Es indudable – y es algo que no se puede negar – que Sendero Luminoso, aquella bestia asesina que ensangrentó el país andino el pasado siglo está intentando levantar su horrible cabeza de nuevo, utilizando para ello como carne de cañón a aquellos despistados que con el nombre de ‘Generación Z’ (una burda copia de aquel movimiento nacido en Nepal) han desatado en las últimas semanas el caos y la violencia en e l centro de la ya de por si caótica Lima, utilizando los mismos métodos senderistas - cual calco y copia - para saber quiénes están detrás de ellos. Hipócritamente dicen que “no tienen líderes ni ideología” pero siguen a pie juntillas el Pensamiento Gonzalo. Cabe precisar que este escenario de violencia subversiva ha sido montado por ese grupo terrorista en contubernio con la mafia caviar y la prensa basura, dentro de su escalada desestabilizadora contra el Gobierno Constitucional de la señora Dina Boluarte. Se trata de una banda terrorista muy bien articulada de manifestantes - vagos y malvivientes sin oficio no beneficio - quienes ha buscado el enfrentamiento directo con la policía so pretexto de avanzar desde la plaza San Martín hacia el Congreso de la República para incendiarlo. La máscara usada para esta asonada terrorista ha sido el ícono de One Piece (el pirata japonés con sombrero de paja que navega liberando pueblos oprimidos) y la identidad manipulada es el nombre de la denominada ‘Generación Z’. Ambas cosas son un disparate, el personaje de la serie manga está siendo utilizado como estandarte de revueltas en otras partes del mundo, como Nepal, aunque allá fue utilizada para derrocar a un régimen COMUNISTA, cuya ideología criminal enarbolan paradójicamente los que marchan por las calles de Lima, con la cantaleta de siempre: “Liberen a Castillo” “Asamblea Constituyente” “Nueva Constitución” entre otras frases subversivas. Es más, esa bandera negra con el símbolo que ahora enarbolan (escondiendo subrepticiamente el trapo rojo con la hoz y el martillo) no representa a nada ni a nadie, salvo darle un sentido internacional a las protestas con el mismo método usado por organizaciones terroristas como Antifa. Cuando se revisan los vídeos, se advierte que la nueva “camada” de Sendero están bien estructurados en columnas, escalafones, vanguardias violentas y equipos de apoyo médico y abogadil. Eso no es fruto del azar, cuesta y revela que una organización (Open Society de la maldita rata sionista George Soros a través de sus ONG’s como IDL) son quienes los proveen desde pancartas hasta petardos; y se comprueba que los líderes son personas de 40 años a más. Venga ya, de jóvenes nada, son las mismas caras viejas y desgastadas que marchan en las calles desde la ignominiosa caída del régimen filosenderista de Pedro Castillo en el 2022... Son los ‘Cojudignos’ reciclados y el mismo discurso violentista de siempre. Gracias a las cámaras de vigilancia, se verifica, además, que algunos escalones de la protesta están encabezados por bandas filoterroristas como el MIR (heredero del MRTA), el ML-19, los neoindigenistas aymaras portadores del trapo colorado llamado wiphala y, directamente, siendo dirigidos por miembros de Sendero Luminoso. Obviamente, que también existen quienes actúan ante problemas como la corrupción o la inseguridad, cuando este último por ejemplo no es culpa del Gobierno como se presenta en la prensa basura, sino de jueces y fiscales caviares que liberan ipso facto a los delincuentes y sicarios detenidos por la policía, para que sigan delinquiendo con total impunidad. Ellos son los verdaderos responsables de la situación, pero claro, sus campañas desestabilizadoras no van dirigidos contra ellos, ya que son sus cómplices. Aquellos ilusos integrantes de la Degeneración Z sin saberlo, son solo borregos de quienes quieren reeditar la asonada del 2020 contra Manuel Merino, quien renuncio tras la muerte de dos terroristas en esas protestas. Pero este gobierno no es timorato como aquel y con mano dura ha enfrentado y seguirá haciendo a esa banda de criminales que solo quieren sembrar el caos, haciendo pedidos estúpidos como la reposición de la usurpadora Delia Espinoza o la liberación del golpista Pedro Castillo. Asimismo, existen cómplices que pretenden ‘justificar’ la violencia desatada por esos maleantes - destruyendo a su paso propiedad pública y privada, así como ataques a la policía con armas incendiarias - desde periodistas caviares que ‘justifican’ el uso de armas letales como las bombas molotov, hasta medios, trolls web, ONG’s, universidades y cardenales rojos que satanizan a una policía apedreada y con efectivos quemados vivos, a la vez que santifican a los terroristas. ¿Qué pretenden con ello esos malnacidos? Claramente, alcanzar un momentum de desborde popular que frustre las elecciones y desate el caos revolucionario. Eso no solo hay que denunciarlo, sino reprimirlo con dureza. Como hemos repetido en innumerables oportunidades, con los terroristas no se negocia y solo hay que aplicarles la ley, tanto a los que marchan en las calles como a los parásitos caviares que los promueven en las redes sociales, obviamente desde la comodidad y seguridad de sus casas. Que sean otros quienes mueran por ellos, para utilizarlos políticamente, como siempre lo han hecho. Sendero, entiéndanlo bien, renunció a la guerra popular del campo a la ciudad, ahora su estrategia es el golpe de masas, y para ello necesita capturar el poder, del cual fueron expectorados con la caída de Castillo. Por eso necesita incendiar la pradera e imponer sus demenciales ideas con extrema violencia y a los cuales hay que combatir con firmeza. Entiéndanlo. Esa es una guerra total contra el terror contra Sendero Luminoso y si no lo reconocen, peor para ellos, porque de la misma forma serán tratados.
Desde la cima del acantilado, el único movimiento apreciable a simple vista es el del mar reventando contra los peñascos cercanos a una estrecha playa. Pero un ojo entrenado es capaz de distinguir mucho más, incluso a decenas de metros de distancia. “Mira, ahí están”, dice la bióloga Patricia Saravia Guevara mientras señala uno de los islotes. Me entrega un par de binoculares y, enseguida, el panorama se transforma completamente. Sobre las rocas –sólidas e inmóviles– va apareciendo vida en plenitud: una loba de mar que amamanta a su cría, un individuo juvenil que persigue a otro sin descanso, un par de machos que saltan al agua y se pierden entre la espuma, mientras otros que reposan al sol sin inmutarse. Nos encontramos en la Reserva Nacional de Paracas, creada hace medio siglo por el régimen militar de aquel entonces con el fin de preservar la biodiversidad. Esta área protegida alberga a más de 1.500 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción. En un sector de la Reserva denominada Punta Arquillo, se ha priorizado la investigación científica, por lo que su acceso está restringido para los turistas. En el lugar, se observó un grupo de más de 40 lobos finos, una especie amenazada que solo habita en las costas sudamericanas. “Estamos en una época baja, la población está dispersa. Entre octubre y diciembre, su presencia es mucho mayor, porque vuelven para el período de reproducción. En esta zona hemos monitoreado entre 150 y 180 lobos [finos]”, relata Saravia, especialista de recursos naturales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad estatal que administra la reserva. Cabe precisar que el documento de la creación de la Reserva Nacional de Paracas destaca que “la península constituye el hábitat de varias especies en peligro de extinción y otras que constituyen un atractivo para el turismo de vista”, por lo que era necesario preservarla. Para el régimen militar, Paracas también tenía un valor simbólico. “El establecimiento de una reserva nacional […] permitirá conservar en su estado natural una parte de la bahía donde desembarcó el Libertador don José de San Martín al mando de la expedición libertadora y donde tuvo lugar la concepción de la primera bandera nacional”, concluye la norma. La reserva natural está compuesta por 335.000 hectáreas, un área mayor que la de toda Lima Metropolitana. El 65% son aguas marinas; y el 35% restante, islas y tierra firme. La bióloga marina e investigadora Joanna Alfaro Shigueto explico que el caso de Paracas es especial, ya que se trata de la primera reserva natural marítima establecida en el Perú. “Cuando uno piensa en una reserva natural, muchas veces piensa en la selva, que es maravillosa, pero no en el mar o el desierto. En Paracas encontramos mucha biodiversidad y especies únicas, algunas de las cuales no podemos ver en otros lugares”, agrega la docente de la Universidad Científica del Sur. Esta área protegida alberga a más de 1.500 especies de flora y fauna, algunas de ellas incluidas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), tales como la nutria marina, el pingüino de Humboldt y el gaviotín peruano, entre otras. En la mayoría de los casos, el ser humano es el principal responsable del daño –a veces irreversible– ocasionado a los ecosistemas. “Las amenazas recientes incluyen caza local para consumo, mascotas o trueque, reducción de su fuente de alimento debido a la sobrepesca […] uso de dinamita para la pesca y severa mortalidad durante los eventos de El Niño”, advierte el “Libro rojo de fauna silvestre amenazada del Perú” (2018) sobre el pingüino de Humboldt, un ave que solo ocupa territorios costeros del Perú y Chile. Ubicada a solo 250 km al sur de Lima –a cuatro horas por carretera–, la Reserva Nacional de Paracas es el quinto destino del país más visitado por los turistas locales, según información oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En el 2024, acogió a 412.424 personas, 89% de las cuales eran peruanas. Al respecto, el jefe de la reserva de Paracas, Gonzalo Quiroz Jiménez, comentó que ahora se trabaja en diversificar la oferta turística para captar un mayor número de visitantes extranjeros. Quiroz también informó que los turistas solo tienen acceso a un 5% del inmenso territorio de Paracas. Lejos del bullicio y el caos, la mayoría de la reserva se utiliza para el monitoreo e investigación de especies, pero también para actividades como la pesca artesanal, una de las principales fuentes de ingresos para las familias locales. Finalmente, Joanna Alfaro relató que como investigadora ha tenido acceso a áreas de Paracas desconocidas para la mayoría de peruanos. “El acceso limitado permite que [la reserva] se mantenga en sus condiciones naturales. En Paracas encontramos lugares hermosos e increíbles. Cuando uno los visita, descubre por qué debemos estar orgullosos de vivir en el Perú”, aseveró. Precisamente, celebrando el 50 aniversario de su creación, el Museo Amano está presentando desde el pasado 25 de septiembre hasta el 5 de octubre la exposición titulada Paracas / Silencio Habitado, organizada por la Asociación Civil sin Fines de Lucro “Protejamos Paracas” en alianza con “Planeta Océano”, la cual reúne obras de reconocidos artistas que han encontrado inspiración en la biodiversidad, el paisaje y la carga simbólica de Paracas. La muestra propone una reflexión colectiva sobre la urgencia de preservar el ecosistema y revalorar su papel en la identidad cultural peruana. “Consideramos que es imprescindible hacer un llamado que toque la conciencia de todos los peruanos y que comprendan que preservar su legado es responsabilidad de todos”, afirman desde “Protejamos Paracas”. Para ello, la Asociación ha reunido una selección de obras de reconocidos artistas de diversas disciplinas que, impregnados de su magia, atraídos por su belleza y profundamente tocados por su sacralidad, han plasmado en sus trabajos ese sentimiento que Paracas les ha despertado. Ellos son: Manongo Mujica, Pauline Barberi, Reynaldo Luza, Rafael Hastings, Eduardo Eielson, Lorry Salcedo, Esther Vainstein, Ester Ventura, Carlos Runcie, Walter Wust, Yuri Hooker, entre varios otros. “Paracas es mucho más que un paisaje. Es parte esencial de nuestra identidad”, señalan los organizadores, al destacar la necesidad de una conciencia ambiental compartida. La inauguración permanecerá abierta al público en el Museo Amano (Calle Retiro 160, Miraflores), de forma totalmente gratuita, hasta el domingo 5 de octubre... Aun tienes tiempo de visitarla.
Este martes por fin comenzó el juicio contra la corrupta Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, que por años hipócritamente enarboló la bandera de la anticorrupción y se jactaba de tener “las manos limpias” cuando era una ladrona de marca mayor como todos los parásitos caviares. La ironía es patética: quien se presentaba como “defensora de la transparencia”(¿?) terminó en el banquillo por recibir millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña del No a la Revocatoria, tal como ella misma lo admitió hace 8 años, pero a pesar del largo tiempo transcurrido del delito cometido, la justicia caviar puso mil y un obstáculos para que se diera inicio a su juicio con el claro objetivo de que este prescribiera - al tratarse de una de las suyas - e incluso no solicito su arresto preventivo, por lo que la muy sinvergüenza se daba la gran vida con el dinero de la corrupción. Pero el escándalo era tan evidente que no tuvo otra opción que aceptar de mala gana que dé comienzo el proceso en contra de la susodicha. Al respecto, la fiscalía le imputa cinco delitos graves: asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración y falsedad genérica. El pedido es contundente: 29 años de prisión por liderar una red criminal (conocida en el ambiente gansteril como el de 'las chalinas verdes') que lavó más de US$11 millones provenientes de estas empresas corruptas. Lo más revelador no son las cifras astronómicas, sino la actitud de quien prometió cínicamente “una gestión sin corrupción”. Es más, en una entrevista con César Hildebrandt el pasado lunes, tras seis años de silencio, Villarán de la Puente ofreció un perdón insultante para quienes confiaron en ella. No pidió disculpas por aceptar dinero sucio de empresas que operaban bajo esquemas corruptos globales, sino únicamente por haber callado. “Pedí perdón por callar”, declaró la individua. Más grave aún, afirmó sin pudor que “volvería a hacer lo mismo” si estuviera en esas circunstancias, como si recibir financiamiento ilícito fuera legítimo para mantenerse en el poder. Esta confesión desnuda su naturaleza: para esta sujeta, el fin - quedarse en la alcaldía de Lima y no ser revocada - ‘justificaba’ cualquier medio. Su defensa es igualmente desvergonzada. Sostiene que no hubo “ningún acto de corrupción”, porque afirma que no otorgó ventajas a las constructoras. Nada más falso. Como si recibir millones de empresas con contratos de concesión otorgados por la comuna siendo la titular de la Municipalidad de Lima no constituyera, per se, un acto irregular que vulnera principios elementales de la función pública y un delito que se paga con cárcel. Villarán no merece perdón, porque nunca lo pidió realmente. Su arrepentimiento es selectivo: lamenta haber sido descubierta y no haber defraudado a limeños que creyeron en un discurso ético de “manos limpias”. Como sabéis, los aportes de más de US$ 11 millones hechos por Odebrecht, OAS y Graña y Montero a las campañas de Susana Villarán fueron a cambio de favorecimientos en tres proyectos que tenían estas constructoras con la Municipalidad de Lima, vinculados al cobro de peajes, la firmas de contratos y de una adenda. Esa es la tesis central de la acusación contra la exalcaldesa de Lima, expuesta durante su juicio, como parte de los alegatos iniciales de la fiscalía y la procuraduría del Caso Odebrecht. Estas entregas fueron para las campañas en las que participó Susana Villarán mientras era alcaldesa: contra su revocatoria (2013) y la de su fallida reelección (2014). A cambio, Odebrecht se aseguró un contrato favorable en el proyecto Rutas de Lima o Vías Nuevas de Lima; OAS obtuvo una adenda en el proyecto Línea Amarilla y Graña y Montero ganó el contrato de la Vía Expresa Sur. Estos acuerdos ilícitos son la base de la acusación por el delito de colusión. Los aportes se hicieron de distintas formas: pagos al publicista brasileño Valdemir Garreta, entregas en efectivo, contratos simulados, movimientos bancarios, emisión de cheques; etc. Según la acusación, OAS entregó US$ 7 millones (3 millones para el 2013 y 4 millones para el 2014); Odebrecht dio US$ 4.1 millones (3 millones para el 2013 y 1.1 millón para el 2014); y Graña y Montero aportó US$ 200 mil (2013): un total de US 11.3 millones. Todo eso es parte de la imputación por lavado de activos y falsedad genérica/falsa declaración. Todo esto se realizó, como parte de la actuación de una organización criminal enquistada dentro de la Municipalidad de Lima que tenía como objetivo mantenerse en el poder. Esta es la base de la acusación por asociación ilícita para delinquir. Sumados los cinco delitos, se solicitó una pena de 29 años de cárcel para Susana Villarán. El fiscal Pérez advirtió que los principales perjudicados con estos hechos fueron los vecinos de Lima, debido a los cobros de peajes y las restricciones al derecho al libre desplazamiento. En tanto, el procurador Carlos Fernández remarcó que los aportes resultaron siendo rentables para las empresas debido, precisamente, al cobro de peajes; y que este no es solo un caso de aportes a un candidato, sino de entregas de dinero a una autoridad en funciones que buscaba seguir en el cargo. Ambos incidieron en que todo lo afirmado durante estos alegatos se probará a lo largo del juicio oral con la presentación de múltiples testigos, entre ellos colaboradores eficaces, así como peritos con sus respectivas pericias y distintas pruebas documentales. La exposición del fiscal Pérez, integrante del equipo especial Odebrecht, se extendió por casi tres horas y resumió a grandes rasgos la acusación que él mismo presentó contra Villarán y los otros 17 enjuiciados por este caso. Esta aborda un total de doce hechos, agrupados en cuatro ‘bloques’: los actos de corrupción previa, el lavado de dinero, la falsa declaración y la organización criminal. Para comenzar, el fiscal recordó que entre el 2012 y el 2013, durante la gestión de Susana Villarán, la entonces alcaldesa enfrentó un intento de revocatoria que se votó en marzo de ese último año. “Dentro de ese proceso de revocatoria es que se gesta el contrato para la concesión del proyecto Rutas de Lima (…) Susana del Villarán pacta con Odebrecht y le otorga los peajes de la ciudad de Lima a la empresa Odebrecht”, dijo. El contrato se firmó, por un plazo de 30 años, en enero del 2013. “La Municipalidad de Lima, que recaudaba los peajes a través de su empresa municipal, Emape, a partir de este concierto ilícito, se los entrega a la empresa Odebrecht. En buena cuenta, será esta empresa la que se encargará de recaudar los peajes de los ciudadanos y ciudadanas de Lima que circulen por las vías de la Panamericana Norte y Sur, vías que, cuando se da este pacto, estaban construidas y en operación”, sostuvo Pérez. ¿Qué dio y qué obtuvo Odebrecht para este favorecimiento? De acuerdo con el fiscal, “la contraprestación es que Odebrecht da un pago ilícito de US$ 3 millones y a cambio, Susana Villarán de la Puente y otros les darían los peajes de la ciudad de Lima”. Para, ello los funcionarios municipales realizaron múltiples irregularidades: “Adelantan la adjudicación de la concesión de una manera inusual y procuran evitar la competencia de otros postores. Ejecutan la concesión y aprueban el cierre financiero antes de un cambio de gestión municipal”. Además, remarcó que el contrato se firmó sin que se haga la consulta o se reciba la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), situación que repetiría en los otros proyectos. La participación de Odebrecht se repite en el 2014, durante la campaña de reelección de Susana Villarán. Para ello, sostuvo que también hubo una concertación con la constructora brasileña, porque la acusada buscaba dinero para la campaña. En esta, sostuvo que el monto dado por Odebrecht fue de US$ 1 193 816,68, generados mediante pagos “sobrevalorados” a un contratista o por servicios ficticios. “¿Qué ganó Odebrecht financiando la reelección? Sostener su contrato de concesión, que le implicaba poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo en una concesión que le habían dado por 30 años”, dijo. Agregó que se generó perjuicio a los limeños porque no se aplicaron penalidades a la empresa y porque “restringieron su derecho al libre de tránsito, bloqueando vías públicas, como es el caso de los vecinos de Puente Piedra, que no tuvieron un acceso alternativo”. De acuerdo con la acusación fiscal, con OAS y el proyecto Línea Amarilla se siguió un patrón similar, aunque con la diferencia de que este el contrato ya se había firmado en el 2009, con la gestión municipal previa del corrupto Luis Castañeda. Sin embargo, la municipalidad y la constructora firmaron una adenda al contrato en febrero del 2013, en el contexto de la revocatoria, que se votaba en marzo de ese mismo año. “El objeto de probanza en el juzgamiento será el acuerdo colusorio entre la empresa OAS y la referida exalcaldesa para materializar la adenda uno al contrato de concesión (de Línea Amarilla, renombrada Vía Parque Rímac). ¿Qué les prometió OAS? US$ 3 millones", dijo. Las entregas habrían sido a través de los hoy acusados Luis Gómez Cornejo (US$ 1 millón) y Óscar Vidaurreta (1 millón), además de 1 millón directamente para Valdemir Garreta, “por indicación de José Miguel Castro Gutiérrez y Susana María del Carmen Villarán de la Puente”. “¿Cómo termina favoreciendo Susana Villarán a OAS con la suscripción de esta adenda? Nuevamente como ocurrió con Odebrecht, la adenda se firma sin la opinión favorable del MEF, es decir, con el incumplimiento de un requisito legal (…), sin opinión técnica. Se le dio a Línea Amarilla la concesión hasta 40 años (….) Cambió la naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciada”, apuntó. También destacó que la adenda “eliminó el Metropolitano” que debía ir por la Línea Amarilla. “El contrato estipulaba que OAS le diera a la ciudad de Lima un nuevo metropolitano, la ex alcaldesa, pensando en su propio interés, eliminó con esta adenda esa posibilidad. El resultado: cero transporte público masivo en Lima. La consecuencia: más carros, más combis y, por lo tanto, más peaje que pagar para la empresa OAS” asevero. Como con Odebrecht, el plato se repitió en la campaña del 2014, pero con una cifra mayor: fueron US$ 4 millones, de acuerdo con el Ministerio Público, para favorecer a OAS en un “trato directo”, un mecanismo para resolver una controversia sin llegar a un arbitraje: “¿Qué gana OAS en este trato directo? Van a venir auditores de la Contraloría que les indicarán que, con el aumento del peaje, como consecuencia de haberse utilizado una fórmula distinta de reajuste a la establecida en el contrato, se obtuvo un beneficio para el concesionario de hasta S/ 28,982,386.72”. La tercera constructora implicada es la peruana Graña y Montero (GyM). Según dijo el fiscal, la gestión de Susana Villarán tenía una deuda con América Televisión de US$ 200 mil por la campaña contra la revocatoria y querían que la constructora la pague. El fiscal sostuvo que esto se canalizó a través de las empresas de publicidad Chisac y Ogilvy. Luego, en agosto de ese año, se firmó el contrato por la Vía Expresa Sur, el único de estos proyectos que no llegó a ejecutarse. “¿Qué ganó GyM? Se firmó el contrato por 40 años con un sistema de peaje electrónico que no estaba proyectado. De la misma manera como ocurrió en los casos anteriores, (se hizo) sin la opinión favorable del MEF (…) sin opinión técnica. Iba a tener poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo”, señaló el fiscal Pérez. En cuanto al delito de organización criminal, el fiscal expuso el esquema de la organización criminal, con Susana Villarán a la cabeza y José Miguel Castro como jefe, además de otros acusados del caso. A su turno, el procurador Carlos Fernández remarcó que todos “estos actos de corrupción y lavado de activos fueron posibles gracias a que una organización criminal se enquistó en el aparato municipal para mantenerse en el poder y que tenía como líder a la entonces alcaldesa de Lima”. En sus propios alegatos, el procurador del caso, encargado de plantear el cobro de una reparación civil contra los acusados, resaltó que este es el caso más emblemático y de mayor potencia vinculado “al cobro de peajes en el ámbito del gobierno municipal”. Según dijo, lo particular de este caso es que los funcionarios municipales “encontraron en el cobro de peajes un negocio altamente rentable para poder negociar ventajas económicas y legales”. “¿De quién es? De la contraparte privada, vinculada a tres proyectos públicos: Vías Nuevas de Lima, Línea amarilla y Vía Expresa Sur. Las empresas privadas también encontraron rentables estos cobros de peajes, para que a cambio de dar aportes de campaña ellos puedan obtener ventajas indebidas en cada uno de estos proyectos. Definitivamente, la ‘inversión’ que hicieron estas empresas vinculadas a estos tres proyectos era absolutamente simbólica en comparación a la rentabilidad que les iba a generar”. En otro momento, recordó que este caso es distinto al de otros donde se investigaron aportes de campañas a un candidato, como serían los de Ollanta Humala o Keiko Fujimori, ya que “estamos hablando de funcionarios que, en el contexto de proyectos públicos, negociaron ventajas económicas a cambio de otorgar beneficios en esos proyectos. No son menos aportes de campaña”. La audiencia llegó a su fin justo antes de que el procurador indique cuál es el monto de la reparación civil requerido contra Susana Villarán y el resto de acusados. Esa parte de la exposición continuará en la próxima sesión del juicio, programada para el lunes 6 de octubre. Ese día también dará sus alegatos de apertura la defensa de la exalcaldesa. En tanto, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y, alternativamente, falsedad genérica se basa en la imputación de haber entregado información falsa a las autoridades electorales sobre los aportes a ambas campañas. Pérez dijo además que espera que, en los alegatos de su defensa, Villarán admita ante los jueces haber recibido los aportes de Odebrecht y OAS, tal como ha hecho en distintas entrevistas periodísticas. Será el Poder Judicial el que defina qué pena le corresponde a la procesada, pero la historia la juzgará como la primera mujer elegida alcaldesa de Lima que prometió transparencia y traicionó a los millones de limeños que confiaron en ella para poder permanecer en el cargo robando a manos llenas y vanagloriándose por ello... A la cárcel con ella y sus secuaces.
Se trata de una organización social sin fines de lucro que desde hace 14 años trabaja por el desarrollo de la niñez e infancia en el Perú, mediante la educación musical gratuita y colectiva, transformando sus vidas a través de la música. Liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez, apuesta por generar procesos de transformación social mediante la enseñanza colectiva de la música. En sus núcleos y módulos, ubicados en distintos lugares del territorio peruano, niñas, niños y jóvenes del programa reciben una formación orientada a forjar habilidades para la vida, competencias artísticas, así como a la práctica de valores y a la formación en ciudadanía. En estos espacios, se estimula la convivencia, el sentido de comunidad, la excelencia, el desarrollo integral y la formación artística. “Sinfonía por el Perú me recuerda cada día cómo la música no solo cambió mi vida, sino la de miles de niños, ofreciéndoles un nuevo futuro lleno de esperanza” afirmo Flórez. Cabe precisar que Sinfonía por el Perú llevó a cabo por primera vez en el 2014 una exigente investigación para medir el impacto real del proyecto sobre los participantes y su entorno. El estudio arrojó contundentes resultados, tales como niños y jóvenes que forman parte de Sinfonía por el Perú muestran mayor autoestima y creatividad; su rendimiento escolar es mejor y muestran mayor determinación al llevar a cabo sus tareas; asimismo, los participantes disminuyen las expresiones de agresividad verbal y física y mejora el ambiente familiar. En el año 2018 se realizó una segunda evaluación experimental de impacto del programa y esta demostró que su participación en él, reorienta positivamente el futuro de los niños y jóvenes: disminuyen las actividades de riesgo, se reduce el embarazo adolescente, incrementan las horas de estudio, y la expectativa de realizar estudios de maestría y posgrado aumentan considerablemente. “Estos resultados nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir adelante. Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo de todas las instituciones y personas del Perú y el mundo; quienes hacen que posible llevar el cambio a más y más niños y a sus familias” añadió. “No olvidamos que la formación musical debe ser de calidad, buscando que los beneficiarios desarrollen su máximo potencial en las distintas dimensiones artísticas, ejecución, apreciación, y creación; sabemos que no es tarea fácil, por ello es indispensable fomentar el desarrollo de motivación auténtica, motivación que les permita perseverar en el tiempo en el camino de la música; nuestra dinámica de trabajo artístico es colectiva y colaborativa, además de comprender al individuo y por tanto a su desarrollo como integral. Desarrollo artístico con un enfoque integral. Cada beneficiario es único y diferente y los procesos formativos se desarrollan tomando esa individualidad en cuenta. Guardamos un profundo respeto a cada uno de ellos y sus características, habilidades e intereses; valoramos y reconocemos tanto su logro de metas, como los pasos de su proceso de crecimiento constante, proceso que disfruta y le causa satisfacción. Es decir, para nosotros es importante llegar a la meta, pero más importante y satisfactorio es el camino hacia ella, acompañando y poniendo atención a cada beneficiario en su proceso. Somos testigos e impulsores del enorme poder transformador que tiene el arte y, en especial, la música. De su capacidad de impactar, tanto a nivel individual como colectivo, deshaciendo formas y relaciones impuestas por la desigualdad y la violencia, con ese enorme poder cohesionador y de transformación social que trae consigo la experiencia artística colectiva. Estamos embarcados en la constante búsqueda por construir un mundo mejor, reconocemos la importancia de la cultura en el desarrollo de nuestra sociedad, y la alentamos” apunto Flórez. “Nuestro objetivo principal es trabajar por que los niños, niñas y jóvenes del Perú, accedan a espacios de formación musical en los que impulsen sus capacidades y potencialidades para emprender, con autonomía, sus trayectorias de vida; y se conviertan en agentes de cambio para la sociedad” puntualizo. Desde su creación, Sinfonía por el Perú se ha presentado en diversos escenarios, generando elogios por el esfuerzo alcanzado. Ahora, la orquesta y coro juvenil anuncia su regreso este viernes 26 de septiembre, presentando la “Misa de Requiem en Re menor” de Wolfgang Amadeus Mozart” en el Teatro Municipal de Lima. Cabe precisar que se trata de una de las obras más impactantes de Wolfgang Amadeus Mozart, envuelta en sutil misterio ya que el insigne austriaco falleció en 1791 sin poder concluirla. Su amigo Franz Xaver Süssmayr continuó el proceso creativo, conservando el lenguaje profundamente humano cargado de dramatismo, esperanza y fe católica. El programa musical incluirá la composición solemne “Maurerische Trauermusik (música para un funeral masónico) en Do menor”. De otro lado, del 26 al 28 Sinfonía por el Perú presentará además el Festival Perú Canta con grupos vocales de sus núcleos de Lima y conjuntos invitados de la Universidad Nacional de Música y Camerata Vocal de Lima, que se realizará en el Museo de Arte de Lima (MALI), a partir de las 3:30 de la tarde, con el patrocinio de la Fundación Hilti. Pero ello no es todo, ya que, en el plano internacional, Sinfonía por el Perú anuncia la participación de su Coro Juvenil en el prestigioso Congreso Internacional “La promesa de la música” (The promise of music), evento auspiciado por la Fundación Glenn Gould y programado del 6 al 10 de octubre en Toronto, Canadá. En su periplo canadiense, la agrupación ofrecerá asimismo un concierto didáctico el martes 7, una gala especial el miércoles 8 y, al día siguiente, compartirá aprendizajes y anécdotas con las delegaciones invitadas en el Arena Concert. Asimismo, algunos integrantes del Coro Juvenil Sinfonía por el Perú intervendrán en la “Mesa de discusión: Lecciones aprendidas – Programas exitosos en el mundo”, actividad académica que permitirá analizar el vínculo de la música con el bienestar infantil y la transformación social que puede generar, objetivos que justamente persigue la organización liderada por Juan Diego Flórez. Esta actividad contará además con la presencia de importantes delegaciones latinoamericanas y europeas.
El Perú atraviesa un momento histórico en su relación con el sistema interamericano de derechos humanos. La aprobación de la Ley de Amnistía para militares, policías y rondas campesinas procesados o condenados por hechos vinculados a los años de terrorismo en el país andino (1980-2000) ha puesto en el centro del debate un tema mayor: ¿hasta qué punto los organismos internacionales deben tener injerencia en decisiones soberanas de un país? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reaccionó de inmediato ordenando suspender la aplicación de la norma, y el Ejecutivo, en un giro frontal, decidió no acatar el mandato, reafirmando un principio largamente discutido: la soberanía nacional por encima de cualquier tutela foránea. Esta tensión no es nueva, pero hoy adquiere un carácter de urgencia. Los defensores del retiro del Perú de la Corte IDH argumentan que los fallos de este tribunal han limitado al país, sometiéndolo a una jurisdicción supranacional con un claro sesgo ideológico. Desde esa perspectiva, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un instrumento de presión política contra los Estados que intentan garantizar orden, seguridad y estabilidad. La disyuntiva del Perú es clara: seguir bajo la supervisión de organismos internacionales con agendas ajenas al interés nacional o recuperar plenamente la capacidad de decidir su destino. La Corte IDH nació con el objetivo de garantizar derechos fundamentales en América Latina, especialmente en contextos donde los Estados no ofrecían justicia a sus ciudadanos. Sin embargo, con el paso de las décadas, su rol se ha transformado en algo más parecido a un tribunal ideológico que a un árbitro imparcial, en manos de la mafia caviar. Sus sentencias no solo han cuestionado políticas de seguridad interna, sino que han intentado reescribir la memoria histórica de las naciones. El caso peruano es paradigmático. Desde los años noventa, la Corte IDH ha emitido pronunciamientos que, en lugar de fortalecer la reconciliación nacional, han buscado sentar a los Estados en el banquillo de los acusados, siempre bajo la narrativa de las “víctimas del Estado”, minimizando o invisibilizando el accionar de los sanguinarios grupos terroristas Sendero Luminoso y del MRTA, responsables de decenas de miles de muertes. Esa lógica encierra una lectura parcializada de la historia: los militares y policías son presentados como victimarios, mientras que los terroristas son ‘santificados’ y sus abominables crímenes terminan diluidos en un relato de “conflicto armado interno”. No es casual que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se alineen sistemáticamente con esta versión parcializada y antojadiza. Estas ONG, financiada - cuando no - por esa inmunda rata judía de George Soros a través de Open Society, presionan a los países para que acepten la supervisión de cortes extranjeras, bajo la premisa de un “universalismo de los derechos humanos”. Sin embargo, detrás de esa retórica se oculta un hecho contundente: se busca limitar la capacidad de los Estados soberanos de aplicar sus propias leyes y administrar justicia conforme a su contexto histórico, social y político. Como sabéis, en julio del 2025, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó una ley de amnistía que ha generado una tormenta mediática e internacional. El espíritu de la norma es claro: exonerar de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y rondas campesinas que enfrentan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. En ese sentido, la Corte IDH reaccionó con dureza, exigiendo al Estado peruano frenar su aplicación. Pero el Gobierno peruano, esta vez, decidió no acatar. La presidenta Dina Boluarte y varios ministros recalcaron que el Perú no puede seguir siendo “colonia de nadie” y que las decisiones internas deben respetarse: “La justicia internacional no puede estar por encima de la justicia nacional”. Desde sectores afines a Sendero Luminoso y la mafia caviar se ha levantado la crítica interesada de que la amnistía “implica impunidad”. Sin embargo, esa afirmación ignora un hecho esencial: los militares y policías actuaron en defensa del Estado, enfrentando una guerra no convencional contra grupos terroristas brutales, sin reglas ni límites. Pretender juzgarlos con parámetros de laboratorio, desconectados del contexto, es una injusticia histórica. El debate de fondo no es solo jurídico, sino profundamente político. ¿Quién tiene la última palabra sobre la justicia en el Perú? ¿Los jueces nacionales, elegidos conforme a la Constitución, o magistrados extranjeros de una corte internacional, muchas veces alejados de la realidad peruana? La respuesta, desde una perspectiva de defensa de la nación, es evidente: ningún país libre puede aceptar la intromisión de entes supranacionales en sus decisiones internas. Pero la ideologizada Corte IDH no es un caso aislado. En las últimas décadas, se ha configurado un andamiaje internacional de organismos, cortes y ONG que dictan pautas a los Estados bajo el ropaje de la “comunidad internacional”. Naciones Unidas, sus agencias, la OEA, la propia Corte IDH e incluso tribunales europeos ejercen presión constante sobre gobiernos soberanos. En la práctica, muchas de estas instituciones se han convertido en instrumentos del progresismo global, promoviendo agendas aberrantes sobre género, migración, multiculturalismo o justicia transicional que responden más a intereses políticos que a la defensa genuina de los pueblos. El Perú debe preguntarse con valentía: ¿quiere seguir siendo un país tutelado por agendas extranjeras o queremos decidir por ellos mismos? La respuesta de una derecha soberanista y realista es clara: la independencia no se negocia. Juristas como el chileno José Antonio Ramírez, experto en derecho constitucional, señalan que “los tribunales internacionales se han desviado de su misión inicial, convirtiéndose en órganos de presión política contra gobiernos que defienden el orden y la autoridad. En lugar de fortalecer los Estados, los debilitan”. Por su parte, el economista Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, también ha admitido que la Corte IDH supone “una pérdida de soberanía”. Aunque dentro del propio gabinete existen posiciones divididas, es claro que la discusión ya no se limita a círculos académicos, sino que ha llegado al corazón de la política nacional. Uno de los mayores problemas del discurso propalado por los caviares a través de la prensa basura sobre derechos humanos, es su visión sesgada de la historia. En el caso peruano, se insiste en que las Fuerzas Armadas y la Policía “fueron responsables de violaciones sistemáticas” mientras que la barbarie de Sendero Luminoso y el MRTA se ignora olímpicamente, presentándolos como ‘victimas’ exigiendo que sean liberados inmediatamente e indemnizados económicamente por el Estado “por el daño causado” (?). Esta falsa narrativa ha sido reforzada por la Corte IDH y por organismos internacionales que, en nombre de los derechos humanos, buscan imponer una lectura oficial de la memoria histórica. La cuestionada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), también reflejó este sesgo, responsabilizando al Estado en un porcentaje desproporcionado frente al accionar terrorista. Esta visión, trasladada al ámbito jurídico por la Corte IDH, terminó criminalizando a quienes lucharon en defensa del país, pero no a los terroristas que desataron un baño de sangre en el Perú. El derecho a la memoria y la justicia de las víctimas no puede convertirse en un instrumento de persecución contra las Fuerzas Armadas. De lo contrario, la justicia deja de ser imparcial y se convierte en una herramienta de revancha ideológica. Resulta paradójico que los mismos sectores caviares que denuncian la amnistía en el Perú aplaudan medidas similares en otros contextos, cuando se trata de perdonar a grupos subversivos o de aplicar “justicia transicional” para integrar a terroristas en la vida política. En Colombia, por ejemplo, los acuerdos con las FARC incluyeron beneficios jurídicos que garantizaron impunidad a guerrilleros responsables de masacres y secuestros. Allí, los organismos caviares celebró la medida “como un paso hacia la paz”. En cambio, cuando se trata de reivindicar a militares que defendieron al Estado peruano de la barbarie comunista, la reacción es de escándalo. Esta doble moral evidencia que el problema no es la amnistía en sí misma, sino a quién favorece. Si beneficia a los terroristas, es justicia transicional; pero si beneficia a militares que enfrentaron al terrorismo, es impunidad. Esa es la absurda lógica con la que actúan los parásitos caviares a los cuales hay que exterminar sin demora, como sucedió con sus primos hermanos de Sendero Luminoso y el MRTA. Este operativo de “limpieza” debe comenzar en el Ministerio Publico donde esas sanguijuelas se encuentran agazapadas y que utilizan para sus protervos fines, de la mano con la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia para sus campañas mediáticas de demolición ... A por ellos (Por cierto, este viernes la JNJ suspendió a la usurpadora Delia Espinoza del cargo que ocupaba ilegalmente en la Fiscalía de la Nación. Su caída es solo el primer paso)
Considerado por muchos expertos como el colibrí más extravagante del mundo, es un ave endémica del norte de la Amazonía del Perú, y destaca por su extravagante cola, cuyas plumas cambian de color cada cierto tiempo. Su hábitat se localiza en el Valle Alto del Utcubamba, ubicado en la zona nororiental del Perú, en las provincias de Luya y Chachapoyas, al sur del departamento de Amazonas, el cual además es uno de los más representativos de la cultura Chachapoyas con más de 1500 años de antigüedad. Con el nombre científico Loddigesia mirabilis, el colibrí de cola de espátula habita entre los 2000 y 2900 m s. n. m., y es una de las especies más solicitadas por los turistas que llegan al norte de la Amazonía peruana y buscan apreciar los colores brillantes de su plumaje y cómo “flota” en el aire de una manera bastante peculiar. El detalle más resaltante de esta ave es su cola, la cual -en los machos- cuenta con cuatro plumas: dos están rectas en el medio -y son más pequeñas- y las otras dos tienen la punta ancha y se abren como raquetas que se cruzan mutuamente, y terminan en un gran disco de color violeta azul que pueden mover independientemente de su cuerpo. Esa última característica, el colibrí macho la usa, principalmente, en sus danzas de apareamiento y para ahuyentar a sus depredadores (su mayor enemigo es la serpiente). Por su parte, la hembra, no posee los colores tan vivos como los del macho, es algo más pequeña y carece de las dos plumas más largas en la cola. Este colibrí mide alrededor de 15 cm de largo y su peso oscila entre los 40 y 70 g; además, el color de su cuerpo es iridiscente -como la mayoría de colibríes-, eso quiere decir que cambia de color dependiendo desde que punto lo mires. Su cabeza es azul y la garganta es verde. Cuenta con un pico largo y una lengua fina y alargada que usa para alimentarse del néctar de las flores y ocasionalmente de insectos y pequeñas arañas. Esta especie cuenta con un saco en la garganta que le sirve de estómago. Otra de sus peculiaridades está en el momento de comer, pues parece estar en un estado de frenesí. La importancia del colibrí de cola de espátula para el ecosistema radica en que muchas plantas de los bosques tropicales agradecen su existencia a esta ave. Cuando esta especie visita la flor y recoge su néctar, el polen se adhiere a su plumaje o al pico para asegurarse la diversidad y la reproducción de las plantas. A pesar de su importancia, la deforestación y otras amenazas de origen humano han reducido su población a menos de 2500 individuos - encontrándose en la Lista Roja de la UICN - por lo que está en peligro de extinción. Los colibríes desempeñan un papel importante en los ecosistemas por su función como agentes polinizadores. Con su pico alargado, transportan polen de flor en flor, contribuyendo a la reproducción de numerosas especies vegetales y a la conservación de los bosques tropicales. Además, ayudan a la dispersión de semillas que asegura nuevos árboles. Curiosamente, algunas plantas han evolucionado para desarrollar colores más llamativos para atraer a los colibríes, ya que estos carecen de sentido del olfato. “El colibrí cola de espátula se dirige a las flores para obtener su néctar, pero al obtenerlo en su frente se pega el polen, el cual deja en otras flores cuando va a consumir el néctar. Es un trabajo maravilloso del que obviamente las aves no son conscientes, pero ahí reside su máxima importancia. Además, obviamente, solo se le encuentra en Amazonas” señalo un naturalista. Sus principales amenazas tienen origen humano: la deforestación, la expansión de la agricultura y la ganadería, así como la minería y los proyectos de desarrollo a gran escala, han provocado la pérdida y fragmentación de su hábitat, reduciendo su población. Asimismo, la caza furtiva para la obtención de su plumaje y corazón es otra de las amenazas que enfrenta. En el 2007 y el 2008 se calculó que solo existían un promedio de 800 individuos en los bosques de los valles de Utcubamba y Chido (Amazonas). Por ello, con el objetivo de salvar esta especie de una posible extinción, se desarrolló el proyecto de reforestación de la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN). En alianza con la comunidad de San Lucas de Pomacocha, se construyó un centro de interpretación dedicado a la investigación y monitoreo de esta emblemática especie. Desde su creación, se reforestaron 29 especies de plantas que sirven como alimento para los colibríes y se instalaron bebederos para atraerlos nuevamente a la zona. Los primeros meses fueron un desafío: durante el primer mes no se visualizó ningún ejemplar. Pero a los ocho meses lograron ver el primer colibrí, pero tuvieron que pasar hasta cuatro meses más cuando finalmente regresó el colibrí de cola de espátula. Según las últimas estimaciones, quedan entre 1000 y 2500 individuos en estado silvestre.
