El triste epílogo a las guerras de emancipación contra el Imperio español del siglo XIX fue, como es habitual, un baño de sangre. El escenario fue el Callao, en el Virreynato del Perú, que a diferencia de Nueva Granada y de Río de la Plata, se mantuvo al principio inmune a la fiebre independentista que se extendió por la América española. La mayor presencia de peninsulares que en otros territorios, la escasa implantación del espíritu independentista y la capacidad de mando de los sucesivos virreyes convirtieron el lugar en una roca en el camino de los rebeldes. Para someter al Perú fue necesaria la acción conjunta de las fuerzas de Bolívar y de San Martín . Así, solo en julio de 1821 el virrey José de la Serna ordenó evacuar Lima, dando vía libre a que San Martín proclamara la independencia del Perú el 28 de ese mes. Y aún cambiaría de manos varias veces la capital hasta que, con las fuerzas españolas al límite, llegó la batalla de Ayacucho y con ella la derrota del contingente militar realista más importante que seguía en pie. En paralelo a los sucesos de Ayacucho, todavía hubo una última guarnición que acometió una resistencia heroica, casi suicida. En efecto, el brigadier José Ramón Rodil - cual un nuevo Leónidas - y los últimos españoles del Perú se atrincheraron en la Fortaleza del Real Felipe del Callao, construida inicialmente para defender el puerto contra los ataques de piratas y corsarios. Lima y la fortaleza en el Callao habían sido recuperadas por los españoles meses antes del desastre de Ayacucho, coincidiendo con uno de los pocos periodos de la guerra favorables a los intereses realistas. En efecto, el general Monet al frente de las fuerzas realistas había entrado de nuevo en la capital el 25 de febrero de 1824 y designó al brigadier José Ramón Rodil como jefe de la guarnición del Callao . Lo hizo, claro, sin sospechar que este oficial gallego iba a protagonizar una resistencia de tintes épicos. Lima fue abandonada tras la batalla de Junín. Se esperaba por ello que los españoles del Callao tomaran el mismo camino tras la capitulación de Ayacucho, pero Rodil y sus 2.800 soldados se negaron a rendirse ante la perspectiva de que aún podría recibir pronto refuerzos de España. Rodil incluso se negó a recibir a los enviados del virrey la Serna, derrotado en Ayacucho, porque los consideraba poco menos que desertores. Tampoco quiso escuchar el 26 de diciembre a los representante de Simón Bolívar , quienes daban por hecho que el español iba a rendir la fortaleza en cuanto se enterara de los generosos términos de la capitulación. Sin embargo, ello no ocurrió. El gallego creía que el suyo era un viaje sin vuelta atrás. La entrada de Bolívar en Lima provocó la huida masiva de la población de españoles peninsulares y de los leales a la Corona hacia el Callao. De esta manera, 8.000 refugiados convirtieron el Callao en el último bastión español en Sudamérica y en la última esperanza de recuperar estos territorios. El asedio de las tropas libertadoras, unos 4.700 soldados, dirigidas por el venezolano Bartolomé Salom , se inició en forma de bombardeo con artillería pesada al puerto del recinto amurallado. Se calcula que en los dos años que duró el sitio se dispararon 20.327 balas de cañón, 317 bombas e incontables balas. Al ataque aéreo y terrestre, se sumó también el bloqueo naval de las flotas combinadas de la Gran Colombia, Perú y Chile. Pero a pesar de contar con menos hombres armados y pocos recursos, los españoles tenían varias cosas a su favor. José Ramón Rodil contaba entre sus filas con los regimientos veteranos Real de Lima y Arequipa, así como una de las fortalezas más grandes de todo el continente. Las murallas y las minas enclavadas a sus alrededores hacían imposible un asalto por tierra, mientras que el bastión artillado mantenía la flota combinada a distancia. Asimismo, la veteranía de su comandante jugaba a favor de las fuerzas realistas. Nacido en Lugo el 5 de febrero de 1779, Rodil había combatido contra Napoleón y luego había saltado a Sudamérica, donde prestó importantes servicios en Talca, Cancharrayada y Maipo. Por ello, el gallego coleccionaba múltiples condecoraciones por el valor desplegado en los combates. Sin posibilidad de hincarle el diente a la fortaleza, los ejércitos libertadores mantuvieron el bombardeo día y noche en un intento por dejar que la fruta cayera por su propio peso. Desde el principio se hizo latente la dificultad de alimentar a una población civil de miles de refugiados, así como el mantener un régimen casi carcelario para evitar las deserciones entre las filas españolas. En un solo día Rodil fusiló a 36 conspiradores, entre ellos a un muchacho andaluz muy popular por sus chanzas. En un informe fechado el 26 de septiembre de 1825, Hipólito Unanue escribió a Simón Bolívar el estado del sitio, convertido en una prisión tanto dentro como fuera de la fortaleza: “Rodil sigue defendiéndose obstinadamente y no pasa día sin que se haga fuego fuerte contra él. Por su parte tiene una vigilancia enorme y apenas ve que se pasa alguno del pueblo o que se trabajó en la línea, cuando cubre de balazos el sitio, así es que no se pasan de miedo muchos que desean hacerlo”. Debido al sitio, la hambruna, las malas condiciones sanitarias y las epidemias crecieron al mismo ritmo que la carne de rata disparaba su precio en el mercado negro. Es por ello que Rodil envió hacia el frente enemigo a aquellos civiles cuya presencia no era importante en el campo militar . Ante esta estrategia los libertadores empezaron a rechazar las oleadas de civiles con plomo y pólvora, sabiendo que el hambre era la mejor arma para sacar a los españoles de su castillo. Muchos refugiados se vieron atrapados entre ambos fuegos. Debido a las pésimas condiciones de salubridad, solo cerca del 25% de los civiles lograron sobrevivir al asedio de dos años. El escorbuto, la disentería y la desnutrición fueron rebajando el número de defensores cada día de resistencia. No así la determinación de Rodil , que únicamente aceptó rendirse cuando la situación adquirió una atmósfera extrema. A principios de enero de 1826, el coronel realista Ponce de León desertó y, al poco tiempo le siguió el comandante Riera, gobernador de una de las secciones fortificadas, el Castillo de San Rafael. Ambos conocían al detalle el entramado defensivo establecido por Rodil y así se lo desvelaron a los sitiadores. Ponce de León, además, era amigo próximo de Rodil, lo que supuso una doble traición para el gallego. Sin comida, con la munición cercana a terminarse, y sin noticias de que fueran a llegar refuerzos desde España como se esperaba, Rodil accedió a negociar con Bolívar luego de las ilustres deserciones. De esta forma, el 23 de ese mes, tras dos años de resistencia, los españoles entregaron la fortaleza en condiciones que permitieron conservar la honra y la vida a los defensores. O al menos a los supervivientes. Solo unos 376 soldados lograron salir con vida de aquellos dos años extremos, salvando las banderas de los regimientos Real Infante y del Regimiento de Arequipa. La vida de Rodil también fue respetada, entre otras cosas porque el propio Bolívar salió en defensa del español: “El heroísmo no es digno de castigo”. Es indudable que envuelto en sus propios problemas, España se había olvidado de los últimos defensores de Sudamérica cuando éstos combatían, pero al regreso a la península, algunos de ellos fueron recompensados por su gesta. José Ramón Rodil por ejemplo, fue nombrado Mariscal de Campo y se le otorgó en 1831 el título nobiliario de Marqués de Rodil por su heroica actuación en el Perú. No obstante, su consideración de estratega quedó en entredicho con varias derrotas en la Primera Guerra Carlista. Su carrera política finalizó a consecuencia de su antagonismo personal con Baldomero Espartero, quien posteriormente auspició que Rodil fuera juzgado por un consejo de guerra y se le retiraran sus honores, títulos y condecoraciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, sería reivindicado por su valor y heroísmo mostrado en esas horas tan críticas para la causa española ¿Pero qué motivó su obcecada resistencia en el Callao?, siguen preguntándose hoy los historiadores. Sucede que en su obstinación realmente confiaba, hasta el verano de 1825, en que desde la Península se enviaría una fuerza de reconquista. Controlar aquella posición estratégica era clave para tener un punto de desembarco en América. Cuando se dio cuenta de que la ayuda nunca llegaría dejó de dormir y apenas comía ante el temor, tal vez, de que todo su esfuerzo al final iba a ser en vano. "Como buen militar que era, fue plenamente consciente de que no tenía sentido una resistencia numantina. No, no pensaba en un suicidio, por muy heroico que fuera. Estaba plenamente convencido de que su resistencia daría tiempo a organizar una verdadera 'reconquista' del Perú. Pero no acertó en sus cálculos", explica María Saavedra Inaraja, directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano de Historia y Cultura Naval, en su artículo La resistencia sin esperanza. “Desde Madrid, el rey celebró su resistencia en sus Consejos de Estado, pero no movió un dedo por ellos. En Perú siguieron encajando cañonazos y repeliendo asaltos. Los últimos días del asedio de aquel castillo del siglo XVII fueron un infierno. Rodil seguía confiando en que los refuerzos del rey estaban de camino, en algún punto del océano. Mientras, su plaza era bombardeada día y noche. El 19 de enero de 1826 Chiloé cayó en manos chilenas y el hechizo del brigadier se rompió. Comprendió que no había ninguna flota en camino”. El 23 de enero, capituló de forma honrosa ante Bartolomé Salom, general venezolano responsable del asedio, y regreso a España, junto con los pocos el resto de supervivientes del ejército realista de Perú. Habían resistido uno de los asedios más horribles de todas las guerras de emancipación de la América hispana.
En los últimos 20 años, América Latina ha experimentado un preocupante aumento en la demanda por liderazgos autoritarios o de “mano dura”. No es extraño escuchar frases como “lo que el Perú necesita es un gobierno autoritario”, reflejo de un hartazgo ciudadano frente a la ineficiencia gubernamental, la corrupción de su clase política y la inseguridad ciudadana. Sin embargo, estos pedidos ponen en riesgo la democracia, un sistema que, pese a sus fallas, ha demostrado generar mejores resultados que las alternativas populistas y autoritarias de todo signo político. Según el Latinobarómetro, si en el 2002 solo el 15% de la región justificaba un gobierno autoritario si resolvía los problemas económicos; hoy, en países como el Perú, esa cifra supera el 30%. El 65% de los ciudadanos considera que la democracia funciona “mal o muy mal”, frente al 39% de hace dos décadas. En consecuencia, se premia a los outsiders que prometen “orden”, incluso a costa de las libertades. Sin embargo, las cifras contradicen esa nostalgia. Del 2005 al 2025, Chile, Costa Rica y Uruguay - democracias consolidadas - lograron mayor crecimiento del PBI per cápita, menor volatilidad macroeconómica y una atracción sostenida de inversión extranjera. En cambio, regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua o Venezuela muestran un colapso económico total, inseguridad absoluta y migración masiva. Es indudable que las democracias han logrado reducir más la pobreza y ampliar los servicios básicos, porque permiten un mejor control ciudadano y la corrección de políticas mediante el voto. Las dictaduras en cambio, al no enfrentar rendición de cuentas y silenciar a la oposición de forma incruenta – llegando en el caso de Nicaragua por ejemplo, a expatriar y quitar la ciudadanía a quienes disienten del régimen sandinista - terminan cometiendo errores más graves y persistentes, así como utilizar la violencia extrema como método de opresión. En cambio, las democracias muestran menor corrupción y mayor respeto a la propiedad privada, pilares para la innovación y el crecimiento sostenible. Ante ello, uno se pregunta ¿Por qué crece la añoranza autoritaria? La respuesta es que en muchos países latinoamericanos la democracia no ha sido eficaz. Donde hay fragmentación política, corrupción sistémica e incapacidad de garantizar servicios básicos, la ciudadanía castiga a los partidos y apuesta por líderes fuertes, por más demagogos que fueran al prometer lo imposible, ya que lo único que les interesa en el fondo es alcanzar el poder y una vez llegado, no soltarlo. Para ellos la alternancia del Poder “es una cojudez” (como dijo cierto político peruano admirador del Castrochavismo). A ello debemos agregar que la inseguridad que se vive en las calles, donde nadie tiene la vida asegurada, obra de bandas delincuenciales ‘importadas’ desde Venezuela (del cual millones han huido escapando de la miseria propiciada por el régimen) es clave en esta ecuación: No es de extrañar por ello que América Latina concentre más de 100.000 homicidios anuales, con redes criminales que capturan instituciones, como en el caso del Perú, donde los llamados ‘caviares’ – que ‘ controlan el Poder Judicial – liberan ipso facto a los delincuentes que atrapa la policía, para que sigan delinquiendo con total impunidad, sintiéndose así estos últimos empoderados por jueces y fiscales que los defienden y velan “por sus derechos”, pero al mismo tiempo persiguen con saña y odio indisimulado a los policías que cumplen su deber... Frente a esta absurda situacion, alimentada por la indecisión de las autoridades para intervenir el Poder Judicial y expulsar a quienes están abiertamente coludidos con la delincuencia, la promesa de “restaurar el orden con mano dura” es irresistible. A ello podemos agregar que las redes sociales amplifican esta lógica perversa, con sus discursos de odio y resentimiento. De esta manera, la democracia, que requiere negociación y tiempo, se percibe como débil; mientras el autoritarismo, se ve veloz y resolutivo. Pero esta velocidad cuesta cara: erosiona instituciones, reduce libertades y ahuyenta la inversión. La democracia no se sostiene por razones morales, sino por resultados concretos. Pero mientras esto no sea evidente para la ciudadanía, seguirá optando por quienes ofrecen ‘orden’ a cualquier precio. Como sabéis, en América Latina el voto autoritario no surge del desprecio a la libertad, sino de la frustración, ya que perciben que la primera no ha resuelto sus problemas. El reto no es solo defender la democracia con discursos filosóficos, sino hacerla eficaz. Apostar por un caudillo con sus discursos incendiarios puede dar un alivio inmediato, pero generará a la larga un retroceso que costará revertir, y mucho. Por cierto, en el Perú ¿qué ofrece su desacreditada y desgastada clase política envuelta en toda clase de escándalos? En ella no existe la renovación de sus cuadros dirigenciales, por lo que en las próximas elecciones, con sus candidatos nombrados “a dedo” se verán las mismas caras con sus promesas repetidas hasta el cansancio: Keiko Fujimori insistirá en una estrategia basada en “inteligencia, estrategia y mano dura” para enfrentar la violencia; Cesar Acuña - aquel cacique provinciano que dice cada cosa – afirma que la inseguridad afirma que “no es problema suyo” mientras deja abandonada a su suerte a la Región La Libertad - que se desangra por la violencia - de la cual es gobernador, para irse continuamente de vacaciones a Europa o EE.UU. a lo cual - asegura - “tiene derecho”. Por cierto, se proclama “ingeniero” pero no sabe ni multiplicar 8x7. ¿Dónde habrá sacado su titulo “bamba” (falsificado)?. De seguro en alguna de sus universidades de ínfima categoría; Luego esta un cómico televisivo, que con sus discursos simplistas cree que está en capacidad de llegar a Palacio, buscando imitar al salvadoreño Nayib Bukele en lo relativo a la lucha contra la delincuencia, cuando el territorio de el Salvador equivale solamente a la Región Ica y que cuenta apenas con 6 millones de habitantes frente a los 34 que tiene el Perú, por lo que se trata de otra realidad que el evidentemente no conoce; Asimismo, un alcalde-candidato, que no contento con tener a Lima convertida en un basurero - y que por razones electorales quiere poner en funcionamiento de la forma que sea, un tren chatarra de 40 años de antigüedad que se descarrila solo, cuando no existe la infraestructura necesaria para ello - ha planteado convocar a un referéndum “para aplicar la pena de muerte en casos de homicidios de menores, corrupción grave o ataques contra policías”. Sus propuestas incluyen la militarización de la seguridad y la penalización acelerada, reduciendo garantías procesales. A primera vista parecen ideas razonables, pero viniendo de quien viene y dada su absoluta incapacidad para resolver los problemas de una ciudad tan caótica como Lima, mucho menos podrá resolver los del Perú, por lo que todas sus propuestas son palabras que se las llevara el viento. Por último y como era de esperar, la izquierda radical aliada de Sendero Luminoso ofrece también “soluciones” como es mano dura… orientada únicamente a golpear a las élites políticas y económicas, refundar el Estado instaurando un régimen comunista, imponer sanciones ejemplares a “los corruptos” (pero a los suyos como Cerrón, Castillo, Kuczynski, Vizcarra o Villarán que han robado millones al Estado o bien han hecho negociados con Odebrecht, obviamente que no), para concentrar poder en un Ejecutivo fuerte, y eternizarse en el poder por los siglos de los siglos, emulando a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos sátrapas solo muertos dejan el Poder. El autoritarismo, de esta manera, se ha convertido en una tentación transversal, presentada como “un remedio instantáneo a la inseguridad y la corrupción”… nada más falso, ya que detrás de esa promesa late la misma amenaza: debilitar la democracia. No os dejáis engañar por quienes claman por “mano dura”, ya que al mismo tiempo suelen traer consigo tijeras para recortar libertades de todo tipo. Y, por más que les incomode, los datos son claros: las democracias han dado mejores resultados que las aventuras autoritarias que estos aventureros oportunistas buscan imponer. A que no hay que permitírselo.
Escenario transversal de la vida de la Lima del último siglo, la Plaza San Martín está presidida por un imponente monumento al general argentino que motorizó la independencia del Perú. Corazón de la vida política y cultural de la capital peruana, está rodeada de un conjunto de edificios de arquitectura barroca. Con una superficie de 12 mil metros cuadrados, la plaza configura un cuadrilátero perfecto, dividiendo en dos a la avenida Nicolás de Piérola. Enmarcado dentro del área protegida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está decorada con grandes jardines, balaustradas y bancas de mármol, y farolas que rodean la estatua del héroe. Ruta de paso de cientos de miles de limeños a diario, sentarse un rato en sus bancas sirve para medir el pulso de la capital del Perú. Inaugurada en 1921 durante la dictadura de Augusto B. Leguía, la plaza fue una de las tantas obras que se edificaron en Lima para celebrar el centenario de la independencia de la República del Perú. En su centro está el monumento, un conjunto de 16 metros de alto, coronado por una estatua ecuestre del general José de San Martín atravesando los Andes. El pedestal es un contrastante monumento de granito blanco. Justo bajo la estatua es un volumen de roca viva, en el pie es un pedestal geométrico. Una alegoría de la Patria, una figura femenina de laurel, sostiene una inscripción: “La Nación al General D José de San Martín”. Las caras del pedestal tienen inscripciones y en la cara posterior, las figuras esculpidas de dos soldados entrecruzan banderas. Es este último un símbolo de agradecimiento y hermandad del Perú a la Argentina por los inestimables servicios brindados por el Libertador. El conjunto monumental es obra del escultor español Mariano Benlliure.La plaza está rodeada de un conjunto de edificios que se construyeron siguiendo un patrón adecuado de uniformidad. Los primeros edificios de la plaza fueron el Teatro Colón y el edificio Giacoletti, construidos ambos en 1914. El resto de edificios se construyó posteriormente en tres etapas: la primera correspondió al ya mencionado Gran Hotel Bolívar que data de 1924-1925, obra de Rafael Marquina; en la segunda se hicieron los edificios de los portales de Zela (al sur) y Pumacahua (al norte), ambas construcciones casi idénticas y que datan de 1926, y el Club Nacional, edificado en 1929 por Ricardo de Jaxa Malachowski y Enrique Bianchi en estilo académico francés; y en la tercera y última etapa hacia 1930-1945 se consolidaron los frentes de la plaza con la elevación de los edificios Cerro de Pasco Copper Corporation (1930), Fénix (1934), Cine Metro (1936, de José Álvarez Calderón), Sudamérica (1941) y Boza (1941). En el edificio Fénix se ubicó en 1935 el británico Phoenix Club, hasta su posterior mudanza al distrito de San Isidro en 1992. Como resultado la plaza guarda una unidad por medio de la uniformidad entre sus fachadas, correspondiendo al tipo de plaza barroca que crea un marco arquitectónico coherente en torno al espacio central y su monumento. El estilo final de la mayoría de los edificios que rodean este espacio es neohispano o neocolonial dentro de una composición espacial clásica de raíz hispana y europea. Si se visita Lima hay que llevarse una foto en la plaza San Martín. En resumen, la Plaza San Martín es un espacio emblemático de Lima que combina historia, arte y cultura. Su diseño, estatua central y edificios circundantes la convierten en un lugar de interés tanto para turistas como para residentes, y su historia refleja la evolución de la sociedad peruana a lo largo del tiempo. Lamentablemente no todo es perfecto, ya que el 27 de octubre del 2018, el edificio Giacoletti fue dañado por un incendio. En el primer nivel del edificio de cinco pisos se encontraba la pollería Roky's, donde se presume que inició el fuego. Además, el edificio era sede de un hostal. El fuego habría iniciado en el ducto de una chimenea y que por ello se expandió rápidamente hacia los pisos superiores. Desde entonces luce abandonado y ennegrecido por el fuego, sin que las autoridades municipales, en su incapacidad manifiesta - y peor aún con Porky, que ha convertido a Lima en un basurero - hagan algo por restaurarla.
La fragmentación política en el país andino, caracterizada por la proliferación de vientres de alquiler que eufemísticamente se autodenominan “organizaciones políticas”, la volatilidad electoral y la debilidad institucional, constituye un fenómeno estructural que se ha intensificado en la última década. En efecto, la crisis de institucionalización de las “organizaciones políticas” es una de sus causas principales. Como sabéis, la transición democrática post-fujimorismo en el año 2000 no consolidó a los viejos partidos tradicionales – barridos tras el autogolpe de 1992 así como el desprestigio que arrastraban desde años atrás al estar envueltos en sonados casos de corrupción - sino que dio paso a un sistema de “democracia sin partidos”, donde las “organizaciones políticas” que los sucedieron, funcionan como vehículos electorales efímeros, más que como instituciones democráticas programáticas. Esta dinámica se acentuó en el 2016 cuando el fujimorismo obtuvo 73 parlamentarios y se exacerbó tras la disolución del Congreso en el año 2019 por el golpista Martin Vizcarra y las elecciones extraordinarias del 2020, que reflejaron una ruptura del predominio fujimorista y el ascenso de nuevas fuerzas políticas atomizadas, financiados por la minería informal y el narcotráfico. A medida que se aproximan las elecciones generales del 2026, este fenómeno se intensifica, generando desafíos significativos para la gobernabilidad, la representatividad y la estabilidad democrática en el Perú. Cabe precisar que el sistema político peruano se rige por la Constitución de 1993, que establece un régimen esencialmente presidencialista con elecciones concurrentes cada cinco años para elegir al presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos. La normativa electoral, regulada principalmente por la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, fija requisitos para la inscripción de partidos, como la recolección de firmas equivalente al 0.1% del padrón electoral, una barrera relativamente baja que ha facilitado la proliferación de 43 vientres de alquiler inscritos para las elecciones del 2026. Esta multiplicidad de actores políticos refleja una atomización del sistema de partidos, agravada por la ausencia de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tras su instauración en el año 2019 y su cuestionable eliminación en el año 2024, lo que ha permitido la participación de pseudo organizaciones políticas con nula representatividad. La fragmentación se ve agravada por el sistema de voto preferencial en las elecciones parlamentarias, que incentiva la competencia individual sobre la cohesión partidaria, y por la falta de una barrera electoral efectiva, fijada en 5% para partidos y 6% para alianzas. Este diseño institucional, combinado con la reinstauración del infame sistema bicameral para el 2026, con 60 senadores y 130 diputados (que pueden incrementarse mediante ley orgánica), amplifica la dispersión de la representación legislativa, como se observó en el año 2021, cuando nueve agrupaciones lograron escaños en un Congreso de 18 contendientes. A nivel jurídico, la baja barrera para la inscripción de partidos y la falta de incentivos para formar alianzas electorales sostenibles contribuyen a la proliferación de candidaturas. En el 2026, se estima que podrían competir aproximadamente más de cuarenta candidatos presidenciales, un récord histórico. La eliminación de las PASO ha permitido que agrupaciones fantasmales con limitado respaldo popular participen, incrementando la fragmentación del voto. Además, el sistema de voto preferencial fomenta la personalización de la política, debilitando la cohesión de las bancadas parlamentarias, como se observa en la “migración” de 55 de 130 congresistas a otras bancadas desde el 2021, que, más propiamente, podría ser considerado en la mayoría de los casos como actos típicos de transfuguismo parlamentario. La crisis de legitimidad de las instituciones políticas, con un Congreso que registra un 93% de desaprobación ciudadana, y la desconfianza en los partidos, reflejada en un 30% de voto blanco o viciado en encuestas recientes, alimentan un escenario de apatía y volatilidad electoral. Esta situación se agrava por la percepción de corrupción sistémica y la influencia de poderes fácticos, como los medios de comunicación, que concentran el 80% de la prensa escrita en el Grupo El Comercio, adalid de la prensa basura (quebrada económicamente y que se encuentra a la venta). En este escenario, las elecciones del 2026 se perfilan como las más complejas de la historia peruana. La primera vuelta, programada para abril de ese año, será una suerte de una primaria de facto, definiendo las dos candidaturas presidenciales más votadas para el balotaje y la composición del Congreso bicameral. Sin embargo, la alta fragmentación del voto podría conducir a que los candidatos que pasen a la segunda vuelta obtengan un porcentaje bajo de votos que podría comprometer la legitimidad del presidente electo. En el ámbito parlamentario, la fragmentación se manifiesta en la proliferación de bancadas y la inestabilidad de las alianzas legislativas. La reintroducción del sistema bicameral y el voto preferencial para senadores y diputados podría complicar aún más la cohesión legislativa. Se debe evidenciar, asimismo, que las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han avizorado la oportunidad de permanecer en el poder más allá del 2026. Para ello, la Constitución ha sido reformada “a su medida” en casi sesenta artículos en el 2024. La reforma central de estos cambios constitucionales es la reintroducción del bicameralismo del Congreso de la República. Hay que recordar que Fujimori justificó el golpe de Estado de 1992 y el cierre del Congreso que era bicameral en aquel entonces porque era ineficiente, corrupto y obstruccionista. Sin embargo, la reintroducción del bicameralismo no ha tomado en cuenta la decisión de los peruanos que, en el referéndum del 2018, rechazó con el 90% de los votos el reestablecimiento de la bicameralidad. Es indudable por ello que la fragmentación política plantea desafíos significativos para la gobernabilidad del Perú en los próximos años. El presidente electo en el 2026 enfrentará un Congreso fragmentado y con alianzas frágiles, donde ningún partido alcanzará mayoría. La ambigüedad de mecanismos como la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” y la disolución del Congreso, utilizados en crisis recientes, sigue sin resolverse, perpetuando la inestabilidad. No obstante, las elecciones podrían representar también una oportunidad para replantear el sistema político peruano; pero sin reformas estructurales, por lo que el riesgo de inestabilidad persistirá, perpetuando un ciclo de crisis que amenaza la viabilidad de su endeble democracia. La fragmentación política en el Perú de hoy tiene también una causa más grave: la “banalización de la Constitución”, que se ha acrecentado en los últimos años y se puede percibir en el hecho de que ella misma ha dejado de ser fundamento y límite del poder político. Formalmente lo es, aunque es constantemente manipulada al antojo de la voluntad de las fuerzas políticas, principalmente, del Parlamento. Es así que la actual Constitución ya no racionaliza el poder y su ejercicio, sino que es instrumentalizada por la política parlamentaria para “legitimar” la aprobación de leyes que favorecen sin ambages a los propios congresistas. Cuando en los últimos años, durante el régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo se pretendió convocar a una espuria asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna, pero al no conseguirlo, intento dar un autogolpe de Estado en el 2022, fracasando miserablemente y terminando ese mismo día en la cárcel por golpista y ladrón, los defensores de la Constitución han apelado a recordar sus bondades, sobre todo, en el ámbito económico y en la derrota del flagelo del terrorismo. Ello es innegable. Sin embargo, hay que reconocer que esa intangibilidad de la Constitución ha sido dejada de lado cuando las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han decidido que es más importante perpetuarse en el poder más allá del 2026, a través de la restauración del Senado, que defender la Constitución. Esto confirma la afirmación aguda que alguna vez hizo Horst Dreier, de que la Constitución no es un “seguro de vida político”. La democracia peruana no se sostiene solo por “tener” una Constitución, sino por mantener su vigencia, y protegerla de las fuerzas antidemocráticas que pretenden acabar con ella y sustituirla por otra de corte comunista como sucedió en Cuba, Nicaragua y Venezuela por sus sátrapas pretendiendo eternizarse en el poder. Ello no debe suceder en el Perú y por ese motivo hay que desbaratar infatigablemente cualquier intentona de la mafia caviar (que inexplicablemente aun controla los organismos electorales), quienes buscan repetir el fraude realizado en el 2021 para colocar en Palacio a un oscuro individuo de limitado lenguaje y nula inteligencia, para que destruya la democracia por dentro, como quiso hacerlo Castillo. A estar atentos a sus sucias maniobras... Pero con tal cantidad de candidatos demagogos y oportunistas que se van a presentar en los comicios ofreciendo hasta lo imposible a los incautos para conseguir su voto – y luego olvidarse de sus promesas como siempre lo hacen - las elecciones del 2026 van a ser de difícil pronóstico.
Como sabéis, cada tercer domingo de julio, miles de peruanos se reúnen en torno a una mesa para rendir culto a uno de los platos más queridos del país andino: el pollo a la brasa, que este año cumple su 75 aniversario. Esta celebración no solo exalta su sabor inconfundible, sino también su rol como símbolo de su identidad nacional. Crujiente y de aroma especial, acompañado de patatas fritas, ensalada y cremas, como el kétchup y la mayonesa, es reconocido por su sabor inigualable dentro y fuera del país. Este suculento plato recibió el reconocimiento oficial como “Patrimonio Cultural de la Nación”, mediante la resolución Ministerial Nº 0441-2010-AG, emitido por el Ministerio de Cultura que resolvió declarar al tercer domingo de julio de cada año, como “El día del pollo a la brasa”. Desde entones, este plato se ha ganado un lugar especial en la gastronomía y en el corazón de los comensales peruanos.El origen del pollo a la brasa se remonta a 1949, cuando el inmigrante suizo Roger Schuler, dueño del restaurante Granja Azul, ubicado en Santa Clara, diseñó una técnica innovadora de cocción giratoria para asar pollos de manera uniforme. Gracias a Franz Ulrich, el experto que ideó el horno con barras giratorias, Schuler fundó el primer restaurante de pollos a la brasa tras varias pruebas con diferentes mecanismos hasta que, finalmente, quedó el modelo que se usa y fabrica hasta la actualidad. La idea partió luego de que Schuler viera a su cocinera hornear pequeños pollos de una manera similar, pero más rudimentaria. Desde entonces, el emprendimiento de Schuler creció a niveles nacionales y se masificó en todo el Perú. Aquel método, conocido como rotombo, permitió preparar múltiples piezas simultáneamente, manteniendo la jugosidad de la carne y ese dorado perfecto que hoy lo caracteriza y que lo hace inconfundible. La receta original incluía solo sal, pero con el tiempo se fueron incorporando ingredientes peruanos como ají panca, comino, sillao y cerveza negra. Con el correr de los años, el pollo a la brasa se convirtió en el almuerzo dominical por excelencia. Asequible, abundante y sabroso, supo adaptarse a todos los bolsillos y estilos de vida. Actualmente, se estima que más de 150 millones de pollos a la brasa se consumen al año en el Perú, según cifras de la Asociación Peruana de Avicultura. Es, sin duda, uno de los productos más vendidos en restaurantes, y su popularidad trasciende fronteras, con versiones exportadas a países como Chile, Estados Unidos y Japón. Cabe precisar que la celebración no solo promueve el consumo, sino que también busca revalorizar una preparación que combina técnica, cultura e historia. Durante esta jornada, muchas pollerías ofrecen promociones especiales, concursos y actividades familiares. Además, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de la gastronomía popular peruana, donde la innovación y la tradición conviven en armonía. Por cierto, se estima que hay más de 13 mil pollerías en el Perú.Así que este tercer domingo de julio, la mesa está servida. Ya sea en un restaurante de lujo o en una reunión familiar, el pollo a la brasa convoca, une y celebra.
Una buena noticia sin duda alguna, es la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la Ley de Amnistía con la que se hace justicia a todos aquellos valerosos integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF.AA. que a riesgo de sus vidas se enfrentaron y vencieron a las demenciales hordas asesinas de Sendero Luminoso y el MRTA, que originaron un baño de sangre en el país andino en las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo, pero a pesar de ese logro y de haber sido reconocidos en su momento como Héroes de la Democracia, desde la llegada de los parásitos caviares al Estado con Valentín Paniagua a la cabeza, fueron desde entonces injustamente perseguidos por esa maldita mafia enquistada en la justicia, sometiéndolos a procesos interminables que duran décadas, así como estigmatizados por los politizados organismos “defensores de los derechos humanos” (de los terroristas, se sobreentiende) que los calificaban con todos los epítetos inimaginables. Pero ello se acabó. En efecto, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el 2000. La norma beneficiará específicamente a aquellos que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años. La medida fue aprobada el miércoles con 16 votos a favor y 11 en contra. Recibió el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia, mientras que como era de esperar, las bancadas de izquierda - que siempre actúan como voceros del terrorismo y que como recordareis, fueron cómplices del oprobioso régimen filosenderista de Pedro Castillo, hoy en la cárcel por golpista y ladrón - votaron en contra. Si bien aún está pendiente que se resuelva un pedido de reconsideración a esa votación, presentado por los impresentables congresistas Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Alex Flores (Bancada Socialista), esta solicitud será rechazada. Ahora solo queda que el Gobierno promulgue la ley cuanto antes y sea publicada en el diario oficial El Peruano para que entre en vigencia. Como sabéis, la iniciativa tiene su origen en un proyecto de ley presentado en abril del año pasado por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia. La Comisión Permanente se pronunció a su favor en segunda votación al ejercer, durante el actual receso parlamentario, las funciones que corresponden al pleno del Congreso. Por cierto, la primera votación del dictamen se resolvió el pasado 11 de junio con 61 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien sustentó el dictamen ante la Comisión Permanente, argumentó que la amnistía responde “a una necesidad de justicia y es una forma de saldar una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista”. Según el legislador, la norma permitirá corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales. Rospigliosi recordó el caso de los marinos procesados por el motín de El Frontón, que data de 1986: “De forma escandalosa se les ha reabierto nuevamente el juicio. [...] No puede ser que los procesos duren eternamente y que los militares, policías y miembros de autodefensa que derrotaron al terrorismo sean sometidos a la tortura de procesos interminables”, dijo. Afirmó que actualmente hay más de mil personas en esa situación. En la misma línea, el legislador Jorge Montoya, autor de la propuesta, defendió la ley como una respuesta al abuso que se ha cometido durante décadas contra las fuerzas del orden. “El abuso que se ha cometido a lo largo de 40 años sobre el personal militar y policial es inadmisible para una sociedad que se respete. Acá estuvimos en una lucha permanente por defender la democracia. Hubo excesos que ya han sido sentenciados y castigados, pero no hubo asesinatos sistemáticos como afirman falazmente los caviares. Los que quedan no tienen cómo acusarlos. Aun así, están buscando pruebas durante 30 años y no las encuentran” asevero. Montoya también criticó especialmente el caso El Frontón que no tiene cuando acabar. “Lo abren cada vez que pueden. Eso es inconcebible”, señaló. Por último, dijo que “esta ley de amnistía permitirá vivir tranquilos el resto de vida que les queda a los que están siendo injustamente acusados por el ‘delito’ de cumplir con su deber y salvar al Perú de caer en las garras del comunismo” puntualizó. Con la aprobación de la Ley de Amnistía, el país no borra su pasado: lo enfrenta con justicia y dignidad. Esta no es una norma para el olvido, sino un acto de soberanía moral que repara, aunque tarde, una deuda histórica con quienes evitaron que la patria cayera bajo las botas del totalitarismo, defendiéndola en su hora más oscura. Desde los años 80, las FFAA y la PNP enfrentaron una guerra no declarada contra el terror de Sendero Luminoso y el MRTA. Enfrentaron coches bomba, asesinatos de autoridades, secuestros de niños, ejecuciones públicas, y lo hicieron sin una legislación de guerra, con una opinión pública dividida y muchas veces con directivas políticas ambiguas o cobardes. Sin embargo, lograron contener al enemigo, evitar el colapso del Estado y restituir el orden en regiones enteras. ¿Qué recibió el personal en retorno? Juicios interminables, olvido institucional y una estigmatización sistemática. En muchos casos, los acusados ni siquiera han recibido sentencia. En otros, han sido absueltos luego de años de prisión preventiva. La justicia tardía no es justicia. Y la persecución eterna, sin resolución ni reparo, constituye una forma de tortura institucional. El Perú tiene derecho a defenderse en todos los frentes: militar, judicial y simbólico. Esta ley es parte de esa defensa. No vulnera tratados internacionales; por el contrario, aplica principios básicos como el debido proceso y el respeto por la dignidad de la persona humana. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En muchos casos, estos plazos fueron largamente superados. ¿Deben estos peruanos que combatieron al terrorismo morir esperando justicia? La ley tampoco borra crímenes ni elimina la posibilidad de investigación en casos graves. Sólo establece que, por razones humanitarias y procesales, se exonera de responsabilidad penal a personas en situación vulnerable que han enfrentado un desgaste sin fin. No es olvido: es decencia. Quienes sirvieron en las FFAA y PNP durante los años del terror lo hicieron por convicción, por deber y por amor al país. Muchos lo pagaron con la vida, otros con la salud, otros con su libertad. Es hora de saldar esa deuda moral. No para encubrir excesos, como afirma la sesgada narrativa caviar, sino para reconocer que, sin ellos, el Perú no tendría hoy democracia. El patriotismo no es un recurso retórico: es una obligación civil. Defender esta ley es defender la verdad completa de la historia y reafirmar el principio de que el Perú tiene derecho a honrar a quienes lo protegieron cuando casi todo estaba perdido. Que la democracia no olvide nunca a los héroes que la salvaron.
