Este martes por fin comenzó el juicio contra la corrupta Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, que por años hipócritamente enarboló la bandera de la anticorrupción y se jactaba de tener “las manos limpias” cuando era una ladrona de marca mayor como todos los parásitos caviares. La ironía es patética: quien se presentaba como “defensora de la transparencia”(¿?) terminó en el banquillo por recibir millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña del No a la Revocatoria, tal como ella misma lo admitió hace 8 años, pero a pesar del largo tiempo transcurrido del delito cometido, la justicia caviar puso mil y un obstáculos para que se diera inicio a su juicio con el claro objetivo de que este prescribiera - al tratarse de una de las suyas - e incluso no solicito su arresto preventivo, por lo que la muy sinvergüenza se daba la gran vida con el dinero de la corrupción. Pero el escándalo era tan evidente que no tuvo otra opción que aceptar de mala gana que dé comienzo el proceso en contra de la susodicha. Al respecto, la fiscalía le imputa cinco delitos graves: asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración y falsedad genérica. El pedido es contundente: 29 años de prisión por liderar una red criminal (conocida en el ambiente gansteril como el de 'las chalinas verdes') que lavó más de US$11 millones provenientes de estas empresas corruptas. Lo más revelador no son las cifras astronómicas, sino la actitud de quien prometió cínicamente “una gestión sin corrupción”. Es más, en una entrevista con César Hildebrandt el pasado lunes, tras seis años de silencio, Villarán de la Puente ofreció un perdón insultante para quienes confiaron en ella. No pidió disculpas por aceptar dinero sucio de empresas que operaban bajo esquemas corruptos globales, sino únicamente por haber callado. “Pedí perdón por callar”, declaró la individua. Más grave aún, afirmó sin pudor que “volvería a hacer lo mismo” si estuviera en esas circunstancias, como si recibir financiamiento ilícito fuera legítimo para mantenerse en el poder. Esta confesión desnuda su naturaleza: para esta sujeta, el fin - quedarse en la alcaldía de Lima y no ser revocada - ‘justificaba’ cualquier medio. Su defensa es igualmente desvergonzada. Sostiene que no hubo “ningún acto de corrupción”, porque afirma que no otorgó ventajas a las constructoras. Nada más falso. Como si recibir millones de empresas con contratos de concesión otorgados por la comuna siendo la titular de la Municipalidad de Lima no constituyera, per se, un acto irregular que vulnera principios elementales de la función pública y un delito que se paga con cárcel. Villarán no merece perdón, porque nunca lo pidió realmente. Su arrepentimiento es selectivo: lamenta haber sido descubierta y no haber defraudado a limeños que creyeron en un discurso ético de “manos limpias”. Como sabéis, los aportes de más de US$ 11 millones hechos por Odebrecht, OAS y Graña y Montero a las campañas de Susana Villarán fueron a cambio de favorecimientos en tres proyectos que tenían estas constructoras con la Municipalidad de Lima, vinculados al cobro de peajes, la firmas de contratos y de una adenda. Esa es la tesis central de la acusación contra la exalcaldesa de Lima, expuesta durante su juicio, como parte de los alegatos iniciales de la fiscalía y la procuraduría del Caso Odebrecht. Estas entregas fueron para las campañas en las que participó Susana Villarán mientras era alcaldesa: contra su revocatoria (2013) y la de su fallida reelección (2014). A cambio, Odebrecht se aseguró un contrato favorable en el proyecto Rutas de Lima o Vías Nuevas de Lima; OAS obtuvo una adenda en el proyecto Línea Amarilla y Graña y Montero ganó el contrato de la Vía Expresa Sur. Estos acuerdos ilícitos son la base de la acusación por el delito de colusión. Los aportes se hicieron de distintas formas: pagos al publicista brasileño Valdemir Garreta, entregas en efectivo, contratos simulados, movimientos bancarios, emisión de cheques; etc. Según la acusación, OAS entregó US$ 7 millones (3 millones para el 2013 y 4 millones para el 2014); Odebrecht dio US$ 4.1 millones (3 millones para el 2013 y 1.1 millón para el 2014); y Graña y Montero aportó US$ 200 mil (2013): un total de US 11.3 millones. Todo eso es parte de la imputación por lavado de activos y falsedad genérica/falsa declaración. Todo esto se realizó, como parte de la actuación de una organización criminal enquistada dentro de la Municipalidad de Lima que tenía como objetivo mantenerse en el poder. Esta es la base de la acusación por asociación ilícita para delinquir. Sumados los cinco delitos, se solicitó una pena de 29 años de cárcel para Susana Villarán. El fiscal Pérez advirtió que los principales perjudicados con estos hechos fueron los vecinos de Lima, debido a los cobros de peajes y las restricciones al derecho al libre desplazamiento. En tanto, el procurador Carlos Fernández remarcó que los aportes resultaron siendo rentables para las empresas debido, precisamente, al cobro de peajes; y que este no es solo un caso de aportes a un candidato, sino de entregas de dinero a una autoridad en funciones que buscaba seguir en el cargo. Ambos incidieron en que todo lo afirmado durante estos alegatos se probará a lo largo del juicio oral con la presentación de múltiples testigos, entre ellos colaboradores eficaces, así como peritos con sus respectivas pericias y distintas pruebas documentales. La exposición del fiscal Pérez, integrante del equipo especial Odebrecht, se extendió por casi tres horas y resumió a grandes rasgos la acusación que él mismo presentó contra Villarán y los otros 17 enjuiciados por este caso. Esta aborda un total de doce hechos, agrupados en cuatro ‘bloques’: los actos de corrupción previa, el lavado de dinero, la falsa declaración y la organización criminal. Para comenzar, el fiscal recordó que entre el 2012 y el 2013, durante la gestión de Susana Villarán, la entonces alcaldesa enfrentó un intento de revocatoria que se votó en marzo de ese último año. “Dentro de ese proceso de revocatoria es que se gesta el contrato para la concesión del proyecto Rutas de Lima (…) Susana del Villarán pacta con Odebrecht y le otorga los peajes de la ciudad de Lima a la empresa Odebrecht”, dijo. El contrato se firmó, por un plazo de 30 años, en enero del 2013. “La Municipalidad de Lima, que recaudaba los peajes a través de su empresa municipal, Emape, a partir de este concierto ilícito, se los entrega a la empresa Odebrecht. En buena cuenta, será esta empresa la que se encargará de recaudar los peajes de los ciudadanos y ciudadanas de Lima que circulen por las vías de la Panamericana Norte y Sur, vías que, cuando se da este pacto, estaban construidas y en operación”, sostuvo Pérez. ¿Qué dio y qué obtuvo Odebrecht para este favorecimiento? De acuerdo con el fiscal, “la contraprestación es que Odebrecht da un pago ilícito de US$ 3 millones y a cambio, Susana Villarán de la Puente y otros les darían los peajes de la ciudad de Lima”. Para, ello los funcionarios municipales realizaron múltiples irregularidades: “Adelantan la adjudicación de la concesión de una manera inusual y procuran evitar la competencia de otros postores. Ejecutan la concesión y aprueban el cierre financiero antes de un cambio de gestión municipal”. Además, remarcó que el contrato se firmó sin que se haga la consulta o se reciba la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), situación que repetiría en los otros proyectos. La participación de Odebrecht se repite en el 2014, durante la campaña de reelección de Susana Villarán. Para ello, sostuvo que también hubo una concertación con la constructora brasileña, porque la acusada buscaba dinero para la campaña. En esta, sostuvo que el monto dado por Odebrecht fue de US$ 1 193 816,68, generados mediante pagos “sobrevalorados” a un contratista o por servicios ficticios. “¿Qué ganó Odebrecht financiando la reelección? Sostener su contrato de concesión, que le implicaba poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo en una concesión que le habían dado por 30 años”, dijo. Agregó que se generó perjuicio a los limeños porque no se aplicaron penalidades a la empresa y porque “restringieron su derecho al libre de tránsito, bloqueando vías públicas, como es el caso de los vecinos de Puente Piedra, que no tuvieron un acceso alternativo”. De acuerdo con la acusación fiscal, con OAS y el proyecto Línea Amarilla se siguió un patrón similar, aunque con la diferencia de que este el contrato ya se había firmado en el 2009, con la gestión municipal previa del corrupto Luis Castañeda. Sin embargo, la municipalidad y la constructora firmaron una adenda al contrato en febrero del 2013, en el contexto de la revocatoria, que se votaba en marzo de ese mismo año. “El objeto de probanza en el juzgamiento será el acuerdo colusorio entre la empresa OAS y la referida exalcaldesa para materializar la adenda uno al contrato de concesión (de Línea Amarilla, renombrada Vía Parque Rímac). ¿Qué les prometió OAS? US$ 3 millones", dijo. Las entregas habrían sido a través de los hoy acusados Luis Gómez Cornejo (US$ 1 millón) y Óscar Vidaurreta (1 millón), además de 1 millón directamente para Valdemir Garreta, “por indicación de José Miguel Castro Gutiérrez y Susana María del Carmen Villarán de la Puente”. “¿Cómo termina favoreciendo Susana Villarán a OAS con la suscripción de esta adenda? Nuevamente como ocurrió con Odebrecht, la adenda se firma sin la opinión favorable del MEF, es decir, con el incumplimiento de un requisito legal (…), sin opinión técnica. Se le dio a Línea Amarilla la concesión hasta 40 años (….) Cambió la naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciada”, apuntó. También destacó que la adenda “eliminó el Metropolitano” que debía ir por la Línea Amarilla. “El contrato estipulaba que OAS le diera a la ciudad de Lima un nuevo metropolitano, la ex alcaldesa, pensando en su propio interés, eliminó con esta adenda esa posibilidad. El resultado: cero transporte público masivo en Lima. La consecuencia: más carros, más combis y, por lo tanto, más peaje que pagar para la empresa OAS” asevero. Como con Odebrecht, el plato se repitió en la campaña del 2014, pero con una cifra mayor: fueron US$ 4 millones, de acuerdo con el Ministerio Público, para favorecer a OAS en un “trato directo”, un mecanismo para resolver una controversia sin llegar a un arbitraje: “¿Qué gana OAS en este trato directo? Van a venir auditores de la Contraloría que les indicarán que, con el aumento del peaje, como consecuencia de haberse utilizado una fórmula distinta de reajuste a la establecida en el contrato, se obtuvo un beneficio para el concesionario de hasta S/ 28,982,386.72”. La tercera constructora implicada es la peruana Graña y Montero (GyM). Según dijo el fiscal, la gestión de Susana Villarán tenía una deuda con América Televisión de US$ 200 mil por la campaña contra la revocatoria y querían que la constructora la pague. El fiscal sostuvo que esto se canalizó a través de las empresas de publicidad Chisac y Ogilvy. Luego, en agosto de ese año, se firmó el contrato por la Vía Expresa Sur, el único de estos proyectos que no llegó a ejecutarse. “¿Qué ganó GyM? Se firmó el contrato por 40 años con un sistema de peaje electrónico que no estaba proyectado. De la misma manera como ocurrió en los casos anteriores, (se hizo) sin la opinión favorable del MEF (…) sin opinión técnica. Iba a tener poca inversión, recuperación de su capital y aumentar sus ganancias en corto plazo”, señaló el fiscal Pérez. En cuanto al delito de organización criminal, el fiscal expuso el esquema de la organización criminal, con Susana Villarán a la cabeza y José Miguel Castro como jefe, además de otros acusados del caso. A su turno, el procurador Carlos Fernández remarcó que todos “estos actos de corrupción y lavado de activos fueron posibles gracias a que una organización criminal se enquistó en el aparato municipal para mantenerse en el poder y que tenía como líder a la entonces alcaldesa de Lima”. En sus propios alegatos, el procurador del caso, encargado de plantear el cobro de una reparación civil contra los acusados, resaltó que este es el caso más emblemático y de mayor potencia vinculado “al cobro de peajes en el ámbito del gobierno municipal”. Según dijo, lo particular de este caso es que los funcionarios municipales “encontraron en el cobro de peajes un negocio altamente rentable para poder negociar ventajas económicas y legales”. “¿De quién es? De la contraparte privada, vinculada a tres proyectos públicos: Vías Nuevas de Lima, Línea amarilla y Vía Expresa Sur. Las empresas privadas también encontraron rentables estos cobros de peajes, para que a cambio de dar aportes de campaña ellos puedan obtener ventajas indebidas en cada uno de estos proyectos. Definitivamente, la ‘inversión’ que hicieron estas empresas vinculadas a estos tres proyectos era absolutamente simbólica en comparación a la rentabilidad que les iba a generar”. En otro momento, recordó que este caso es distinto al de otros donde se investigaron aportes de campañas a un candidato, como serían los de Ollanta Humala o Keiko Fujimori, ya que “estamos hablando de funcionarios que, en el contexto de proyectos públicos, negociaron ventajas económicas a cambio de otorgar beneficios en esos proyectos. No son menos aportes de campaña”. La audiencia llegó a su fin justo antes de que el procurador indique cuál es el monto de la reparación civil requerido contra Susana Villarán y el resto de acusados. Esa parte de la exposición continuará en la próxima sesión del juicio, programada para el lunes 6 de octubre. Ese día también dará sus alegatos de apertura la defensa de la exalcaldesa. En tanto, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y, alternativamente, falsedad genérica se basa en la imputación de haber entregado información falsa a las autoridades electorales sobre los aportes a ambas campañas. Pérez dijo además que espera que, en los alegatos de su defensa, Villarán admita ante los jueces haber recibido los aportes de Odebrecht y OAS, tal como ha hecho en distintas entrevistas periodísticas. Será el Poder Judicial el que defina qué pena le corresponde a la procesada, pero la historia la juzgará como la primera mujer elegida alcaldesa de Lima que prometió transparencia y traicionó a los millones de limeños que confiaron en ella para poder permanecer en el cargo robando a manos llenas y vanagloriándose por ello... A la cárcel con ella y sus secuaces.
Se trata de una organización social sin fines de lucro que desde hace 14 años trabaja por el desarrollo de la niñez e infancia en el Perú, mediante la educación musical gratuita y colectiva, transformando sus vidas a través de la música. Liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez, apuesta por generar procesos de transformación social mediante la enseñanza colectiva de la música. En sus núcleos y módulos, ubicados en distintos lugares del territorio peruano, niñas, niños y jóvenes del programa reciben una formación orientada a forjar habilidades para la vida, competencias artísticas, así como a la práctica de valores y a la formación en ciudadanía. En estos espacios, se estimula la convivencia, el sentido de comunidad, la excelencia, el desarrollo integral y la formación artística. “Sinfonía por el Perú me recuerda cada día cómo la música no solo cambió mi vida, sino la de miles de niños, ofreciéndoles un nuevo futuro lleno de esperanza” afirmo Flórez. Cabe precisar que Sinfonía por el Perú llevó a cabo por primera vez en el 2014 una exigente investigación para medir el impacto real del proyecto sobre los participantes y su entorno. El estudio arrojó contundentes resultados, tales como niños y jóvenes que forman parte de Sinfonía por el Perú muestran mayor autoestima y creatividad; su rendimiento escolar es mejor y muestran mayor determinación al llevar a cabo sus tareas; asimismo, los participantes disminuyen las expresiones de agresividad verbal y física y mejora el ambiente familiar. En el año 2018 se realizó una segunda evaluación experimental de impacto del programa y esta demostró que su participación en él, reorienta positivamente el futuro de los niños y jóvenes: disminuyen las actividades de riesgo, se reduce el embarazo adolescente, incrementan las horas de estudio, y la expectativa de realizar estudios de maestría y posgrado aumentan considerablemente. “Estos resultados nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir adelante. Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo de todas las instituciones y personas del Perú y el mundo; quienes hacen que posible llevar el cambio a más y más niños y a sus familias” añadió. “No olvidamos que la formación musical debe ser de calidad, buscando que los beneficiarios desarrollen su máximo potencial en las distintas dimensiones artísticas, ejecución, apreciación, y creación; sabemos que no es tarea fácil, por ello es indispensable fomentar el desarrollo de motivación auténtica, motivación que les permita perseverar en el tiempo en el camino de la música; nuestra dinámica de trabajo artístico es colectiva y colaborativa, además de comprender al individuo y por tanto a su desarrollo como integral. Desarrollo artístico con un enfoque integral. Cada beneficiario es único y diferente y los procesos formativos se desarrollan tomando esa individualidad en cuenta. Guardamos un profundo respeto a cada uno de ellos y sus características, habilidades e intereses; valoramos y reconocemos tanto su logro de metas, como los pasos de su proceso de crecimiento constante, proceso que disfruta y le causa satisfacción. Es decir, para nosotros es importante llegar a la meta, pero más importante y satisfactorio es el camino hacia ella, acompañando y poniendo atención a cada beneficiario en su proceso. Somos testigos e impulsores del enorme poder transformador que tiene el arte y, en especial, la música. De su capacidad de impactar, tanto a nivel individual como colectivo, deshaciendo formas y relaciones impuestas por la desigualdad y la violencia, con ese enorme poder cohesionador y de transformación social que trae consigo la experiencia artística colectiva. Estamos embarcados en la constante búsqueda por construir un mundo mejor, reconocemos la importancia de la cultura en el desarrollo de nuestra sociedad, y la alentamos” apunto Flórez. “Nuestro objetivo principal es trabajar por que los niños, niñas y jóvenes del Perú, accedan a espacios de formación musical en los que impulsen sus capacidades y potencialidades para emprender, con autonomía, sus trayectorias de vida; y se conviertan en agentes de cambio para la sociedad” puntualizo. Desde su creación, Sinfonía por el Perú se ha presentado en diversos escenarios, generando elogios por el esfuerzo alcanzado. Ahora, la orquesta y coro juvenil anuncia su regreso este viernes 26 de septiembre, presentando la “Misa de Requiem en Re menor” de Wolfgang Amadeus Mozart” en el Teatro Municipal de Lima. Cabe precisar que se trata de una de las obras más impactantes de Wolfgang Amadeus Mozart, envuelta en sutil misterio ya que el insigne austriaco falleció en 1791 sin poder concluirla. Su amigo Franz Xaver Süssmayr continuó el proceso creativo, conservando el lenguaje profundamente humano cargado de dramatismo, esperanza y fe católica. El programa musical incluirá la composición solemne “Maurerische Trauermusik (música para un funeral masónico) en Do menor”. De otro lado, del 26 al 28 Sinfonía por el Perú presentará además el Festival Perú Canta con grupos vocales de sus núcleos de Lima y conjuntos invitados de la Universidad Nacional de Música y Camerata Vocal de Lima, que se realizará en el Museo de Arte de Lima (MALI), a partir de las 3:30 de la tarde, con el patrocinio de la Fundación Hilti. Pero ello no es todo, ya que, en el plano internacional, Sinfonía por el Perú anuncia la participación de su Coro Juvenil en el prestigioso Congreso Internacional “La promesa de la música” (The promise of music), evento auspiciado por la Fundación Glenn Gould y programado del 6 al 10 de octubre en Toronto, Canadá. En su periplo canadiense, la agrupación ofrecerá asimismo un concierto didáctico el martes 7, una gala especial el miércoles 8 y, al día siguiente, compartirá aprendizajes y anécdotas con las delegaciones invitadas en el Arena Concert. Asimismo, algunos integrantes del Coro Juvenil Sinfonía por el Perú intervendrán en la “Mesa de discusión: Lecciones aprendidas – Programas exitosos en el mundo”, actividad académica que permitirá analizar el vínculo de la música con el bienestar infantil y la transformación social que puede generar, objetivos que justamente persigue la organización liderada por Juan Diego Flórez. Esta actividad contará además con la presencia de importantes delegaciones latinoamericanas y europeas.
El Perú atraviesa un momento histórico en su relación con el sistema interamericano de derechos humanos. La aprobación de la Ley de Amnistía para militares, policías y rondas campesinas procesados o condenados por hechos vinculados a los años de terrorismo en el país andino (1980-2000) ha puesto en el centro del debate un tema mayor: ¿hasta qué punto los organismos internacionales deben tener injerencia en decisiones soberanas de un país? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reaccionó de inmediato ordenando suspender la aplicación de la norma, y el Ejecutivo, en un giro frontal, decidió no acatar el mandato, reafirmando un principio largamente discutido: la soberanía nacional por encima de cualquier tutela foránea. Esta tensión no es nueva, pero hoy adquiere un carácter de urgencia. Los defensores del retiro del Perú de la Corte IDH argumentan que los fallos de este tribunal han limitado al país, sometiéndolo a una jurisdicción supranacional con un claro sesgo ideológico. Desde esa perspectiva, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un instrumento de presión política contra los Estados que intentan garantizar orden, seguridad y estabilidad. La disyuntiva del Perú es clara: seguir bajo la supervisión de organismos internacionales con agendas ajenas al interés nacional o recuperar plenamente la capacidad de decidir su destino. La Corte IDH nació con el objetivo de garantizar derechos fundamentales en América Latina, especialmente en contextos donde los Estados no ofrecían justicia a sus ciudadanos. Sin embargo, con el paso de las décadas, su rol se ha transformado en algo más parecido a un tribunal ideológico que a un árbitro imparcial, en manos de la mafia caviar. Sus sentencias no solo han cuestionado políticas de seguridad interna, sino que han intentado reescribir la memoria histórica de las naciones. El caso peruano es paradigmático. Desde los años noventa, la Corte IDH ha emitido pronunciamientos que, en lugar de fortalecer la reconciliación nacional, han buscado sentar a los Estados en el banquillo de los acusados, siempre bajo la narrativa de las “víctimas del Estado”, minimizando o invisibilizando el accionar de los sanguinarios grupos terroristas Sendero Luminoso y del MRTA, responsables de decenas de miles de muertes. Esa lógica encierra una lectura parcializada de la historia: los militares y policías son presentados como victimarios, mientras que los terroristas son ‘santificados’ y sus abominables crímenes terminan diluidos en un relato de “conflicto armado interno”. No es casual que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se alineen sistemáticamente con esta versión parcializada y antojadiza. Estas ONG, financiada - cuando no - por esa inmunda rata judía de George Soros a través de Open Society, presionan a los países para que acepten la supervisión de cortes extranjeras, bajo la premisa de un “universalismo de los derechos humanos”. Sin embargo, detrás de esa retórica se oculta un hecho contundente: se busca limitar la capacidad de los Estados soberanos de aplicar sus propias leyes y administrar justicia conforme a su contexto histórico, social y político. Como sabéis, en julio del 2025, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó una ley de amnistía que ha generado una tormenta mediática e internacional. El espíritu de la norma es claro: exonerar de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y rondas campesinas que enfrentan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. En ese sentido, la Corte IDH reaccionó con dureza, exigiendo al Estado peruano frenar su aplicación. Pero el Gobierno peruano, esta vez, decidió no acatar. La presidenta Dina Boluarte y varios ministros recalcaron que el Perú no puede seguir siendo “colonia de nadie” y que las decisiones internas deben respetarse: “La justicia internacional no puede estar por encima de la justicia nacional”. Desde sectores afines a Sendero Luminoso y la mafia caviar se ha levantado la crítica interesada de que la amnistía “implica impunidad”. Sin embargo, esa afirmación ignora un hecho esencial: los militares y policías actuaron en defensa del Estado, enfrentando una guerra no convencional contra grupos terroristas brutales, sin reglas ni límites. Pretender juzgarlos con parámetros de laboratorio, desconectados del contexto, es una injusticia histórica. El debate de fondo no es solo jurídico, sino profundamente político. ¿Quién tiene la última palabra sobre la justicia en el Perú? ¿Los jueces nacionales, elegidos conforme a la Constitución, o magistrados extranjeros de una corte internacional, muchas veces alejados de la realidad peruana? La respuesta, desde una perspectiva de defensa de la nación, es evidente: ningún país libre puede aceptar la intromisión de entes supranacionales en sus decisiones internas. Pero la ideologizada Corte IDH no es un caso aislado. En las últimas décadas, se ha configurado un andamiaje internacional de organismos, cortes y ONG que dictan pautas a los Estados bajo el ropaje de la “comunidad internacional”. Naciones Unidas, sus agencias, la OEA, la propia Corte IDH e incluso tribunales europeos ejercen presión constante sobre gobiernos soberanos. En la práctica, muchas de estas instituciones se han convertido en instrumentos del progresismo global, promoviendo agendas aberrantes sobre género, migración, multiculturalismo o justicia transicional que responden más a intereses políticos que a la defensa genuina de los pueblos. El Perú debe preguntarse con valentía: ¿quiere seguir siendo un país tutelado por agendas extranjeras o queremos decidir por ellos mismos? La respuesta de una derecha soberanista y realista es clara: la independencia no se negocia. Juristas como el chileno José Antonio Ramírez, experto en derecho constitucional, señalan que “los tribunales internacionales se han desviado de su misión inicial, convirtiéndose en órganos de presión política contra gobiernos que defienden el orden y la autoridad. En lugar de fortalecer los Estados, los debilitan”. Por su parte, el economista Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, también ha admitido que la Corte IDH supone “una pérdida de soberanía”. Aunque dentro del propio gabinete existen posiciones divididas, es claro que la discusión ya no se limita a círculos académicos, sino que ha llegado al corazón de la política nacional. Uno de los mayores problemas del discurso propalado por los caviares a través de la prensa basura sobre derechos humanos, es su visión sesgada de la historia. En el caso peruano, se insiste en que las Fuerzas Armadas y la Policía “fueron responsables de violaciones sistemáticas” mientras que la barbarie de Sendero Luminoso y el MRTA se ignora olímpicamente, presentándolos como ‘victimas’ exigiendo que sean liberados inmediatamente e indemnizados económicamente por el Estado “por el daño causado” (?). Esta falsa narrativa ha sido reforzada por la Corte IDH y por organismos internacionales que, en nombre de los derechos humanos, buscan imponer una lectura oficial de la memoria histórica. La cuestionada Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), también reflejó este sesgo, responsabilizando al Estado en un porcentaje desproporcionado frente al accionar terrorista. Esta visión, trasladada al ámbito jurídico por la Corte IDH, terminó criminalizando a quienes lucharon en defensa del país, pero no a los terroristas que desataron un baño de sangre en el Perú. El derecho a la memoria y la justicia de las víctimas no puede convertirse en un instrumento de persecución contra las Fuerzas Armadas. De lo contrario, la justicia deja de ser imparcial y se convierte en una herramienta de revancha ideológica. Resulta paradójico que los mismos sectores caviares que denuncian la amnistía en el Perú aplaudan medidas similares en otros contextos, cuando se trata de perdonar a grupos subversivos o de aplicar “justicia transicional” para integrar a terroristas en la vida política. En Colombia, por ejemplo, los acuerdos con las FARC incluyeron beneficios jurídicos que garantizaron impunidad a guerrilleros responsables de masacres y secuestros. Allí, los organismos caviares celebró la medida “como un paso hacia la paz”. En cambio, cuando se trata de reivindicar a militares que defendieron al Estado peruano de la barbarie comunista, la reacción es de escándalo. Esta doble moral evidencia que el problema no es la amnistía en sí misma, sino a quién favorece. Si beneficia a los terroristas, es justicia transicional; pero si beneficia a militares que enfrentaron al terrorismo, es impunidad. Esa es la absurda lógica con la que actúan los parásitos caviares a los cuales hay que exterminar sin demora, como sucedió con sus primos hermanos de Sendero Luminoso y el MRTA. Este operativo de “limpieza” debe comenzar en el Ministerio Publico donde esas sanguijuelas se encuentran agazapadas y que utilizan para sus protervos fines, de la mano con la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia para sus campañas mediáticas de demolición ... A por ellos (Por cierto, este viernes la JNJ suspendió a la usurpadora Delia Espinoza del cargo que ocupaba ilegalmente en la Fiscalía de la Nación. Su caída es solo el primer paso)
Considerado por muchos expertos como el colibrí más extravagante del mundo, es un ave endémica del norte de la Amazonía del Perú, y destaca por su extravagante cola, cuyas plumas cambian de color cada cierto tiempo. Su hábitat se localiza en el Valle Alto del Utcubamba, ubicado en la zona nororiental del Perú, en las provincias de Luya y Chachapoyas, al sur del departamento de Amazonas, el cual además es uno de los más representativos de la cultura Chachapoyas con más de 1500 años de antigüedad. Con el nombre científico Loddigesia mirabilis, el colibrí de cola de espátula habita entre los 2000 y 2900 m s. n. m., y es una de las especies más solicitadas por los turistas que llegan al norte de la Amazonía peruana y buscan apreciar los colores brillantes de su plumaje y cómo “flota” en el aire de una manera bastante peculiar. El detalle más resaltante de esta ave es su cola, la cual -en los machos- cuenta con cuatro plumas: dos están rectas en el medio -y son más pequeñas- y las otras dos tienen la punta ancha y se abren como raquetas que se cruzan mutuamente, y terminan en un gran disco de color violeta azul que pueden mover independientemente de su cuerpo. Esa última característica, el colibrí macho la usa, principalmente, en sus danzas de apareamiento y para ahuyentar a sus depredadores (su mayor enemigo es la serpiente). Por su parte, la hembra, no posee los colores tan vivos como los del macho, es algo más pequeña y carece de las dos plumas más largas en la cola. Este colibrí mide alrededor de 15 cm de largo y su peso oscila entre los 40 y 70 g; además, el color de su cuerpo es iridiscente -como la mayoría de colibríes-, eso quiere decir que cambia de color dependiendo desde que punto lo mires. Su cabeza es azul y la garganta es verde. Cuenta con un pico largo y una lengua fina y alargada que usa para alimentarse del néctar de las flores y ocasionalmente de insectos y pequeñas arañas. Esta especie cuenta con un saco en la garganta que le sirve de estómago. Otra de sus peculiaridades está en el momento de comer, pues parece estar en un estado de frenesí. La importancia del colibrí de cola de espátula para el ecosistema radica en que muchas plantas de los bosques tropicales agradecen su existencia a esta ave. Cuando esta especie visita la flor y recoge su néctar, el polen se adhiere a su plumaje o al pico para asegurarse la diversidad y la reproducción de las plantas. A pesar de su importancia, la deforestación y otras amenazas de origen humano han reducido su población a menos de 2500 individuos - encontrándose en la Lista Roja de la UICN - por lo que está en peligro de extinción. Los colibríes desempeñan un papel importante en los ecosistemas por su función como agentes polinizadores. Con su pico alargado, transportan polen de flor en flor, contribuyendo a la reproducción de numerosas especies vegetales y a la conservación de los bosques tropicales. Además, ayudan a la dispersión de semillas que asegura nuevos árboles. Curiosamente, algunas plantas han evolucionado para desarrollar colores más llamativos para atraer a los colibríes, ya que estos carecen de sentido del olfato. “El colibrí cola de espátula se dirige a las flores para obtener su néctar, pero al obtenerlo en su frente se pega el polen, el cual deja en otras flores cuando va a consumir el néctar. Es un trabajo maravilloso del que obviamente las aves no son conscientes, pero ahí reside su máxima importancia. Además, obviamente, solo se le encuentra en Amazonas” señalo un naturalista. Sus principales amenazas tienen origen humano: la deforestación, la expansión de la agricultura y la ganadería, así como la minería y los proyectos de desarrollo a gran escala, han provocado la pérdida y fragmentación de su hábitat, reduciendo su población. Asimismo, la caza furtiva para la obtención de su plumaje y corazón es otra de las amenazas que enfrenta. En el 2007 y el 2008 se calculó que solo existían un promedio de 800 individuos en los bosques de los valles de Utcubamba y Chido (Amazonas). Por ello, con el objetivo de salvar esta especie de una posible extinción, se desarrolló el proyecto de reforestación de la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN). En alianza con la comunidad de San Lucas de Pomacocha, se construyó un centro de interpretación dedicado a la investigación y monitoreo de esta emblemática especie. Desde su creación, se reforestaron 29 especies de plantas que sirven como alimento para los colibríes y se instalaron bebederos para atraerlos nuevamente a la zona. Los primeros meses fueron un desafío: durante el primer mes no se visualizó ningún ejemplar. Pero a los ocho meses lograron ver el primer colibrí, pero tuvieron que pasar hasta cuatro meses más cuando finalmente regresó el colibrí de cola de espátula. Según las últimas estimaciones, quedan entre 1000 y 2500 individuos en estado silvestre.
Se veía venir. En efecto, el gobierno populista de Javier Milei sufrió una aplastante derrota en los comicios provinciales celebrados el pasado domingo en la Argentina, ante un renaciente peronismo ávido de venganza. Este resultado es visto por los analistas como consecuencia de los escándalos de corrupción que tanto del propio Milei (el caso de las criptomonedas $LIBRA, donde miles de argentinos perdieron su dinero es uno de ellos) como el de su hermana Karina (que lidera una red de sobornos desde la propia Casa Rosada) aparecen involucrados, por los que tarde o temprano, terminaran en la cárcel. Quien en su campaña electoral atacaba ferozmente a la “casta que hundió a la Argentina” - representada por el PRO y Mauricio Macri - termino al final por convertirse en su socio de gobierno, adoptando sus propios métodos de corrupción. Lo triste de todo ello es que le ha dado alas a un desfalleciente kirchnerismo, que espera repetir estos resultados en las elecciones nacionales a celebrarse en octubre, para que una vez que tomen el control del Congreso, procedan a destituir a Milei. Están con la sangre en el ojo y según sus propios dirigentes, no van a descansar hasta verlo en prisión. Entretanto, los 14 puntos de ventaja obtenidos por el peronismo sobre La Libertad Avanza de Milei (47,28% de los votos contra 33,71%, con el 98,96% escrutado), en el oficialismo ya apuntan contra algunos responsables de la debacle electoral. Ahora saltan por doquier las divisiones internas, las acusaciones cruzadas y se nota mucho más el daño que le han hecho los escándalos de corrupción protagonizados por Karina Milei, hacia donde se ubica el centro de las críticas. Según La Nación, entre ellos también se sitúan el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado nacional y salpicado por los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, que alude a numerosas coimas. “Los cambios son reclamados, en principio, por el ala que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y pegan en la línea de flotación de los primos Menem, ya cuestionados puertas adentro por su estrategia electoral en las provincias, y el manejo del Congreso en el caso de Martín Menem”, indicó el periódico argentino. Al respecto, según el medio La Política Online (LPO), Caputo aprovechó la paliza que se comió el gobierno en las elecciones bonaerenses para volver al lado de Javier Milei y “enterrar” a los Menem y Sebastián Pareja, el principal armador de La Libertad Avanza, “que lo habían marginado de las listas”. “Antes, el presidente y los ministros escucharon los consejos del gurú, que había perdido ascendencia por el avance de Karina en el manejo político del gobierno”, destacó LPO. Con el escenario esta vez a su favor, Caputo fue categórico: dijo que los Menem y Pareja “dilapidaron” el capital político de Milei porque corrieron a los jóvenes, tanto de las listas como de la campaña, para meter candidatos de la tercera edad y originarios del kirchnerismo. Tampoco escapó a los cuestionamientos Karina Milei, la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia. “La derrota tiene un padre y una madre: Javier y Karina Milei. Tiene tíos, también. Y varios. Sebastián Pareja y los Menem, Martín y Lule. La estrategia fue calamitosa y allí quien saldrá fortalecido es Santiago Caputo, quien podrá levantar el dedo y azuzar: ‘Yo les avisé’. El armado ‘border’ con expulsados del PJ, con los desplazados de los partidos tradicionales, no le hizo ganar territorialidad. Las Fuerzas del Cielo, agrupación que responde al asesor, lo había advertido: no podían confiar en dirigentes que hace unos años se desvivían por (el gobernador de Buenos Aires, el kirchnerista Axel) Kicillof”, escribió el diario Ámbito Financiero. En medio de este escenario, el vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, se expresó en redes sociales tras la derrota electoral del gobierno y adelantó: “Corregiremos lo necesario de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre”. Sin embargo, advirtió que “el rumbo que eligieron los argentinos en el 2023 seguirá avanzando y no podemos volver atrás”. “Nuestro compromiso con hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia: o la Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, completó. El propio Javier Milei anticipó la noche del domingo tras conocer la debacle cuál será el futuro de su gestión. “No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar más”, enfatizó. “El peronismo celebra, y levanta el mito del Ave Fénix, resurgiendo de las cenizas con una victoria resonante a apenas dos años del descalabro de la presidencia de Alberto Fernández. Se posiciona como opción de gobierno, y eso lleva a recalcular a todos los actores de la política y la economía doméstica”, escribió a su vez Ámbito Financiero. A juicio del periódico, el gobernador de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof, “es el gran ganador del peronismo, el referente que se proyecta hacia el 2027 y blinda la Legislatura provincial, de paso, para transitar dos años de gestión más calmos, con menos roces de los compañeros del partido. Le da aire fresco al peronismo, que venía pidiendo una renovación”. “Mostró el gobernador que el carácter es decisivo para ponerse al frente de un partido verticalista como el PJ. Sostuvo los embates de La Cámpora y ganó la pulseada”, agregó. En la misma línea, Infobae catalogó a Kicillof como “el gran ganador de la jornada electoral”. “Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección (realizarla en un día distinto a los comicios nacionales) y los resultados le dieron la razón”, apuntó el periódico, destacando que “la victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a presidente en el 2027”. “El peronismo encontró candidato”, coincidió Ignacio Fidanza, director de La Política Online. “Pueden surgir otros, pero la punta para empezar a ordenar el tránsito del peronismo hacia octubre del 2027 apareció. El impresionante triunfo del domingo validó toda la estrategia de Kicillof desde que resistió las presiones de Cristina y Máximo para que fuera candidato a la Presidencia en el 2023, hasta la decisión arriesgadísima de desdoblar las elecciones bonaerenses, por primera vez en la historia de la provincia. Jugo fuerte y ganó fuerte”, escribió. Y en el entorno del gobernador lo saben: por eso la noche del domingo se escuchó en La Plata el nuevo estribillo “borombombom, borombombom, es para Axel la conducción”, apuntó Ámbito Financiero. En su discurso como gran ganador de la noche, Kicillof “abrazó” a toda la dirigencia y aseguró enfáticamente que la condena a Cristina Kirchner es injusta, todo un gesto en medio de la interna. Luego apuntó directamente contra el gobierno libertario. “Las urnas le dijeron al presidente Milei que va a tener que rectificar el rumbo; las urnas le dijeron al presidente que no se les puede pegar a los jubilados; las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad”, puntualizó. Y continuó: “Las urnas le dijeron que no se puede desfinanciar ni a la educación, ni a la universidad ni a la ciencia ni a la cultura en la Argentina”. Y cerró con un mensaje rumbo al 2027: “Hay otro camino y hoy empezamos a transitarlo”. Si el kirchnerismo ya ha propuesto iniciarle juicio político en el Congreso a Milei por los más diversos motivos, ahora que las urnas le dieron el primer golpe y lo ha puesto contra las cuerdas, redoblará sus esfuerzos. De ello no hay duda alguna. Milei ya no es aquel coloso en ascenso que en el 2023 entusiasmó a las masas para ganar las presidenciales con más de once puntos de ventaja. De ser un outsider vociferante que ofreció, hasta hace pocos días, incrustar el "último clavo a la urna kirchnerista" poniendo (equivocadamente) toda la "carne en el asador" en esta elección, ahora tendrá que cargar con esta derrota política de cara a las elecciones de "medio término" que se llevarán a cabo dentro de escasas siete semanas. Durante este lapso, el presidente y su partido estarán siendo rondados por el fantasma de la experiencia del "macrismo", el movimiento de derecha que ganó la Presidencia con tremendo empuje en el 2015 y que, luego de dos años, recibió como Milei, el primer garrotazo que le exorcizó toda su soberbia. En pocas horas, el presidente argentino ha pasado de estar seguro de su victoria en las legislativas de octubre, al conteo regresivo hacia una posible debacle para su proyecto personalista. Lo peor es que, si bien reconoció su derrota y llamó a la autocrítica, en su discurso tras conocerse los resultados se mostró tremendamente tozudo en la línea de continuar, o incluso acelerar, su "plan de ajuste" económico. No tiene intención de "enmendar el capote" en el breve tiempo que resta. Desde este momento hasta el próximo 26 de octubre, cuando se elijan casi la mitad de diputados de la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta, Milei tiene que dar señales de su capacidad política de recuperación, generar algún avance en el legislativo y maniobrar en torno a su proyecto económico, que es lo que más peso le hace. Solo que ahora enfrenta a un peronismo con nuevos aires y un liderazgo como el del gobernador Axel Kicillof, que ya no puede ser reducido a una simple extensión del kirchnerismo, sino que ha logrado producir una nueva aura que lo proyecta como un presidenciable “con tacto e independencia”, aunque en realidad sería un retorno al pasado vergonzante, que Milei pudo aprovechar en su momento, pero que ahora ese aura que lo rodeaba se acabó. Tal vez un buen termómetro del malestar político deba buscarse entre los dirigentes de PRO, donde les empiezan a pasar duras facturas políticas a los que llaman “los apresurados” (en aliarse con Milei) y a reivindicar a dirigentes que tomaron distancia a tiempo del mileísmo, como María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato. Otros dirigentes de ese partido contraargumentan que la soledad de PRO en las elecciones pasadas lo hubiera dejado en un lugar muy pobre en los resultados del domingo, y que, encima, el Gobierno habría tenido el pretexto de culparlo de la derrota. “Pagamos el precio de acercarnos, es cierto, pero ahora el Gobierno está obligado a mirarse en el espejo si quiere encontrar el culpable”, señala, socarrón, un alto dirigente de PRO. El silencio de Mauricio Macri es también un síntoma de su incomodidad. “Le dio todo su apoyo al presidente cuando el país vacilaba entre caer en manos de Sergio Massa o de Javier Milei, y el Gobierno le contestó con el destrato, la indiferencia o el agravio”, cuentan los que frecuentan al expresidente. Ni siquiera, aseguran, aceptaron un solo consejo de los muchos que les dio el macrismo. La soledad es también una construcción propia. Milei corre el riesgo de perder en octubre por ello todos los votos que PRO le dio en la segunda vuelta de las presidenciales del 2023. Hasta el sábado, la política y los encuestadores aseguraban que el Gobierno perdería las elecciones bonaerenses del último domingo (nunca imaginaron que sería por semejante diferencia) y que ganaría las elecciones nacionales de octubre. Pero luego del descalabro de Buenos Aires, ninguna certeza está vigente. Para peor, al frente lo tiene al odiado peronismo que juro “enterrar” y que, al parecer, tal como sucedió con Macri, terminara “enterrado”. Se vienen siete semanas de terror para el Gobierno. Si vuelve a ser derrotado, se enfrentará a su destitución por el Congreso. La ley de acefalía señala que, ante el alejamiento definitivo del presidente y vicepresidente de la Nación, la Asamblea Legislativa elegirá un presidente provisional para cumplir el mandato en curso entre funcionarios elegidos: gobernadores, senadores o diputados nacionales. Schiaretti es candidato a diputado nacional por Córdoba para los comicios de octubre. Lo primero que debe señalarse es que Milei debe llegar a las elecciones de octubre (también eso se pone ahora en duda) y que debe cumplir con su actual mandato, que concluirá el 10 de diciembre del 2027. La caída apresurada de un presidente conlleva demasiado sufrimiento social, como se vio cuando cayó Fernando de la Rúa. Lo segundo que debe advertirse es que existe una vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que Milei se encargó de alejar de sus logros y, felizmente para ella, de sus fracasos. Y que la Constitución señala que es el vicepresidente quien debe concluir el mandato en caso de acefalía en la Presidencia, si es que los peronistas se lo permiten, claro. En conclusión, a menos de dos años de haber asumido, Milei sufrió su primera gran derrota. Se derrumbaron las acciones y los bonos argentinos y tanto el dólar como el riesgo país emprendieron vuelo. Se esfumó la autoimagen del “mejor gobierno de la historia”, enfrentando un escenario de muy difícil pronóstico.... por lo visto, esa motosierra ya no corta.
Una grave denuncia dada conocer esta semana por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) involucra al cuestionado alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (alias Porky, debido a su descomunal gordura) en un sonado escándalo de corrupción. En efecto, el MTC presentó el informe técnico sobre el estado de los trenes Caltrain “donados” a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el proyecto Lima – Chosica. El estudio fue elaborado por la consultora estadounidense Rail Electrical Service, contratada en marzo del 2025 por la propia comuna a un coste de 100 mil dólares. El diagnóstico determinó que el material rodante —93 vagones y 20 locomotoras— se encuentra en un estado crítico que compromete seriamente su operatividad. Según el reporte, varias unidades se encuentran en condiciones tan deterioradas que ni siquiera resulta viable su reparación (La imagen que acompaña nuestra nota es elocuente). Se trata de chatarra vieja y oxidada que estuvo abandonada durante décadas en los EE.UU. y que por razones netamente políticas Porky lo trajo a Lima y hoy se encuentran arrinconadas tanto en la antigua estación de Desamparados como en el Parque de la Muralla debido a que, además de ser obsoletos - y si a ello sumamos la falta de infraestructura para operar - no pueden funcionar. Las fallas técnicas detectadas son las siguientes: Vagones no reparables, cuyo desgaste estructural impide su recuperación; Tres locomotoras que requieren una reconstrucción completa de motores, con costos elevados; Fugas de aceite y problemas de drenaje, que afectan la seguridad y funcionalidad de los equipos; Motores bloqueados, imposibilitando su arranque y operación; Fallas en los turbos, lo que reduce la potencia y rendimiento de las locomotoras; Ausencia de puertas y ventanas, impidiendo el uso de los vagones para transporte de pasajeros; Aire acondicionado inoperativo, lo que limita las condiciones de habitabilidad; Pisos dañados y cables cortados, con riesgo de fallas eléctricas y estructurales; Obsolescencia de repuestos, muchos de ellos descontinuados por sus fabricantes. El informe también señala que, incluso reparando los componentes más críticos, el gasto en repuestos superaría los US$ 1.8 millones, sin contar mano de obra calificada, ni los procesos adicionales de ingeniería inversa y desmontaje que serían necesarios para su puesta en servicio. El traslado de este material ferroviario “donado” al Perú ya había demandado un desembolso previo de US$ 24 millones, lo que agrava las dudas sobre la conveniencia de su uso. Rail Electrical Service incluso recomienda que una de las locomotoras no sea reparada y se destine únicamente como fuente de repuestos. En esa línea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó además que iniciará acciones legales y administrativas tras conocerse el informe que reveló el grave deterioro de los trenes “donados” por Caltrain y que la Municipalidad de Lima pretendía utilizar en la ruta Lima - Chosica. El estudio, elaborado en marzo del 2025 por la consultora estadounidense Rail Electrical Service, determinó que las 93 unidades y 20 locomotoras evaluadas presentan un desgaste crítico. Solo en repuestos, las reparaciones demandarían cerca de dos millones de dólares, sin considerar los costos de mano de obra especializada. “La consultoría alertó sobre la obsolescencia de repuestos como uno de los riesgos más relevantes en bienes con décadas de uso, especialmente si fueron descontinuados por su fabricante. Incluso, Rail Electrical Service recomienda no reparar una locomotora y usarla como fuente de repuestos”, explicó Alberto Rojas, jefe del gabinete de asesores del MTC. Asimismo, Rojas adelantó que el ministerio “en aras de la transparencia, cursará cartas a la Contraloría General de la República, al Congreso, al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que puedan determinar las responsabilidades que hubiera en el ámbito administrativo y penal”. De igual manera, toda esta documentación será entregada a la quinta mesa de trabajo, instancia encargada de evaluar la factibilidad y puesta en marcha del tren Lima - Chosica. El funcionario reiteró que el MTC busca garantizar el uso honesto de los fondos públicos y evitar que proyectos de transporte de gran impacto social terminen afectados por irregularidades. “No se recomienda su reparación, solo es apta para repuestos”, insistió Rojas al dar a conocer los resultados de la evaluación. El funcionario destacó que las conclusiones se basan en criterios técnicos y no políticos, subrayando que el material rodante adquirido no cumple con los estándares de seguridad ni de operatividad exigidos para un sistema de transporte urbano. Cabe precisar que, durante meses, la Municipalidad de Lima negó el acceso a la documentación sobre la donación de trenes, alegando que la información “era reservada”. Pero gracias a pedidos en Estados Unidos bajo la Freedom of Information Act y con el respaldo del Tribunal de Transparencia en Perú, se obtuvo los archivos que demuestran la inoperatividad de esa chatarra. Ahora ya se sabe porque no querían darlo a conocer al público...
