Es increíble el grado de putrefacción en la que se encuentra el país andino por obra y gracia del filosenderista Pedro Castillo, calificado este martes por la fiscalía como cabecilla de una organización criminal - apodada La Chota Nostra - por lo que se procedió a la búsqueda y captura de algunos de sus integrantes, como familiares y cómplices acusados de graves delitos, entre ellos su cuñada Jennifer Paredes, quien se refugió presurosa en Palacio de Gobierno para evitar su arresto, convirtiendo de esta manera a la sede del Ejecutivo en una cueva de ladrones. Lo peor de todo es que mientras la policía se encontraba en el interior buscando a la acusada, llegaron sorpresivamente al lugar los ministros de justicia, interior y RR.EE. con el ánimo de obstruir groseramente la labor de la justicia. Menudo país bananero en la que ese analfabeto y sus secuaces han convertido al Perú, unos muertos de hambre quienes desde el primer momento que llegaron al poder mediante el fraude, se han dedicado a robar a manos llenas al Estado, arrastrando el nombre del país por el fango de la ignominia. Entretanto el propio Castillo, quien en momentos de la intervención de la fiscalía a Palacio era abucheado en Arequipa, donde le gritaron sus verdades: “Corrupto, ladrón, sinvergüenza” y lo corrieron de esa ciudad, tuvo el cinismo de dar un Mensaje a la Nación en horas de la noche ya en Lima, donde como podéis imaginaros, se ‘victimizo’ de la forma más cínica y miserable. En efecto, afirmó demagógicamente que “estamos ante una confabulación entre parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático” y “tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional”. Añadió que Palacio y la casa presidencial habían sido ese día “violentados con un allanamiento ilegal, avalado por un juez y que, en el fondo, todo es un esfuerzo por desconocer su triunfo electoral del año pasado”. Como sabéis, nada de ello tiene asidero en la realidad. Los sectores del Congreso que han impulsado o impulsan las mociones de vacancia o denuncia constitucional contra ese impresentable sujeto no están procediendo de manera ilegal: están recurriendo a instrumentos que existen en la Constitución. La fiscalía está llevando adelante una investigación que se sostiene sobre la coincidencia entre los testimonios de varios colaboradores eficaces, determinadas reuniones celebradas en el despacho presidencial oficial y en el furtivo (el del pasaje Sarratea), y las anulaciones de licitaciones aprobadas originalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Petro-Perú, por mencionar solo algunos casos. La prensa, por último, no ha hecho otra cosa que poner en evidencia las situaciones antedichas y los despropósitos que han obligado a Castillo a prescindir, en distintos ámbitos de la administración pública, de elementos con amplio prontuario delictivo, a todas luces inadecuados para los cargos de funcionarios en los que habían sido nombrados. No existe violencia ni ilegalidad alguna, por otro lado, en un allanamiento aprobado por un juez. Si algo ilegal existió, fue la obstrucción a la justicia que supuso el hecho de que los representantes del Ministerio Público fueran impedidos de entrar a la Casa de Pizarro por más de una hora. Este constante discurso de victimización y polarización, además, es una forma de llenar el silencio que deja su resistencia a responder las preguntas de la fiscalía en las pesquisas que se le siguen, a pesar de haber proclamado permanentemente “que estaba dispuesto a colaborar con la justicia”, lo cual obviamente es falso. Preocupan, eso sí, sus constantes insinuaciones de que, habida cuenta de que sus aparentes “llamados al diálogo y la colaboración con la oposición en el Congreso” (?) no han sido acogidos, habría llegado la hora de echar mano “de medidas de otro tipo” como una asonada terrorista que estaría preparando para los próximos días. Más allá de la falsedad patente de sus invocaciones a constituir un Gabinete de “ancha base” y sus allegados afanes de “extenderles la mano” a quienes simultáneamente llama “zánganos políticos tradicionales”, la posibilidad de que el atropello al orden institucional surja más bien desde su lado del tablero del poder tiene a buena parte de la opinión pública en estado de alerta. Sobre todo, luego del tono de las palabras que dirigió a los dirigentes de las rondas campesinas presentes en el patio de honor de Palacio (“Tomaremos las decisiones nosotros, ya no como lo hemos venido haciendo, siendo respetuosos; lo haremos con el pueblo”, llegó a decir a esos indios revoltosos que exigían a voz en cuello “el cierre del Congreso” , lo cual es una llamada abierta a la sedición ) y de la “renuncia” de su abogado a seguir ejerciendo su defensa de la que a las pocas horas se retractó, tomándose muy en serio lo que dijo hace algunos días acerca del “arte del engaño”. El hecho de que ese grotesco personaje haya retrocedido en su decisión inicial luego de que la prófuga Jennifer Paredes se entregara a la justicia, es una muestra del caos que actualmente impera en el régimen. Ahora no solo Castillo, sino también su abogado tienen que dar explicaciones por el encubrimiento que se habría cometido en la Casa de Pizarro para evitar la captura de esa delincuente. Para nadie es un secreto que, a estas alturas, con la fiscalía respirándole en la nuca, el okupa se encuentre acorralado, desesperado y furioso porque sabe que en cualquier momento le tocara su turno. De momento, se tiene conocimiento de que el Congreso procederá a acusarlo en los próximos días de Traición a la Patria por su vil intento de querer “regalar” el mar peruano a Bolivia, por lo que puede ser destituido y para lo cual se necesita menos votos que para la vacancia, por lo que es posible expectorarlo del cargo. De allí el miedo en sus palabras, pero cual bestia herida, puede ser más peligroso, por lo que se debería actuar con premura, cuanto antes mejor. Por cierto, lo ocurrido en Palacio es algo inaudito porque nunca antes había ocurrido en la historia del Perú. En otros tiempos, la imagen de policías y fiscales ingresando a la sede del Gobierno resultaría pasmosa. Sin embargo, desde que se inauguró esta administración, este retrato se ha vuelto frecuente. Y ha alcanzado cotas surrealistas, como aquella vez, en noviembre pasado, en la que los representantes del Ministerio Público hallaron en la oficina del entonces secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, US$20.000 en efectivo o aquella otra en diciembre en la que el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina consignó en actas que el propio Castillo había puesto trabas para el desarrollo de la diligencia. Volviendo a los sucesos del martes, tanto el burgomaestre de Anguía como la cuñada de Castillo están implicados en una investigación por integrar esa organización criminal que involucra además al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, y a Lilia Paredes, y que había direccionado licitaciones para determinadas obras en el mencionado distrito que, además, pertenece a la provincia natal de Castillo: Chota. Los indicios abundan. Primero, el presupuesto de esa comunidad indigena aumentó en casi un 200% durante este régimen, gracias a un decreto de urgencia firmado en octubre pasado por Castillo y el entonces ministro de Vivienda (hoy a cargo de la cartera de Transportes), Geiner Alvarado. El hecho de que, por un lado, una remota aldea en particular se haya visto tan generosamente beneficiado y, por el otro, su alcalde y el cabecilla de La Chota Nostra hayan mantenido al menos nueve reuniones en Palacio entre julio y diciembre del 2021 no parece coincidencia. Entre las obras que se licitaron gracias al decreto emitido por el régimen, destaca una en particular: la del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del saneamiento básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre, por un monto que supera los S/3 millones y que fue adjudicado a un consorcio integrado por la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos, constituida por Anggi Espino Lucana, para más luces, la hermana de Hugo Espino Lucana, el amigo de Jennifer Paredes que visitó Palacio de Gobierno y el Ministerio de Vivienda hasta en cuatro oportunidades entre agosto y septiembre pasados, y que aparece junto a la cuñada de Castillo en el ya célebre video en la que se la ve ofreciendo la realización de una obra de saneamiento en un centro poblado del distrito de Chadín, ubicado también en Chota. Paredes aparece en el clip portando un chaleco de la empresa de Espino. Tanto Hugo como Anggi Espino (quien, para variar, ha reconocido ante la fiscalía que ganó ilegalmente una licitación para realizar una consultoría correspondiente a la obra en cuestión) están comprendidos en la orden de detención preliminar dictada por el Poder Judicial contra Medina y Paredes. No hay que olvidar, finalmente, que según ha relatado Bruno Pacheco a las autoridades, el alcalde de Anguía es uno de los operadores de la red criminal liderada por Castillo. Estamos así, ante el enésimo entramado de corrupción que implica a familiares o allegados de ese incapaz lo que ya no debe sorprender a nadie. Tampoco que la lista de investigados cercanos a Castillo continúe creciendo con el paso de los días, implicando a sobrinos, exsecretarios, exministros, esposa, cuñada, alcaldes cercanos y hasta integrantes de su escolta, ni que el mismo sea objeto de seis investigaciones fiscales que terminaran por llevarlo a la cárcel. Ahora, tras su frustrada fuga del país, ha hecho un llamado a la indiada para intentar dar un golpe a la democracia, pero lo que no sabe es que si lo intenta terminara como Allende. Si eso es lo que quiere, a que se atreva (Últimas informaciones dan cuenta que en las próximas horas se estaría dictando ordenes de arresto contra su mujer Lilia Paredes, sus cuñados Walter y David, así como del ministro Geiner Alvarado, integrantes de esa misma red delincuencial. El círculo se va estrechando en torno a Castillo,,,) :)
