Una noticia que vale la pena comentar esta semana es la aprobación por el Congreso de tres de los cinco informes de la Megacomisión, presentados por el legislador Sergio Tejada - quien presidió el grupo parlamentario que investigó las escandalosas irregularidades ocurridas en el segundo gobierno aprista – que están relacionados a la ilegal venta del aeródromo de Collique; desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito, así como el de denuncia ciudadana, que fueron aprobados abrumadoramente por los congresistas. En relación a los informes de decretos de urgencia y Agua para todos, Sergio Tejada se excusó por no exponerlos en esta ocasión acusando problemas de salud, pero que se tratarán próximamente. Con la luz verde dada por el pleno del Congreso ya se ha aprobado, hasta la fecha, cuatro acusaciones constitucionales contra el bufón aprista. Es más, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá, el próximo martes 21, el caso Narcoindultos. De esta manera quedaron desbaratadas todas las maniobras de Alan García Pérez quien ya se imaginaba lo que se venía y cual encantador de serpientes, adopto hipócritamente una posición “conciliadora” con el gobierno en relación a que se otorgue el voto de confianza al nuevo primer ministro Pedro Cateriano - su acérrimo enemigo - a cambio de su impunidad y “exhortando” a los fujimoristas como si fuera el jefe de esa bancada, a que tomen igual actitud, lo que ha originó una virulenta respuesta por parte de estos últimos, quienes no dudaron en afirmar que lo hacía únicamente para tratar de desviar la atención publica de un nuevo escándalo que demuestra la profunda relación del APRA con el narcotráfico. "Nos ha llamado la atención. No sé si el señor García está nervioso por el caso del 'narcoaprista' baleado en el Porsche y, si va a hacer una invocación, que lo haga a su propia gente", agregó un vocero de la mafia. No hay que ser adivino para saber que la conocida amistad de Alan García con el narcotraficante Gerald Oropesa - militante de su partido y protagonista de este destape - perjudicará seriamente su candidatura. De allí su nerviosismo mostrado estos últimos días, agravado sin duda alguna con la aprobación de los informes de la Megacomisión, que posibilitaría su inhabilitación por el Congreso, lo cual seria su lapidación política. Es por ese motivo que varios congresistas consideraron necesaria una minuciosa investigación para esclarecer los vínculos entre el APRA y el narcotráfico, luego de revelarse la relación entre Facundo Chinguel y el dueño del denominado 'narcoporsche' Gerald Oropeza. Para el congresista Yonhy Lescano, ha quedado claramente demostrado que Chinguel - quien presidió la Comisión de Indultos en el segundo gobierno aprista - ha sido el nexo entre las organizaciones de narcotraficantes y las altas esferas del Poder Ejecutivo, entre ellos Alan García. “Ahí hay una clara vinculación entre los que estaban en la comisión de indultos, los capos del narcotráfico condenados a largos años de prisión que pagaron millonarias sumas para lograr su indulto, y Alan García quien los firmaba y a quien la plata le llegaba sola, según el mismo confesó” reveló. Lescano refirió que debe investigarse cuál fue la relación entre los miles de narcoindultos otorgados por García Pérez a condenados por narcotráfico y la organización delictiva del que formaba parte el militante aprista Gerald Oropeza, y que habría financiado la campaña electoral de Alan García, coincidiendo en ese punto con el especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana, quien manifestó: “No cabe duda que hubo financiamiento, por eso justamente es la investigación, porque, si es un narcotraficante significa que tiene mucho poder económico, entonces, de inmediato uno piensa que ha habido financiación del narcotráfico en la campaña electoral del APRA y de Alan García en particular”, acotó. Es por ese motivo que hay que rechazar con indignación el ramo de olivo lanzado por García al gobierno, ya que lo hace con doble intención; acallar por un lado las denuncias en su contra y al mismo tiempo, presentarse como un “conciliador”- dejando de lado su papel de rabioso opositor - cuando la verdadera razón de ese cambio es desear ser “blindado” por el gobierno y evitar responder así ante la justicia por sus delitos. Para su mala suerte, la votación en el Congreso demostró que no hay contubernio alguno, ya que con la corrupción no se negocia :)
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