En una medida reclamada insistentemente por muchos especialistas ante el imparable avance de esta plaga apocalíptica por el mundo, el régimen vizcarrista reaccionó tardíamente el pasado domingo para intentar retrasar el avance en el Perú del temido Coronavirus (conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como COVID- 19) con una serie de medidas extremas, pero necesarias. En efecto, Martín Vizcarra anunció la publicación de un decreto supremo que declaro el estado de emergencia nacional por 15 días, decretando posteriormente el toque de queda de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana. Las medidas señaladas han sido particularmente severas incluso en el actual contexto global de pánico y restricciones. La disposición incluye el cierre total de las fronteras, la limitación del libre tránsito, el cierre de negocios (a excepción de los considerados esenciales) y el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. Las personas debidamente identificadas con su DNI y el permiso de transito otorgado por la policía, solo podrán circular por la vía pública hasta las 8 de la noche únicamente para actividades básicas como comprar medicinas y alimentos, o asistir a personas en necesidad, para luego recluirse en sus casas, so pena de cárcel. En su alocución, Vizcarra reconoció que el aislamiento social obligatorio impuesto se trata de una medida extrema. Debido a la rareza de la situación y a la prisa que demandaba, el anuncio creo mucha incertidumbre sobre varios detalles de su aplicación, que con el correr de los días se ha ido explicando en los medios de comunicación. Sin embargo, sus consecuencias para la vida regular de los peruanos sin duda serán enormes, con costos sociales y económicos incalculables. No obstante, en vista del enorme riesgo que la expansión del virus puede suponer para el sistema de salud público y las vidas de cientos de miles de personas, la reacción extemporánea del gobierno fue lo menos que se pudo hacer, teniendo en cuenta lo que sucede en el resto del planeta, donde los muertos se cuentan por miles a diferencia de lo que ocurre en el Perú. Pero no hay que cantar victoria, porque el Cononavirus ya se encuentra en la etapa de contagio comunitario, el cual no puede ser rastreado, que lo hace más peligroso. Ante esta situación, las autoridades sanitarias debieron endurecer las medidas así como implementando periodos de cuarentena para mitigar el avance de la enfermedad e impedir que se produzca una transmisión sostenida en el país. Acciones oportunas, antes de que sea demasiado tarde, han demostrado ser la mejor manera de combatir epidemias de este tipo. La historia demuestra que en situaciones delicadas como las que se vive hoy, pecar de exceso de cautela es significativamente mejor que pecar de negligencia. Lamentablemente, conviene recordar que el Perú carece de un sistema de salud eficiente, capaz de atender la enorme demanda por servicios médicos que una epidemia local desataría. No se trata únicamente de consideración y empatía con la población en riesgo (adultos mayores y personas con complicaciones previas de salud), sino de mantener a los servicios médicos operativos para todos. Ello significa una considerable inversión por parte del Estado para tenerlos a punto frente a cualquier contingencia, pero quienes tuvieron la obligación de hacerlo, prefirieron saquear a manos llenas las arcas del Estado, dejando a los hospitales y centros de salud públicos abandonados a su suerte y completamente desabastecidos. Por ese motivo, muchos de los responsables de aquellos latrocinios o bien se quitaron la vida, otros están en la cárcel o ad portas de entrar en ella. Volviendo al tema que hoy nos ocupa, lo que viene no será fácil. Por un lado, se debe delinear claramente los alcances del estado de emergencia para hacer el menor daño posible a los negocios y empresas, así como quienes laboran en ellos que sin duda serán los más afectados. Asimismo, a la par de la rápida reacción a la pandemia, los programas de ayuda económica y alivio financiero de emergencia para los que menos tienen tampoco pueden esperar a que sea demasiado tarde, pero debe hacerse con seriedad, a quienes verdaderamente lo necesitan y sin demagogia. A ello debemos agregar que la extendida informalidad de la economía peruana y la vulnerabilidad económica de millones de peruanos en situación de extrema pobreza hoy ponen un reto adicional a la aplicación de estas medidas, por lo que los S/ 380 soles ofrecidos como un “bono” de compensación a esos sectores mas necesitados por los días que estarán recluidos en sus casas sin poder salir a las calles para ganarse la vida es populismo puro que solo incrementará la inflación, según han advertido varios economistas, por lo que a la larga el remedio será peor que la enfermedad y es que de seguro, al no disponer de cuentas en el banco ¿donde se les va a depositar el dinero? ¿Se les entregara en propia mano? ¿Quiénes irán casa por casa a llevárselos en las zonas marginales donde viven si el transito de personas esta prohibido? ¿Le darán buen uso a ese dinero o lo malgastaran como hicieron los beneficiarios de los programas Juntos y Pensión 65? Mientras la “ministra” de Economía ha sugerido que recién podrá ser efectivo “a mas tardar el lunes”, agregando que de ello se encargaría el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el Primer Ministro Vicente Zeballos la contradijo afirmando que será el Banco de la Nación, demostrando que ni entre ellos pueden lograr ponerse de acuerdo, dando la razón a quienes sostienen que se trata de una medida apresurada lanzada en busca del aplauso fácil, tal como ese globo de ensayo de la semana pasada como fue la pena de muerte. No cabe duda que el populismo exacerbado de Vizcarra es la manifestación de su frustración al enfrentar la tarea de avanzar en la solución de los acuciantes problemas de la economía, la seguridad, la salud, la reconstrucción, la infraestructura o los conflictos sociales. Contribuyen a esa frustración la inexperiencia e incompetencia de muchos de los miembros de su Gabinete, su propia impericia para construir consensos políticos, y su obsesiva atención a los índices de popularidad. Vive de las encuestas y de acuerdo a como va su aprobación elige los pasos a seguir. De allí la demagogia de sus disparatadas propuestas lanzadas periódicamente con el objetivo de distraer a los peruanos de los verdaderos problemas que los agobian día a día y para los cuales no tiene solución alguna dada su innata incapacidad. Para colmo, la abrupta llegada del Coronavirus al Perú dejando a su paso por el mundo miles de muertos, ha desatado el pánico y de ello quiere aprovecharse a ver si sube algunos puntos, tomando medidas radicales e implantando el toque de queda como en los tiempos del terrorismo. Si bien se trata de un (des)gobierno conformado por improvisados y arribistas de oscuro pasado - muchos de los cuales tienen cuentas pendientes con la justicia - de momento estos serios cuestionamientos deben quedar de lado para hacer frente a esta potencial amenaza que como sabéis, se cierne sobre todos. Ante la gravedad de la situación, la población debe hacer todo lo posible por respetar los lineamientos establecidos para enfrentar esta crisis sanitaria y asumir la seriedad del asunto. Lo cierto es que, para Vizcarra, será imposible vigilar el cumplimiento del aislamiento obligatorio de más de 30 millones de personas. La única manera de enfrentar decisivamente al Coronavirus es con la participación voluntaria de su gente, pero ello seria pedir peras al olmo, conociendo la idiosincrasia de los peruanos de no respetar las leyes y hacer lo que les venga en gana. Es mas, los reiterados anuncios del régimen para mantener la calma, “garantizando el abastecimiento de alimentos y productos básicos durante el estado de emergencia”, no ha sido creído por nadie y vemos como miles de peruanos, presos de la angustia y desesperación, prácticamente asaltaron los primeros días los autoservicios y supermercados tratando de llevarse todo lo inimaginable con el objetivo de acaparar los productos de primera necesidad sin importarles en absoluto los demás. A eso se ha llegado en estos tiempos de incertidumbre donde impera la ley del más fuerte. No cabe duda que las próximas semanas van a ser muy dolorosas ante el aumento exponencial de enfermos y fallecimientos que han comenzado a ocurrir en el Perú. Si uno cree que pasados los 15 días todo va a volver a la normalidad esta completamente equivocado, porque lo peor está aún por llegar. Por eso se necesita mantener la calma, dando lo mejor de cada uno para hacer frente a este enemigo invisible potencialmente letal. En sus manos esta hacerlo :)
En plena paranoia del Coronavirus en que el papel higiénico ha sido el protagonista de las noticias por el pánico desatado por la llegada al Perú del temido COVID- 19 (su nombre oficial según la OMS) es buena ocasión para referirnos a el y conocer un poco su historia ¿vale? Hoy en día nadie duda de las bondades y maravillas de ese compañero inseparable en nuestro cuarto de baño llamado papel higiénico. Hay de todos los colores, olores y texturas; hay incluso perritos - como el de Scott - que se han hecho millonarios con el marketing que trata de persuadirnos de usar esa marca. Pero si echamos la vista atrás, no siempre fue así, ni mucho menos. La historia del papel de celulosa se remonta al último siglo así que vamos a recordar cómo se las arreglaba la humanidad cuando no existía este gran aliado. Sin duda, el método práctico y tradicional desde nuestros orígenes era limpiarse con agua y hojas de lechuga. Durante el imperio romano, los plebeyos acudían a los baños públicos en los que se solía habilitar una esponja remojada en agua salada con un palo y una cubeta que se cambiaba diariamente. Las personas de estratos sociales más altos tenían la suerte de poder utilizar lana empapada en agua de rosas. Nuestros ancestros en la Edad Media preferían las agradecidas propiedades medicinales del heno. A lo largo y ancho del planeta los diferentes pueblos buscaban sus propios sistemas de limpieza después de hacer sus necesidades. Así es como los hawaianos utilizaban cáscaras de coco (tan incómodo como suena), los estadounidenses preferían las mazorcas de maíz y los esquimales el musgo de la tundra y la fría nieve. Fue en 1798, cuando parece que un francés cansado de hacerlo con el dedo (que guarro el tío este) inventó por fin el papel higiénico pero no fue hasta medio siglo más tarde cuando comenzaron los primeros intentos de comercialización. En 1857, el neoyorquino Joseph C. Gayetty lo intentó poniendo a la venta hojas manila sin blanquear; aquel invento que no lograba desplazar al clásico periódico y trapos, se llamaba “papel medicado Gayetty”. Más tarde, en 1897, el inglés Walter Alcock corrió idéntica suerte al lanzar su propio producto en forma de rollo de papel que, curiosamente, chocó con la moral de la época. Finalmente, tras los fallidos intentos anteriores, fueron los hermanos estadounidenses Edward y Clarence Scott, quienes realizaron una agresiva y eficaz campaña publicitaria, y como consecuencia se llevaron el honor de obtener el triunfo comercial de los rollos de papel higiénico, introduciendo en mercado una marca que hoy se comercializa activamente, Scott el de “mi mejor amigo“ ¿Os suena? Perteneciente a la multinacional Kimberly-Clark llego al Perú, comenzando a comercializarla con el nombre de Suave. Cabe destacar que su portafolio incluye además conocidas marcas como Huggies, Kleenex, Kotex, Plenitud, WypAll, Pull-Ups, entre otras. Cuentan con la posición de participación No. 1 o No. 2 en más de 80 países :)
Como sabéis, durante el estado de emergencia por 15 días decretado por Martín Vizcarra para intentar frenar el avance del Coronavirus en el Perú, se anunció a mediados de semana una nueva medida mucho mas restrictiva, como es el toque de queda, que a muchos peruanos les ha traído oscuros recuerdos de épocas que creían ya superadas. Ante todo, conviene saber ¿qué es un toque de queda? es una medida que un gobierno establece en situaciones excepcionales. Implica la prohibición total del derecho de libre circulación en las calles en un horario determinado, generalmente en horas nocturnas. Su cumplimiento es reforzado por instituciones policiales y de fuerzas armadas. ¿Qué pasa si uno sale en toque de queda? es una medida que un gobierno establece en situaciones excepcionales. Implica la prohibición total del derecho de libre circulación en las calles en un horario determinado, generalmente en horas nocturnas. Su cumplimiento es reforzado por instituciones policiales y de fuerzas armadas. Durante un toque de queda está terminantemente prohibido salir a la calle “de toque a toque”, es decir, dentro del horario establecido por la medida. Por lo tanto, los ciudadanos no podrán hacer compras, ir al hospital o a su centro de labores hasta que el toque acabe. El incumplimiento de esta orden podría llevar a una detención, años de cárcel o incluso un disparo. Según cuentan quienes lo vivieron en carne propia, la primera vez que los peruanos experimentaron un toque de queda fue en 1975, cuando gobernaba el país el general Juan Velasco Alvarado cuyo gobierno se debatía en una grave crisis producto de su política económica socialista implantada tras el golpe militar de 1968. El autoproclamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas fue incapaz de hacer frente a aquella situación, agravada por el delicado estado de salud de Velasco. Aquella época una protesta policial hizo estallar el conflicto que a la larga provoco la caída del régimen. Miles de policías acataron un paro y dejaron a Lima sin resguardo, lo que desembocó en una serie de saqueos e incendios de locales emblemáticos como el Centro Cívico de Lima, así como la sede del diario Correo - ambos ubicados en la céntrica avenida Garcilaso de la Vega - que dejaron como saldo decenas de heridos. Sucede que el 5 de febrero de ese año, la Guardia Civil de entonces se había declarado en huelga y cientos de efectivos se atrincheraron en el cuartel de Radio Patrulla de La Victoria. El Ejército envió tropas hacia el local policial para tomar sus instalaciones, y mientras detenían a los agentes rebeldes, la ciudad se vandalizaba. Saqueos en el Centro de Lima se registraron durante la mañana y tarde, y las personas cargaban con lo que podían, entre alimentos, ropa y artefactos. Como respuesta, el Ejército envió tanques y vehículos blindados a patrullar, intentando frenar los saqueos, sin resultado alguno Por ello, mas tarde ese mismo día, se decretó un toque de queda en Lima y Callao. El resultado de esta crisis social fue 86 personas fallecidas, 162 heridos y más de cien locales saqueados; El segundo toque de queda se realizo en 1976, durante la dictadura del felón Francisco Morales Bermúdez, quien en contubernio con la CIA, había depuesto a Velasco. Resulta que a mediados de ese año se produjo una fuerte devaluación monetaria que origino grandes protestas y obligó a suspender las garantías constitucionales, imponiéndose nuevamente el toque de queda. Así, durante varios meses, los habitantes de Lima debían recogerse a sus domicilios antes de las 12 de la noche. Cabe recordar que por ese tiempo, un paro nacional ocurrió el 19 de Julio de 1977, impulsado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) de orientación comunista, que reclamó un aumento general de sueldos y salarios, de acuerdo con el alza del costo de vida. Lima quedó paralizada durante 24 horas, de un modo nunca antes visto. Luego vinieron diversas movilizaciones nacionales y una sangrienta represión; El tercer toque de queda ocurrió el 9 de febrero de 1986 bajo el mandato de Alan García, cuando se decretó el estado de emergencia en Lima y Callao para hacer frente a Sendero Luminoso. Por la noche se estableció un toque de queda nocturno que iniciaba a la medianoche y culminaba a las 6 de la mañana del día siguiente. A su turno, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hizo público un comunicado informando que el Ejército se había hecho cargo del control del orden público en las ciudades de Lima y Callao, suspendiendo las libertades de tránsito y reunión, y la inviolabilidad del domicilio. El estado de emergencia fue decidido luego de una serie de explosiones de bombas simultáneas en las madrugadas de los días 20, 22 y 24 de enero y 3 de febrero. Las bombas afectaron a entidades bancarias, locales del partido gobernante (APRA) y restaurantes. Una de las bombas detonó a sólo 100 metros del Palacio de Gobierno. La medida se prolongó hasta el 28 de julio de 1987, convirtiéndose en el toque de queda más largo de la historia del Perú. Conviene recordar que desde 1983, el terrorismo mantenía en constante estado de emergencia a ciudades del sur del Perú como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica; El cuarto toque de queda sucedió el 5 de abril de 1992, cuando Kenyo Fujimori - quien había llegado al poder en unas cuestionadas elecciones en 1990 - dio un autogolpe de Estado instaurando una sangrienta dictadura con el pretexto de combatir al terrorismo, decretando la disolución del Parlamento y asumiendo todos los poderes. La medida implicaba un toque de queda en todo el país y la persecución y detención de los políticos y figuras que estaban en contra del régimen. La historia de oprobio y horror que siguió a continuación - como el saqueo generalizado de las Arcas Públicas por Fujimori y sus secuaces, una corrupción campante en la administración publica nunca antes vista, viles negociados con grave perjuicio de los intereses nacionales, así como el asesinato masivo de decenas de miles de peruanos a manos de comandos paramilitares y las “fuerzas del orden” - llego a su fin con su cobarde fuga del país en el año 2000, su posterior captura y condena a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad. De seguro la asociación del toque de queda con dichos regimenes, ha motivado a Vizcarra a que no se le denomine así ahora que lo ha vuelto a implantar luego de varios años, pero de que es un toque de queda, lo es. ¿No os parece? :)
Populista como ninguno, aquel improvisado golpista que (des)gobierna este país de pandereta, aprovechando la actual coyuntura, no ha encontrado la mejor manera de desviar la atención publica no solo de los casos de corrupción en los cuales se encuentra seriamente involucrado, sino también de tratar de ocultar no solo su absoluta incapacidad para hacer frente a la inseguridad ciudadana que se vive en las calles - producto de los millones de venezolanos que han ‘invadido’ literalmente el país para hacer de las suyas cometiendo toda clase de crímenes atroces las 24 horas del día - sino también su total inoperancia ante la temible plaga del Coronavirus que ha llegado al Perú pillándolo con los hospitales y centros de salud públicos colapsados, para proponer demagógicamente cual cortina de humo, la instauración de la pena de muerte, cuando sabe muy bien que se trata de un largo proceso antes de que pueda entrar en practica y que ante todo va a generar grandes e innecesarios debates en el Congreso, el cual como sabéis, apenas va a tener un año de funcionamiento por lo que no va a haber tiempo para ocuparse de ese tema cuando hay otros asuntos mas importantes en espera y que son realmente impostergables. Se trata a no dudarlo, de una estrategia barata para ganar el aplauso fácil de la población creyendo que así mejorara en las encuestas, que como podéis haber daros cuenta es su única obsesión, pensando en una reelección en el 2021 a pesar de estar impedido de hacerlo. Pero para un autócrata dispuesto a eternizarse en el cargo de la manera que fuera - ya que la cárcel lo espera por sus innumerables delitos apenas deje Palacio - todo vale para lograr su ruin objetivo. Como sabéis, a inicios de semana Vizcarra, a raíz del secuestro, ultraje y muerte de una niña de cuatro años en un distrito populoso de Lima y que genero gran indignación, dijo que “se debe evaluar una propuesta que contemple la pena de muerte para los violadores como medida que permita reducir los índices de violencia contra la mujer”. Según indicó, “no se debe descartar ninguna alternativa que permita proteger a este sector de la población ante el incremento de casos de violencia y feminicidio”. También precisó que cualquier cambio en la normativa tiene que ser visto por el nuevo Parlamento. “No quiero adelantar una opinión (sobre la pena de muerte). Hay que analizar todas las opciones que haya y vemos lo que sea efectivo. Tenemos que redoblar esfuerzos”, dijo. “El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso y en consecuencia estamos próximos a tener una nueva representación, (…) hay que evaluarlo”, acotó demagógicamente. Si bien es cierto que la pena de muerte en el Perú no es absolutamente ajena a su orden jurídico, ya que se permite su aplicación en caso de traición a la patria durante conflictos bélicos, sin embargo este mecanismo tuvo más alcance hasta la década de los 70. Hasta 1973, la pena capital estaba contemplada para delitos comunes, tales como parricidio, homicidio calificado, atentar contra miembros del ejército e, incluso, robo agravado que hayan causado la muerte de la víctima. Fue en 1978 cuando el Perú suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José. Desde ese momento, quedó abolida toda posibilidad de implementar la pena de muerte en el marco jurídico del país. En el artículo 4 del referido pacto se establece que: “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”. Así lo entendió la Asamblea Constituyente de 1978. La pena de muerte no se contempló en la Constitución de 1979, salvo para el escenario de traición a la patria antes mencionado. Desde ese momento, el debate siempre estuvo en la mesa como una forma de crear cortinas de humo por diferentes gobiernos para que al final como es obvio, quedo en nada. Para ofrecer un panorama más claro, contrastaremos las opiniones de tres abogados consultados con conocimiento de causa. Aníbal Quiroga señaló que las palabras de Vizcarra son precipitadas y de alguien que no tiene conocimiento absoluto del tema. “Ha sido una infeliz declaración que no se ajusta al canon legal y constitucional del país”, resaltó. “El primer paso para la aplicación de la pena de muerte es denunciar el Pacto de San José. Ningún país de Latinoamérica ha salido a excepción de Venezuela, que está en proceso de salida”, indicó. En este momento entra a tallar la jerarquía de la Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales a los que este país se comprometió a respetar. “La Constitución de 1979 desapareció la pena de muerte para los delitos comunes, así que no se puede restaurar porque así lo dice el artículo 4 del Pacto de San José”, señaló. Sobre dicho tema, el constitucionalista Luciano López emitió su opinión en su artículo ¿Por qué el Congreso no puede aprobar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)?, donde sostiene que “la CADH, al ser un tratado de derechos humanos, tiene rango constitucional y constituye un límite a la reforma parcial de la Constitución por parte del Congreso de la Republica”. Sin embargo, renunciar al Pacto de San José no surgiría efecto inmediato. Para dejar de ser parte de la CADH se tiene que realizar un preaviso de un año, tal como se indica en al artículo 48 de la Convención. Asimismo, hace falta una reforma constitucional luego de concretar la renuncia al Pacto de San José. Dicha reforma se consigue con votos de mayoría calificada en dos legislaturas o mediante la realización de un referéndum, tal como sucedió hace un par de años con los planteamientos en materia electoral y judicial. Además de lo antes mencionado, el Código Penal requerirá ser modificado con los nuevos alcances por la implementación de la pena de muerte en el Perú. Se requerirán largos debates en diferentes comisiones parlamentarias y analizar detalladamente cada punto aprobado en el Pleno del Congreso. El tiempo, por tanto, no sería el mejor aliado. Por su parte, Rosa María Palacios, en su programa Sin Guión, consideró que, en promedio, la inclusión de la pena de muerte en el Perú, demoraría entre tres o cuatro años, para recién poder aplicarse. La pena capital sigue siendo parte del orden jurídico de países como China, Irán, Japón y algunos estados de los EE.UU., siendo el gigante asiático el lugar en el que se sometido a más personas a dicho castigo. No obstante, un estudio publicado por World coalition against the death penalty dio como resultado que en el 2018, 160 países abolieron de su sistema jurídico penal la pena de muerte. Además, centrándonos en este continente, un estudio de Amnistía Internacional indicó que durante dicho año, solo EE.UU. y Guyana condenaron a muerte a procesados en su territorio. La suma de este tipo de sentencias representó la cifra más baja desde 1979. Incluir la pena de muerte en el ordenamiento jurídico peruano podría significar una muestra de la realidad de la frase: el remedio cuesta más que la enfermedad. Renunciar al Pacto de San José significaría además privar a los sentenciados que ven vulnerados sus derechos humanos más esenciales de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia más que podría salvarlos de una injusticia sin retorno.Como podéis imaginaros, el pedido de Vizcarra ha generado gran rechazo en diversos sectores y congresistas de diferentes partidos que recién asumirán sus cargos han mostrado su desacuerdo con la idea, ya que lo calificaron de un retroceso al pasado y anunciaron que votaran en contra si llega a ser presentado en el Parlamento. Así por ejemplo, el vocero alterno de la bancada del Frente Amplio, Carlos Fernández, consideró que Vizcarra ha querido distraer la agenda que realmente importa a los peruanos. “Él sabe que no se puede aplicar esa pena, y no puede dejar el tema en manos del Congreso porque parece que se quiere lavar las manos. Yo lo reto a que envíe un proyecto de ley con la propuesta a ver si se atreve. Es más, que ese proyecto sea con carácter de urgencia”, resaltó. Solo UPP de Antauro Humala apoya la controvertida medida destacando que “Vizcarra recoge su propuesta de campaña”. Venga ya, a que árbol se arrima el corrupto. Por si parte, el expresidente del TC, Víctor García Toma, señaló que la propuesta es demagógica y advirtió que si el Perú sale del Pacto de San José, “habrá consecuencias en el ámbito internacional ya que sería un retroceso nefasto”, indicó el constitucionalista. Incluso personajes cercanos al oficialismo se han mostrado reacios a la propuesta. Así, el exministro Pedro Cateriano se pronunció en contra de tal medida, argumentando que “otorgar esa facultad al Poder Judicial, conociendo la grave situación en la que se encuentra, sería muy peligroso” para la vigencia de los derechos humanos y anotó que los graves problemas del Perú no se arreglan “fusilando”, ni “con silla eléctrica”. A su turno, Alberto de Belaunde (PM) dijo que la propuesta no es disuasiva y más bien se incumpliría con el compromiso internacional de los derechos humanos y se iría en contra de la tendencia internacional debilitando la imagen del país. “Se trata de un peligroso juego político del presidente, ya que dicha iniciativa se da cuando el gobierno no tiene un norte claro en seguridad” sentenció. Ni siquiera en los años 80 y 90, cuando la violencia terrorista y la sangrienta represión de las “fuerzas del orden” llegaban a sus extremos más salvajes, la dictadura fujimorista se atrevió a modificar la Constitución a fin de eliminar a los integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA, al menos a sus líderes Abimael Guzmán y Víctor Polay, que cumplen Cadena perpetua en la Base Naval del Callao. Ni siquiera al mismo Fujimori con lo genocida que fue, se le pudo aplicar la pena capital tras su captura y condena ejemplar a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad. Hoy pensar en eso sería mucho más difícil, ya que a nivel mundial la tendencia es ir suprimiendo la aplicación de la pena de muerte, por más que haya muchos que la merezcan. No cabe duda que ante el repudio generalizado, Vizcarra ahora dice que no dijo lo que dijo, sabiendo que se ha quedado solo en su absurdo pedido ya que nadie con dos dedos de frente ha querido acompañarlo en esta maquiavélica jugada creada con oscuros fines electorales. Y no va a ser :(
Mucho antes de que existiera Coca-Cola, la marca más famosa e importante de su categoría y antes también de que existiese cualquier otra que fabricara bebidas carbonatadas, sería una menos conocida mundialmente hablando pero con una imagen más refinada, aquella que daría origen a una industria multimillonaria. Esa marca que nació en Suiza, se consolidó en Gran Bretaña, y ha hecho de España el lugar donde más se vende el agua tónica que produce, no sólo es un icono de la globalización y un sello que cada vez más logra tener una penetración y popularidad semejante a la de contendores similares como Pepsi o la misma Coca-Cola, también, es heredera de un legado fascinante en la que hechos y situaciones históricas especialmente del Reino Unido la han tenido como protagonista. Así, los mismos hechos y acontecimientos históricos en los que la misma se vería envuelta, se encargarían de hacer con el tiempo que la misma se volviera parte de la vida y tradición de los británicos. De esta manera Schweppes se volvería un embajador más del Reino Unido que sería exportado y acogido en múltiples lugares: primero en las colonias del imperio y más tarde en otros países y lugares donde la fama y tradición de sus productos también llegaría a ‘conquistar’ otros mercados. La historia de Schweppes comienza en Ginebra cuando Jacob Schweppe, un alemán que se había dedicado a la industria relojera pero que también podemos considerar un inventor amateur, crea en 1783 el proceso industrial para carbonatar agua mineral de forma artificial o soda (diferente de aquella de origen natural). Con un éxito moderado siendo vendida como producto medicinal en tanto que era recomendada como una especie de medicamento digestivo, la soda, de la mano de su fundador, no tardaría en hacerse presente en una de las capitales con mayor atractivo comercial y de negocios en Europa como lo era Londres en aquellos tiempos. Allí, siete años más tarde, Schweppe, en compañía de otros socios, establecería la primera planta de producción para su bebida. Sin embargo a pesar del éxito que ya empezaba a tener su creación, Jacob Schweppe no llegaría a ver desarrollado todo el potencial de su idea y seguramente entonces no alcanzaba a imaginar en lo que su invento llegaría a convertirse. Mucho menos cuando el Rey Guillermo IV de Inglaterra, otro fiel consumidor de la soda, le otorgase a esta el sello real by appointment of (por la gracia de su majestad), ya que para ese entonces (1821), se había producido su deceso. De esta forma si bien esto ayudaría a elevar el producto a un lugar de privilegio en el corazón de los Ingleses poniéndolo a la altura de tradicionales y muy representativas bebidas del país como era el caso del té, la cerveza o el ginebra, el futuro de este pasaría a manos de otros empresarios quienes se encargarían de llevarlo aún más lejos a partir de encontrar nuevos usos y aplicaciones para el mismo ayudando a incrementar aún más su fama y popularidad hasta conseguir hacer de Schweppes una marca mundialmente famosa. Así, durante el siglo XX la marca lograría tener una gran penetración en diferentes mercados, algo que ya en pleno siglo XXI ha logrado consolidar siendo vendida en una gran cantidad de países alrededor del mundo y un reconocido proveedor de bebidas gaseosas suaves. En el 2020, llega el nuevo Schweppes Citrus, una explosión de pomelo, lima, naranja y mandarina en un solo refresco, elaborado con ingredientes de origen 100% natural. Pruébalo :)
Ubicado en el Callejón de Huaylas, a unos 7 km al noreste de la ciudad de Huaraz, en la Región Ancash, y a unos 3 400 msnm. Se trata de un sitio arqueológico conformado por los restos de un conjunto arquitectónico del Antiguo Perú, de la época preincaica, donde destaca un edificio de tres pisos llamado el “Templo” de Willcahuaín, aunque en realidad se trataría de un mausoleo. Fue uno de los centros administrativos del Imperio Wari (antecesores de los Incas), perteneciente al período del Horizonte Medio - quienes desde Ayacucho se expandieron hasta el norte del actual Perú, llegando a conquistar incluso al reino Mochica - pero algunos estudiosos creen que el sitio es más antiguo, como uno de los centros de la cultura Recuay, del Intermedio Temprano. Descubierto en 1937, el Templo presenta cierta semejanza con el Castillo de Chavín, aunque en menores dimensiones; en su base mide aproximadamente 10.7 por 15.6 m. La mampostería de sus muros es de piedra rústica con unos pachillas unidas con mortero de barro. Tiene tres pisos o plataformas unidas mediante escaleras interiores y rampas; cada piso tiene su entrada respectiva. En total tiene 19 habitaciones interiores: cinco en el primer piso, siete en el segundo y siete también en el tercero. Tiene además un sistema de ventilación de galerías y pozos. El techo está formado por grandes losas inclinadas hacia una doble vertiente. Su altura es de 9 m. Se cree que al momento de la irrupción de los Waris, Willcahuaín ya existía desde hacía un tiempo y pudo ser la última capital de la cultura Recuay, antes de ser conquistada. Lo cierto es que a fines del Intermedio Tardío y comienzos del Horizonte Medio, coincidiendo con la expansión cultural Tiahuanaco-Wari, se perciben cambios culturales en la región del Callejón de Huaylas. Una muestra de ello es el surgimiento de un tipo distinto de sepultura. Anteriormente los recuayinos usaban tumbas en galerías subterráneas; este tipo de entierro fue reemplazado por imponentes mausoleos o chullpas, construcciones de plataformas superpuestas que contienen en su interior varias cámaras o habitaciones mortuorias; el mal llamado “Templo” de Willcahuaín sería una de esos mausoleos-chullpas, donde se sepultarían a miembros de la clase dirigente, con elementos propios de la cultura Wari, quienes debieron convertirlo en un centro de control económico y administrativo integrante de la red de su imperio, pero tras su colapso, Willcahuaín y otros centros de poder Wari en el Callejón de Huaylas fueron abandonados. Cerca del lugar se halla el Complejo Arqueológico de Ichic Willcahuaín, conformado por 15 chullpas, también de influencia Wari. Las chullpas son torrecillas de dos a tres pisos, con varias cámaras en su interior, destinadas como sepulturas colectivas de la elite, una forma de entierro que reemplazó a la sepultura tradicional en galerías subterráneas (que se remonta a la cultura Chavín). Excavaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, financiadas por la minera Barrick, han permitido fechar el conjunto hacia el año 700 de nuestra era, fecha que coincide con la irrupción de los Wari. Se desenterraron textiles, objetos de metal, cerámicas de ofrendas y moledoras de piedra que servían para triturar algún tipo de producto, ya sea para sus rituales religiosos o para el consumo humano :)
