Basto que el Congreso del país andino repare una injusticia histórica cometida contra los valerosos integrantes de las FF.AA. y de la Policía que lucharon contra el terrorismo homicida de Sendero Luminoso y el MRTA en los años 90 del pasado siglo - por lo cual desde entonces increíblemente han sido perseguidos y sancionados - haya aprobado una ley que prescribe los delitos de lesa humanidad previos al 2002, para que despreciables organizaciones caviares como la Corte IDH - esa que únicamente defiende a los terroristas santificando sus abominables crímenes y logrando que se les pague millonarias indemnizaciones, pero que a su vez NUNCA ha dicho una sola palabra ni menos condenado las atrocidades que esas bestias cometieron tanto con la indefensa población civil como con los efectivos militares y policiales asesinados alevosamente por esos miserables - hayan puesto el grito en el cielo “ordenando” al Estado que no lo apruebe, interviniendo groseramente en los asuntos internos de un país soberano, mostrándose como lo que siempre han sido: cómplices del terrorismo. No les interesa la justicia en lo absoluto, solo defender a esos asesinos, a lo que sienten tan cercanos a ellos. No sorprende por eso la insistente campaña de desinformación emprendida por quienes pretenden perpetuar ad infinitum la persecución a los miembros de las fuerzas del orden que vencieron militarmente a los terroristas y que actualmente o están procesados interminablemente o cumplen condenas injustas aplicadas como venganza por una ‘justicia’ que de tal no tiene nada. Tampoco sorprende que la citada Corte IDH haya intentado amilanar al Congreso de la Republica con un impertinente e intolerable comunicado para que no legisle sobre la prescripción de los delitos de lesa humanidad (incluyendo por cierto también a los poderes Ejecutivo y Judicial), pese a que el mismo Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional establece clara y meridianamente que no se puede legislar retroactivamente y menos por delitos inexistentes al momento de su supuesta comisión. Por ello, resulta satisfactorio que la Comisión Permanente del Parlamento haya aprobado - en segunda votación - el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6951/2023-CR, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Así, los delitos de lesa humanidad solo se podrán procesar si se han cometido luego de la entrada en vigencia del mencionado estatuto y de su incorporación a la ley peruana. Y no es cierto en lo absoluto que se trate de una ley de amnistía. Nadie juzgado y sentenciado por crímenes cometidos durante la época del terrorismo saldrá libre por esta norma. Lo que señala el proyecto de ley es que nadie podrá ser procesado por delitos de lesa humanidad, si estos se cometieron antes de la entrada en vigencia de esta figura en nuestro ordenamiento penal. De esta manera se evitará esa perversa espada de Damocles contra los militares que enfrentan eternos procesos impulsados por esas ONG que se aprovechan de este vacío normativo para lucrar miserablemente con este tema. Inclusive algunos de estos activistas vienen afirmando que la aprobación de la ley en cuestión “favorecería a los terroristas si se descubriese que estos han cometido delitos de lesa humanidad antes del 2003”, año a partir del cual entraría en vigencia la persecución de delitos de lesa humanidad. Esto constituye una falacia ad hominem. ¿Se persigue y sanciona a los terroristas como a quienes los combatieron y vencieron? ¿Estos activistas y sus ONG están interesados en descubrir crímenes de los terroristas? Obviamente que no. Más bien la entrada en vigencia de esta ley protegerá a quienes lucharon y liberaron al Perú de la insania terrorista de continuar siendo perseguidos por quienes bajo una falsa apariencia de ‘justicia’ solo pretenden perpetuar una venganza política…una que no cesa a veces ni con la muerte. Es digno de aplaudir por ello la excelente respuesta política conjunta del Ejecutivo y el Congreso a la absurda “recomendación” de la Corte IDH, colocándola en su sitio. En efecto, tanto la Presidenta Constitucional Dina Boluarte, como el titular del Congreso, Alejandro Soto, le enviaron una misiva, expresando su profundo rechazo hacia la resolución emitida por este cuestionado organismo. La carta enviada enfatiza que el Perú cuenta con sus propios mecanismos internos para el control de las leyes, haciendo referencia al control difuso ejercido por el Poder Judicial y al orden concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional. “Deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos”, concluye la misiva. Al respecto, en una declaración conjunta, los ex comandantes generales del Ejército del Perú y ex jefes del comando conjunto de las Fuerzas Armadas ejecutaron un llamado urgente al Poder Ejecutivo para que proceda con la promulgación de la ley que establece la prescripción del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación nacional. Bajo esa premisa, la solicitud se fundamenta en la necesidad de hacer valer los derechos de aquellos que fueron víctimas de persecuciones y procesos judiciales injustos derivados de eventos que tuvieron lugar hace más de 30 o 40 años. “Lo que realmente ocurrió en el Perú fue que la sociedad peruana tuvo que enfrentar y defenderse de un ataque terrorista generalizado y sistemático, que ocasionó la pérdida de decenas de miles de vidas e incalculables pérdidas económicas, notándose que los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas violaron, sin medida alguna, los derechos humanos de todos los peruanos, sin que a la fecha, ninguno de sus integrantes haya sido denunciado o investigado por delitos de lesa humanidad, pese a las probadas atrocidades cometidas en forma planificada y consciente contra nuestra población”, puntualizó el comunicado. Asimismo, indican que la aprobación de esta ley es crucial para rectificar errores del sistema judicial peruano que, hasta la fecha, no procesa a miembros de organizaciones subversivas, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la época del terrorismo. “Ante esta situación, solicitamos al Poder Ejecutivo promulgue en el menor tiempo posible la Ley en mención, con la cual se hará justicia a los militares y policías que por sucesos ocurridos hace 30 o 40 años abusivamente han sufrido persecución y han sido injustamente procesados por el sistema judicial del Perú; es así que la inobservancia a las disposiciones contenidas en la referida ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso; siendo nula e inexigible en sede administrativa judicial toda sanción impuesta”, concluyeron. Es de esperar que el Gobierno acceda y lo promulgue sin demora. Es de justicia. (Por cierto, es inconcebible que a estas alturas a los parásitos caviares de la JNJ se les permita hacer lo que quieran y no se les haya echado a patadas ya mismo ¿a qué están esperando?)
