La inseguridad ciudadana que se ve en el país andino es de tal gravedad que ha llamado la atención de diversos medios europeos - en este caso The Economist - que le dedica una amplia entrada al tema, el cual debido a su interés os presento traducido y entrecomillado ¿vale?: “Los peruanos han visto cómo su país se hunde en una creciente ola de criminalidad en el último año. La delincuencia venezolana proveniente de las cárceles chavistas - y que llegaron por millones a partir del 2016 cuando el por entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski les abrió las fronteras de par en par, argumentando ‘que escapaban de una dictadura’ - dominan actualmente Lima y otras ciudades costeras, exigiendo “cuotas de protección” a negocios de todo tipo, desde tiendas minoristas hasta empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar. En paralelo, el narcotráfico crece en la Amazonía peruana y las bandas criminales están tomando control de minas en los Andes. Todo ello con la abierta complicidad de jueces y fiscales - los llamados caviares por su claro sesgo ideológico de izquierda - que liberan a esos criminales al día siguiente de ser detenidos por la policía. Así ¿cómo se les va a combatir? Ante esta situación que evidentemente se ha salido de control, la Presidenta Constitucional Dina Boluarte no ha tenido mejor idea que declarar continuamente el estado de emergencia en el país, ordenando que el ejército salga a las calles para apoyar a una policía que se ha visto sobrepasada en su capacidad para combatir al crimen, pero nada ha cambiado y la delincuencia - que se siente empoderada - sigue haciendo lo que les da la gana. Previamente, el 25 de marzo, la señora Boluarte convocó a elecciones generales para dentro de un año, asegurando que busca poner fin a la inestabilidad del país. Cabe precisar que el orden público nunca ha sido el fuerte del Perú. La economía informal sigue siendo enorme, la justicia se encuentra politizada, la policía está plagada de corrupción y muchas personas dependen de la cocaína y el oro ilegal para sobrevivir. La actual ola de violencia demuestra que si no se reforma el Ministerio Público expectorando a los caviares, la situación aún puede empeorar más de lo que está. Pero no hay decisión política para hacerlo ni en el Gobierno ni mucho menos en el Congreso, que son los únicos que pueden hacerlo. En el 2024, los asesinatos por encargo representaron la mitad de los homicidios, que se han duplicado en cinco años. Los casos de extorsión se han multiplicado por ocho, a pesar de que muchas más víctimas no denuncian por temor. Quienes lo hacen, a menudo descubren que los extorsionadores se enteran en pocas horas y los ultiman a balazos. ‘Las bandas tienen mejor inteligencia que la policía’, afirma Katherine Gómez, administradora de un mercado donde casi todos los comerciantes son extorsionados. El innegable que el aumento del crimen está afectando seriamente a las empresas legítimas. ‘Nunca habíamos visto este nivel de penetración de la minería ilegal’, comenta Pablo de la Flor, representante de La Poderosa, la mina de oro más grande del país. En los últimos tres años, grupos armados han asesinado a 18 trabajadores de la compañía y destruido 17 torres de transmisión eléctrica clave para sus operaciones. Por cierto, el Perú no es el único país de la región que enfrenta el caos. En Ecuador, al norte, nuevas rutas del narcotráfico han disparado los índices de criminalidad. Pero en Perú, la situación se debe a múltiples factores: las secuelas de la pandemia del Coronavirus llevaron a muchos delincuentes a dedicarse a la extorsión; el sistema de justicia colapsado y las cárceles saturadas no ayudan; y el tráfico de armas se ha intensificado. A ello debemos reiterar la politización del Ministerio Público, donde los caviares protegen a los delincuentes, pero a su vez persiguen con saña y alevosía a integrantes de las fuerzas del orden que solo cumplen su deber. Para ellos si decretan la cárcel, pero cuando se trata de la lacra venezolana, disponen su libertad inmediata ‘ya que se les ha afectado sus derechos’ (?) con el claro propósito que sigan delinquiendo para que aumente así el clima de inseguridad en el Perú que esperan, produzca el colapso del Gobierno - de donde fueron echados tras la ignominiosa caída del golpista Pedro Castillo - y puedan volver al Poder para seguir viviendo a costa del Estado. Su estrategia desestabilizadora está clara. Lo más preocupante - como anotamos líneas arriba - es la nula reacción de los políticos peruanos para combatir a esas bandas criminales. Y es que al estar en un año electoral, seguramente no quieren indisponerse con sus “electores”. Hacen promesas que se las lleva el viento mientras no se construyen nuevas cárceles, mientras las existentes están sobrepobladas. Cuando se sugiere reabrir El Frontón y Yanamayo, los autoproclamados ‘defensores de los derechos humanos’ salen al frente para oponerse rotundamente a ello, demostrando su complicidad con la delincuencia. Eso no es nada nuevo, ya lo hacían en la época del terrorismo, donde se colocaban abiertamente del lado de Sendero. ¿Será Perú el próximo Ecuador? Aunque su tasa de homicidios aún es más baja si se les compara, el impacto podría ser mayor debido a su población y economía más grandes. Mientras, la emigración ya va en aumento. Los expertos creen que aún es posible controlar la crisis, pero se requiere una voluntad política que hasta ahora ha brillado por su ausencia, tal como señala Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU. No es de extrañar que muchos peruanos sueñen con un líder de “mano dura” como Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador. Es más, en algunas zonas populosas de Lima, puede leerse en grandes letras rojas “el Bukele peruano” pintado en los muros, como un grito desesperado por un líder firme que imponga el orden que no ven por ningún lado. Entretanto, más de 40 partidos políticos - demostrando la precariedad de su democracia - se han inscrito para las elecciones del próximo año. El que suene más parecido a Bukele, bien podría ganar” puntualiza la nota. Por cierto ¿En qué consiste el “modelo Bukele” sobre la seguridad en El Salvador? Ese país parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Pero, ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose? En el 2015, El Salvador era catalogado como el país más violento del mundo con una tasa homicida de 105 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio del 2019, la tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal. El gobierno impulsó un millonario Plan Control Territorial que dio inicio a 20 días de que Bukele llegara a la silla presidencial, y las cifras bajaron. "Con la entrada del Plan Control Territorial hubo un cambio en el manejo de la seguridad pública. Llegamos a imponer récord en la baja de homicidios", dijo en el 2021 el ministro de Defensa de El Salvador, René Monroy, tras registrar una disminución en la tasa a 18 por 100.000 habitantes. Pero las dos principales pandillas - Mara Salvatrucha y Barrio 18 - ordenaron en varias ocasiones "abrir válvulas", que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas. En septiembre del 2019, abril del 2020, octubre del 2020 e inicios del 2021 las pandillas pusieron en aprietos al gobierno al elevar el número de homicidios repentinamente, según reportes de la prensa local. El 25 de marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, las pandillas ocasionaron la última gran matanza. Ese fin de semana se reportaron 87 asesinatos, según cifras oficiales. El gobierno, que había sido cuestionado por aparentemente negociar con estos grupos, buscó entonces acabar con la violencia con un régimen de excepción solicitado por Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo de 2022 la medida del régimen de excepción, que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales. A unas horas de aprobado el régimen, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador, capturando a todo aquel con antecedentes policiales y penales y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas. A su vez, el gobierno pidió al Legislativo la aprobación del régimen de excepción y depurar el Órgano Judicial, al que considero como cómplice del crimen organizado, tal como ocurre actualmente en el Perú. Tras una purga masiva de jueces y fiscales, también fueron creados 10 nuevos juzgados especializados para que conocieran los casos de detenidos en el régimen de excepción. Asimismo, se reformo el Código Penal y Procesal Penal, introduciendo la figura de “juez sin rostro”, que permite eliminar los nombres de los jueces o cualquier otra información que pueda identificarlos en los casos contra detenidos en el régimen de excepción. Además se construyeron cárceles de alta seguridad donde los criminales encadenados, rapados y en cueros son encerrados de por vida sin contacto alguno con el exterior. La finalidad es que sufran hasta el final de sus días el mal que le han hecho a la sociedad. De esta manera, el ‘modelo Bukele’ logro reducir la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 7,8 en el 2022, según cifras oficiales. Para este año, el mandatario informó que la tasa de los homicidios prácticamente ha desaparecido, lo que convierte al país en uno de los más seguros de América Latina en base a esas estadísticas. Las encuestas locales que miden la aceptación del régimen de excepción dan cuenta de que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuación de la medida, según publicó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en marzo pasado, mientras que el apoyo a Bukele supera el 95%. Siendo la formula tan fácil de replicar ¿Por qué no lo repiten en el Perú? La señora Boluarte, en lugar de pretender asistir a los funerales de un hereje en El Vaticano - lo que finalmente no pudo hacer porque se lo negó el Congreso - bien podría si quisiera, poner en práctica el Plan Bukele ya mismo ¿A que le tiene miedo? Es como si viviera en otro mundo mientras su país se cae a pedazos. Simplemente no lo entiendo.
Dispuesta a convertirla en un gran cementerio, Abimael Guzmán y sus hordas asesinas de Sendero Luminoso centraron sus ataques en Lima, la capital del país, de una manera salvaje, brutal y desenfrenada con una serie de sangrientos atentados de gran magnitud nunca antes vistos, convencido que solo mediante el terror a gran escala iba a conseguir su propósito de instaurar sobre ríos de sangre su “república popular de nueva democracia” que iba a empequeñecer el genocidio polpotiano en Camboya… y valgan verdades, estuvo a punto de lograrlo. En efecto, era 1992 y nadie que haya vivido en ese instante en los edificios ‘Tarata’, ‘Residencial Central’, ‘El Condado’, ‘San Carlos’ y ‘San Pedro’, en la calle Tarata, en Miraflores, podía imaginar que la noche del jueves 16 de julio sentiría el infierno sobre la tierra. Lo ocurrido en esa oportunidad fue una historia trágica y, a la vez, significó el final de siete meses continuos de inmisericordes atentados demenciales en Lima. Guzmán consideraba que se debía pasar a una etapa de "equilibrio estratégico" en su objetivo de capturar el poder. Solo entre enero y julio de ese año, los terroristas habían hecho estallar nada menos que 37 coches-bomba en la ciudad que ocasionaron decenas de muertos. Lima entonces parecía una zona de guerra y los ciudadanos sus víctimas indefensas. Era la ofensiva más intensa desatada por Sendero contra la capital peruana, que incluyeron: el atentado con coche bomba contra la sede principal del canal de televisión Frecuencia 2, en la avenida Salaverry del distrito de Jesús María, ocurrido el 5 de junio. El hecho se llevó a cabo cuando un camión de la Marina de Guerra - el cual había sido robado dos horas antes y cargado con 600 kilos de dinamita y ANFO - se dirigió hacia la fachada de la mencionada televisora y estalló, dejando sus instalaciones destruidas; el asesinato de María Elena Moyano, la denominada "madre coraje", una conocida dirigente popular de un barrio marginal, a quien luego de acribillarla a balazos, hicieron volar su cuerpo con dinamita; Pero el peor de los atentados senderistas ocurrió, ciertamente, en la segunda cuadra de la calle Tarata, en Miraflores. Eran las 9 de la noche, aproximadamente, de ese 16 de julio de 1992, cuando la ferocidad homicida de SL castigó duramente la pequeña y estrecha calle. La onda expansiva afectó también una zona amplia de esa parte del distrito de Miraflores. Y es que, a la violenta explosión de un primer automóvil en el interior de la calle, le siguió un segundo coche-bomba que estalló en la esquina de Tarata y Alcanfores. La explosión de 400 kilos de ANFO y dinamita en plena calle destruyó no solo viviendas multifamiliares y locales comerciales sino también otros vehículos y agencias bancarias a 300 metros a la redonda. En Miraflores, no solo fueron afectados los edificios ya mencionados; en igual o menor medida lo fueron los hoteles Las Américas, César’s y Diplomat; los bancos Continental, De Crédito, Popular, Industrial, Del Sur, Interbank, Mutual Perú; así como las tiendas Mass, Scala, Studium, Galerías Persia, Le Baron, La Americana, Galerías Larco, La Pluma de Oro, entre otros locales ubicados a varias cuadras de distancia de la calle Tarata. La Policía Nacional del Perú (PNP) cumplió su rol e informó que habían sido detenidos, en las cercanías del lugar del atentado, dos presuntos terroristas de SL: un hombre, en la calle Shell, tras un tiroteo con vigilantes del Banco de Crédito; y una mujer, a tres cuadras de donde se produjo el estallido. La búsqueda de otros senderistas fue incesante y daría sus frutos posteriormente. Pero esa noche fue difícil conciliar el sueño en Miraflores, en Lima y en casi todo el país. Lo ocurrido en la calle Tarata de Miraflores fue inconcebible, con 25 muertos y 155 heridos; además de las 360 viviendas seriamente afectadas. Sin embargo, tras la conmoción que causó el atentado de la calle Tarata se pasó a la indignación y a una masiva movilización ciudadana contra una organización que ya había causado miles de muertos desde 1980 en el país andino. El ataque permitió a los capitalinos tomar la dimensión de la violencia senderista que asolaba al país, al haber golpeado en el distrito símbolo, si se quiere, de Lima y recién tomaron conciencia de la brutalidad del terrorismo, al sentir en carne propia lo que durante una década habían sentido los pobladores al interior del país. Por cierto, Abimael Guzmán nunca dio ni una mínima señal de arrepentimiento ni pidió perdón a sus víctimas, ni al país en general, por los crímenes como el ocurrido en la calle Tarata. Tampoco lo han hecho nunca los miembros de la dirigencia de Sendero Luminoso que lo sobreviven. Al contrario, o los han justificado como parte de una “guerra popular” o los han presentado, en todo caso, como “un simple error táctico”. Eso es lo que argumento el propio cabecilla senderista durante su interrogatorio tras su captura, afirmando que el objetivo era la sede del Banco de Crédito, a una cuadra del lugar. Visto desde fuera del país, la situación que se vivía en el Perú era verdaderamente preocupante porque muchos gobiernos temían que esa violencia podría expandirse a sus países por lo que para evitarlo, el por entonces presidente argentino Carlos Saúl Menen solicito a los EE.UU. “liderar una fuerza multinacional que invadiría inmediatamente el Perú si Sendero se hacía con el poder para evitar que se convierta en una segunda Camboya”, donde como recordareis, los genocidas maoístas del Krmer Rojo asesinaron a la mitad de la población (un millón y medio de los tres que eran originalmente) durante su breve y sangriento régimen de 1975 a 1979, y si no los mataron a todos cuál era su vil propósito - “para empezar desde cero” como propugnaba un enloquecido Pol Pot, a quien admiraba Guzmán - es que fueron invadidos por los vietnamitas, quienes los derrocaron. Paradójicamente, el sangriento atentado de la calle Tarata fue el inicio del fin del grupo terrorista, ganándose el rechazo general y el repudio a sus atroces crímenes. Ciego ante la realidad, Guzmán se creía invencible, pero lo que no sabía es que su hora de rendir cuentas estaba cerca (Próximo capítulo: La caída del Sol)
No cabe duda que el presidente estadounidense Donald Trump está arrastrando a América Latina al centro de su encarnizada guerra comercial con China, al mismo tiempo que busca sacar al gigante asiático de una región al que EE.UU. sigue empeñado en considerar como “su patio trasero” viendo con alarma como las inversiones de su adversario crecen en Brasil, Perú, Colombia, Chile y Argentina, lo cual es considerado por la Casa Blanca como “un peligro para su seguridad nacional”, según da cuenta el Financial Times. Vamos, el mismo argumento utilizado para intentar apoderarse - por la fuerza de ser necesario - de Canadá y Groenlandia. De momento ha comenzado por el lado más débil, Panamá, donde la semana pasada envió a su secretario de Defensa, Pete Hegseth como parte de su esfuerzo para “reafirmar el dominio estadounidense sobre el canal” (?). El lunes recibió en la Casa Blanca al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, un aliado cercano, mientras que el secretario del Tesoro Scott Bessent, visitaba Buenos Aires, donde reitero los deseos de EE.UU. de que Argentina “ponga fin a su dependencia de la financiación china”. Se trata de una ofensiva diplomática destinada a frenar la creciente influencia de China en América Latina, donde se ha convertido en uno de los principales proveedores de financiación, un socio comercial de primer nivel y a su vez, una espina cada vez más molesta para Washington. “Lo que queremos evitar es que se repita lo sucedido en el continente africano” declaro el lunes Bessent en Buenos Aires, “donde China ha firmado varios de estos acuerdos rapaces, presentándolos como ayuda, en lo que se han apropiado de derechos mineros, añadiendo enorme cantidad de deuda a estos países” expreso. “Están garantizando que las generaciones futuras sean cada más pobres y sin recursos, y no queremos que eso suceda en América Latina” añadió. La intensificación de la batalla entre las dos mayores economías del mundo ha dejado a los gobiernos latinoamericanos lidiando con la realidad de que sus días para hacer grandes negocios con China sin una seria reacción de Washington están contados, un cambio que amenaza con obligarlos a elegir un bando: Con China o con EE.UU. “Es probable que el camino a seguir sea más accidentado que el de las últimas décadas” dijo Matias Spektor, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo. Como sabéis, China estableció una posición estratégica en América Latina a principios de este siglo, absorbiendo materias primas de una Sudamérica rica en recursos e invirtiendo mucho dinero en la región, suplantando a los EE.UU. como principal socio comercial del continente. También extendió su influencia a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, su programa insignia de desarrollo económico, al que se han adherido más de una docena de países latinoamericanos. Continúo avanzando a pesar de la dura retórica de Trump durante su anterior administración, con empresas chinas asumiendo megaproyectos como el metro de Bogotá en Colombia, y el puerto de Chancay en el Perú. Beijing también se ganó el apoyo de todos al distribuir ayuda y suministros médicos cuando América Latina estaba siendo devastada por el Coronavirus, a diferencia de EE.UU. que no colaboró en nada. Esta vez y para variar, Trump ha mostrado poco interés en intentar igualar la participación económica de China en la región, pero en cambio, ha criticado duramente los aparentes peligros económicos de los vehículos chinos fabricados en Méjico y sus operaciones en el canal de Panamá, amenazando “recuperar” militarmente la vía fluvial que EE.UU. construyo hace más de un siglo. Desde su regreso al cargo, ha tomado medidas que podrían poner en peligro la influencia china en la región, anunciando aranceles secundarios a los países que adquieran petróleo de Venezuela, cuyo mayor comprador es China. Un grupo de inversionistas liderado por Blackrock (BLK) dijo el mes pasado que compraría puertos en ambos extremos del canal de Panamá controlados por CK Hutchison, un conglomerado de Hong Kong con capitales chinos. Pero es una estrategia arriesgada en una región donde China todavía se inclina por un enfoque más amigable. Durante las cumbres de Perú y Brasil el año pasado, el ‘emperador’ chino Xi Jinping describió a su país como un firme defensor de la globalización económica. Y si bien Beijing ha intentado retrasar la venta de puertos en Panamá, es poco probable que intente intimidar a sus vecinos, dijo Michael Hirson, jefe de análisis de China n 22V Research en Nueva York. “China responderá con ofertas” dijo Hirson, quien se desempeñó como el principal representante del Departamento del Tesoro ante China durante la presidencia de Barack Hussein Obama. “Han sabido gestionar con destreza los cambios políticos en la región, incluso cuando Brasil y Argentina han oscilado entre la derecha y la izquierda” asevero. Cabe precisar que EE.UU. proporcionó alrededor de US$2.500 millones en asistencia exterior a las naciones latinoamericanas en el año fiscal 2024, según datos del gobierno. Pero el futuro de esa ayuda es incierto debido a los esfuerzos de Trump por desmantelar a la cuestionada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) una medida que obstaculizara los esfuerzos estadounidenses en América Latina, mientras a su vez crecen las inversiones chinas y por ende, su influencia. “Estados Unidos no contará con todas las herramientas que serían necesarias para competir realmente con China, aunque hay que reconocer que las anteriores administraciones usaron USAID con fines claramente manipuladores” admitió Hirson. El éxito de la campaña de presión de Trump probablemente estará relacionada a cuanto dependa cada país del poder económico estadounidense y podría resultar en una división ente los países más cercanos a sus fronteras y los que están más al sur” dijo por su parte Christopher Garman, director general de la consultora de riesgo político Euroasia Group. “A Méjico, Centroamérica y en menor medida, Colombia - el aliado sudamericano más cercano a Washington a pesar de tener un régimen izquierdista - los tenemos atados por la correa y están firmemente sujetados. No hay posibilidad alguna que escapen de nuestro control” dijo Gorman. Sin embargo, el problema más difícil será influir en las naciones más grandes de Sudamérica. “El comercio entre Brasil y China por ejemplo ha crecido de forma constante bajo el actual presidente de izquierda Lulz Inácio Lula da Silva y su predecesor de derecha, Jair Bolsonaro, quien nunca cumplió sus promesas de romper con la política de gobiernos anteriores de ser ‘amigos de regímenes comunistas’ aunque China de ello solo tiene el nombre, porque en realidad es más capitalista que los propios EE.UU.” agregó. “Los flujos totalizaron unos US$158.000 millones el año pasado, casi el doble de la cantidad con EE.UU. Y tras los anuncios arancelarios de Trump, China comenzó inmediatamente a aumentar sus compras de soja brasileña la semana pasada” asevero. En tanto, el presidente de Argentina Javier Milei, quien se ha posicionado como el líder más favorable a Trump en el continente, también ha adoptado un tono más cordial hacia China desde que asumió el cargo. Milei, quien durante su campaña califico a China de ser un régimen “asesino” ahora la denomina como “su gran socio comercial”, comprometiéndose a profundizar sus relaciones con el gigante asiático en los próximos meses. Si bien el libertario ha buscado fortalecer lazos con los EE.UU. y especialmente con Trump - llegando incluso a proponer lanzar un acuerdo de libre comercio entre ambos países - China es actualmente su segundo socio comercial mas importante, solo superado por su vecino Brasil, y el pragmatismo de Milei probablemente refleje su comprensión de que no puede darle la espalda a Beijing por completo, para desazón de Washington. “Que Milei busque un acuerdo de libre comercio con un país como EE.UU. que se está volviendo cada vez más proteccionista blandiendo el garrote de los aranceles un día si y al otro también, es como darse cabezazos contra la pared” dijo a su vez Ximena Zúñiga, analista de genoeconomia para América Latina de Bloomberg. “Sabe cómo protegerse” indicó. “En cuanto a los demás países sudamericanos - como el Perú donde las inversiones chinas son cada vez más importantes en todos los rubros - de seguro seguirán haciendo negocios con ellos a pesar de las amenazas de Trump. Si EE.UU. no quiere realizar grandes inversiones en la región, pero China si lo hace, ¿porque cerrarle las puertas? Al contrario, están serán bienvenidas” puntualizó. Para agravar las cosas a mediados de semana, durante una entrevista a Fox News, Trump reitero que ha llegado el momento que los países latinoamericanos “deberán elegir entre China y Estados Unidos”. Tomando el contexto de la decisión de Panamá de abandonar la Ruta de la Seda de China por presiones de Washington, se le hizo la pregunta de que si piensa que los demás países de la región deben hacer lo mismo y doblegarse a sus deseos. "Bueno, así como Panamá lo hizo, tal vez sí, quizás deberían hacer eso. Sí y me voy a encargar que así sea", afirmó el mandatario. Las declaraciones de Trump se dan en medio de varias tensiones políticas con la región latinoamericana, en la que algunos países ya han tomado decisiones en torno a las políticas del presidente estadounidense. Por lo pronto EE.UU. ha solicitado a los países de la región “mejorar el control de las inversiones de terceros países en sectores estratégicos de su economía” en clara referencia a China ¿Podrá hacer frente el Perú y demás países sudamericanos a este ultimátum? Por cierto ¿Qué sucederá con el recientemente inaugurado megapuerto de Chancay por el propio Xi Jinping, y que es controlado por un consorcio chino, al que Washington acusa de que se convertirá en una base para sus submarinos que amenazara su presencia en el Pacifico sur y para lo cual ha instalado una base militar en las Galápagos pata vigilar sus movimientos? ¿Intentara apoderárselo por la fuerza u obligará a su cierre mediante fuertes sanciones comerciales al Perú - que es lo más probable - convirtiéndose así el megapuerto en otro elefante blanco? Y el gobierno de Dina Boluarte ¿claudicará ante ello? Esta historia por lo visto, recién comienza. De Trump - que apenas tiene 4 meses en el cargo - se puede esperar lo impredecible.
Desde los felices tiempos del virreynato del Perú una de las celebraciones más importantes del calendario religioso es la Semana Santa. Una fecha que marca el ritmo de la fe y la vida social de Lima. En este marco, la Municipalidad Metropolitana de Lima nos invita a la exposición titulada Historia de la Semana Santa en Lima. Procesión y Fiesta, en la galería municipal Pancho Fierro. Esta imponente muestra recrea la Semana Santa limeña a través de sus principales manifestaciones artísticas y rituales, explorando la historia de sus cofradías, de las imágenes que protagonizan cada día de la celebración y del impacto de estas tradiciones en la memoria colectiva. Obras en óleo sobre lienzo, esculturas, fotografías y grabados de importantes colecciones como la del Convento de la Merced, la Iglesia de la Soledad, el Museo Pedro de Osma y colecciones privadas que las han cedido para esta ocasión pueden ser apreciadas por los asistentes a la exhibición. La salida y el cuidado de estas valiosas piezas a lo largo de la exhibición, ha sido posible gracias al trabajo de Prolima, cuyos especialistas una vez que concluya la muestra restauraran cada pieza exhibida antes de su devolución. También se debe destacar que varias de las piezas de arte son expuestas al público en general por primera vez o bien nunca antes habían salido de su iglesia de origen. Asimismo, por lo singular de los objetos seleccionados y la variedad de instituciones y personas propietarias, será muy difícil que se vuelvan a reunir en otra exhibición. Un atractivo principal de la muestra es que el Cristo que ocupa la parte alta del altar de Santo Domingo y que se puede apreciar a la altura del público. Como sabéis, la Semana Santa en Lima es una de las celebraciones religiosas más sentidas en el Perú. Entre sus costumbres, destaca una que combina fe, historia y arquitectura: el recorrido de las siete iglesias durante el Jueves Santo. La tradición de visitarlas cada Jueves Santo está ligada al relato bíblico de la Pasión de Cristo. Según se afirma, este número representa las siete estaciones que Jesús atravesó desde la Última Cena hasta su crucifixión. Cada templo simboliza uno de esos momentos clave, por lo que recorrerlos se convierte en una forma de acompañar espiritualmente a Jesús en su tránsito hacia el sacrificio. Entre los templos más visitados durante el Jueves Santo se encuentran la Basílica Catedral de Lima, la iglesia de San Pedro, el convento de Santo Domingo, así como las iglesias de La Merced, San Francisco, los Descalzos y Santa Rosa de Lima. Cada uno guarda una historia particular, tallada en piedra y devoción. No es de extrañar por ello que hasta el día de hoy, Lima mantenga sus procesiones, imágenes sagradas, música sacra y rituales ya que reflejan su identidad, el sincretismo cultural y la continuidad de una devoción arraigada. En esa línea, esta exposición ofrece un recorrido visual y sensorial por los momentos más emblemáticos de la Semana Santa en Lima, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Así, los visitantes podrán sumergirse en el esplendor de las antiguas procesiones y comprender la evolución de estas manifestaciones de fe que siguen convocando multitudes hasta el presente. La cita es en la Galería Municipal Pancho Fierro, ubicada en el pasaje Santa Rosa 116, en el centro de Lima. Una muestra que estará abierta hasta el 20 de abril. El ingreso es libre.
Si en el país andino se sancionara a los fiscales y jueces que hacen investigaciones politizadas, parcializadas y sin rigor, hace rato los fiscales del caso Odebrecht, los impresentables José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba ya habrían sido expectorados del Ministerio Público. En efecto, la semana pasada sucedió lo que ya estaba cantado: la Segunda Sala Penal Nacional anuló el juicio oral por el caso Cócteles - en donde está comprendida la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y cerca de cincuenta personas más- y mandó todo ese largo proceso a su etapa intermedia. Es decir, confirmó el fallo que, en enero pasado, dictó otra sala, pero que estos fiscales habían apelado. Como sabéis, la politizada fiscalía no pudo presentar una acusación sólida a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones y en el camino manchó el honor de varias personas, entre ellas, empresarios, lo que contribuyó a dañar la percepción ciudadana de la inversión privada. El proceso concitó gran interés en la opinión pública porque comprendía a una candidata que estuvo tres veces a punto de llegar a la presidencia, y en cuyo último intento, en el 2021, el proceso jugó un papel determinante. Y, sin embargo, la responsabilidad les quedó grande a varios magistrados. Empezando por el equipo de la fiscalía, que, entre otras cosas, se apresuró en presentar la acusación cuando todavía faltaban diligencias por realizar y cuando esta tenía vicios tan visibles que el Ministerio Público fue parchando, una y otra vez, a posteriori. El hecho de que esta decisión precipitada haya coincidido además con el calendario electoral del 2021 solo abona a la sensación de que se dio por motivos extralegales. Añadido a ello, en el proceso se cometieron abusos que se extendieron más allá del límite de lo razonable, como la acusación contra el expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, sin mayores pruebas, y otros que fueron corregidos por el TC, como el que comprendía al abogado Arsenio Oré. Por no hablar del tiempo perdido para los más de 40 imputados cuyas vidas se han visto interrumpidas por este juicio. Pero tan responsable como el equipo de la fiscalía que estuvo a cargo del Caso Cocteles es el magistrado Víctor Zúñiga, el juez que debía verificar que la acusación cumpliera con los requerimientos necesarios para evitar que se terminara cayendo, como finalmente pasó. En fin, el que debía ser un proceso emblemático se terminó convirtiendo en una grotesca farsa montada por la mafia caviar que Pérez y sus secuaces fueron arrastrando hasta la sala de audiencias solo para que, una vez allí, se terminara derrumbando por su propio peso. Se trató indudablemente de un golpe demoledor contra estos sicarios de la justicia, lo que debería haber llevado a la cuestionada fiscal de la Nación, la caviarona Delia Espinoza, a evaluar la continuidad de ambos en sus funciones, pero no lo hizo porque son sus cómplices. Pero ahora, que se encuentra de “vacaciones”, no pudo evitar que quien haya tomado la acción sea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que el martes suspendió preventivamente por seis meses a Domingo Pérez del caso Odebrecht, aplicándole esta medida cautelar subrayando que la decisión se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, “que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”. Según el documento emitido por la ANC, “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan a José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”, interfiriendo groseramente en el proceso a sabiendas que se encontraba legamente impedido de hacerlo y a pesar de que se le solicitó la inhibición; no obstante, continuó avocándose al caso por el período de cinco años y tres meses, aproximadamente. Como era de esperar, Pérez alega “persecución” calificando la sanción de “injusta y abusiva”. No es que Keiko sea inocente y que no existan pruebas de lo aparentemente hizo con los millones de soles que recibió en las campañas del 2006 y 2011. Ocurre que Domingo Pérez presentó una acusación con errores insalvables y politizado, con el claro afán, casi enfermizo, de criminalizar a la mencionada lideresa política, quien ha sido enviada a prisión tres veces sin juicio de por medio, lo que a todas luces se trató de un abuso. La mala práctica de Pérez fue detectada en diciembre pasado por el Tribunal Constitucional (TC), cuando, ante un recurso que presentó José Chlimper, estableció que dicho procesado había sido denunciado por delitos que no eran materia de investigación. Es más, una parte de la resolución por unanimidad de la sala debería haber avergonzado a dicho fiscal: “En este caso, la tesis presentada por el Ministerio Público (o sea, José Domingo Pérez) resulta incompleta y falta de los elementos necesarios para poder estructurar de manera lógica y jurídicamente válida el hecho punible”, pero con lo caradura que es y sintiéndose protegido por el mafioso Gustavo Gorriti (que hace y deshace en el Ministerio Publico), así como de la prensa basura, siguió haciendo de las suyas, creyéndose intocable, pero vaya que se equivocó. Pero como era de esperar, el afán de figuración tanto de Pérez como de su jefe Rafael Vela - otro delincuente como el - no conoce límites y han anunciado que presentarán un recurso de casación ante la Corte Suprema para seguir defendiendo su disparate jurídico. El fallo también pone en evidencia que el juez Raúl Zúñiga, quien debía controlar la denuncia de Pérez, no cumplió su función de desestimar sus flagrantes abusos. Lo corrigió 19 veces, pero al final aceptó todo. Se convirtió en su cómplice. Lo mismo hizo el folklórico juez Richard Concepción Carhuancho, quien en primera instancia vio este proceso y aceptó todo lo que le pedía el mencionado fiscal. La Sala resolvió que ninguno de los magistrados al servicio de los caviares volverá a tener en sus manos el caso Cocteles. No hay que olvidar que Domingo Pérez, Rafael Vela y Concepción Carhuancho se convirtieron en estrellas mediáticas de la prensa basura. Se paseaban por universidades y espacios periodísticos pavoneándose con este proceso que se va cayendo a pedazos por incongruente y politizado. Lo ocurrido demuestra que estos tres impresentables sujetos, que fueron endiosados por la prensa basura, eran ídolos de barro y han caído en el lodo de la ignominia de lo cual no deben levantarse más. (Una buena noticia dada a conocer este viernes indica que el Congreso decidió archivar definitivamente una disparatada acusación contra la Presidenta Dina Boluarte por el llamado Caso Rolex, desbaratando otra patraña de la mafia caviar en componenda con la prensa basura y que no tenía sustento alguno... A seguir llorando panda de perdedores)
Como sabéis, los denominados “restos simbólicos” de Fernando Túpac Amaru fueron traídos desde España el pasado domingo y recibidos con honores en Lima, a 240 - 227 años de su muerte. Los restos, colocados en un cofre de madera decorado con el estilo de los muros de piedra de las construcciones incas, fueron custodiados por agentes de la Policía Nacional y colocados sobre una bandera peruana, con el fondo de una imagen de la ciudadela de Machu Picchu. Se afirma que son “del último hijo de Túpac Amaru II”, pero no existe evidencia científica ni histórica concluyente que lo confirme. Mientras la Municipalidad del Cuzco asegura que sí, el Colegio Profesional de Historiadores del Perú (CPHP) lo puso en duda al señalar: “No se conoce el lugar exacto donde murió ni fue enterrado Fernando; No hay análisis forense que respalde que las cenizas le pertenecen; Es indudable que ciertos sectores pretendan usar su figura con fines políticos o simbólicos sin ningún rigor académico”. Es más, durante la Gran Cruzada Española contra el comunismo iniciada en 1936 por el Generalísimo Francisco Franco, el cementerio donde se encontraban sus restos fue arrasado por las bombas, y por lo tanto lo que alberga ese cofre no es más que un poco de arena del lugar. Así lo reconoció el propio Alcalde del Cuzco Luis Pantoja, quien viajo a España para traerlo: "Él muere a los 30 años en estado de indigencia, sepultado en calidad de limosna (de misericordia), según la propia partida de defunción que ubicamos. Inclusive, estando muerto, ese cementerio fue bombardeado durante la Guerra Civil española", relató. El alcalde admitió que, por ese motivo, sus restos físicos "no existen" y se le entregó "arena del cementerio donde estuvo enterrado de una cripta que está debajo de la iglesia de San Sebastián (en Madrid), con una repatriación simbólica" asevero, agregando que este cofre será colocado en un espacio de la Plaza Mayor de la antigua capital del imperio de los Incas.” Simbólico o no, Fernando ha regresado” añadió, dejando entrever que lo utilizará para su campaña electoral. Como recordareis, el 18 de mayo de 1781, en ese mismo escenario, un niño de trece años contempló un terrible espectáculo. En efecto, Fernando Túpac Amaru Bastidas fue obligado a ver el asesinato de sus padres, su hermano mayor y algunos de sus tíos. A su madre, Micaela Bastidas, quisieron cortarle la lengua y luego colocarle un collar de hierro para destrozarle la nuca, pero como su cuello era tan delgado, la remataron a garrotazos y patadas. A su padre, José Gabriel Túpac Amaru Noguera, conocido como Túpac Amaru II -descendiente directo del último inca de Vilcabamba - que lideró la rebelión indígena más grande que afrontó la monarquía española en sus siglos de dominio colonial en América, también le seccionaron la lengua, lo desnudaron y amarraron sus extremidades a cuatro caballos con la intención de desmembrarlo vivo. No lo consiguieron. Pero sus verdugos le cortaron la cabeza, la exhibieron en la plaza, y despedazaron su cuerpo, al igual que el de los otros condenados, esparciendo sus restos por distintas localidades. Según algunos cronistas presentes en la plaza, el pequeño Fernando lanzó un grito de horror que resonó en toda la ciudad y el continente. Luego de aquel trauma fue condenado a ser desterrado a África, pero finalmente le cambiaron la sentencia y su destino fue España, para ser encerrado de por vida. El propósito de la corona española era evidente: atormentar al heredero para apagar cualquier llama de rebeldía. Fernando Túpac Amaru es un personaje difuminado cuya historia adolece de investigaciones y está empachada de mitos. Se dice además que tras presenciar la ejecución de su familia, fue castrado para que no tuviese descendencia. En septiembre de 1787, desde su prisión en el castillo de Santa Catalina en Cádiz, el cautivo le escribió a Carlos III: “A Vuestra Majestad humildemente pide y suplica que en atención a los motivos y causas deducidas, se digne de tenerle piedad y conmiseración a un vasallo rendido y sumiso que implora su real clemencia con los más vivos sentimientos de dolor. Siento de que su soberana bondad se ha de mover a compasión al ver padecer a un inocente tanto tiempo un prolongado martirio sin otro delito que haber nacido” pero no se le contestó. Fernando Túpac Amaru no cesó en implorar humanidad. Y lo hizo sin renunciar a su apellido ni renegar de sus padres. En reiteradas ocasiones suplicó cuidados para su salud, así como recibir los ritos católicos y manifestó sus deseos de trabajar. Estudió aritmética, gramática y filosofía en el colegio de los padres escolapios de Getafe y Lavapiés. Y aseguraba estar preparado para ocupar un puesto como contador o archivero de rentas provinciales de la corte. En julio de 1792, a sus 23 años, le pidió al Rey de España, Carlos IV: “Se digne por un efecto de su real clemencia hacerle la gracia singular de destinarle a alguna oficina que ayude al desempeño de su lealtad innata” aunque tampoco obtuvo respuesta. Fernando Túpac Amaru falleció con apenas 30 años en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Según los manuscritos padecía de una “melancolía hipocondriaca”. Ni los baños termales habían surtido efecto. Nunca se le permitió regresar al Cuzco ni gozar de un resquicio de libertad. El hijo del cacique murió en la pobreza extrema. Si bien recibía nueve mil reales anuales para su manutención, no se le exoneró de los impuestos y terminó endeudándose a causa de su resquebrajada salud. Pero por lo visto ni muerto obtendrá descanso, porque políticos inescrupulosos lo utilizarán para sus protervos fines.
