No cabe duda que en el país andino, los parásitos caviares están desesperados porque se han quedado sin su sagrada ‘mermelada’ , o sea las jugosas “contribuciones” a sus ONG por parte de Open Society Foundation perteneciente al multimillonario judío George Soros, destinada a desestabilizar el orden establecido e imponer el sionismo en el mundo, por lo que han decidido recurrir al politizado y desacreditado Poder Judicial para que deje sin efecto la prohibición dictada por el Congreso, y no se les aplique la ley que las fiscaliza. En efecto, empezó la cuenta regresiva para que ello ocurra, ya que el próximo 29 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima evaluará la acción de amparo que presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL) para pedir que no se aplique a ellos la ley que faculta a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El Poder Judicial (PJ) anunció que el recurso presentado por el IDL había sido admitido con una publicación en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) en la que se refería a la norma como la “Ley Anti ONG”, lo que en opinión del abogado Enrique Ghersi pone en tela de juicio la imparcialidad con la que se resolverá esta controversia. “Claramente, se está cometiendo una infracción contra el principio de neutralidad. Se puede entender que la Oficina de Comunicaciones del PJ no es necesariamente el juez, pero sí revela una inconducta muy delicada, porque si esta oficina que habla oficialmente a nombre del PJ califica un hecho, que es materia de un proceso, es claramente una inconducta”, sostuvo el jurista. En tanto, el polémico abogado Carlos Rivera, empleado del IDL, explicó que su organización presentó el recurso porque consideran que la norma es inconstitucional, ya que obliga a las ONG a pedir la autorización de la APCI antes de ejecutar un proyecto, a pesar de que estas entidades son privadas. “Además, prohíbe el litigio (de las ONG) en casos contra el Estado en sede nacional e internacional. Si incumples esas disposiciones habrás incurrido en una falta muy grave y eres pasible de una sanción de hasta 500 UIT”, explicó el susodicho. Sin embargo, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, opina lo contrario. “La ley es constitucional porque no violenta ni restringe los principios y valores contemplados en la Constitución. Además, el Estado tiene como responsabilidad el control y la fiscalización, y esto se justifica porque en los últimos años los fondos provenientes del exterior han sido utilizados de manera contraria u opuesta a lo que fueron asignados a estas entidades”, manifestó. En esa línea, el constitucionalista cuestionó que las ONG usen los fondos de la cooperación internacional para financiar procesos legales contra miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. “Se trata de una campaña destinada a presentar a estos efectivos como violadores de los derechos fundamentales y perpetradores de crímenes de lesa humanidad, mientras que a los terroristas que ensangrentaron el país los presentan como víctimas, lo cual afecta la imagen del país y además es una persecución innoble contra personas que prestaron un servicio de defensa contra las hordas asesinas de Sendero Luminoso y el MRTA”, agregó. A su turno, Ghersi consideró que la norma que faculta a la APCI a fiscalizar a las ONG debe aplicarse para asegurar la transparencia de sus acciones y del uso de sus recursos. “Las ONG deberían publicar todo, no solo quien financia, sino también cuánto ganan y a qué se dedican, porque son instituciones que tienen fines públicos y tienen el beneficio de no pagar impuestos. A consecuencia de ese beneficio, están sujetas a una fiscalización más fuerte que una empresa común y corriente”, consideró. El exdirector ejecutivo de APCI, Antonio González Norris, señaló entretanto que el monitoreo de los proyectos que quieran ejecutar las ONG significará un gran reto para la entidad, ya que actualmente no tienen mecanismos para cumplir esas funciones. En esa línea, explicó que aunque la norma está vigente, sus efectos aún no se ven materializados porque la complejidad de las tareas que se asignará a APCI dificultan su reglamentación. “No solo se deberá aprobar el reglamento de la ley (que hasta la fecha no lo hace el Ejecutivo), sino también el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad porque van a tener que incorporar a su estructura orgánica la nueva función que esta ley incorpora”, indicó. Esto también llevará a que se contrate más personal en esta entidad. González Norris se mostró de acuerdo con que la norma obligue a las ONG a registrarse en la APCI para que sean fiscalizadas. Como sabéis, el IDL del judío Gustavo Gorriti, siempre ha estado envuelto en negocios turbios y pretende evitar con esta demanda que el origen de sus dudosos ingresos salgan a la luz. En efecto, los abanderados de la pseudodemocracia están nuevamente en el centro de la polémica, por un caso que se traduciría en lavado de activos. Se ha llegado a conocer que el IDL , encargado de favorecer a los terroristas, caviares e izquierdistas en múltiples indagaciones e investigaciones periodísticas, ha recibido la suma de 10 mil dólares bajo un concepto un tanto curioso: “Seguridad y protección para el periodismo de investigación”. Así lo detalló Contra Corriente, quienes revelaron que la suma exacta de lo recibido por IDL el año pasado en soles es de 4 millones 837 mil 974 y que esta fue dada sin previa fiscalización. El abogado Luis Pacheco Mandujano increpó que estos millonarios ingresos que llegan al IDL por cooperación internacional serían un caso de lavado de activos, actos que hipócritamente, esta ONG, condena enérgicamente.“No pagan ni un sol de impuestos, no quieren que nadie los fiscalice, la Sunat no puede intervenirlos, la UIF está exenta de analizar los movimientos económicos. No sabemos realmente en qué invierten estos ingresos ni de donde provienen. Por eso se oponen rotundamente a la ley que los fiscaliza”, cuestionó el abogado. “¿La protección para el periodismo de investigación es una razón para recibir plata del extranjero y convertirlos en una cooperación internacional? La falta de precisión de los datos nos impide conocer a quien ha contratado (…) esto es clarísimamente un indicio de la conversión y ocultamiento de sumas de dinero que podrían calificar como lavado de activos”, detalló Pacheco Mandujano. Según reveló el programa televisivo, este no sería el único ingreso percibido por esa cuestionada ONG. “Estaría utilizando las necesidades de las comunidades nativas y pueblos indígenas para que esta ‘cooperación internacional’ les siga enviando dinero para financiarse en nombre de quienes dice defender” agregó. Según detalló el reportaje de Willax, el IDL habría recibido la suma de 150 mil dólares por la aparente defensa judicial de derechos indígenas y amazónicos. A ello, el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos, Washington Bolivar Díaz aseveró que “IDL y otras ONG lanzan información falsa al mundo para que la cooperación internacional les mande billete y quedarse con ellos. Nunca hemos visto ni recibido un centavo de esas contribuciones que reciben en nuestro nombre” apunto. A estas exorbitantes sumas de cooperación que recibe el Instituto de Defensa Legal, le podemos sumar otra suma de más de un millón de dólares, pues también se percibe otro ingreso por “defender la democracia”, o así dice. Se trata de nada menos que la ‘modesta’ suma de 1 millón 350 mil dólares bajo el concepto de “Fortalecimiento de actores estratégicos para enfrentar riesgos contra la democracia”. A eso, el abogado Wilber Medina respondió fría y directamente que Gustavo Gorriti se estaría haciendo millonario aprovechándose de la necesidad de los peruanos. “Gorriti estaría aprovechándose de la necesidad de los mas desfavorecidos para enriquecerse ilícitamente. Tratando de exhibir las violaciones que, aparentemente, existen, que él las magnifica, para sensibilizar a los europeos y a los americanos y sacarles dinero para su bolsillo”, replicó Medina. Este informe propalado por Willax también detalló la suma que percibió IDL-Reporteros por las tendenciosas “investigaciones periodísticas” que buscan desacreditar a políticos y demás personajes que no son de su agrado. A esos ingresos ilícitos, esta organización ha percibido además la escandalosa suma de 4 millones 857 mil 974 soles solamente el año pasado, situación que llama poderosamente la atención porque obviamente este dinero es de procedencia inmoral. El principal financista, por no decir el único, es esa inmunda rata judía de George Soros y su Open Society Foundation, un despreciable personaje que no tiene ningún reparo moral ni jurídico, debido a que no le ha importado enriquecerse destruyendo organismos como el Banco de Londres o obtener sus ganancias producto de la trata de personas en trabajos forzados en China. Ante estos escandalosos montos de dinero, al IDL se le debe aplicar plenamente la ley que pretende dejar sin efecto con la complicidad del Poder Judicial infestado por los caviares. “Sin embargo, esto es muy difícil, porque este organismo controla la Fiscalía de la Nación desde hace aproximadamente 9 años, utilizándola - como podemos ver por estos días - en atacar reiteradamente al Gobierno de la señora Boluarte con ridículas ‘denuncias constitucionales’ al por mayor sin sustento alguno y que por ese motivo son rechazadas una y otra vez por el Congreso” según contó Wilber Medina. Lo cierto es que esta oscura ONG ha recibido millonarios ingresos que tienen que ser investigados a profundidad, y así determinar que este grupo de aparente ‘defensa legal’ es lo que asevera ser, o es en realidad otra organización criminal como ha quedado meridianamente demostrado... A por ellos.
