No podíamos dejarnos de ocupar en esta ocasión de lo sucedido en el complejo arqueológico de Kuélap, perteneciente al antiguo reino de los Chachapoyas - ubicada en la cima de los andes amazónicos nororientales del Perú - donde partes de su muro perimétrico se desplomaron estruendosamente, producto de décadas de abandono en el que se encuentra. Cuando la visite hace un tiempo ya eran visibles las huellas de su deterioro, pero aparte de haber instalado el teleférico para llegar hasta allí, no se ha hecho prácticamente nada por restaurar sus murallas y he allí el resultado. Por eso, las imágenes del desastre ocurrido hace unos días son sin lugar a dudas desoladoras. Ello, toda vez que lo que se derrumba no son solo piedras, sino principalmente retazos de historia de una estructura milenaria que los antiguos Chachapoyas erigieron y que cayeron debido en buena cuenta a esa mezcla de desidia e indolencia de las autoridades peruanas. A estas alturas, muchos ya hablan de una tragedia nacional, pero es innegable que cuando se deja morir una edificación de este tipo el que pierde es la humanidad en su conjunto. Y no deja de ser una desdicha para ella que un país al que la historia le legó tanta riqueza se haya mostrado, al mismo tiempo, tan incapaz para gestionarla. Obviamente, sería exagerado atribuirle únicamente la responsabilidad de este desastre al régimen filosenderista de Pedro Castillo. El abandono en el que se encuentra Kuélap bien podría considerarse un distintivo que comparte con sus predecesores y que alcanza a muchísimos otros monumentos repartidos por todo el país, desde edificaciones prehispánicas hasta casonas coloniales. Sin embargo, hay que anotar que varias voces venían advirtiendo desde el año pasado que podía ocurrir en Kuélap, lo que finalmente sucedió y que la respuesta del régimen tanto antes como luego de la tragedia ha sido nula. Pero no parece gratuito que los derrumbes ocurridos en Kuélap estén teniendo lugar durante una administración que mostró su desprecio hacia la cultura prácticamente desde su primer día. Si bien podemos hacer una excepción con Ciro Gálvez, quien quiso revalorar el legado indígena, pero lamentablemente su labor se trunco debido a su rápida salida del cargo por presiones de los caviares dejados de lado que querían a uno de sus parásitos en ese puesto para seguir disfrutando de las gollerías a los cuales creen tener derecho, lo que llevó a la renuncia de varios profesionales que venían laborando en la entidad que se encuentra a la deriva. La situación no ha mejorado ahora, cuando el cargo ha pasado a Alejandro Salas, un sujeto más preocupado en defender a Castillo y al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, antes que en evitar que el patrimonio cultural peruano se caiga a pedazos. Salas, como recordareis, fue uno de los integrantes del equipo ministerial que más fervientemente defendió la legalidad y la pertinencia del toque de queda para Lima y el Callao decretado por el régimen el pasado martes 5 de abril (“los que ayer reclamaban principio de autoridad parece que hoy extrañan el caos; tenemos que poner orden en el país”, afirmó). Y luego, cuando la protesta se encargó de dejar sin efecto la disposición del Ejecutivo, no tuvo mejor idea que halagar de la forma más rastrera a Castillo, convirtiéndose en su escudero incondicional en vez de ocuparse de los asuntos para lo cual fue nombrado como ministro. Como sabe cualquier observador mínimamente informado, no obstante, si el toque de queda quedó sepultado ese día fue por el peso de los hechos, no por el criterio de un oscuro individuo que, para variar, se retiró presuroso de una sesión parlamentaria anunciando que firmaría un decreto que nunca apareció. Salas, ahora ha culpado hipócritamente del desmoronamiento en Kuélap a “años de desidia, expedientes truncos y consultorías de humo” y, fiel a la narrativa del régimen, ha afirmado: “La argolla se acabó”. Si este tipo quiere desempeñarse como defensor de lo indefendible, apañando las burradas de Castillo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero lejos del cargo que hoy ocupa. El Perú, sus ciudadanos y sus antepasados, no merecen a un ministro que se pasa más tiempo justificando los excesos de un analfabeto antes que cuidando un patrimonio que se viene a pique frente a sus propios ojos, lo cual indudablemente es un delito de lesa cultura. Lo único que acaban de hacer para hacer creer a los incautos que se preocupan por su situación, es “declararlo en emergencia” cuando irónicamente ya lo está desde el 2003 y nada se hizo desde entonces para protegerlo. Obviamente el Congreso debería tomar cartas en el asunto y sancionar ejemplarmente a los responsables ¿Pero lo hará? A que no :(
