Si en el país andino se sancionara a los fiscales y jueces que hacen investigaciones politizadas, parcializadas y sin rigor, hace rato los fiscales del caso Odebrecht, los impresentables José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba ya habrían sido expectorados del Ministerio Público. En efecto, la semana pasada sucedió lo que ya estaba cantado: la Segunda Sala Penal Nacional anuló el juicio oral por el caso Cócteles - en donde está comprendida la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y cerca de cincuenta personas más- y mandó todo ese largo proceso a su etapa intermedia. Es decir, confirmó el fallo que, en enero pasado, dictó otra sala, pero que estos fiscales habían apelado. Como sabéis, la politizada fiscalía no pudo presentar una acusación sólida a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones y en el camino manchó el honor de varias personas, entre ellas, empresarios, lo que contribuyó a dañar la percepción ciudadana de la inversión privada. El proceso concitó gran interés en la opinión pública porque comprendía a una candidata que estuvo tres veces a punto de llegar a la presidencia, y en cuyo último intento, en el 2021, el proceso jugó un papel determinante. Y, sin embargo, la responsabilidad les quedó grande a varios magistrados. Empezando por el equipo de la fiscalía, que, entre otras cosas, se apresuró en presentar la acusación cuando todavía faltaban diligencias por realizar y cuando esta tenía vicios tan visibles que el Ministerio Público fue parchando, una y otra vez, a posteriori. El hecho de que esta decisión precipitada haya coincidido además con el calendario electoral del 2021 solo abona a la sensación de que se dio por motivos extralegales. Añadido a ello, en el proceso se cometieron abusos que se extendieron más allá del límite de lo razonable, como la acusación contra el expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, sin mayores pruebas, y otros que fueron corregidos por el TC, como el que comprendía al abogado Arsenio Oré. Por no hablar del tiempo perdido para los más de 40 imputados cuyas vidas se han visto interrumpidas por este juicio. Pero tan responsable como el equipo de la fiscalía que estuvo a cargo del Caso Cocteles es el magistrado Víctor Zúñiga, el juez que debía verificar que la acusación cumpliera con los requerimientos necesarios para evitar que se terminara cayendo, como finalmente pasó. En fin, el que debía ser un proceso emblemático se terminó convirtiendo en una grotesca farsa montada por la mafia caviar que Pérez y sus secuaces fueron arrastrando hasta la sala de audiencias solo para que, una vez allí, se terminara derrumbando por su propio peso. Se trató indudablemente de un golpe demoledor contra estos sicarios de la justicia, lo que debería haber llevado a la cuestionada fiscal de la Nación, la caviarona Delia Espinoza, a evaluar la continuidad de ambos en sus funciones, pero no lo hizo porque son sus cómplices. Pero ahora, que se encuentra de “vacaciones”, no pudo evitar que quien haya tomado la acción sea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que el martes suspendió preventivamente por seis meses a Domingo Pérez del caso Odebrecht, aplicándole esta medida cautelar subrayando que la decisión se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, “que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”. Según el documento emitido por la ANC, “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan a José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”, interfiriendo groseramente en el proceso a sabiendas que se encontraba legamente impedido de hacerlo y a pesar de que se le solicitó la inhibición; no obstante, continuó avocándose al caso por el período de cinco años y tres meses, aproximadamente. Como era de esperar, Pérez alega “persecución” calificando la sanción de “injusta y abusiva”. No es que Keiko sea inocente y que no existan pruebas de lo aparentemente hizo con los millones de soles que recibió en las campañas del 2006 y 2011. Ocurre que Domingo Pérez presentó una acusación con errores insalvables y politizado, con el claro afán, casi enfermizo, de criminalizar a la mencionada lideresa política, quien ha sido enviada a prisión tres veces sin juicio de por medio, lo que a todas luces se trató de un abuso. La mala práctica de Pérez fue detectada en diciembre pasado por el Tribunal Constitucional (TC), cuando, ante un recurso que presentó José Chlimper, estableció que dicho procesado había sido denunciado por delitos que no eran materia de investigación. Es más, una parte de la resolución por unanimidad de la sala debería haber avergonzado a dicho fiscal: “En este caso, la tesis presentada por el Ministerio Público (o sea, José Domingo Pérez) resulta incompleta y falta de los elementos necesarios para poder estructurar de manera lógica y jurídicamente válida el hecho punible”, pero con lo caradura que es y sintiéndose protegido por el mafioso Gustavo Gorriti (que hace y deshace en el Ministerio Publico), así como de la prensa basura, siguió haciendo de las suyas, creyéndose intocable, pero vaya que se equivocó. Pero como era de esperar, el afán de figuración tanto de Pérez como de su jefe Rafael Vela - otro delincuente como el - no conoce límites y han anunciado que presentarán un recurso de casación ante la Corte Suprema para seguir defendiendo su disparate jurídico. El fallo también pone en evidencia que el juez Raúl Zúñiga, quien debía controlar la denuncia de Pérez, no cumplió su función de desestimar sus flagrantes abusos. Lo corrigió 19 veces, pero al final aceptó todo. Se convirtió en su cómplice. Lo mismo hizo el folklórico juez Richard Concepción Carhuancho, quien en primera instancia vio este proceso y aceptó todo lo que le pedía el mencionado fiscal. La Sala resolvió que ninguno de los magistrados al servicio de los caviares volverá a tener en sus manos el caso Cocteles. No hay que olvidar que Domingo Pérez, Rafael Vela y Concepción Carhuancho se convirtieron en estrellas mediáticas de la prensa basura. Se paseaban por universidades y espacios periodísticos pavoneándose con este proceso que se va cayendo a pedazos por incongruente y politizado. Lo ocurrido demuestra que estos tres impresentables sujetos, que fueron endiosados por la prensa basura, eran ídolos de barro y han caído en el lodo de la ignominia de lo cual no deben levantarse más. (Una buena noticia dada a conocer este viernes indica que el Congreso decidió archivar definitivamente una disparatada acusación contra la Presidenta Dina Boluarte por el llamado Caso Rolex, desbaratando otra patraña de la mafia caviar en componenda con la prensa basura y que no tenía sustento alguno... A seguir llorando panda de perdedores)
Como sabéis, los denominados “restos simbólicos” de Fernando Túpac Amaru fueron traídos desde España el pasado domingo y recibidos con honores en Lima, a 240 - 227 años de su muerte. Los restos, colocados en un cofre de madera decorado con el estilo de los muros de piedra de las construcciones incas, fueron custodiados por agentes de la Policía Nacional y colocados sobre una bandera peruana, con el fondo de una imagen de la ciudadela de Machu Picchu. Se afirma que son “del último hijo de Túpac Amaru II”, pero no existe evidencia científica ni histórica concluyente que lo confirme. Mientras la Municipalidad del Cuzco asegura que sí, el Colegio Profesional de Historiadores del Perú (CPHP) lo puso en duda al señalar: “No se conoce el lugar exacto donde murió ni fue enterrado Fernando; No hay análisis forense que respalde que las cenizas le pertenecen; Es indudable que ciertos sectores pretendan usar su figura con fines políticos o simbólicos sin ningún rigor académico”. Es más, durante la Gran Cruzada Española contra el comunismo iniciada en 1936 por el Generalísimo Francisco Franco, el cementerio donde se encontraban sus restos fue arrasado por las bombas, y por lo tanto lo que alberga ese cofre no es más que un poco de arena del lugar. Así lo reconoció el propio Alcalde del Cuzco Luis Pantoja, quien viajo a España para traerlo: "Él muere a los 30 años en estado de indigencia, sepultado en calidad de limosna (de misericordia), según la propia partida de defunción que ubicamos. Inclusive, estando muerto, ese cementerio fue bombardeado durante la Guerra Civil española", relató. El alcalde admitió que, por ese motivo, sus restos físicos "no existen" y se le entregó "arena del cementerio donde estuvo enterrado de una cripta que está debajo de la iglesia de San Sebastián (en Madrid), con una repatriación simbólica" asevero, agregando que este cofre será colocado en un espacio de la Plaza Mayor de la antigua capital del imperio de los Incas.” Simbólico o no, Fernando ha regresado” añadió, dejando entrever que lo utilizará para su campaña electoral. Como recordareis, el 18 de mayo de 1781, en ese mismo escenario, un niño de trece años contempló un terrible espectáculo. En efecto, Fernando Túpac Amaru Bastidas fue obligado a ver el asesinato de sus padres, su hermano mayor y algunos de sus tíos. A su madre, Micaela Bastidas, quisieron cortarle la lengua y luego colocarle un collar de hierro para destrozarle la nuca, pero como su cuello era tan delgado, la remataron a garrotazos y patadas. A su padre, José Gabriel Túpac Amaru Noguera, conocido como Túpac Amaru II -descendiente directo del último inca de Vilcabamba - que lideró la rebelión indígena más grande que afrontó la monarquía española en sus siglos de dominio colonial en América, también le seccionaron la lengua, lo desnudaron y amarraron sus extremidades a cuatro caballos con la intención de desmembrarlo vivo. No lo consiguieron. Pero sus verdugos le cortaron la cabeza, la exhibieron en la plaza, y despedazaron su cuerpo, al igual que el de los otros condenados, esparciendo sus restos por distintas localidades. Según algunos cronistas presentes en la plaza, el pequeño Fernando lanzó un grito de horror que resonó en toda la ciudad y el continente. Luego de aquel trauma fue condenado a ser desterrado a África, pero finalmente le cambiaron la sentencia y su destino fue España, para ser encerrado de por vida. El propósito de la corona española era evidente: atormentar al heredero para apagar cualquier llama de rebeldía. Fernando Túpac Amaru es un personaje difuminado cuya historia adolece de investigaciones y está empachada de mitos. Se dice además que tras presenciar la ejecución de su familia, fue castrado para que no tuviese descendencia. En septiembre de 1787, desde su prisión en el castillo de Santa Catalina en Cádiz, el cautivo le escribió a Carlos III: “A Vuestra Majestad humildemente pide y suplica que en atención a los motivos y causas deducidas, se digne de tenerle piedad y conmiseración a un vasallo rendido y sumiso que implora su real clemencia con los más vivos sentimientos de dolor. Siento de que su soberana bondad se ha de mover a compasión al ver padecer a un inocente tanto tiempo un prolongado martirio sin otro delito que haber nacido” pero no se le contestó. Fernando Túpac Amaru no cesó en implorar humanidad. Y lo hizo sin renunciar a su apellido ni renegar de sus padres. En reiteradas ocasiones suplicó cuidados para su salud, así como recibir los ritos católicos y manifestó sus deseos de trabajar. Estudió aritmética, gramática y filosofía en el colegio de los padres escolapios de Getafe y Lavapiés. Y aseguraba estar preparado para ocupar un puesto como contador o archivero de rentas provinciales de la corte. En julio de 1792, a sus 23 años, le pidió al Rey de España, Carlos IV: “Se digne por un efecto de su real clemencia hacerle la gracia singular de destinarle a alguna oficina que ayude al desempeño de su lealtad innata” aunque tampoco obtuvo respuesta. Fernando Túpac Amaru falleció con apenas 30 años en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Según los manuscritos padecía de una “melancolía hipocondriaca”. Ni los baños termales habían surtido efecto. Nunca se le permitió regresar al Cuzco ni gozar de un resquicio de libertad. El hijo del cacique murió en la pobreza extrema. Si bien recibía nueve mil reales anuales para su manutención, no se le exoneró de los impuestos y terminó endeudándose a causa de su resquebrajada salud. Pero por lo visto ni muerto obtendrá descanso, porque políticos inescrupulosos lo utilizarán para sus protervos fines.
En medio de la arremetida desestabilizadora de la prensa basura y la mafia caviar a través del ideologizado Ministerio Publico contra el gobierno, llama la atención que un prófugo de la justicia desde hace más de un año, se despache a su gusto en la televisión anunciando su candidatura a las elecciones del 2026 con total desparpajo en lugar de ponerse a disposición de los tribunales para responder por sus múltiples delitos. Nos referimos obviamente a ese impresentable sujeto llamado Vladimir Cerrón, cabecilla de Perú Libre (otro organismo de fachada de Sendero Luminoso) y secuaz del golpista Pedro Castillo, que paso a la clandestinidad tras la ignominiosa caída del régimen filosenderista del burro chotano, Desde entonces, desde la comodidad de su escondite - que bien podría ser la embajada cubana con cuyo régimen asesino tiene gran afinidad - utiliza las redes sociales para opinar sobre la actualidad política del país andino y arremeter contra la presidenta constitucional Dina Boluarte, haciéndole el juego a los parásitos caviares que diariamente conspiran contra la democracia. En efecto, tras permanecer casi un año y medio en la clandestinidad y desde un lugar no revelado, el guevarista brindó una entrevista exclusiva al programa Cuarto Poder (cuando no, la prensa basura dando tribuna a un delincuente) en la que no solo abordó su futuro político, sino que también criticó el gobierno y reflexionó sobre la situación judicial que lo mantiene fuera de la vida pública. En medio de un contexto político de alta incertidumbre, Cerrón dejó en claro que, si resuelve sus problemas judiciales - gracias al sospechoso apoyo que tiene del TC para anular sus condenas - “no descartaría postularse a la presidencia en el 2026” cuando todo el mundo sabe que es su obsesión. Aseguró que la posibilidad de liderar nuevamente a Perú Libre en los próximos comicios “dependerá de la decisión interna del partido y de un proceso de elecciones primarias” donde el que manda es el. Asimismo, expresó que su partido se presentará a las elecciones con una candidatura propia, como debe ser según los principios del movimiento, “con una fórmula presidencial que surja de sus bases y que se someta al escrutinio popular” o sea que será liderada por él y dos que imponga al dedazo. Sin embargo, Cerrón aclaro que aún no puede asegurar su participación, “ya que dependerá del desarrollo de los acontecimientos y de cómo se resuelvan sus complicaciones judiciales” gracias a la ayuda recibida del TC que le esta “limpiando el camino” de una manera desvergonzada. “Bueno, eso de candidato natural es algo que antiguamente se manejó en los partidos. Como te digo: la política es muy cambiante, puedes estar en la cima el día de hoy y mañana en el abismo o viceversa. Por tanto, uno tiene que ir con la mesura del caso (...) la política es tan variable que uno no puede descartar absolutamente nada”, sostuvo de la forma más cínica posible. “Espero que los jueces sean sensatos, justos y que pueda llevarse el proceso en libertad, como deberían llevarlo muchas personas”, afirmó. En cuanto a su situación, el prófugo no descartó salir de la clandestinidad si se levantan las medidas en su contra, dejando entrever que, de ser así, podría retomar su actividad política con miras a la presidencia. En la entrevista, Cerrón no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra la gestión de Dina Boluarte, calificando la gestión de la actual presidenta como un “gobierno de génesis golpista” y criticó “la falta de legitimidad en su ascenso al poder” (?). Para Cerrón, la llegada de Boluarte a la presidencia “no fue un proceso democrático, sino que consideró que fue producto de una traición a la voluntad popular expresada en las urnas”. En su ignorancia supina, este vil sujeto pretende cerrar los ojos a la realidad. Como sabéis, la señora Boluarte llego al poder como integrante de la plancha de Castillo, y cuando este fue vacado por golpista, ella lo sucedió en el cargo, según lo previsto por la Constitución. Entonces ¿Dónde está su falta de legitimidad? “Lo que le queda por afrontar a la señora Boluarte en el futuro es algo bastante serio y no solamente por los casos de corrupción que pueden haberse destapado, sino por los delitos de lesa humanidad que tiene que enfrentar porque estamos hablando de 70 muertos de por medio en la protesta del sur”, manifestó este cobarde que se niega a dar la cara y que como recordareis, apoyo la asonada terrorista montada por Sendero Luminoso tras la caída de Castillo, por lo que los muertos son de su responsabilidad. Finalmente, señaló que el Congreso ha asumido un papel dominante en la política del país, desplazando al Ejecutivo y generando un contexto de lo que consideró “un gobierno parlamentarista, en el que el presidente pierde poder frente a la fuerza del Legislativo” Como si nadie no se hubiera dado cuenta de ello. Por cierto, tras su escandalosa absolución del delito de colusión agravada por el caso Aeródromo Wanka, acordado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Cerrón estaría habilitado para postular el 2026 y podría ser candidato pese a antecedentes judiciales y prisión preventiva, por lo que surge la incógnita sobre si abandonará la clandestinidad y regresará a la tribuna política. Uno se pregunta: ¿Que corona tiene este individuo para que dé a pocos este saliendo libre de sus acusaciones? Al respecto, Richard Rojas, secretario general de prensa de Perú Libre, indicó que Cerrón estaría considerando dejar de esconderse: “El doctor está listo para salir de la embajada”, comentó. Su absolución llega en un momento crucial, justo cuando comienza la convocatoria para las elecciones del 2026. Según el abogado penalista Benji Espinoza el exgobernador de Junín si podrá postular a un cargo de elección popular, ya que la restricción no es una prisión preventiva, que es lo que él tiene. La restricción es una sentencia condenatoria. Eliminada la sentencia condenatoria del Caso Wanka, se puede postular”, señaló. El abogado agregó que, pese a los procesos abiertos y el pedido de prisión preventiva que aún pesa sobre Cerrón, este podría postularse a un cargo. Sin embargo, aclaró que el problema surgiría si, al ser elegido, tuviera que ejercer el cargo bajo las condiciones actuales. “Para postular a ser elegido no hay problema. Ahora, si mantiene la prisión preventiva para ejercer el cargo, es donde va a tener problema. No para la postulación o elección, sino para el ejercicio del cargo”, remarcó Espinoza. Por su parte, el experto en derecho electoral José Ñaupari coincidió con Espinoza y sostuvo que Vladimir Cerrón puede postular, siempre y cuando no tenga una sentencia condenatoria vigente hasta el día de las elecciones. “Recordemos que los procesados no están impedidos de postular. Para que se genere el impedimento de postulación, yo tengo que tener una sentencia de primera instancia, vigente, por cualquier delito doloso, o una sentencia por calidad de cosa juzgada vigente, por cualquier delito doloso. (...) Ahora, yo no sé si esta es la única sentencia que tiene o el único caso con sentencia que tenía el señor Cerrón. Recordemos que gano un proceso constitucional en el TC, que ordenó justamente que se vuelva a emitir un pronunciamiento por parte del Poder Judicial. Quizás sea esta sentencia del TC que ha generado esta decisión reciente del PJ. Pero, si no tiene ninguna otra sentencia y no es sentenciado de acá hasta las elecciones, sí podría” añadió. Ahora, hay que recordar que en octubre del 2024, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema declaró que Vladimir Cerrón cumplió con la sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado, la cual había sido impuesta como parte de la condena por el Caso “La Oroya”. Esto significa que, al haber cumplido dicha sanción, Cerrón ya no enfrenta la restricción legal que le impedía acceder a cargos públicos. Esta decisión judicial permite que se encuentre habilitado para postularse nuevamente a cargos públicos, ya que la inhabilitación por el Caso “La Oroya” ha sido oficialmente cumplida, lo que elimina un obstáculo legal para su participación en futuros procesos electorales. Como si ello no fuera suficiente, en el Congreso, para nadie es un secreto que las iniciativas de Perú Libre buscan condicionar la independencia del sistema de justicia para proteger los intereses particulares de Vladimir Cerrón. Efectivamente, la bancada del prófugo ha evidenciado nuevamente su estrategia para socavar las bases del sistema judicial peruano. El más reciente episodio de esta ofensiva contra la independencia de la justicia es el proyecto de ley que busca prohibir que fiscales y policías divulguen información sobre detenciones preliminares en casos de no flagrancia, bajo amenaza de ser sancionados con infracciones muy graves que podrían derivar en suspensiones o destituciones. Esta iniciativa, respaldada por Flavio Cruz, María Agüero, Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Américo Gonza, constituye una evidente mordaza al Ministerio Público y la Policía Nacional. No es casual que los especialistas califiquen la propuesta como un intento de “cortarles las manos a los encargados de las investigaciones preliminares”. El proyecto impediría que la ciudadanía esté informada sobre la labor de estas instituciones en la lucha contra la criminalidad y obstaculizaría que nuevas víctimas puedan identificar a sus agresores. Esta no es una iniciativa aislada. En marzo del 2024, se documentó al menos 16 proyectos de ley presentados por legisladores cerronistas que interfieren directamente en el sistema judicial. Desde entonces, el trabajo legislativo de esta bancada no ha cesado en su objetivo: propuestas para crear una comisión parlamentaria para fiscalizar a jueces y fiscales, iniciativas para que los hábeas corpus sean admitidos en cualquier distrito judicial, proyectos para evitar que los partidos políticos sean investigados como personas jurídicas, la eliminación de la detención preliminar salvo en casos de flagrancia – en el que el Legislativo retrocedió a pesar de los votos en contra de Perú Libre –, entre otros. No es difícil detectar el beneficiario directo de estas propuestas, que no es otro que Vladimir Cerrón. Su hermano Waldemar, segundo vicepresidente del Congreso, ha presentado al menos 14 iniciativas orientados a debilitar el sistema de justicia y con ello favorecer al exgobernador regional de Junín y a diversos partidarios investigados por el caso de Los Dinámicos del Centro. El conflicto de intereses es flagrante, pero desde dicha agrupación hace tiempo que parecen haber perdido la vergüenza en ello. La democracia no puede ser ingenua ante este intento sistemático de Perú Libre por avasallar el sistema de justicia. En un país que enfrenta una grave ola de crimen organizado, lo que se necesita es más transparencia y eficiencia en el sistema de justicia extirpando a la mafia caviar que claramente actual margen de la ley, liberando a los delincuentes y procesando a los policías que los detienen “por abuso de poder”. Pero las iniciativas de Perú Libre no buscan mejorar la administración de justicia, sino condicionar su independencia para proteger los intereses particulares de Cerrón; es decir, buscan una justicia hecha a la medida de Perú Libre para favorecer a su prófugo líder... Y ello no debe ocurrir.
En medio del emblemático Parque Universitario - ubicado en el caótico centro de Lima - se yergue una torre de 29 metros con más de cien años en su haber. Se trata de la Torre Reloj, también conocida como Torre Alemana, ya que fue donada en 1921 por inmigrantes alemanes con motivo del I Centenario de la Independencia del Perú. Ubicada frente a la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente está cubierta por andamios y mallas de polipropileno debido a su restauración integral a cargo de Prolima, la gerencia de la Municipalidad de Lima (MML) que busca recuperar el valor cultural del centro histórico. La Torre Reloj del Parque Universitario fue edificada como obsequio de la colonia alemana en el Perú para conmemorar el primer centenario de la independencia del país andino. La construcción de la torre-reloj estuvo a cargo del arquitecto alemán Friedrich Jordan Barkholtz y la firma de ingenieros Dunkelberg y Pellry. Barkholtz. De acuerdo con la historiadora Carlo Casalino, el 30 de julio de 1921, Pedro Mujica Carassa, entonces alcalde de la ciudad, y las más distinguidas familias de alemanes en el país presenciaron la colocación de la primera piedra de la obra. Pasaron dos años, y la torre fue inaugurada el 10 de julio de 1923. Fue construida con un estilo neoclásico y se compone de cuatro cuerpos separados por cornisas. El primero posee un acabado almohadillado en ocre y, hacia el frente del lado este, cuenta con una placa conmemorativa en bronce con una representación del Huáscar y los escudos de Perú y Alemania. El texto reza: "La colonia alemana a la república del Perú en el primer centenario de su independencia". El segundo cuerpo posee tres ósculos arquitectónicos y ventanas. El tercero es el de mayor longitud y en él se encuentra el reloj. Finalmente, la cuarta sección está coronada por una cúpula de cobre y remates de madera. Carlos Vega, subgerente de Operaciones del Patrimonio Cultural Histórico, Paisajístico y Arqueológico de Prolima, indicó que la Torre Reloj es un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco al encontrarse en el Centro Histórico de Lima. Uno de los hechos más resaltantes de este monumento es que, desde su inauguración, todos los días al mediodía y las seis de la tarde sus campanas tocaban las notas del himno nacional. Sin embargo, estuvo en riesgo de no hacerlo en el sesquicentenario de la independencia. En efecto, el 10 de julio de 1971, se dio a conocer que el reloj no tocaría el himno el 28 de julio de aquel año. “Se tiene conocimiento que el mecanismo musical del reloj (...) ha quedado seriamente afectado por el sismo de mayo de 1970. Trascendió que la estructura concordante de 14 martillos y campanas está completamente descuadrada y que corre peligro de desplomarse”, se lee en una nota breve. Entonces, se lanzó una iniciativa para arreglar el monumento. La noticia alertó a las autoridades y, en los días siguientes, se anunció que técnicos del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y expertos suizos en mecánica de precisión estarían a cargo de la reparación del complejo mecanismo del reloj. La tarea no fue fácil y demandó 250 horas de trabajo, ya que el valioso objeto había sido abandonado por muchos años. A los pocos días, la noche del 26 de julio de 1971, el antiguo reloj empezó a funcionar bajo la supervisión del alcalde de la ciudad, Eduardo Dibós y el presidente del Consejo Nacional de Senati, George Scholfield. Así, a las 8 p.m., varios transeúntes se detuvieron para escuchar las campanadas de la renovada reliquia. Tras ello, el alcalde Dibós informó que la máquina seguiría siendo revisada hasta que quede totalmente reparada y recién funcionaría con normalidad el 28 de julio. Además, anunció que los trabajos de mantenimiento continuarían pasado los festejos por Fiestas Patrias. Cerca del mediodía del 28 de julio de 1971, miles de personas acudieron al Parque Universitario. Hasta el lugar también llegaron decenas de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas. La multitud estaba ansiosa por escuchar al reloj tocar el Himno Nacional peruano. Sin embargo, a las 12 del día, el antiguo reloj empezó a dar varias campanadas y a tocar el himno patrio con algunas raras pausas. Los asistentes al lugar tuvieron que esforzarse para poder entender la melodía. Un anciano que estaba en la ceremonia explicó qué fue lo que realmente escuchó: “Eso no es el Himno que yo alcancé a escuchar cuando la máquina estaba en uso”. Otras personas manifestaron que sí lo oyeron, pero que no sonó por completo. Fue así como el himno sonó por cinco minutos. Al finalizar, Fretz Han, el ingeniero suizo que estuvo a cargo de la reparación del reloj, explicó el trabajo que hicieron: “Solo se ha hecho una reparación provisional. No se ha podido mejorar el sonido de las campanas, las cuales no han dado aun exactamente el tono. Luego de las fiestas proseguiremos con la obra que esperamos terminarla en tres o cuatro meses más” asevero. Pero paso el tiempo y todo quedó en el olvido… hasta ahora. Vega aseguró que las campanas de la Torre Reloj “volverán a tocar el himno nacional cuando culmine la obra de restauración”. El proyecto para la restauración integral de la Torre Reloj contempla la recuperación de su acabado original, el retiro de elementos incompatibles añadidos en intervenciones a lo largo de las décadas, el mantenimiento de su reloj y la mejora de su sistema de iluminación nocturna. Vega detalló que, como parte de las primeras labores para el diagnóstico del inmueble, se realizaron calas estratigráficas y ventanas de exploración en la cúpula y los cuatro cuerpos de la torre para analizar el material constitutivo y el número de repintes que cubrían al acabado original. De esta forma, se determinó que el soporte original de cuarzo había sido cubierto por seis capas de pintura y cemento; estas serán retiradas para que el monumento luzca su color primigenio. “Se han empleado métodos mecánicos y químicos que no dañan la superficie original del material. Asimismo, se realiza la restauración y conservación de toda la carpintería metálica del monumento, al igual que su cúpula de cobre, que viene siendo liberada de pintura y polvo”, precisó Vega. Así también, la torre contará con iluminación ornamental, que resaltará el estilo arquitectónico del monumento en las noches. “Será un nuevo faro en el centro de Lima”, destacó Vega. La inversión para el proyecto de restauración es de 800 mil soles y se espera “que culmine en agosto” aunque no dijo de que año. Porque viniendo este ofrecimiento de la Municipalidad de Lima, que tiene a la ciudad convertida en un asco, a esta gente ya no se le puede creer absolutamente nada.
Dolida sin lugar a dudas porque su candidato, el asesino Antauro Humala quedo al margen de la ley, imposibilitándolo de participar en las elecciones del 2026, la caviarona fiscal de la Nación Delia Espinoza, dispuso realizar sorpresivamente una diligencia contra Fuerza Popular luego de recibir una interesada denuncia que piden la ilegalidad de dicha agrupación. Esto - afirma a modo de excusa - es “por presuntas conductas antidemocráticas”. En efecto, la cuestionada funcionaria, cuya cercanía con el judío Gustavo Gorriti de IDL (asalariado de Soros y quien lidera la mafia caviar que manda en el Ministerio Público) es por todos conocido, ordenó que el fiscal adjunto supremo Dante Pimentel Cruzado se encargue de las diligencias contra dicho partido, una agrupación política que ha mantenido un respaldo considerable a nivel nacional durante los últimos procesos electorales. Ello con el fin de evaluar si corresponde solicitar a la Corte Suprema que la declare ilegal, como ya ocurrió con la agrupación de Humala, denominada Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) cuando jurídicamente son dos casos distintos. La denuncia contra Fuerza Popular fue presentada por una oscura individua llamada Beatriz Cano Bernales, cuyas simpatías por el golpista Pedro Castillo no lo puede negar. La sujeta en cuestion argumentó que el partido naranja cayó en conductas antidemocráticas en tres ocasiones. La primera fue “por recibir aportes irregulares en la campaña electoral del 2011”. Sin embargo, este hecho se encuentra judicializado y al haber sentencia no existe culpabilidad alguna. Se le conoce como el Caso Cocteles; La segunda ocasión fue la postura de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales 2021 y denunciar un fraude electoral montado por el JNE (En ese entonces liderado por el impresentable Jorge Salas Arenas, alias “Camarada Coquito” por su cercanía a Sendero Luminoso) quien torció la voluntad ciudadana para que salga ‘elegido’ el delincuente terrorista Pedro Castillo, hoy en la cárcel por golpista y ladrón; La tercera se refirió a la sentencia por el caso de los “Kenyivideos”, por el que Kenji Fujimori fue condenado a cuatro años y 6 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias real agravado. Esto por invocar influencias ante otros parlamentarios para lograr votos en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018. Aunque en esa ocasión quien cometió el delito fue Kenyi quien abandono el partido, no Keiko ni Fuerza Popular que no tienen responsabilidad alguna en ello. La tiparraca amplió su denuncia vinculando al colectivo “La Resistencia” con Fuerza Popular que le ha dado serios dolores de cabeza a Gorriti y a la mafia caviar, por lo que se deduce claramente de donde viene en realidad esta maniobra antidemocrática. Precisamente, la fiscalía ha ordenado el análisis de declaraciones públicas, mensajes en redes sociales y otras expresiones atribuidas a Keiko Fujimori, en su calidad de candidata presidencial durante las elecciones del 2021. En particular, se indagará si sus afirmaciones sobre presuntos fraudes en dicho proceso electoral constituyen acciones que puedan ser tipificadas como actos antidemocráticos, según lo establecido por la Ley de Organizaciones Políticas. En adición a los aspectos anteriormente mencionados, la investigación contempla la extracción de información de fuente abierta respecto a una publicación del diario chileno La Tercera, con el objetivo de determinar si existe algún tipo de vínculo entre el partido Fuerza Popular y el colectivo “La Resistencia”. El propósito final de estas diligencias es establecer si procede o no ejercer la facultad conferida por el artículo 14 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, que habilita al Ministerio Público a solicitar la ilegalización de un partido político cuando se compruebe su participación en actos que vulneren el orden democrático. La decisión que se derive de este procedimiento podría tener consecuencias directas en la participación electoral de Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori en los comicios del 2026. Al respecto, el vocero del partido naranja, el excongresista Miguel Torres, señaló que la decisión evidencia que el Ministerio Público está abocado a involucrarse en política para favorecer a los caviares y ni lo disimula. “Si tenemos parte de la fiscalía obsesionada, abocada a hacer política, las cosas no van a funcionar. El sistema de justicia no va a funcionar y los criminales seguirán en la calle” aseveró. Torres agregó: “Las elecciones se ganan en las urnas, no utilizando mecanismos del sistema de justicia. Eso es hacer acrobacias jurídicas. ¿Para qué? Para poder evitar que determinados candidatos y partidos que no le gustan a la caviarada participen en las elecciones". Precisamente Fuerza Popular dio a conocer mediante un comunicado que es evidente el uso desproporcionado y político de la fiscalía. Señaló que la medida amenaza el pluralismo político y la democracia. A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación política liderada por Keiko Fujimori expresó su rechazo a las diligencias anunciadas por el Ministerio Público. Además, en su mensaje señala que la Fiscalía busca anular su candidatura para los próximos comicios. “Expresamos nuestra preocupación y rechazo ante la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias que conducen a la desaparición de nuestro partido. Es evidente el uso desproporcionado y político de la Fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia”, se lee al inicio del mensaje. “Apenas convocadas las elecciones generales del 2026, se anuncia esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia. No es la primera vez intentan sacarnos de carrera, pero no deja de ser alarmante que se continúe con este libreto del pasado”, continúa. En ese sentido, Fuerza Popular aseguró que se defenderá respetando la constitución. “Defenderemos nuestra existencia con firmeza, dentro del marco constitucional, en resguardo de la democracia y del derecho ciudadano a elegir libremente, con la convicción de que las elecciones se deben ganar en la cancha, a través del voto y no utilizando herramientas para manipular la voluntad popular”, finaliza el comunicado. Como sabéis, hoy existen 41 agrupaciones reconocidas como partidos políticos. Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) retiró a A.N.T.A.U.R.O. de esa lista por orden de la Corte Suprema. La declaración de ilegalidad de esa agrupación extremista fue la primera que se realiza desde que entró en vigencia la Ley de Organizaciones Políticas, en el 2003. Precisamente, a esa ley apelan los caviares que buscan la ilegalidad de Fuerza Popular. El artículo 14 de la norma en mención establece que la Corte Suprema, a pedido del Fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos. Como podéis imaginar, esta conducta antidemocrática ha merecido cuestionamientos de varios constitucionalistas. Los expertos no solo han criticado la medida implementada a partir de denuncias “inconsistentes” y “sin sentido”, sino que han advertido sobre su inconstitucionalidad y la intromisión de la titular del Ministerio Público en el ámbito político en medio de la campaña electoral del 2026. Espinoza, indicaron, se ha convertido en otro actor de la contienda. La Asociación Civil Transparencia también formuló observaciones. “La decisión de la Fiscalía de investigar a partidos políticos inscritos, teniendo como única base una denuncia particular, resulta peligroso para la democracia y atenta contra la independencia del proceso electoral recién convocado”, indicó. El jurista Aníbal Quiroga refirió que “las imputaciones son de orden penal, no de orden político” y apuntó que “para eso no está la Fiscalía”. “Es indudable que el Ministerio Público se ha convertido en un agente, en un actor político, saliendo de su rol constitucional de defensa de la legalidad y la Constitución y la represión del delito”, comentó, y sostuvo que la actuación de la fiscal de la Nación en ambos casos “es marcadamente inconstitucional y está fuera de la ley por la que debe ser denunciada ante el Congreso”. “La Fiscalía se ha convertido en una metralleta de denuncias acogiendo muchas que no tienen ni pies ni cabeza, ha perdido el rumbo del rol constitucional y jurídico que le corresponde, se está utilizando el sistema jurídico para hacer activismo político a favor de los caviares”, asevero. El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, por su parte, llamó la atención sobre el momento en que la fiscal de la Nación dispone estas diligencias, y comentó que con ello “interviene en el proceso electoral generando una distorsión que no se justifica desde el punto de vista jurídico”. Cuestionó que la Fiscalía no tenga un tamiz para evaluar la razonabilidad de la denuncia y, por el contrario, proceda a tramitarla inmediatamente, y estableció un paralelo entre el discurso violentista y atentatorio a los derechos humanos de Antauro Humala, cuyo partido fue declarado ilegal y perdió la inscripción, y la conducta de Fuerza Popular. “En este caso es claramente descabellado” que se disponga el inicio de indagaciones, refirió, y añadió que la medida “es la reiteración de un comportamiento institucional claramente ideologizado”. “No es primera vez que el Ministerio Público lleva a cabo este tipo de indagaciones que al final, directa o indirectamente, tienen un propósito político. Esto demuestra varias cosas: que hay incompetencia, que hay precipitación y mal uso del poder que tiene el Ministerio Público, y que hay un sesgo ideológico que en este caso comenzó afectando el proceso electoral y a organizaciones políticas poniéndolas en la picota”, subrayó. Al respecto, el constitucionalista Natale Amprimo afirmó que la medida responde a un “afán fiscal excesivo de generar noticia, porque es evidente que las denuncias no calzan dentro de ningunos supuestos que contempla el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas”. Lo que noto es que hay un exceso de generar noticias. Sin duda hace buen tiempo que la Fiscalía se ha convertido en un actor político”, enfatizó. “El artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos lo que busca es que no participe en el sistema democrático aquel que no cree en la democracia y que quiere utilizar este sistema para destruirla. ¿Qué tiene que ver el Caso Cocteles en esto? Es un tema que ya está en un proceso penal, por lo que es un absurdo”, expresó. “En el caso del partido de Antauro Humala había una manifestación expresa de talante antidemocrático. Dentro de la vida de los partidos políticos hay algunas personas que pueden cometer errores y delitos y por ello deben responder política y jurídicamente. En el caso de A.N.T.A.U.R.O. había una apología a un acto delictivo, como el andahuaylazo, pero en el caso de Fuerza Popular, este rechaza y no reivindica el 5 de abril de 1992”, manifestó. Sobre este tema opinó también el expresidente del TC Ernesto Blume, quien dijo estar “sorprendido” por la inconsistencia de estas investigaciones. “Me parece traído de los cabellos, falto de consistencia que la fiscal (Espinoza), no obstante la claridad (de los hechos), sostenga que hay mérito para la investigación. Está haciendo un ejercicio excesivo de facultades y creando desconcierto e inestabilidad. Me preocupa, porque eso significa falta de conocimiento y conciencia, y una suerte de intromisión en el proceso político”, concluyó. Se trata sin lugar a dudas de una burda maniobra montada por la mafia que no debe pasar. Por cierto ¿A que espera el Gobierno y el Congreso para intervenir en el Poder Judicial que libera a los delincuentes que desatan el terror en las calles, pero increíblemente procesa a policías y militares que cumplen su deber?. Es el mundo al revés... Hay que echar a esas ratas ya mismo. Cuanto antes, mejor.
“Peruano que no llora no es peruano” es una conocida frase que le cae a pelo a quienes nunca reconocen sus propios errores, echándole la culpa a otros de sus fracasos. Como sabéis, los peruanos son llorones por naturaleza, y ello puede comprobarse en todos los ámbitos de su vida, y el deporte obviamente no es la excepción. Por ejemplo cuando su paupérrima selección de futbol es continuamente humillada en los campos de juego, tratan de desviar la atención para que no se señale a los verdaderos responsables del desastre - como son sus viejos jugadores sacados de algún asilo de ancianos, que por cierto, tienen una gran “experiencia” en las derrotas - volcando su ira ya sea contra el estado del césped, el clima o el árbitro del partido. Venga ya ¿Qué culpa tiene este último de la falta de efectividad de ese grupo de perdedores que no saben patear al arco? Ello se vio reflejado claramente este martes durante el partido disputado contra Venezuela, donde tras la derrota señalaron al colegiado chileno como el “responsable” de su eliminación al Mundial a celebrarse el 2026, cuando su actuación ha sido de lo más correcta posible, anulando un gol de Reyna hecho con la mano, otorgando un penalty a la Vinotinto tras la brutal agresión cometida por ese salvaje de Zambrano al venezolano Martínez, y sobre todo, no haciendo el mas mínimo caso al show barato montado por ese vagabundo de Ibáñez (al que le dieron el buzo de la selección peruana por un sencillo), que gesticulaba desesperadamente exigiendo un penalty por una “falta” contra Guerrero, que solo estaba en su imaginación, ya que pudo apreciarse claramente en las imágenes como ese vejete de 41 años se tiraba al campo de juego sin que nadie lo tocase… quizá por su avanzada edad ya no podía ni con sus huesos. Pero de nada valió su número circense porque no se le hizo caso, terminando el partido con el triunfo venezolano que por méritos propios está en la repesca, mientras el Perú quedo eliminado una vez más. Que ningún imbécil salga por allí a decir que “matemáticamente aún es posible clasificar”, ya que ni se lo cree el mismo. Cada uno esta donde se lo merece y el Perú es colista, su lugar natural. Qué más se podía esperar de una selección conformada en un 90% de ancianos para el futbol - Guerrero, Advíncula, Carrillo. Lapadula, Zambrano, Gallese, Flores y Tapia entre muchos otros - quienes hace mucho ya están para el retiro, postergando una vez más a los jóvenes a quienes no les dan oportunidades para mostrarse. Así ¿Cómo van a poder renovar el equipo de cara al Mundial 2030 o piensan seguir llamando a esos vejestorios que por aquella época tendrán 50 años a cuestas? No los sorprenda que así ocurra y estén en silla de ruedas o con bastones, van a seguir convocando a esos inútiles. Por lo visto, los dirigentes de la FPF no piensan en el futuro, o simplemente no les importa, ya que solo les interesa seguir llenándose los bolsillos a costa de la candidez - o mejor dicho, cojudez - de los peruanos, cobrando una pasta para ver a esos fracasados haciendo el ridículo en el estadio. Mejor confórmense con observar los partidos del Mundial por la TV, que en esta ocasión no habrán puntos regalados ni ayuda del VAR para que asistan al torneo sin merecerlo como sucedió en el 2018. Es el precio de la improvisación… Lo que mal empieza, mal acaba (Por cierto, es vergonzoso que esos llorones se arañen porque les silbaron el himno, cuando ellos no solo hicieron lo mismo en Lima, sino también su policía agredió a hinchas y jugadores venezolanos, e incluso a estos últimos los tuvieron varados en el aeropuerto durante horas porque no querían venderle el combustible para su avión. A ese grado de bajeza llegaron los peruanos. Así que no se hagan las víctimas, y solo recuerden lo que les conviene ¿vale?)
