gira la vista a Caracas. Y es que en Venezuela se registra este patrón con absoluto desparpajo. Allí mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y hasta discapacitados, todos de perfiles variopintos con un denominador común: su profunda “admiración” por Nicolás Maduro, que forman parte del “componente especial” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) encargado de la preservación del chavismo conocida como “Milicia Bolivariana”. Los milicianos venezolanos son ahora - luego de 15 años - uno de los cincos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Actualmente, supera en número no menos de 20 veces al resto. La Milicia tiene atribuciones especiales en materia de inteligencia y contrainteligencia para “registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la nación”. Funcionarios, amas de casa, militares retirados, albañiles, y todo aquel que ha manifestado “su deseo” de defender al chavismo - para no morir de hambre en un país donde escasea todo - forman parte de este componente especial, que agrupa a más de cuatro millones de simpatizantes “armados con fusiles y dignidad” en las comunidades llamadas Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI) que suman 63890 en todo el país llanero. Desperdigados en hospitales, escuelas, en casi todas las instituciones públicas, y ahora en la FANB; los milicianos son los más grandes ojos del chavismo en el país en medio de la crisis de legitimidad que enfrenta Maduro. Ahora, el Perú comienza ahora su propio y trágico capítulo con ayuda a la mano considerando que en el país inca hay una célula internacional de los círculos bolivarianos venezolanos denominado “El batallón Perú”, que desde sus redes sociales vocifera que su labor es “sensibilizar a los paisanos a luchar por un Perú de peruanos para los peruanos, donde todos reciban parte de las riquezas en salarios, educación y salud”. La misma cantaleta utilizada hasta el hartazgo en Venezuela por los chavistas para robar todas las riquezas de la nación y ser los únicos que lo disfruten, mientras el resto tienen que emigrar a otros países, sometidos a toda clase de vejámenes y humillaciones para tener algo que comer. Ese es el destino que le espera al Perú con Castillo, ya que mientras el país se cae literalmente a pedazos, lo más importante para él y sus acólitos en quedarse en el poder por los siglos de los siglos... No hay que permitírselo :(
