En los últimos 20 años, América Latina ha experimentado un preocupante aumento en la demanda por liderazgos autoritarios o de “mano dura”. No es extraño escuchar frases como “lo que el Perú necesita es un gobierno autoritario”, reflejo de un hartazgo ciudadano frente a la ineficiencia gubernamental, la corrupción de su clase política y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, estos pedidos ponen en riesgo la democracia, un sistema que, pese a sus fallas, ha demostrado generar mejores resultados que las alternativas populistas y autoritarias de todo signo político. Según el Latinobarómetro, si en el 2002 solo el 15% de la región justificaba un gobierno autoritario si resolvía los problemas económicos; hoy, en países como el Perú, esa cifra supera el 30%. El 65% de los ciudadanos considera que la democracia funciona “mal o muy mal”, frente al 39% de hace dos décadas. En consecuencia, se premia a los outsiders que prometen “orden”, incluso a costa de las libertades. Sin embargo, las cifras contradicen esa nostalgia. Del 2005 al 2025, Chile, Costa Rica y Uruguay - democracias consolidadas - lograron mayor crecimiento del PBI per cápita, menor volatilidad macroeconómica y una atracción sostenida de inversión extranjera. En cambio, regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua o Venezuela muestran un colapso económico total, inseguridad absoluta y migración masiva. Es indudable que las democracias han logrado reducir más la pobreza y ampliar los servicios básicos, porque permiten un mejor control ciudadano y la corrección de políticas mediante el voto. Las dictaduras en cambio, al no enfrentar rendición de cuentas y silenciar a la oposición de forma incruenta – llegando en el caso de Nicaragua por ejemplo, a expatriar y quitar la ciudadanía a quienes disienten del régimen sandinista - terminan cometiendo errores más graves y persistentes, así como utilizar la violencia extrema como método de opresión. En cambio, las democracias muestran menor corrupción y mayor respeto a la propiedad privada, pilares para la innovación y el crecimiento sostenible. Ante ello, uno se pregunta ¿Por qué crece la añoranza autoritaria? La respuesta es que en muchos países latinoamericanos la democracia no ha sido eficaz. Donde hay fragmentación política, corrupción sistémica e incapacidad de garantizar servicios básicos, la ciudadanía castiga a los partidos y apuesta por líderes fuertes, por más demagogos que fueran al prometer lo imposible, ya que lo único que les interesa en el fondo es alcanzar el poder y una vez llegado, no soltarlo. Para ellos la alternancia del Poder “es una cojudez” (como dijo cierto político peruano admirador del Castrochavismo). A ello debemos agregar que la inseguridad que se vive en las calles, donde nadie tiene la vida asegurada, obra de bandas delincuenciales ‘importadas’ desde Venezuela (del cual millones han huido escapando de la miseria propiciada por el régimen) es clave en esta ecuación: No es de extrañar por ello que América Latina concentre más de 100.000 homicidios anuales, con redes criminales que capturan instituciones, como en el caso del Perú, donde los llamados ‘caviares’ – que ‘ controlan el Poder Judicial – liberan ipso facto a los delincuentes que atrapa la policía, para que sigan delinquiendo con total impunidad, sintiéndose así estos últimos empoderados por jueces y fiscales que los defienden y velan “por sus derechos”, pero al mismo tiempo persiguen con saña y odio indisimulado a los policías que cumplen su deber... Frente a esta absurda situacion, alimentada por la indecisión de las autoridades para intervenir el Poder Judicial y expulsar a quienes están abiertamente coludidos con la delincuencia, la promesa de “restaurar el orden con mano dura” es irresistible. A ello podemos agregar que las redes sociales amplifican esta lógica perversa, con sus discursos de odio y resentimiento. De esta manera, la democracia, que requiere negociación y tiempo, se percibe como débil; mientras el autoritarismo, se ve veloz y resolutivo. Pero esta velocidad cuesta cara: erosiona instituciones, reduce libertades y ahuyenta la inversión. La democracia no se sostiene por razones morales, sino por resultados concretos. Pero mientras esto no sea evidente para la ciudadanía, seguirá optando por quienes ofrecen ‘orden’ a cualquier precio. Como sabéis, en América Latina el voto autoritario no surge del desprecio a la libertad, sino de la frustración, ya que perciben que la primera no ha resuelto sus problemas. El reto no es solo defender la democracia con discursos filosóficos, sino hacerla eficaz. Apostar por un caudillo con sus discursos incendiarios puede dar un alivio inmediato, pero generará a la larga un retroceso que costará revertir, y mucho. Por cierto, en el Perú ¿qué ofrece su desacreditada y desgastada clase política envuelta en toda clase de escándalos? En ella no existe la renovación de sus cuadros dirigenciales, por lo que en las próximas elecciones, con sus candidatos nombrados “a dedo” se verán las mismas caras con sus promesas repetidas hasta el cansancio: Keiko Fujimori insistirá en una estrategia basada en “inteligencia, estrategia y mano dura” para enfrentar la violencia; Cesar Acuña - aquel cacique provinciano que dice cada cosa – afirma que la inseguridad afirma que “no es problema suyo” mientras deja abandonada a su suerte a la Región La Libertad - que se desangra por la violencia - de la cual es gobernador, para irse continuamente de vacaciones a Europa o EE.UU. a lo cual - asegura - “tiene derecho”. Por cierto, se proclama “ingeniero” pero no sabe ni multiplicar 8x7. ¿Dónde habrá sacado su titulo “bamba” (falsificado)?. De seguro en alguna de sus universidades de ínfima categoría; Luego esta un cómico televisivo, que con sus discursos simplistas cree que está en capacidad de llegar a Palacio, buscando imitar al salvadoreño Nayib Bukele en lo relativo a la lucha contra la delincuencia, cuando el territorio de el Salvador equivale solamente a la Región Ica y que cuenta apenas con 6 millones de habitantes frente a los 34 que tiene el Perú, por lo que se trata de otra realidad que el evidentemente no conoce; Asimismo, un alcalde-candidato, que no contento con tener a Lima convertida en un basurero - y que por razones electorales quiere poner en funcionamiento de la forma que sea, un tren chatarra de 40 años de antigüedad que se descarrila solo, cuando no existe la infraestructura necesaria para ello - ha planteado convocar a un referéndum “para aplicar la pena de muerte en casos de homicidios de menores, corrupción grave o ataques contra policías”. Sus propuestas incluyen la militarización de la seguridad y la penalización acelerada, reduciendo garantías procesales. A primera vista parecen ideas razonables, pero viniendo de quien viene y dada su absoluta incapacidad para resolver los problemas de una ciudad tan caótica como Lima, mucho menos podrá resolver los del Perú, por lo que todas sus propuestas son palabras que se las llevara el viento. Por último y como era de esperar, la izquierda radical aliada de Sendero Luminoso ofrece también “soluciones” como es mano dura… orientada únicamente a golpear a las élites políticas y económicas, refundar el Estado instaurando un régimen comunista, imponer sanciones ejemplares a “los corruptos” (pero a los suyos como Cerrón, Castillo, Kuczynski, Vizcarra o Villarán que han robado millones al Estado o bien han hecho negociados con Odebrecht, obviamente que no), para concentrar poder en un Ejecutivo fuerte, y eternizarse en el poder por los siglos de los siglos, emulando a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos sátrapas solo muertos dejan el Poder. El autoritarismo, de esta manera, se ha convertido en una tentación transversal, presentada como “un remedio instantáneo a la inseguridad y la corrupción”… nada más falso, ya que detrás de esa promesa late la misma amenaza: debilitar la democracia. No os dejáis engañar por quienes claman por “mano dura”, ya que al mismo tiempo suelen traer consigo tijeras para recortar libertades de todo tipo. Y, por más que les incomode, los datos son claros: las democracias han dado mejores resultados que las aventuras autoritarias que estos aventureros oportunistas buscan imponer. A que no hay que permitírselo.
Escenario transversal de la vida de la Lima del último siglo, la Plaza San Martín está presidida por un imponente monumento al general argentino que motorizó la independencia del Perú. Corazón de la vida política y cultural de la capital peruana, está rodeada de un conjunto de edificios de arquitectura barroca. Con una superficie de 12 mil metros cuadrados, la plaza configura un cuadrilátero perfecto, dividiendo en dos a la avenida Nicolás de Piérola. Enmarcado dentro del área protegida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está decorada con grandes jardines, balaustradas y bancas de mármol, y farolas que rodean la estatua del héroe. Ruta de paso de cientos de miles de limeños a diario, sentarse un rato en sus bancas sirve para medir el pulso de la capital del Perú. Inaugurada en 1921 durante la dictadura de Augusto B. Leguía, la plaza fue una de las tantas obras que se edificaron en Lima para celebrar el centenario de la independencia de la República del Perú. En su centro está el monumento, un conjunto de 16 metros de alto, coronado por una estatua ecuestre del general José de San Martín atravesando los Andes. El pedestal es un contrastante monumento de granito blanco. Justo bajo la estatua es un volumen de roca viva, en el pie es un pedestal geométrico. Una alegoría de la Patria, una figura femenina de laurel, sostiene una inscripción: “La Nación al General D José de San Martín”. Las caras del pedestal tienen inscripciones y en la cara posterior, las figuras esculpidas de dos soldados entrecruzan banderas. Es este último un símbolo de agradecimiento y hermandad del Perú a la Argentina por los inestimables servicios brindados por el Libertador. El conjunto monumental es obra del escultor español Mariano Benlliure.La plaza está rodeada de un conjunto de edificios que se construyeron siguiendo un patrón adecuado de uniformidad. Los primeros edificios de la plaza fueron el Teatro Colón y el edificio Giacoletti, construidos ambos en 1914. El resto de edificios se construyó posteriormente en tres etapas: la primera correspondió al ya mencionado Gran Hotel Bolívar que data de 1924-1925, obra de Rafael Marquina; en la segunda se hicieron los edificios de los portales de Zela (al sur) y Pumacahua (al norte), ambas construcciones casi idénticas y que datan de 1926, y el Club Nacional, edificado en 1929 por Ricardo de Jaxa Malachowski y Enrique Bianchi en estilo académico francés; y en la tercera y última etapa hacia 1930-1945 se consolidaron los frentes de la plaza con la elevación de los edificios Cerro de Pasco Copper Corporation (1930), Fénix (1934), Cine Metro (1936, de José Álvarez Calderón), Sudamérica (1941) y Boza (1941). En el edificio Fénix se ubicó en 1935 el británico Phoenix Club, hasta su posterior mudanza al distrito de San Isidro en 1992. Como resultado la plaza guarda una unidad por medio de la uniformidad entre sus fachadas, correspondiendo al tipo de plaza barroca que crea un marco arquitectónico coherente en torno al espacio central y su monumento. El estilo final de la mayoría de los edificios que rodean este espacio es neohispano o neocolonial dentro de una composición espacial clásica de raíz hispana y europea. Si se visita Lima hay que llevarse una foto en la plaza San Martín. En resumen, la Plaza San Martín es un espacio emblemático de Lima que combina historia, arte y cultura. Su diseño, estatua central y edificios circundantes la convierten en un lugar de interés tanto para turistas como para residentes, y su historia refleja la evolución de la sociedad peruana a lo largo del tiempo. Lamentablemente no todo es perfecto, ya que el 27 de octubre del 2018, el edificio Giacoletti fue dañado por un incendio. En el primer nivel del edificio de cinco pisos se encontraba la pollería Roky's, donde se presume que inició el fuego. Además, el edificio era sede de un hostal. El fuego habría iniciado en el ducto de una chimenea y que por ello se expandió rápidamente hacia los pisos superiores. Desde entonces luce abandonado y ennegrecido por el fuego, sin que las autoridades municipales, en su incapacidad manifiesta - y peor aún con Porky, que ha convertido a Lima en un basurero - hagan algo por restaurarla.
La fragmentación política en el país andino, caracterizada por la proliferación de vientres de alquiler que eufemísticamente se autodenominan “organizaciones políticas”, la volatilidad electoral y la debilidad institucional, constituye un fenómeno estructural que se ha intensificado en la última década. En efecto, la crisis de institucionalización de las “organizaciones políticas” es una de sus causas principales. Como sabéis, la transición democrática post-fujimorismo en el año 2000 no consolidó a los viejos partidos tradicionales – barridos tras el autogolpe de 1992 así como el desprestigio que arrastraban desde años atrás al estar envueltos en sonados casos de corrupción - sino que dio paso a un sistema de “democracia sin partidos”, donde las “organizaciones políticas” que los sucedieron, funcionan como vehículos electorales efímeros, más que como instituciones democráticas programáticas. Esta dinámica se acentuó en el 2016 cuando el fujimorismo obtuvo 73 parlamentarios y se exacerbó tras la disolución del Congreso en el año 2019 por el golpista Martin Vizcarra y las elecciones extraordinarias del 2020, que reflejaron una ruptura del predominio fujimorista y el ascenso de nuevas fuerzas políticas atomizadas, financiados por la minería informal y el narcotráfico. A medida que se aproximan las elecciones generales del 2026, este fenómeno se intensifica, generando desafíos significativos para la gobernabilidad, la representatividad y la estabilidad democrática en el Perú. Cabe precisar que el sistema político peruano se rige por la Constitución de 1993, que establece un régimen esencialmente presidencialista con elecciones concurrentes cada cinco años para elegir al presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos. La normativa electoral, regulada principalmente por la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, fija requisitos para la inscripción de partidos, como la recolección de firmas equivalente al 0.1% del padrón electoral, una barrera relativamente baja que ha facilitado la proliferación de 43 vientres de alquiler inscritos para las elecciones del 2026. Esta multiplicidad de actores políticos refleja una atomización del sistema de partidos, agravada por la ausencia de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tras su instauración en el año 2019 y su cuestionable eliminación en el año 2024, lo que ha permitido la participación de pseudo organizaciones políticas con nula representatividad. La fragmentación se ve agravada por el sistema de voto preferencial en las elecciones parlamentarias, que incentiva la competencia individual sobre la cohesión partidaria, y por la falta de una barrera electoral efectiva, fijada en 5% para partidos y 6% para alianzas. Este diseño institucional, combinado con la reinstauración del infame sistema bicameral para el 2026, con 60 senadores y 130 diputados (que pueden incrementarse mediante ley orgánica), amplifica la dispersión de la representación legislativa, como se observó en el año 2021, cuando nueve agrupaciones lograron escaños en un Congreso de 18 contendientes. A nivel jurídico, la baja barrera para la inscripción de partidos y la falta de incentivos para formar alianzas electorales sostenibles contribuyen a la proliferación de candidaturas. En el 2026, se estima que podrían competir aproximadamente más de cuarenta candidatos presidenciales, un récord histórico. La eliminación de las PASO ha permitido que agrupaciones fantasmales con limitado respaldo popular participen, incrementando la fragmentación del voto. Además, el sistema de voto preferencial fomenta la personalización de la política, debilitando la cohesión de las bancadas parlamentarias, como se observa en la “migración” de 55 de 130 congresistas a otras bancadas desde el 2021, que, más propiamente, podría ser considerado en la mayoría de los casos como actos típicos de transfuguismo parlamentario. La crisis de legitimidad de las instituciones políticas, con un Congreso que registra un 93% de desaprobación ciudadana, y la desconfianza en los partidos, reflejada en un 30% de voto blanco o viciado en encuestas recientes, alimentan un escenario de apatía y volatilidad electoral. Esta situación se agrava por la percepción de corrupción sistémica y la influencia de poderes fácticos, como los medios de comunicación, que concentran el 80% de la prensa escrita en el Grupo El Comercio, adalid de la prensa basura (quebrada económicamente y que se encuentra a la venta). En este escenario, las elecciones del 2026 se perfilan como las más complejas de la historia peruana. La primera vuelta, programada para abril de ese año, será una suerte de una primaria de facto, definiendo las dos candidaturas presidenciales más votadas para el balotaje y la composición del Congreso bicameral. Sin embargo, la alta fragmentación del voto podría conducir a que los candidatos que pasen a la segunda vuelta obtengan un porcentaje bajo de votos que podría comprometer la legitimidad del presidente electo. En el ámbito parlamentario, la fragmentación se manifiesta en la proliferación de bancadas y la inestabilidad de las alianzas legislativas. La reintroducción del sistema bicameral y el voto preferencial para senadores y diputados podría complicar aún más la cohesión legislativa. Se debe evidenciar, asimismo, que las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han avizorado la oportunidad de permanecer en el poder más allá del 2026. Para ello, la Constitución ha sido reformada “a su medida” en casi sesenta artículos en el 2024. La reforma central de estos cambios constitucionales es la reintroducción del bicameralismo del Congreso de la República. Hay que recordar que Fujimori justificó el golpe de Estado de 1992 y el cierre del Congreso que era bicameral en aquel entonces porque era ineficiente, corrupto y obstruccionista. Sin embargo, la reintroducción del bicameralismo no ha tomado en cuenta la decisión de los peruanos que, en el referéndum del 2018, rechazó con el 90% de los votos el reestablecimiento de la bicameralidad. Es indudable por ello que la fragmentación política plantea desafíos significativos para la gobernabilidad del Perú en los próximos años. El presidente electo en el 2026 enfrentará un Congreso fragmentado y con alianzas frágiles, donde ningún partido alcanzará mayoría. La ambigüedad de mecanismos como la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” y la disolución del Congreso, utilizados en crisis recientes, sigue sin resolverse, perpetuando la inestabilidad. No obstante, las elecciones podrían representar también una oportunidad para replantear el sistema político peruano; pero sin reformas estructurales, por lo que el riesgo de inestabilidad persistirá, perpetuando un ciclo de crisis que amenaza la viabilidad de su endeble democracia. La fragmentación política en el Perú de hoy tiene también una causa más grave: la “banalización de la Constitución”, que se ha acrecentado en los últimos años y se puede percibir en el hecho de que ella misma ha dejado de ser fundamento y límite del poder político. Formalmente lo es, aunque es constantemente manipulada al antojo de la voluntad de las fuerzas políticas, principalmente, del Parlamento. Es así que la actual Constitución ya no racionaliza el poder y su ejercicio, sino que es instrumentalizada por la política parlamentaria para “legitimar” la aprobación de leyes que favorecen sin ambages a los propios congresistas. Cuando en los últimos años, durante el régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo se pretendió convocar a una espuria asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna, pero al no conseguirlo, intento dar un autogolpe de Estado en el 2022, fracasando miserablemente y terminando ese mismo día en la cárcel por golpista y ladrón, los defensores de la Constitución han apelado a recordar sus bondades, sobre todo, en el ámbito económico y en la derrota del flagelo del terrorismo. Ello es innegable. Sin embargo, hay que reconocer que esa intangibilidad de la Constitución ha sido dejada de lado cuando las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han decidido que es más importante perpetuarse en el poder más allá del 2026, a través de la restauración del Senado, que defender la Constitución. Esto confirma la afirmación aguda que alguna vez hizo Horst Dreier, de que la Constitución no es un “seguro de vida político”. La democracia peruana no se sostiene solo por “tener” una Constitución, sino por mantener su vigencia, y protegerla de las fuerzas antidemocráticas que pretenden acabar con ella y sustituirla por otra de corte comunista como sucedió en Cuba, Nicaragua y Venezuela por sus sátrapas pretendiendo eternizarse en el poder. Ello no debe suceder en el Perú y por ese motivo hay que desbaratar infatigablemente cualquier intentona de la mafia caviar (que inexplicablemente aun controla los organismos electorales), quienes buscan repetir el fraude realizado en el 2021 para colocar en Palacio a un oscuro individuo de limitado lenguaje y nula inteligencia, para que destruya la democracia por dentro, como quiso hacerlo Castillo. A estar atentos a sus sucias maniobras... Pero con tal cantidad de candidatos demagogos y oportunistas que se van a presentar en los comicios ofreciendo hasta lo imposible a los incautos para conseguir su voto – y luego olvidarse de sus promesas como siempre lo hacen - las elecciones del 2026 van a ser de difícil pronóstico.
Como sabéis, cada tercer domingo de julio, miles de peruanos se reúnen en torno a una mesa para rendir culto a uno de los platos más queridos del país andino: el pollo a la brasa, que este año cumple su 75 aniversario. Esta celebración no solo exalta su sabor inconfundible, sino también su rol como símbolo de su identidad nacional. Crujiente y de aroma especial, acompañado de patatas fritas, ensalada y cremas, como el kétchup y la mayonesa, es reconocido por su sabor inigualable dentro y fuera del país. Este suculento plato recibió el reconocimiento oficial como “Patrimonio Cultural de la Nación”, mediante la resolución Ministerial Nº 0441-2010-AG, emitido por el Ministerio de Cultura que resolvió declarar al tercer domingo de julio de cada año, como “El día del pollo a la brasa”. Desde entones, este plato se ha ganado un lugar especial en la gastronomía y en el corazón de los comensales peruanos.El origen del pollo a la brasa se remonta a 1949, cuando el inmigrante suizo Roger Schuler, dueño del restaurante Granja Azul, ubicado en Santa Clara, diseñó una técnica innovadora de cocción giratoria para asar pollos de manera uniforme. Gracias a Franz Ulrich, el experto que ideó el horno con barras giratorias, Schuler fundó el primer restaurante de pollos a la brasa tras varias pruebas con diferentes mecanismos hasta que, finalmente, quedó el modelo que se usa y fabrica hasta la actualidad. La idea partió luego de que Schuler viera a su cocinera hornear pequeños pollos de una manera similar, pero más rudimentaria. Desde entonces, el emprendimiento de Schuler creció a niveles nacionales y se masificó en todo el Perú. Aquel método, conocido como rotombo, permitió preparar múltiples piezas simultáneamente, manteniendo la jugosidad de la carne y ese dorado perfecto que hoy lo caracteriza y que lo hace inconfundible. La receta original incluía solo sal, pero con el tiempo se fueron incorporando ingredientes peruanos como ají panca, comino, sillao y cerveza negra. Con el correr de los años, el pollo a la brasa se convirtió en el almuerzo dominical por excelencia. Asequible, abundante y sabroso, supo adaptarse a todos los bolsillos y estilos de vida. Actualmente, se estima que más de 150 millones de pollos a la brasa se consumen al año en el Perú, según cifras de la Asociación Peruana de Avicultura. Es, sin duda, uno de los productos más vendidos en restaurantes, y su popularidad trasciende fronteras, con versiones exportadas a países como Chile, Estados Unidos y Japón. Cabe precisar que la celebración no solo promueve el consumo, sino que también busca revalorizar una preparación que combina técnica, cultura e historia. Durante esta jornada, muchas pollerías ofrecen promociones especiales, concursos y actividades familiares. Además, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de la gastronomía popular peruana, donde la innovación y la tradición conviven en armonía. Por cierto, se estima que hay más de 13 mil pollerías en el Perú.Así que este tercer domingo de julio, la mesa está servida. Ya sea en un restaurante de lujo o en una reunión familiar, el pollo a la brasa convoca, une y celebra.
Una buena noticia sin duda alguna, es la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la Ley de Amnistía con la que se hace justicia a todos aquellos valerosos integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF.AA. que a riesgo de sus vidas se enfrentaron y vencieron a las demenciales hordas asesinas de Sendero Luminoso y el MRTA, que originaron un baño de sangre en el país andino en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, pero a pesar de ese logro y de haber sido reconocidos en su momento como Héroes de la Democracia, desde la llegada de los parásitos caviares al Estado con Valentín Paniagua a la cabeza, fueron desde entonces injustamente perseguidos por esa maldita mafia enquistada en la justicia, sometiéndolos a procesos interminables que duran décadas, así como estigmatizados por los politizados organismos “defensores de los derechos humanos” (de los terroristas, se sobreentiende) que los calificaban con todos los epítetos inimaginables. Pero ello se acabó. En efecto, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el 2000. La norma beneficiará específicamente a aquellos que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años. La medida fue aprobada el miércoles con 16 votos a favor y 11 en contra. Recibió el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia, mientras que como era de esperar, las bancadas de izquierda - que siempre actúan como voceros del terrorismo y que como recordareis, fueron cómplices del oprobioso régimen filosenderista de Pedro Castillo, hoy en la cárcel por golpista y ladrón - votaron en contra. Si bien aún está pendiente que se resuelva un pedido de reconsideración a esa votación, presentado por los impresentables congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Alex Flores (Bancada Socialista), esta solicitud será rechazada. Ahora solo queda que el Gobierno promulgue la ley cuanto antes y sea publicada en el diario oficial El Peruano para que entre en vigencia. Como sabéis, la iniciativa tiene su origen en un proyecto de ley presentado en abril del año pasado por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia. La Comisión Permanente se pronunció a su favor en segunda votación al ejercer, durante el actual receso parlamentario, las funciones que corresponden al pleno del Congreso. Por cierto, la primera votación del dictamen se resolvió el pasado 11 de junio con 61 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien sustentó el dictamen ante la Comisión Permanente, argumentó que la amnistía responde “a una necesidad de justicia y es una forma de saldar una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista”. Según el legislador, la norma permitirá corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales. Rospigliosi recordó el caso de los marinos procesados por el motín de El Frontón, que data de 1986: “De forma escandalosa se les ha reabierto nuevamente el juicio. [...] No puede ser que los procesos duren eternamente y que los militares, policías y miembros de autodefensa que derrotaron al terrorismo sean sometidos a la tortura de procesos interminables”, dijo. Afirmó que actualmente hay más de mil personas en esa situación. En la misma línea, el legislador Jorge Montoya, autor de la propuesta, defendió la ley como una respuesta al abuso que se ha cometido durante décadas contra las fuerzas del orden. “El abuso que se ha cometido a lo largo de 40 años sobre el personal militar y policial es inadmisible para una sociedad que se respete. Acá estuvimos en una lucha permanente por defender la democracia. Hubo excesos que ya han sido sentenciados y castigados, pero no hubo asesinatos sistemáticos como afirman falazmente los caviares. Los que quedan no tienen cómo acusarlos. Aun así, están buscando pruebas durante 30 años y no las encuentran” asevero. Montoya también criticó especialmente el caso El Frontón que no tiene cuando acabar. “Lo abren cada vez que pueden. Eso es inconcebible”, señaló. Por último, dijo que “esta ley de amnistía permitirá vivir tranquilos el resto de vida que les queda a los que están siendo injustamente acusados por el ‘delito’ de cumplir con su deber y salvar al Perú de caer en las garras del comunismo” puntualizó. Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el país no borra su pasado: lo enfrenta con justicia y dignidad. Esta no es una norma para el olvido, sino un acto de soberanía moral que repara, aunque tarde, una deuda histórica con quienes evitaron que la patria cayera bajo las botas del totalitarismo, defendiéndola en su hora más oscura. Desde los años 80, las FFAA y la PNP enfrentaron una guerra no declarada contra el terror de Sendero Luminoso y el MRTA. Enfrentaron coches bomba, asesinatos de autoridades, secuestros de niños, ejecuciones públicas, y lo hicieron sin una legislación de guerra, con una opinión pública dividida y muchas veces con directivas políticas ambiguas o cobardes. Sin embargo, lograron contener al enemigo, evitar el colapso del Estado y restituir el orden en regiones enteras. ¿Qué recibió el personal en retorno? Juicios interminables, olvido institucional y una estigmatización sistemática. En muchos casos, los acusados ni siquiera han recibido sentencia. En otros, han sido absueltos luego de años de prisión preventiva. La justicia tardía no es justicia. Y la persecución eterna, sin resolución ni reparo, constituye una forma de tortura institucional. El Perú tiene derecho a defenderse en todos los frentes: militar, judicial y simbólico. Esta ley es parte de esa defensa. No vulnera tratados internacionales; por el contrario, aplica principios básicos como el debido proceso y el respeto por la dignidad de la persona humana. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En muchos casos, estos plazos fueron largamente superados. ¿Deben estos peruanos que combatieron al terrorismo morir esperando justicia? La ley tampoco borra crímenes ni elimina la posibilidad de investigación en casos graves. Sólo establece que, por razones humanitarias y procesales, se exonera de responsabilidad penal a personas en situación vulnerable que han enfrentado un desgaste sin fin. No es olvido: es decencia. Quienes sirvieron en las FFAA y PNP durante los años del terror lo hicieron por convicción, por deber y por amor al país. Muchos lo pagaron con la vida, otros con la salud, otros con su libertad. Es hora de saldar esa deuda moral. No para encubrir excesos, como afirma la sesgada narrativa caviar, sino para reconocer que, sin ellos, el Perú no tendría hoy democracia. El patriotismo no es un recurso retórico: es una obligación civil. Defender esta ley es defender la verdad completa de la historia y reafirmar el principio de que el Perú tiene derecho a honrar a quienes lo protegieron cuando casi todo estaba perdido. Que la democracia no olvide nunca a los héroes que la salvaron.
Lo que era un secreto a voces, en los pasillos del Ministerio de Defensa, se confirmó esta semana. En efecto, el Perú formalizó la compra de 24 cazas Saab JAS 39 Gripen E por $3.500 millones. Esta adquisición reemplazará su flota de MiG-29 y Mirage 2000, en servicio desde los años 80. La decisión, anunciada en julio del 2025, concluyó un proceso de evaluación que comenzó en el 2024. En dicho proceso, el Gripen E obtuvo ventaja frente al Lockheed Martin F-16 Block 70 y al Dassault Rafale F4. La actual Fuerza Aérea del Perú, con 11 Mirage 2000P, ocho MiG-29, ocho Su-25 y 20 Cessna A-37, presenta limitaciones derivadas de la obsolescencia tecnológica y la baja disponibilidad operativa. El contrato incluye misiles, radares y sistemas para formación de pilotos, con entregas estipuladas en un plazo de 24 meses a partir de la firma. Dos aviones estarán listos para el aniversario de la FAP el 23 de julio del 2026. La selección del Gripen E respondió a su costo unitario, estimado entre $110 y $120 millones. Esta cifra resultó inferior al precio del Rafale, entre $170 y $240 millones, y al del F-16, entre $75 y $100 millones. Saab ofreció un paquete de compensaciones que contempla transferencia tecnológica y participación de la industria local, bajo un modelo similar al que se aplicó en Brasil con Embraer. La operación, financiada mediante un préstamo de $2.000 millones del Banco de la Nación para la primera fase y $1.500 millones para el 2026, recibió la aprobación del Congreso peruano en el 2025. Es mas, la presencia de un modelo Gripen E en la feria SITDEF 2025 en Lima influyó en la decisión. Cabe precisar que se trata de un caza multirrol de generación 4.5, equipado con un radar AESA Raven ES-05, un motor General Electric F414G y un sistema de guerra electrónica. Su peso máximo al momento del despegue es de 16.500 kg, su velocidad alcanza Mach 2, su radio de combate llega a 1.303 km y su alcance máximo es de 4.000 km. Su armamento incluye misiles Meteor, IRIS-T, AIM-9X, AGM-65 Maverick, bombas GBU y un cañón Mauser BK27 de 27 mm. Su diseño modular permite operaciones en condiciones austeras. El costo por hora de vuelo es de $4.700, mientras que el Rafale genera un costo de $16.500. Estas especificaciones resultan adecuadas para el terreno andino y las misiones de defensa antiaérea y apoyo terrestre en Perú. Asimismo, el Gripen E puede operar desde pistas cortas. Requiere 500 metros para el despegue y 600 para el aterrizaje, lo que facilita su empleo en las bases aéreas del país. Saab resaltó su sistema de mantenimiento simplificado, que reduce los costos logísticos y favorece una alta disponibilidad. En SITDEF 2025, Saab presentó sistemas adicionales como el RBS 70NG y el radar Giraffe 1X. Estas capacidades podrían incorporarse en los sistemas de defensa antiaérea de Perú. La experiencia de Brasil, con 36 Gripens F-39E y una planta de producción nacional, sirvió como antecedente técnico para el acuerdo con el Perú. La decisión tomada por el Gobierno peruano, al igual que la de Brasil y Colombia, ha incorporado al Gripen E como plataforma aérea. Esto incrementó la participación de Saab en América Latina, donde predomina el uso de aeronaves estadounidenses como los viejos F-16, presente en Chile, Colombia y Venezuela. En febrero del 2025, Estados Unidos bloqueó la venta de motores F414 para los Gripen E destinados a Colombia. Pero hasta julio de este año, no se registraron restricciones equivalentes para Perú. Sin embargo, ahora que se formalizo la adquisición de esos aviones por el Gobierno peruano, ello podría ocurrir, quizás como una forma de presión debido a la cada vez más estrecha relación del Perú con China, lo cual no es del agrado de Washington. Cabe precisar que el acuerdo alcanzado incrementa significativamente la presencia industrial sueca en la región. De esta manera, las posibilidades de cooperación técnica y logística entre Perú, Brasil y Colombia permanecen abiertas.El contrato con Saab contempla además inversiones en la industria aeronáutica peruana, un esquema que se asemeja al aplicado en Brasil, donde se establecieron capacidades de ensamblaje y mantenimiento. De esta manera, la Fuerza Aérea del Perú contempla unificar su flota mediante el Gripen E para lograr mayor eficiencia logística y preparación operativa. Esta decisión forma parte de un proceso de renovación regional en el que Chile mantiene el F-16 como avión principal y Brasil implementa 36 Gripens. Al estructurar su compra en dos fases de 12 aeronaves cada una, el Perú garantiza que la producción y mantenimiento dependan de un solo proveedor.
El asesinato del aspirante a colaborador eficaz y otrora mano derecha de la corrupta ex alcaldesa de Lima Susana Villarán – implicada hasta el cuello en el Caso Odebrecht y cuyo juicio por fin, se iniciará en septiembre - demuestra hasta qué punto la mafia caviar puede llegar para “silenciar” a quienes considera un obstáculo para sus planes, buscando la impunidad para su protegida, perteneciente a la misma secta. Como sabéis, José Miguel Castro apareció muerto el domingo último y con él se fueron los secretos que sabía sobre los millonarios sobornos que recibió su jefa Villarán de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en el 2013, para sus campañas políticas y a cambio de obras públicas. En estricto rigor, Castro aún no era colaborador eficaz. Estaba intentando serlo brindando información de alto voltaje al cuestionado fiscal José Domingo Pérez, quien tenía a su cargo el caso de Villarán. Eso lo venía haciendo Castro desde hace un buen tiempo, pero el controvertido fiscal sospechosamente aún no terminaba de corroborar sus afirmaciones, para postularlo como tal en el juicio oral que se iniciará el 23 de septiembre próximo. Nadie sabe a qué nuevos personajes, además de Villarán, señaló Castro en su proceso de convertirse en colaborador. Pero ha empezado a trascender que se trataría de varios jerarcas y políticos de la izquierda parasita, del entorno más íntimo de la corrupta exalcaldesa, y que fueron caras visibles en la campaña de la no revocación. De acuerdo a fuentes fiscales, eso explicaría la lentitud del fiscal Pérez, quien es apoyado por los caviares, para culminar y probar los dichos de Castro, a quien los funcionarios brasileños apodaban ‘Budián’.Pero para su alivio, José Domingo Pérez jamás podrá utilizar lo que le contó Castro porque la ley no se lo permite.El conocido penalista Andy Carrión explicó este punto en RPP de una manera clara y concisa: “Lamentablemente, esas declaraciones (de José Miguel Castro) en el marco de la colaboración eficaz no van a poder ser usadas porque no hay una resolución judicial. Él estaba incurso dentro de un procedimiento de colaboración eficaz; es decir que, al día de hoy, todavía no se había logrado que un juez homologue, dé la venia, de que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas”. Agregó que solo se podrán utilizar las que Castro dio en su calidad de acusado, pero muchas de ellas ya se conocían y fueron publicitadas. La semana pasada, Castro fue a la Fiscalía a hablar con José Domingo Pérez. Según una fuente de ese despacho, “a Castro se le notaba molesto y contrariado” seguramente por las amenazas que recibía por parte del entorno de Villarán, que buscaban “silenciarlo” al mismo estilo de la mafia siciliana. Y vaya que lo lograron. La muerte de ‘Budián’ es un sospechoso hecho que se suma a otros en el caso de Susana Villarán, que se ha caracterizado por la extraña lentitud y comportamiento cómplice mostrado por la Fiscalía. No es de extrañar esa actitud, ya que pertenecen a la misma secta caviar.Como recordareis, dicho proceso empezó hace diez años y el juicio oral recién se iniciará en septiembre, pese a que en mayo del 2019 - es decir, ¡hace seis años! - ella misma reconoció públicamente, en una entrevista radial, haber sido sobornada por Odebrecht y OAS. Lo hizo porque existía un audio que la comprometía. De esta manera, la evidencia de su culpabilidad queda al descubierto, pero ni aun así fue colocada bajo arresto preventivo, mientras los años pasaban y el juicio no se iniciaba. De seguro esperaban que sus delitos prescriban y quede impune de sus múltiples delitos. No es de extrañar por ello, que sintiéndose “blindada” por la fiscalía, Villarán se daba la gran vida en su casa de playa hasta que el programa ‘Panorama’ la descubrió in fraganti en su piscina, a pesar de que decía que tenía una enfermedad a la piel, “que le impedía estar expuesta al sol”, un risible argumento que utilizo para evitar esperar el inicio su proceso tras las rejas, como debía ser. Ahora bien ¿Por qué era tan importante el testimonio de Castro, que comprometía seriamente a Villarán y su entorno? El exgerente municipal relató con detalle cómo se efectuaron operaciones de entrega de dinero a diferentes figuras políticas, describiendo montos, fechas y hasta mecánicas de distribución. Sostuvo que, por instrucción de Susana Villarán, la entonces congresista Anel Townsend recibió US$20.000 en dos partes: la mitad durante la campaña para cubrir movilidad y gastos publicitarios, y la otra mitad como “bono de éxito” al terminar la contienda contra la revocatoria. Castro precisó que estas operaciones surgieron a raíz de un almuerzo convocado por Villarán en su casa y que luego, Townsend fue contratada por la municipalidad a través del PNUD para trabajar en Participación Ciudadana. Castro señaló también que las regidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui, activas en la coordinación de eventos y cierre de campaña, recibieron S/60.000 en efectivo para cubrir los costos de logística, producción y movilidad, fondos que provenían de dinero entregado por OAS. Afirmó que ambas firmaron recibos de entrega, aunque no se han presentado copias de estos documentos. Tanto Glave como Reátegui han negado cínicamente los hechos y aseguraron “no haber recibido sumas ilícitas ni haber firmado recibos por tales montos” … si como no . Otro de los nombres que figura en sus declaraciones es el del sociólogo Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa, quien según Castro habría recibido pagos directos que suman US$60.000 por trabajos de asesoría política para Villarán en las dos primeras etapas de su gestión municipal. Castro dio cuenta de su intervención directa ante directivos de OAS para coordinar la entrega de estos fondos, así como la continuidad de pagos mensuales por consultorías adicionales. Nieto reconoció haber asesorado a Villarán, pero negó haber recibido remuneración alguna y menos pagos de OAS. En su condición de colaborador, José Miguel Castro también declaró que Odebrecht pagó entre US$30.000 y US$40.000 a la encuestadora Giovanna Peñaflor, directora de Imasen, para realizar estudios de opinión y focus groups relacionados a la campaña del “No”. Detalló que durante una reunión en el Club La Unión, Peñaflor habría reconocido públicamente que era la empresa constructora la que costeaba estos servicios, cuestión que ella posteriormente negó, precisando que Imasen “solo realizó estudios para Odebrecht sobre el proyecto vial Rutas de Lima”. Las declaraciones de Castro se extendieron sobre otros operadores políticos. Aseguró que Jaime Salinas, exregidor de Unidad Nacional, recibió US$120.000 repartidos en cuatro cuotas, tras interceder con el apoyo del PPC a la campaña contra la revocatoria. Mencionó que las entregas se realizaron a través del tesorero de campaña Luis Gómez Cornejo en un café de Miraflores. También reveló que parte del financiamiento de la campaña se destinó al alquiler y funcionamiento de un local partidario en Jesús María, cuyos costos corrían por cuenta de los saldos de campaña financiados por Odebrecht y OAS. Detalló que se invirtieron aproximadamente S/10.000 mensuales en alquiler, con planillas cercanas a los S/20.000 y la adecuación de un departamento para Villarán que superó los US$15.000; en total, unos US$300.000. Pero la colaboración de Castro no solo incluyó minuciosos detalles sobre los aportes ilícitos sino también sobre los vínculos entre la gestión municipal y las constructoras. Testimonios de ejecutivos como Jorge Barata de Odebrecht y Raúl Ribeiro del consorcio Rutas de Lima, confirmaron que Castro intermedió solicitudes de dinero - incluyendo US$3 millones para campañas - y coordinó la entrega de fondos al publicista Valdemir Garreta y a sus propias cuentas. El Ministerio Público, a partir de su testimonio y de diversa documentación, sostiene que Castro fue pieza clave en la recepción y distribución de US$10 millones de Odebrecht y OAS a cambio de adjudicaciones y facilidades administrativas en cuestionados megaproyectos municipales como Vía Parque Rímac que nunca se hizo - y sobre todo, Rutas de Lima, que se ha hecho del control de los peajes en la capital cobrando lo que les da la gana sin que nadie pueda impedirlo, debido al oneroso contrato firmado por Villarán. Su nombre figura además en operaciones bancarias en la Banca Privada de Andorra – un paraíso fiscal - y en la gestión de cuentas para recibir giros de las firmas investigadas. Las versiones recogidas por la fiscalía también lo vinculan con amenazas y presiones a empresarios para asegurar los pagos bajo la advertencia de favores o represalias administrativas, así como a coacciones para que otros investigados guardaran silencio sobre su participación. Con el asesinato de Castro, los involucrados creen haberse “asegurado” de que sus nombres no salgan a la luz.Pero su trágica desaparición, no debe ser motivoalguno para obstaculizar un juicio largamente postergado.Si bien, su muerteeliminael testimonio directo que habríasido crucial para establecer responsabilidadespenales de Villarán y su entorno, sin embargo, su ausenciafísica no debesignificarimpunidad. El Código Procesal Penal contempla estas circunstancias excepcionales. Sus declaraciones previas y toda la documentación proporcionada durante su colaboración mantienen valor probatorio y deben incorporarseplenamente al juicio oral. Es imperativo que el Ministerio Público asegure que todo lo declaradopor Castro sea debidamente considerado po rel tribunal. La información sobre cuentas bancarias en Andorra, mecanismos de lavado de activos y acuerdos ilícitos con las constructoras debe mantenerse como elemento central del proceso. Este episodio debe servir como alerta definitiva sobre la urgencia de acelerar procesos judiciales en casos de gran corrupción. Han transcurrido seis años desde que Villarán confesó públicamente que recibió los aportes, y el juicio recién está por comenzar. El asesinato de Castro evidencia además la vulnerabilidad de quienes cooperan con la justicia. Es fundamental, por ello, fortalecer protocolos de seguridad para los 500 testigos citados en el juicio contra Villarán. De aquí hasta septiembre ¿Cuántos de ellos aparecerán muertos por “suicidio”? El caso no debe de caerse como ya está dejando ver la fiscalía caviar. La confesión pública de Villarán, las evidencias documentales y el legado probatorio de Castro conforman un acervo que debería de traducirseenunasentencia. El juicio que se iniciaráel 23 de septiembre no debepostergarsemás. Este crimen debe ser el catalizador que acelere el proceso y demostrara sí que la justicia no muere con los testigos y los culpables, con Villarán a la cabeza, sean severamente castigados. (Por cierto, una buena noticia es la aprobación por la Subcomisión de Acusaciones constitucionales del Congreso, del inicio del proceso contra la usurpadora Delia Espinoza y sus secuaces en el Ministerio Publico, por haber cometido delito de desobediencia a la autoridad en agravio del Estado - al negarse a acatar la resolución de la JNJ que ordenaba reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides - por lo cual serán destituidos de los cargos que hoy ocupan ilegalmente…. A la cárcel con esos parásitos. Venga ya ¿Quién es el que ríe al último?)
Tal como lo advertimos semanas atrás, el publicitado tren de pasajeros de Lima a Chosica, que impulsa el cuestionado Alcalde de Lima Rafael López Aliaga (alias Porky) es una farsa montada con el único objetivo de impulsar su candidatura presidencial para las elecciones generales del 2026, a pesar de que su gestión al frente del Ayuntamiento es un completo fracaso. Es más, desesperado porque esta no “prende” en la población, había anunciado que en un par de semanas realizaría una “marcha blanca” con esa chatarra ferroviaria de 40 años de antigüedad “donada” por los EE.UU. (que así se libra de esa basura extremadamente contaminante), por la ruta que actualmente utiliza el Ferrocarril Central, que transporta exclusivamente minerales desde el centro del país. Pero a último momento y por las críticas recibidas, dio marcha atrás y ahora afirma que “no hay una fecha definitiva para el inicio de operaciones” - que estaba señalado para el 28 de julio - “ni tampoco una 'marcha blanca'. Más que eso, será una 'prueba en vacío'". Lo que sucede es que no existe la infraestructura adecuada para que esa chatarra oxidada circule en la única vía que existe (cuando mínimo deben ser dos, tanto para la ida como la vuelta), como tampoco se han construido estaciones de pasajeros donde estos puedan ser abordados y que además, representan un peligro para los puentes que atraviesa, porque la altura de esos trenes de dos pisos es considerable. Estos trenes - que se encontraban abaldonados durante décadas en un patio de chatarras en los EE.UU. antes de ser enviados a Lima como “donación” por los que se tuvo que pagar una millonada para enviarlos por mar - miden exactamente 4 metros con 85 cm y el diseño de estos vehículos son incompatibles con la altura libre bajo los puentes de la ruta ferroviaria, Su decisión de anunciar la fecha de inicio de operaciones, origino muchas críticas de las autoridades pertinentes, pero Porky insistió en lo suyo, sin importarle en lo más mínimo el riesgo que representa. Sin embargo, la realidad le dio un portazo en la cara y se echó para atrás. Como sabéis, el Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) César Sandoval le respondió públicamente - a raíz de unas irresponsables declaraciones que hizo López Aliaga que a mediados de este mes “si o si” realizaría la marcha blanca de esa chatarra, así no tenga la autorización del MTC - acusándolo de crear falsas expectativas en la población. En efecto, en un pronunciamiento a Canal N, el titular del MTC negó que su sector esté bloqueando el avance del proyecto y cuestionó el anuncio del burgomaestre, quien advirtió que los trenes donados comenzarían a operar en julio, incluso sin autorización formal.Sandoval solicitó al alcalde que oficialice su pedido de reunión con el ministerio y que no utilice la controversia con fines políticos. También advirtió que no existe expediente técnico aprobado ni plan de implementación para que se autorice una prueba operativa. Desde su sector, sostuvo que la prioridad es garantizar que cualquier iniciativa ferroviaria se desarrolle con responsabilidad, dentro del marco legal y sin generar falsas expectativas en la ciudadanía.El titular del MTC rechazó que su despacho esté retrasando la puesta en marcha del tren anunciado por la Municipalidad de Lima. “Obstaculización no hay. Al contrario, hay disponibilidad de que las cosas se hagan con responsabilidad, se hagan de manera técnica”, declaró Sandoval en Canal N. A su vez, exhortó a López Aliaga a seguir el conducto regular: “Espero que el alcalde democráticamente oficialice la solicitud”, dijo, aludiendo a que, hasta la fecha, no ha recibido una comunicación formal para sostener una reunión de trabajo.Además, señaló que toda obra pública debe contar con sustento técnico y planificación adecuada. “Yo quisiera tener la oficialización de la reunión que él está solicitando con el MTC y la predisposición de mi parte está. Pero todo debe hacerse con veracidad y propiedad”, añadió. El ministro subrayó que su sector no puede validar una operación sin que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad y factibilidad. Es más, el Ministerio de Transportes precisó que el proyecto no cuenta con los requisitos indispensables para iniciar una marcha blanca. “No hay expediente aprobado ni plan de implementación que permita avanzar con la prueba operativa”, declaró Sandoval a RPP. Según detalló, ni las condiciones técnicas del material rodante ni las características de la vía han sido evaluadas, por lo que autorizar una circulación piloto sería inviable bajo los criterios actuales.Además, Sandoval recordó que una posible operación ferroviaria implica coordinación con operadores, estudios técnicos, cronogramas y cumplimiento normativo. Desde el Ejecutivo se evalúa una alternativa legal para viabilizar el proyecto: ampliar la concesión actual mediante una adenda. Sin embargo, dicho proceso requeriría al menos un año de desarrollo y, hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha presentado ninguna propuesta oficial en ese sentido. Como recordareis, López Aliaga había sostenido en varias ocasiones que los primeros trenes donados por la empresa Caltrain llegarán al Callao en los próximos días y que empezarían a operar sin pasajeros este mismo mes. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, dijo en un evento público. Además, cuestionó que el cambio de titular en el Ministerio haya frenado las conversaciones previas sostenidas con el exministro Pérez Reyes, con quien, según dijo, “ya se habían establecido acuerdos iníciales para la prueba”, una que ya no se va a dar. El ministro de Transportes remarcó que, si bien está dispuesto a dialogar, el enfoque debe mantenerse dentro de lo técnico y legal. “Con diálogo se genera estabilidad, Estado de derecho y desarrollo en el país”, afirmó. También rechazó el uso de amenazas de movilización para forzar decisiones institucionales: “Hablando se entiende la gente. No promoviendo desestabilización, movilizaciones, anarquías en el país”, sostuvo en Canal N.César Sandoval insistió en que su responsabilidad es salvaguardar el interés público y no ceder a presiones externas. “Espero escuchar el planteamiento del alcalde, pero también opino con responsabilidad y con conocimiento del tema”, declaró. En ese marco, reiteró que “el país necesita decisiones serias, especialmente en sectores estratégicos como el transporte, donde los anuncios apresurados y electoreros pueden generar confusión en la ciudadanía”. Bien por el ministro por mantenerse firme y desbaratar otra maniobra electorera de Porky.
Es indudable que la mafia caviar ha llevado al Ministerio Público (MP) a una crisis terminal. Durante más de seis años han utilizado la fiscalía como un instrumento, para mantener y acrecentar un poder ilegítimo, persiguiendo a sus adversarios y protegiendo a sus amigos. Así, han desvirtuado completamente la función de la fiscalía, convirtiéndola en una herramienta para venganzas políticas y personales, persecutora de militares, policías y políticos, defensora y cómplice de delincuentes. Ahora, Delia Espinoza y sus secuaces se aferran ilegalmente a sus puestos, desconocen la autoridad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y pisotean la legalidad que deberían defender, “amparados” por un cuestionado juez - otrora defensor de terroristas - quien en tiempo récord suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del ejercicio de la función pública tanto como fiscal suprema y titular del Ministerio Público, y que había sido repuesta por la JNJ en el cargo de Fiscal de la Nación que hoy usurpa la corrupta Delia Espinoza, asalariada del judío Gorriti. Pero este desastre no es de ahora como podéis suponer. Comenzó en el 2018, cuando Martin Vizcarra, un maldito Lagarto aliado con los caviares, asaltó el sistema de justicia. Liquidó el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura y, mediante una comisión integrada por caviares, creó la JNJ, para que sirviera a sus propósitos. Luego defenestró al por entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y puso en su lugar a la impresentable Zoraida Ávalos. Lo hizo, hay que recordarlo, asociado con la prensa caviar, que demolió a Chávarry con cientos de portadas de diarios y reportajes televisivos tramposos. A partir de allí, la mafia caviar se ha atrincherado en el sistema judicial, violando leyes y resoluciones. Por ejemplo, el Congreso, en uso de sus atribuciones, inhabilitó por diez años a la lagartona Zoraida Ávalos. Pero ella hizo caso omiso a esa decisión, y con la complicidad del Poder Judicial, sigue instalada ilegalmente en la fiscalía. El Congreso también inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez, de la anterior JNJ. Lo mismo, siguieron ahí, impertérritos, hasta el último día. Hoy, cuando la nueva JNJ ha repuesto a la fiscal Patricia Benavides, no acataron la resolución. Peor todavía, la acusan a ella, a los abogados que la defienden y a la propia JNJ. Como ha dicho el constitucionalista Aníbal Quiroga, son gatillo fácil, disparan acusaciones a diestra y siniestra, usando ilegítimamente el poder que aún detentan. ¿Qué hacer entonces? Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley de Américo Gonza para reorganizar el MP. También Alejandro Muñante ha propuesto una acusación constitucional contra los fiscales supremos. De hecho, ya existe una acusación presentada por Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra toda la Junta de Fiscales Supremos en octubre del año pasado, que ya está para ser discutida en la Comisión Permanente del Congreso. El asunto es si se obtendrán los votos necesarios para aprobarlas. Y, en el caso de lograrlo, es seguro que esos fiscales que no acatan ni las leyes ni las resoluciones que aprueba el Congreso, seguirían en rebeldía, apañados por el Poder Judicial también controlado por la mafia caviar. Y, naturalmente, por la Corte Interamericana de DDHH y otros organismos del caviarismo internacional. Se requieren soluciones radicales. Como las que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, que barrió a cientos de magistrados prevaricadores del sistema judicial. No hay otra alternativa. Es indudable por ello que la mediática confrontación entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, expone el deterioro institucional en el país andino. Lo que parecía ser una controversia jurídica sobre la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación se ha transformado en un enfrentamiento entre dos órganos autónomos, donde las partes reclaman autoridad sin reconocer límites. El resultado es un Estado atrapado en el conflicto, sin árbitros eficaces. Como sabéis, la usurpadora Delia Espinoza ha decidido atrincherarse en el cargo, ignorando las resoluciones e iniciando incluso una investigación preliminar contra los miembros de la JNJ como una suerte de revancha. Estos actos de rebeldía comprometen la imparcialidad y objetividad que exige el Ministerio Público. Lo que corresponde conforme a ley es que la susodicha deje el cargo, iniciando luego los procesos de reclamo que estime convenientes. No es tampoco jurídicamente admisible que quien encabeza la institución utilice su posición para investigar a quienes emitieron una decisión por el simple hecho de sentirse afectada personalmente. Este solo hecho es suficiente para ser destituida. Pero no es la primera vez que ocurre. El caso del fiscal supremo Tomás Gálvez es otro ejemplo elocuente. El Tribunal Constitucional ordenó su restitución, pero la actual fiscal de la Nación optó por desacatarlo, patrón reiterativo donde mandatos judiciales o constitucionales son ignorados por resultar inconvenientes. Esta conducta instala una anarquía institucional, erosionando la legitimidad de la Fiscalía, perdida hace mucho, al convertirse en un instrumento político de los caviares para perseguir a sus adversarios y “blindar” a los suyos, comenzando con el propio Gustavo Gorriti, de IDL (quien es el que realmente manda en el Ministerio Publico) cuyo proceso está absurdamente “congelado” a pesar de la gravedad de sus delitos. Cabe recordar que Patricia Benavides fue la fiscal de la Nación que se atrevió a investigar al régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo, vista como figura clave para frenar un proyecto autoritario y corrupto, cuyo autogolpe de Estado fracaso rotundamente, terminando en la cárcel por golpista y ladrón. Esa actuación de Benavides la convirtió en una fiscal incómoda para los caviares, apartándola del cargo mediante un apresurado proceso que hoy la misma JNJ califica como viciado. Las instituciones no pueden funcionar sin reglas ni mecanismos de solución de disputas. El desacato, convertido en práctica recurrente, ignora resoluciones del Congreso, del Tribunal Constitucional o de la JNJ. Cada órgano actúa como soberano de sus propias interpretaciones, generando pérdida de confianza y una inseguridad jurídica que pone en riesgo la imagen del país, ahuyentando las inversiones. Los fiscales pertenecientes a la mafia caviar, además, han convertido los conflictos en instrumentos de propaganda. Lejos de respetar la reserva que exige su función, se exponen en los medios victimizándose, convirtiendo procesos internos en espectáculos mediáticos. Lo que debería resolverse jurídicamente se discute con comunicados, entrevistas y ruedas de prensa, filtrando incluso información confidencial a la prensa basura, que les sirve de caja de resonancia. Así, el Ministerio Público ha perdido el respeto institucional y la confianza ciudadana que una vez tuvo, antes que los caviares lo tomasen por asalto, con la complicidad del lagarto Martin Vizcarra. Lo que está en juego es la estabilidad institucional. El Ministerio Público no puede operar al margen de la ley, desacatando sentencias, ignorando resoluciones, actuando según su propia conveniencia. La ciudadanía necesita una Fiscalía que funcione, reglas claras, independencia y autoridades que respeten la legalidad, aunque resulte incómoda. La salida a esta crisis no será exponiendo sus argumentos antes las cámaras de la TV o utilizando las redes sociales. Se requiere una reorganización profunda del Ministerio Público, nuevos liderazgos comprometidos con el país, con voluntad para restaurar la confianza en la justicia. Cuando las instituciones no respetan sus propios límites, la confianza en el país simplemente se desintegra poco a poco. Lo expuesto requiere iniciativas alternativas para superar el actual estado caótico en que se encuentran el Ministerio Público y el Poder Judicial. Con mayor razón, delante de unas elecciones generales de vértigo. Apremia, entonces, aprobar proyectos existentes en el Legislativo sobre esta materia, para avanzar concibiendo algún modelo jurídico funcional; y que el Legislativo que se elija en 2026 tome inmediatamente la posta y concluya el resto. En el actual Congreso existen iniciativas provenientes de una Comisión Especial de Alto Nivel sobre Reforma del Sistema de Justicia; otra de la Academia de la Magistratura, formadora de jueces y fiscales (que deberá reorganizarse por la ínfima calidad de jueces y fiscales que presenta); y/o de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, precisando que el paroxismo de la fiscalía hace vulnerables a los peruanos de los operadores políticos. Paralelamente, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo necesitan opinar sobre aspectos que vulneran principios constitucionales. ¿A que esperan para actuar ya? No hay tiempo que perder.
Cuando se habla de los perros originarios del Perú antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, por lo general uno piensa en los Viringos, aquellos canes sin pelo que se han convertido en parte del patrimonio del país andino. Pero existe otra raza no tan conocida y que injustamente ha pasado desapercibida a pesar de que se han encontrado sus restos en tumbas prehispánicas excavadas por los arqueólogos y que al igual que el Viringo, también se encuentra representado en antiguos ceramios y textiles de culturas desaparecidas. Quizá por su apariencia similar a los perros callejeros (los denominados ‘chuscos’) que pululan en las ciudades, nadie le ha prestado atención que merece. Nos referimos al Chiribaya. Gracias a las momias halladas de este perro, los investigadores han podido determinar también que sus descendientes permanecen hasta nuestros días, y esto lo confirma la similitud entre los restos conservados y muchos de los canes que viven en el sur de Perú, en la región Moquegua - especialmente en Ilo y alrededores. Fue una antropóloga y una documentalista quienes hallaron los restos de lo que sería una raza de perro pastor de llamas que no solo fue parte importante de la estructura social de los antiguos peruanos, sino que recibía un trato especial tras su muerte. Se trata de un perro de pequeño tamaño y muy peludo, conocido por los arqueólogos como el "perro de Chiribaya", cultura que prosperó en la costa sur del Perú y que enterraba a sus mascotas con todos los honores de un fiel amigo y compañero de trabajo. El hallazgo se lo debemos a las investigaciones de la destacada antropóloga Sonia Guillén Oneglio, quien debe su fama al estudio de antiquísimas momias de personajes que organizaron prósperas culturas desde Chachapoyas hasta las costas de Moquegua. Es precisamente en la zona del puerto de Ilo donde se encuentra el centro de operaciones del Centro Mallqui (momia en quechua), dedicado a la investigación de la denominada Cultura Chiribaya, y hasta allí se extendió un cacicazgo en el periodo intermedio tardío de la cultura peruana (del año 900 hasta el 1350 d.C.), su territorio posee hasta nuestros días una característica que es el sueño de todo antropólogo: su suelo es extremadamente seco, contiene una ingente cantidad de sales minerales, y escasas lluvias , lo que potencia la conservación (momificación) de los restos físicos de quienes habitaron este lugar. "A pesar de la inscripción oficial de la raza originaria del perro peruano sin pelo, aún muchos siguen pensando que los perros llegaron con los españoles. Y el hecho de encontrar otra variedad de perro nativo, el perro pastor Chiribaya, es un descubrimiento muy importante", dice la documentalista. A diferencia del tan promocionado Viringo, el perro pastor Chiribaya no solo tenía abundante pelaje, sino también otras características propias. Al respecto, Ermanno Maniero, presidente del Kennel Club del Perú, y la médica veterinaria Viviana Fernández, de la Universidad de San Marcos, examinaron exhaustivamente las momias halladas en esa oportunidad y determinaron que estos canes tenían el cuerpo más largo que alto; que el color del pelaje podía variar entre el amarillo y el rojizo, algunos con manchas oscuras sobre el lomo o la cabeza, que tenían las orejas recortadas y caídas; y sus patas era tipo "liebre", es decir que permitían al animal moverse sobre la arena o la tierra con menos esfuerzo. Y esta última cualidad quizá sea la que le dio la importancia dentro de la estructura de vida de los chiribaya. Sonia Guillén dice que varios estudios, incluidos los suyos, han determinado que en la costa también se desarrolló la ganadería de camélidos. O sea, que estos animales no fueron exclusivos de las alturas. En el caso de los chiribayas, ellos tuvieron una economía costera, con el uso de recursos marinos, también con agricultura, pero intensamente ganadera, y eso lo saben por las cabezas, patas y orejas de llama que han sido halladas como ofrendas recurrentes en sus entierros. La antropóloga señalo que según las investigaciones realizadas por la genetista Jane Wheeler, quien trabajó en el valle de Ilo, los chiribayas criaron un tipo de llama que tenía el pelo más largo y más fino que la mejor alpaca de nuestros tiempos, pero que estas fueron ignoradas por los conquistadores españoles, quienes las usaron como bestias de carga, provocando su exterminio, aunque dicen que es posible localizarlas aún en la Patagonia argentina. "Al tener tantas llamas, los chiribayas necesitaron perros para el pastoreo. Entonces, estos se convirtieron en compañeros de trabajo por lo que a su muerte recibieron los honores correspondientes", dijo Guillén. "Para graficarlo, es como si miraras a una momia de un antiguo peruano y la compararas con el rostro de sus contemporáneos. Vas a notar la familiaridad entre ellos. Lo mismo pasa con los perros de la zona y las momias de estos animales", asevero. A primera vista, es el típico perro ‘chusco’ peruano. Y precisamente Martha Meier llama la atención de este detalle y dice que “de alguna forma lo que llamamos chusco encaja con las características del Chiribaya, por lo que no sería raro que con los años, este se haya propalado por todo el territorio peruano, pasando desapercibido” apuntó. "Lo que queremos hacer ahora es recuperar la pureza de esta raza de perro. Por eso vamos a empezar un trabajo de recojo de ADN de los canes de la zona de Ilo para compararlo con el de las momias, y luego empezar un proceso de selección y crianza. Va a ser un trabajo de varios años, pero vale la pena", dice la documentalista. En la actualidad, momias de 43 ejemplares de estos perros pueden ser vistas en el Museo Chiribaya en el distrito de El Algarrobal, en Ilo, el cual también ofrece una visión de la gente que se estableció en esta zona y llegó a desarrollar una importante cultura. No cabe duda que se trata del segundo perro autóctono del Perú y desde hace más de tres décadas está aguardando por su reconocimiento como una especie autóctona y milenaria. Sí que se lo merece (Ello llego por fin en mayo de este año, cuando la Federación Canina Americana lo reconoció oficialmente como la segunda raza canina peruana por su legado ancestral y sus cualidades únicas. Tras su validación internacional, se ha iniciado un proceso para declarar al pastor chiribaya como patrimonio cultural vivo del país. Este nuevo paso busca reforzar su importancia histórica y cultural dentro del territorio nacional)
El vergonzoso espectáculo montado esta semana por la mafia caviar en el Ministerio Publico, que se niega a acatar una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso la reposición en el cargo de Fiscal de la Nación a Patricia Benavides, demuestra hasta qué punto estos parásitos liderados por esa inmunda rata judía de Gustavo Gorriti de IDL, creen que pueden seguir haciendo lo que les da la gana en dicha institución, que manejan a su antojo para sus fines políticos, con el apoyo cómplice de la prensa basura, colocándose de esta manera al margen de la ley. Como sabéis, la usurpadora Delia Espinosa - desaforada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)- se atrincheró el martes pasado en un despacho y que hasta hoy ocupa ilícitamente, diciendo: “hoy yo no regreso a casa”, ante decenas de ganapanes suyos que habían subido presurosos al piso nueve del edificio, sede del Ministerio Público, para “solidarizarse” con la susodicha, quien les ha otorgado puestos indebidos, pagados por todos los peruanos. Horas antes, Patricia Benavides, la repuesta fiscal suprema y fiscal de la Nación, había llegado al local del Ministerio Público para retomar sus funciones, acatando lo ordenado por la actual JNJ: reponerla en su cargo, tras haberla destituido la anterior JNJ como fiscal suprema, fiscal de la Nación y titular de la Fiscalía de la Nación. Ya repuesto el orden en la JNJ, quedó superada la injusta destitución de la fiscal Patricia Benavides; y claramente dispuesto que la sustituta Espinosa retorne a sus labores ordinarias. Es indudable que la polémica destitución y posterior reposición de Patricia Benavides ha generado debate en materia judicial y política. Recordemos que la renovada JNJ ha anulado la destitución de Benavides - que dispusiera su análoga anterior, compuestos por caviares - en los cargos de fiscal suprema y fiscal de la Nación, alegando falta de motivación y vulneración al derecho de defensa. También consideremos que el cambio de los anteriores miembros de la JNJ obedece a medidas que adoptaron las únicas dos instituciones responsables de interpretar la Constitución - nos referimos al Poder Legislativo y al Tribunal Constitucional - luego de haber admitido y resuelto una denuncia constitucional contra los siete miembros de la anterior directiva de la JNJ - promovida por el congresista Jorge Montoya - imputándoles haber violado sendos artículos de la Constitución y proponiendo, asimismo, su inhabilitación durante 10 años. Simultáneamente, el Parlamento vacó al exintegrante de la JNJ, Henry Ávila Herrera, por conflictos de interés; e igualmente, el Tribunal Constitucional ordenó reponer a Marco Tulio Falconí Picardo como miembro titular de la JNJ y reasignó - como suplente - a Guillermo Thornberry Villarán. Asimismo, en marzo del 2024 el Congreso en pleno uso de sus facultades constitucionales, inhabilitó a los, hasta aquel momento, miembros de la JNJ Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Vásquez Ríos. Y, por último, en octubre del mismo año nombró a los actuales integrantes de la JNJ por los siguientes cinco años. Respecto a la posibilidad de denunciar a los anteriores miembros de la JNJ por haber destituido a Patricia Benavides, e igualmente designado a Delia Espinosa fiscal de la Nación, sendos representantes del Parlamento han criticado severamente aquella mala actuación de la anterior JNJ. Al respecto, habrá que definir qué decide el actual Legislativo durante los aproximadamente diez meses que le restan de vigencia. Con el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación y el desafuero de la mafia caviar se retorna al Estado de derecho de una institución politizada en los últimos años, quienes lo utilizaron vilmente para perseguir a sus adversarios políticos, a la vez que “blindar” a los de su banda delincuencial, comenzando con Gustavo Gorriti, cuyo proceso esta mas que sospechosamente “congelado” en el tiempo, como de aquellas otros elementos de la misma calaña, como Martin Vizcarra y Susana Villarán, quienes a pesar de los años transcurridos, aun no responden a la justicia por sus múltiples delitos de corrupción. En la vida, la Justicia tarda pero llega. Muchas veces extemporáneamente; otras, oportunamente. Es el caso de la defenestración de una mafia que - de manera no solo arbitraria, sino ilegal e inconstitucional - desaforó del Ministerio Público a los fiscales que no comulgaban con el hampa caviar, secuestrando los altos cargos directivos de la Fiscalía de la Nación para repartirlos entre una pandilla de politizados sujetos, a los que la Justicia deberá procesar y condenar por el irrecuperable perjuicio que le han causado al Perú en los últimos años. Ello desde que se encumbraron prepotentemente en la sustancial institución fundada por Gonzalo Ortiz de Zevallos Roel durante el régimen de Fernando Belaunde. Como correspondía - considerando que la Justicia continúa secuestrada por la camorra caviar representada por Gustavo Gorriti -, finalmente una remozada Junta Nacional de Justicia hizo valer su verdadera razón de ser, desarmando el castillo de naipes construido por los caviares para apropiarse del sistema de justicia del país. Comenzando por el Ministerio Público, y avanzando - como lo están - por las entrañas del Poder Judicial. Por ello, el retorno de Patricia es una aplastante derrota para los Gorritis, Domingo Pérez, Vela Barba, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y demás operadores de la mafia caviar. Es sin duda alguna, un notable avance para la recomposición de la democracia y el Estado de derecho en ese maltratado país, tras casi un cuarto de siglo de estar secuestrado por la inmundicia caviar. El perjuicio generado por semejante organización criminal es colosal, y sus consecuencias a futuro son impredecibles. Porque las raíces de esta podredumbre se extienden a los espacios más siniestros del hampa sociopolítica nacional e internacional. Sin duda, la tarea de la fiscal Benavides Vargas será titánica. Empezando por la despolitización de su institución, en medio de una sociedad amenazada por una delincuencia más que salvaje, “empoderados” por jueces y fiscales caviares que los liberan inmediatamente para que sigan delinquiendo con total impunidad. Y ello no puede continuar. Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, cuestionó la actitud de la usurpadora Delia Espinoza, a quien considera que está aferrándose al cargo ilegalmente. En efecto, el extitular del TC calificó como "histórico" el fallo de la JNJ, el cual fue dado a conocer la noche del viernes 13 de junio y que - para su análisis - debió hacerse efectivo inmediatamente. "Es un acto de reivindicación de la propia Junta y de restablecimiento de la justicia. Creo que es errado el argumento de cuestionar la unanimidad. Todos los magistrados intervinientes en esta decisión votaron en el sentido de declarar de oficio la nulidad y ordenar que la Sra. Liz Patricia Benavides Vargas fuera repuesta en su cargo", argumentó. Agregó, que, en el marco de artículo III de la parte resolutiva, Delia Espinoza, debe reponer en el cargo a Patricia Benavides, puesto que ostentó entre los años 2022 y 2024. Sobre el actuar de la usurpadora en los últimos días, Blume Fortini cuestionó su comportamiento, considerando que está "aferrándose el cargo"; es decir, no respetando lo dictado por la JNJ. "Cuando la Junta destituye a un funcionario y ella misma, de oficio, en el marco de la Constitución y de la ley, rectifica esta destitución, hay que cumplirla, nos guste o no nos guste", aseveró. Asimismo, sostuvo que la actitud de Espinoza es inconstitucional por el desacato a lo resuelto por la JNJ, la misma que afecta a la institución gravemente. “Esta situación de incertidumbre que se vive en el Ministerio Publico debe ser resuelta de inmediato, ya sea por el Congreso, que puede acusar constitucionalmente tanto a Espinoza como a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, o también por parte de la propia JNJ, que puede destituirlos e inhabilitarlos en el más breve plazo. El tiempo apremia y hay que actuar ya. Si esta Junta Nacional de Justicia consigue limpiar de caviares a la Fiscalía de la Nación, merecerá el eterno reconocimiento nacional” puntualizó.
Encerrado de por vida en su celda de máxima seguridad ubicada en la Base Naval del Callao, y a pesar de los intentos de último minuto por parte del régimen delincuencial del filosenderista Pedro Castillo de concederle en “indulto humanitario”, el 11 de Septiembre del 2021 descendió a los infiernos el despreciable genocida Abimael Guzmán Reynoso - alias “Presidente Gonzalo” - cabecilla de Sendero Luminoso y responsable del mayor baño de sangre ocurrido en el Perú, con el demencial objetivo de instaurar en el país andino una sangrienta dictadura comunista, a la cual se refería como “la república popular de nueva democracia” (?) pero fracaso en toda la línea. Al respecto, el recientemente fallecido escritor Mario Vargas Llosa escribió por esos días un artículo acerca de la muerte de Guzmán en el diario español El País, el cual reproduzco por ser de interés ya que tiene plena vigencia, entrecomillado claro esta ¿vale?: “El fundador de Sendero Luminoso, o, como se hacía llamar, ‘la cuarta espada del marxismo’, Abimael Guzmán, falleció el 11 de septiembre en la prisión de Lima donde cumplía una condena de por vida. ¿Se arrepentiría en sus últimos minutos de los setenta mil muertos que causó la insurrección maoísta que provocó en el Perú y en lo que la Comisión de la Verdad calculó el número de víctimas que esta causó? Probablemente, no. Era un arequipeño de Mollendo, tenía 86 años, había estudiado derecho y filosofía y conocer China y la obra de Mao Tse Tung le había transformado la vida. Tanto que dedicó muchos años en preparar discretamente esta revolución que llenó de sangre y de muertos a la región andina, la más pobre del Perú. Su centro fue la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, de donde procedían la mayor parte de sus primeros cuadros; luego vendrían muchos más, de casi todo el Perú. Fue una revolución que duró cerca de doce años desde que comenzó, en mayo de 1980, y en la que hubo de todo, desde asesinatos en frío, hasta apagones por las voladuras de las torres de luz, torturas, perros colgados en los postes con una inscripción que los senderistas creían ominosa (“Ten Siao Ping perro”), confinamientos, y, sobre todo, cadáveres de inocentes regados por doquier. Los campesinos de la sierra, en un principio, apoyaron esta insensata guerrilla por las condiciones miserables en que vivían y trabajaban, pero cuando Guzmán, fiel en esto a las enseñanzas de Mao, que quería que el campo asaltara a las ciudades, les prohibió los mercados de los sábados donde vendían y hacían sus compras, se le voltearon y aparte de combatirlo con los llamados “ronderos” apoyaron al Ejército en las emboscadas y la represión. Así terminaron esas matanzas colectivas y el desastroso empobrecimiento del Perú en los años ochenta, en los que, por qué ocultarlo, hubo también una dictadura que asesinó a muchos inocentes y saqueó las arcas públicas. Ahora hay un interesante debate en el Perú sobre qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán, si entregárselo a su viuda, Elena Iparraguirre, que también cumple prisión, ya que es la segunda de Sendero Luminoso o incinerarlo, para evitar que su tumba atraiga a todos los izquierdistas extremos a rendirle su homenaje. Esto último es seguro, así que el poder judicial, o el Gobierno, o el Parlamento, que deben decidir sobre este asunto, ya saben a qué atenerse. Por cierto ¿El tiempo de las revoluciones está aún vigente en América Latina? Sólo los insensatos podrían creerlo así. Desde que alcanzamos la independencia hemos estado guerreando unos con otros, o tratando de derribar a nuestros gobiernos, lo que ha permitido a nuestros Ejércitos cargarse de armas y alimentar a las dictaduras salidas de su seno, así como liquidar a decenas de miles de los jóvenes más generosos y sacrificados de nuestros países, de modo que continuar por este camino sólo puede seguir produciendo matanzas, además de hundirnos cada día más en el subdesarrollo, el tercermundismo y la miseria. Tal vez haya llegado la hora de emprender otro camino, el de los países que de veras progresan, aumentan sus niveles de vida, crecen sus industrias y con ellas los sistemas de educación y de salud, los salarios y los puestos de trabajo. Esto no es imposible. Basta mirar el ejemplo de los países europeos y, últimamente, el de los países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán o Singapur. En cambio, mirar del otro lado, debería ser suficiente para ver que las famosas “revoluciones” sólo han traído catástrofes semejantes a las que produjo en el Perú Abimael Guzmán. Es verdad que algunos de sus admiradores están ahora en el Gobierno peruano y son nada menos que ministros, pero lo menos que se puede decir de estas personas, que figuran en atestados policiales, es que, si siguen el modelo de su admirado Guzmán, fracasarán tanto o más que él y hundirán un poco más al Perú en la desilusión y la miseria. La única revolución - por decirlo así - que ha tenido ‘éxito’ en la historia de América Latina es la cubana de Fidel Castro y sus dos satélites, Venezuela y Nicaragua. El triste espectáculo que hemos presenciado hace algunos días, en casi todos los pueblos de la isla, deja una impresión lastimosa de sus logros, que parecen ser ínfimos, en tanto que millares de familias cubanas se han repartido por Estados Unidos y el resto del mundo (aquí, en España, son innumerables). Y qué decir de Venezuela, el país otrora potencialmente más rico de América Latina, y acaso del mundo, que hoy gracias al chavismo se debate en la miseria más absoluta, y que ha expulsado a cinco millones y medio de venezolanos que se estaban muriendo de hambre. ¿Y Nicaragua? Para hacerse reelegir una vez más, la siniestra pareja que gobierna ese país ha mandado a la cárcel a todos sus adversarios - qué fácil resulta ganar unas elecciones así - y la última de sus víctimas, el escritor Sergio Ramírez, acaba de llegar a España, donde ha declarado, “Es duro tener 79 años y exiliarse de nuevo”. Él es un generoso luchador, ya vivió muchos años de exilio luchando contra la dictadura de Somoza, y una vez más inicia un destierro que ojalá no dure mucho más, ya que serán, es evidente, años de horror y miseria para su desdichado país. El gran problema de América Latina es la corrupción, que tiene su foco en los ministerios y centros oficiales, y que espanta a los mejores latinoamericanos de hacer política, a la que ven cada día con más asco y repugnancia. Y mientras los mejores desdeñen la política se ocuparán de ella los peores, con las consecuencias más temidas. La más grave de ellas es el hambre de las mayorías y las enfermedades que produce, la falta de trabajo, la pésima educación pública y la excelencia de la privada, que abre cada vez más la diferencia entre los pobres y los ricos. Frente a eso no hay revoluciones que hayan triunfado y que respeten la libertad, que es indispensable para atajar la corrupción en su misma mata, y para respirar tranquilo, sin saberse víctima de la noche a la mañana de los atropellos de la arbitrariedad gubernamental. Hay quienes se remontan a cinco siglos atrás, en las fuentes del mal que aqueja a América Latina. Por ejemplo, el presidente de Méiico, que ha pedido a España ‘que pague en efectivo los muchos millones que sin duda costaría la conquista de Méjico’… menudo disparate. La verdad es que la responsabilidad primera del estado de los indígenas de América Latina son los gobiernos que hemos tenido desde la independencia. Todos ellos, sin excepción, han fracasado vergonzosamente en la obligación que tenían de impulsar a los indios de América Latina en su modernización y en su sistema de vida. Ni Méjico, ni Guatemala, ni Colombia, ni el Perú, ni Bolivia, ni Paraguay, han hecho absolutamente nada por sus indígenas que son, como decía José María Arguedas, una “clase cercada” por la ingratitud y el desprecio de los “blancos” y “mestizos”, que han seguido explotándolos y marginándolos. De manera que no es España, que nos dejó esa magia del idioma más vigente en el mundo luego del inglés, y que es el mejor salvoconducto a la modernidad, sino nosotros mismos, los latinoamericanos, los responsables de la triste condición de los indígenas, en todos los países de América Latina, sin una sola excepción” puntualiza la nota. Tiene razón Vargas Llosa en varios puntos, como la marginación ancestral al que son sometidas las masas indígenas por el Estado oficial, los cuales en su desesperación se dejan ganar por los discursos de odio y el resentimiento que propalan políticos demagogos, quienes una vez en el Poder, se olvidan de todas sus promesas y se comportan de la misma manera que aquellos a quienes decían combatir. Peor aún, lo hacen “en nombre del pueblo” - palabreja que les gusta pronunciar repetidamente - por lo cual cometen las mayores atrocidades que uno se pueda imaginar, todo para pretender eternizarse en el cargo y seguir robando a más no poder. Venezuela, Cuba y Nicaragua, convertidos en narcoestados, son un triste ejemplo de ello. En el caso del Perú, tras ‘ganar’ las elecciones del 2021 mediante el fraude, un oscuro individuo - analfabeto mononeuronal para más señas - llamado Pedro Castillo, quien como buen discípulo de Guzmán, quiso indultar “por razones humanitarias” a su idolatrado líder. Es más, su impresentable Primer Ministro, el viejo prostático Aníbal Torres, así lo declaraba públicamente anunciando que tenia listo el documento para ponerlo en libertad, precisamente el 12 de septiembre del 2021, en la que se celebraba el 29 aniversario de su captura. Pero el diablo se les adelanto y se lo llevo al infierno, muriendo el genocida en la víspera en la que se iba a anunciar su liberación. Como podéis imaginar, la muerte de Guzmán causo gran conmoción en Palacio y mientras el Perú celebraba la desaparición del monstruo, Castillo y su familia se refugiaban en su natal Chota, en Cajamarca, donde dieron rienda suelta a su dolor “por tan irreparable pérdida”. Con el paso de los días y ante la imposibilidad de decretar Duelo Nacional con bandera a media asta y darle un Funeral de Estado como era su más intimo deseo, el burro chotano tuvo que rendirse a las intensas presiones que recibió de parte de las FF.AA. que no iban a tolerar semejante espectáculo, por lo que con el dolor de su corazón, decreto que el cadáver de Guzmán sea incinerado sin ninguna ceremonia. Una vez ocurrido el hecho, quedo que hacer con sus cenizas, arrojarlo al mar o entregarlo a ‘la viuda roja’ - o sea la Iparraguirre - que al igual que el muerto, cumple Cadena Perpetua, decidiéndose por lo segundo. De esta manera, desaparecía de la escena pública sin pena ni gloria quien pretendió instaurar un régimen de terror en el Perú y cuya memoria será maldecida por los siglos de los siglos. En cuanto a Castillo, no duro mucho tiempo en el Poder, ya que a los pocos meses, pretendió dar un autogolpe de Estado para hacer realidad los sueños de su mentor, fracasando miserablemente, terminando desde entonces en la cárcel por golpista y ladrón. Si bien Sendero Luminoso ya no es lo que era, aun existen rezagos convertidos ya sea en un brazo armado del narcotráfico o metamorfoseándose como ‘partidos políticos’ de izquierda para seguir teniendo vigencia. Uno de sus máximos logros fue tener a ex-militantes nada menos que como ministros de Castillo. No es de extrañar que tras la caída de ese régimen espurio en diciembre del 2021, pretendieran liderar una asonada terrorista denominada pomposamente como “La Toma de Lima” (?), en complicidad con los parásitos caviares y la prensa basura, quedando sus intentos desestabilizadores desbaratados, volviendo nuevamente a la clandestinidad. Es por ese motivo que a pesar de su derrota, hay que seguir estando alertas para evitar que el monstruo vuelva a levantar su horrible cabeza. (Con las elecciones del 2026 en el horizonte, no se debe perder de vista el riesgo que representaría la participación de un candidato radical que asuma sus demenciales postulados, como ya pronostican interesados “analistas”. Ya sucedió con Castillo y no debe volver a repetirse. Es responsabilidad de los organismos electorales - que deben ser purgados cuanto antes de la lacra caviar - evitar que ello ocurra).
