Algunos de los episodios de la historia del Perú tienen momentos críticos que muchos desearían dejar en el olvido. Pese a ello, cada uno forma parte del camino que ha recorrido como nación. Dentro de estos instantes toca recordar en esta ocasión la matanza de los penales, enmarcada en los convulsionados tiempos del terrorismo que remecieron al país andino. La historia en cuestión ocurrió entre los días 18 y 19 de junio de 1986, cuando las fuerzas del orden aplastaron a sangre y fuego el levantamiento de los presos senderistas en los penales El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho, ocasionando un gran número de muertos entre los terroristas, muchos de ellos asesinados una vez rendidos, especialmente en El Frontón - ubicado en una isla desértica al frente de las costas de Lima - que luego de la matanza fue clausurada y su acceso desde entonces está prohibido. Como recordareis, al inicio de su desastroso y caótico primer (des)gobierno, Alan García mostró interés en cambiar la estrategia contrasubversiva ejecutada por su antecesor, con el fin de reducir según afirmó - “las agresiones sufridas por la población rural por parte del ejército y la policía”. De esta manera, llegó a convocar a la sociedad civil para proponer soluciones a este grave problema. De acuerdo con la cuestionadísima Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) - un organismo caviar - Sendero Luminoso había trasladado su accionar a los penales en donde tenía recluidos a gran parte de sus dirigentes y militantes. Los presos por terrorismo - autodenominados “prisioneros de guerra” y “presos políticos” - poseían un amplio control sobre los pabellones en donde se encontraban, como el Pabellón Industrial del penal San Pedro en Lurigancho, el del penal de Santa Bárbara y el Pabellón Azul del penal El Frontón. Este control comprendía el ingreso de personas, bienes y recursos, lo que les permitía incluso alterar la arquitectura de los establecimientos y adaptarla a sus fines políticos, que ante la pasividad de las autoridades las habían convertido - según la propaganda senderista - “en luminosas trincheras de combate”, donde realizaban por ejemplo, elaboradas ceremonias en homenaje a Abimael Guzmán, calcadas de la Revolución Cultural China… Pero al saber que sus privilegios iban a ser retirados, decidieron levantarse contra el régimen aprista, con mayor razón por la presencia en Lima de decenas de periodistas extranjeros que tenían previsto cubrir las incidencias del XVII Congreso de la Internacional Socialista. Así llegaría el motín que inició en el Pabellón Azul del penal, encabezado por miembros del Sendero Luminoso. A la par, la situación se repitió en Lurigancho y Santa Bárbara, mientras que en la capital peruana se llevaba a cabo la citada conferencia mundial, que tenía como invitados a decenas de líderes políticos del mundo. En efecto, se pensó que este encuentro serviría de un espaldarazo internacional al régimen de García Pérez - acosado tanto por el terrorismo, como de los primeros síntomas de la hiperinflación aprista que tantos estragos originaria en la economía del país - pero lo que no previeron sus organizadores fue el baño de sangre que ocasiono la orden dada por García de sofocar a como dé lugar el levantamiento de los penales. Previamente al iniciarse el alzamiento, los amotinados de las tres cárceles presentaron un pliego de demandas entre las que destacaban su negativa a ser trasladados a otros penales, la eliminación de las requisas y las revisiones, así como el cierre del penal de Canto Grande y mejoras en las condiciones carcelarias. El gobierno envió una comisión negociadora, pero ante su fracaso, García promulgó el Decreto Supremo N.º 006-86-JUS con el propósito de declarar a los centros penales como "zonas militares restringidas". A las 10:00 se inició una sesión de emergencia del Consejo de Ministros y de los mandos militares con la participación de Alan García. Pasado tres horas de finalizada la reunión y el ministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, de no rendirse los amotinados, “los centros penitenciarios serían retomados por la fuerza”. A las 15:00 horas del 19 de junio, el jefe del grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú, a requerimiento del ministro Mantilla, inició las acciones para retomar los penales. Las FOES se encargarían de las demoliciones de algunas paredes de los penales para así posibilitar la intervención de los elementos de la Guardia Republicana. El primer ataque se dio en la cárcel de mujeres, en donde la Guardia Republicana (en ese momento, cuerpo de la policía encargada de la vigilancia de las cárceles y de las fronteras) recuperó el control del penal relativamente rápido. Los policías demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados, resultando dos internas muertas. En tanto, el asalto contra la cárcel de la isla de El Frontón se inició a las 0:00, estando a cargo de la Marina de Guerra y de la Infantería de Marina peruanas. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención. Mientras tanto, desde la isla de El Frontón, Mantilla anunció que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que había sido declarada zona militar restringida. También a las 0:00 llegó a Lurigancho un escuadrón de la Guardia Republicana, que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del Pabellón Industrial de la prisión donde los senderistas tenían a un rehén. Entonces se inició el ataque conjunto de tropas de la Guardia Republicana y del Ejército peruano. La noche del 19 de junio, luego del ataque con bazucas, morteros, dinamita y explosivos de alto poder como el C-3, las fuerzas del orden tomaron el control de los penales, dejando un saldo de 124 senderistas muertos, además de tres marinos. Según el testimonio de dos efectivos de la Marina ante la CVR, varios terroristas que se habían rendido fueron ajusticiados a balazos, por orden de Mantilla, quien mediante un trasmisor se comunicaba con García y lo mantenía al tanto de la masacre. Posteriormente a estos hechos, diversos medios de comunicación, informaron sobre las ejecuciones extrajudiciales en contra de los subversivos que ya se habían rendido cuando el motín de El Frontón había sido sofocado. Ante las graves acusaciones que se hicieron con respecto a la reacción de las Fuerzas Armadas, el Congreso peruano, en sesión conjunta, conformó una comisión que tuvo por objetivo la investigación y el análisis de los sucesos ocurridos en los penales. La comisión, presidida por el entonces senador Rolando Ames, afirmó haber encontrado suficientes pruebas para acusar y exigir una respuesta por las decisiones tomadas por Alan García y su Consejo de Ministros y determinar la responsabilidad política por estos actos. Pero la mayoría aprista impidió que las investigaciones avancen. En el 2001 la Asociación Americana de Juristas denunció a García ante la Fiscalía de la Nación por ser responsable del acontecimiento. Pero al año siguiente, la Fiscalía Superior optó por archivar escandalosamente la investigación sobre la participación de García en la matanza, como el principal responsable, a pesar que ese mismo año se supo que estuvo de acuerdo con la eliminación de terroristas “ya que se había acabado con dos de los principales centros de adoctrinamiento de senderistas”. Como era de esperar y tras la masacre, los terroristas de Sendero Luminoso acusaron a García de genocida y establecieron el día 19 de junio como el "Día de la heroicidad". Para estas hordas criminales, lo ocurrido ese día fue "un triunfo político, militar y moral de la revolución" tratando de ocultar con ello el fracaso de sus planes demenciales. Sin embargo, los atentados terroristas se multiplicaron en todo el país, sobretodo porque aún quedaba en pie no solo la propia organización terrorista, sino otro de sus principales centros de adoctrinamiento como fueron las universidades públicas, controladas por Sendero con la complicidad de sus autoridades, quienes invocando su absurda “autonomía” evitaban el ingreso de las FF.AA. para restaurar el orden, permitiendo a su vez que los terroristas hicieran de las suyas con total impunidad (Próximo capítulo: Memorias del infierno)
