A cuatro días de llegar al país andino, y a un año de que su antecesora apoyara desvergonzadamente al judío Gustavo Gorriti ante serios cuestionamientos en su contra, la actual embajadora de EE.UU. en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath pretendió de una manera grosera e inaceptable pontificar sobre la ley de las ONG que debate el Congreso de la República. Sin embargo, olvidó hacer el “disclaimer” respectivo: usaba como tribuna un medio caviar al cual su nación ha “donado” indirectamente, 200 mil dólares. Esto sucedía en RPP Noticias, emisora que figura como beneficiada en un convenio entre IDEA Internacional (Capítulo Perú) y USAID (Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional del cual se dice que depende de la Secretaría del país norteamericano, pero que en realidad es un organismo de la CIA). En efecto, esta última semana, se dio a conocer el gran financiamiento internacional que tienen diversos medios de comunicación, por parte de diversas ONG del extranjero. Según se reporta, serían miles de dólares los recibidos por estos portales informativos, los cuales, a cambio, cumplirían con reportar los ideales de la agenda de la ideología de sus financiadores. En efecto, mediante un proyecto de IDEA y la USAID, se distribuyeron cerca de 2 millones de dólares para distintos medios. De igual manera, grupos de la Unión Europea habrían enviado cerca de 4 millones de dólares para diversas ONG que residen en el Perú, para que impulsen los ideales de su agenda caviar en el país. De esta forma, diversos medios de comunicación se ven financiados por diversas ONG internacionales, lo que evidenciaría la razón principal por la cual tantos portales de información se ven alineados con los caviares, defendiendo rabiosamente sus sucios intereses, porque les pagan por ello. Uno de los casos más llamativos que han recibido una gran suma de miles de dólares es el canal de Youtube del impresentable Marco Sifuentes, “La encerrona”. El canal que reproduce el sesgado noticiero desde España, habría recibido cerca de 104 mil dólares. Siendo así uno de los medios de comunicación con más financiamiento internacional otorgado. Otro caso emblemático del sector caviar, es el aporte recibido por el portal Epicentro. Este canal que se autodefine de “periodismo independiente”, siempre afín a la izquierda peruana, habría recibido también una gran suma de 70 mil dólares. Una gran contribución para el canal de la colombiana Clara Elvira Ospina. Sin embargo, el financiamiento oenegero no quedaría solamente ahí, dado que medios de comunicación de mayor alcance como Radio Programas del Perú (RPP) o el diario La República, también recibieron un gran colchón de dinero. Según se informó, RPP sería el medio de comunicación con el mayor presupuesto otorgado, con un financiamiento de aproximadamente 200 mil dólares, el cual provendría del convenio entre IDEA Internacional (Capítulo Perú) y USAID (Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional que depende de la Secretaría del país norteamericano). Mientras que el diario de Mohme habría recibido cerca de 32 mil dólares. No sorprende, por ende, la orientación de la desinformación propalada por ambos medios de comunicación en los últimos tiempos. Percy Medina, directivo de IDEA Internacional (entidad que financia a RPP) en el Perú, respaldó el convenio que tiene dicha entidad con Estados Unidos por cerca de 7 millones de dólares. Asimismo ‘justificó’ los pagos a los medios de comunicación, calificando a estos como sus “socios”. “Había una preocupación particular porque la polarización se había agudizado y no había espacios plurales de encuentro y diálogo para encontrar puntos en común para enfrentar las distintas crisis: la política, la económica, la de valores democráticos”, señaló Medina. “Nuestros socios de medios de comunicación son una minoría entre las diversas instituciones con las que trabajamos, y las actividades con ellos se dirigen sobre todo a fomentar el diálogo y la educación en valores ciudadanos. También a apoyar la lucha contra la desinformación”, agregó. Tras estas revelaciones, no sorprende por qué existe una gran presión mediática contraria al dictamen que propone modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para mejorar la transparencia y la supervisión de los recursos que se reciben por entidades que gestionan cooperación técnica internacional, como lo son las Organizaciones No Gubernamentales. Ciertamente, analizando quiénes son algunos de los financistas de las ONG en el Perú, no sorprende que cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas, entidad que busca otra vez inmiscuirse en los asuntos internos nacionales, enviaran al Ejecutivo un pronunciamiento contrario a este dictamen. En este manifiestan que el dictamen que modifica la ley APCI, debilitaría a las ONG “afectado a su vez a los derechos humanos”. Al parecer más transparencia significa atentar con los ‘derechos’ de las ONG que reciben millones del extranjero, para impulsar su agenda con las noticias de su conveniencia y el daño a “los derechos humanos”... lo haría el Congreso por buscar más transparencia en el recibimiento de recursos por parte de estas organizaciones. Como sabéis, el Congreso ha dictaminado un proyecto de ley sobre la transparencia del manejo de los fondos de la cooperación internacional por parte de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), iniciativa legislativa que tiene los mismos parámetros de la transparencia de las leyes existentes en Europa, Canadá y los EE.UU., pero resulta risible que en el Perú no quieren que se aplique la citada norma. El problema, sin embargo, no se limita a dicha conducta de las principales ONG en el país, sino que incluso unas 16 embajadas, como las de Canadá y los EE.UU., se han entrometido en asuntos internos del debate del citado dictamen, lo que ha sido motivo de una reprimenda del canciller Javier González-Olaechea al embajador de Canadá en Perú, Louis Marcotte, en la ceremonia del 80 aniversario de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Si el tema central del debate fuera que las ONG tuvieran en la ley peruana un manejo transparente de los recursos que les llegan del exterior, o en el mismo estándar que los países del primer mundo, como EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia, entre otros, “¿de qué se quejan no solo las ONG, sino sus ahora voceros mediáticos, como El Comercio, La República, RPP y los llamados influencers?”, pregunta el legislador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores que dictaminó la ley en ciernes. No es para menos. Un seguimiento de las remesas de millones de dólares del exterior en favor de las ONG en diferentes rubros, ahora resulta que tiene su contraparte en pagos a las citadas empresas, como se puede ver en varios proyectos de IDEA Internacional y subvencionada por EE.UU. por un monto de US$ 7’355,000. Se trata de solventar la “Actividad de Promoción de los Valores Democráticos y el Diálogo Político en el Perú”, que es un convenio firmado entre USAID y un Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral de IDEA Internacional con el N.° 72052723GR00001 por el cual deben asistir y “educar” a los peruanos en los ítems antes indicados. Cabe precisar que la representante de la Casa Blanca llega a un país que atraviesa por una severa crisis, tras un fallido golpe de Estado y posterior destitución del delincuente terrorista Pedro Castillo que hoy se pudre en la cárcel por golpista y por ladrón. Syptak-Ramnath está graduada por la Universidad de Georgetown, Washington y antes de unirse al cuerpo diplomático, trabajó para la Marina estadounidense. Pero resulta que la sujeta en cuestión viene evidentemente aleccionada, colocándose desde el primer momento del lado de los parásitos caviares y la prensa basura - que ellos subvencionan - mostrándose en contra de la fiscalización de actividades que involucren ingresos y/o gastos a las ONG, para que obligatoriamente sean fiscalizados por el Estado, afirmando falazmente: “Considero que las ONG son cruciales para una democracia fuerte. Pero estas deben regirse con políticas que funcionen, para que puedan cumplir su rol con libertad. En cualquier democracia, sobre todo en EE.UU., necesitamos libertad de prensa para la sociedad civil; porque el gobierno no puede hacerlo todo. Necesitamos que todo el pueblo ayude. Y la sociedad civil es parte del pueblo; es parte de lo que necesitamos para tener una democracia fuerte, que funciona (…) En Perú, la USAID tiene un presupuesto de más de 60 millones de dólares cada año, y trabajamos por las ONG en Perú. No podemos hacer nuestro trabajo aquí sin unas ONG fuertes, que puedan funcionar (…)”, no se trata de una “injerencia”, afirmo cínicamente en aquella entrevista. Pero lo que no dice es que la infame USAID es un instrumento de la CIA para desestabilizar a los gobiernos de la región que considera ‘hostiles’ a la política injerencista estadounidense, más aun cuando el Perú estrecha lazos con China, lo cual como podéis suponer no ha caído nada bien en Washington, por lo que a través de esa prensa basura y sus voceros mediáticos tratan diariamente de torpedear la labor de la Presidenta Constitucional Dina Boluarte, con fake news fabricados en la embajada estadounidense. Eso está claro. Pero fracasarán miserablemente en su intento. Cabe precisar que un alto funcionario de la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos (USAID) admitió recientemente que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) utiliza el nombre de la USAID como fachada para otorgar fondos y contratos a terceras partes que promueven sus operaciones encubiertas. Según el funcionario, la relación entre la USAID y la CIA no es nueva. En 1974, el Congreso estadounidense clausuró una división de la USAID que fue utilizada por la CIA para entrenar, financiar y armar a más de un millón de policías en América Latina, Asia y el Medio Oriente. Esta agencia fue creada oficialmente en 1961 como una entidad “dedicada a la ayuda humanitaria en el mundo” siendo formalmente incorporada en el 2009 en la Iniciativa Interagencial de Contrainsurgencia de Estados Unidos, junto al Departamento de Estado y el Pentágono. Por esos años fue publicado el documento, “La Contrainsurgencia para los políticos del gobierno de EEUU: Un trabajo en progreso”, que destacaba a la USAID como fundamental para asegurar el éxito de las operaciones de contrainsurgencia. “La USAID puede ayudar con los esfuerzos de contrainsurgencia del gobierno de EEUU…La USAID tiene oficinas de campo en 100 países en desarrollo, trabaja de manera cercana con organizaciones privadas, grupos indígenas, asociaciones de profesionales, organizaciones de fe (como los mormones y los Testigos de Jehová) y otras agencias gubernamentales…La USAID tiene relaciones, a través de convenios y contratos, con más de 3.500 empresas y 300 organizaciones privadas de EEUU…” De esta manera, la USAID se incorporó en las iniciativas de contrainsurgencia contra movimientos y estados considerados “adversarios” por Washington. Esta novedad transformo de su mandato original “de aportar ayuda humanitaria al mundo” a convertirla oficialmente en una agencia de guerra. Desde hace mucho tiempo, las ONG están siendo severamente cuestionadas por su labor desestabilizadora en el Perú por lo que ha llegado la hora de acabar con su nefasta labor, sometiéndolas a un exhaustivo escrutinio. El propósito de la citada ley que está siendo debatida en el Parlamento es someter al escrutinio público el activismo político de las ONG, a fin de salvaguardar que los recursos estén destinados a actividades lícitas y se ejecuten dentro del marco de los acuerdos de cooperación técnica. Asimismo, es clave que los financistas se hagan responsables por el destino de sus recursos en la vida pública del país. La influencia extranjera indebida no solo se da a través del financiamiento de partidos, sino también groseramente a través de las ONG políticas como es el caso de IDL de Gorriti. La hipocresía de quienes están en contra de su control salta a la vista, porque si en el Perú se oponen a que estos cuestionados organismos sean fiscalizados, al mismo tiempo en sus países de origen están severamente vigilados, por no decir prohibidos. Al respecto, EE.UU. tiene desde 1938 la llamada Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que se aplica a cualquier persona que actúe en nombre de un “principal extranjero” (gobierno o entidad privada extranjera), obligándolo a registrar su relación con el mandante extranjero, actividades y gastos. Australia tiene la Ley del Plan de Transparencia de la Influencia Extranjera (2018), que establece un registro público de actividades realizadas en nombre de un “principal extranjero” que tiene como objetivo influir a nivel político y gubernamental en dicho país. Otros ejemplos son Noruega, Canadá y Japón, mientras que la regulación del Reino Unido entrará en vigor este año (Foreign Influence Registration Scheme). Se puede discutir varios aspectos de esta propuesta, pero controlar la influencia extranjera en su política interna es común en esos países, pero a su vez no quieren que ello suceda en el Perú, porque va contra sus sucios intereses. Pero para su mala suerte y por más que griten y amenacen, esta ley será aprobada finalmente en la siguiente legislatura… Y adiós USAID, adiós IDL, adiós ONGs, adiós financiamiento a los caviares y a la prensa basura. En cuanto a la citada embajadora, que se muerda la lengua y se mantenga en silencio, que no tiene ningún derecho a opinar en asuntos que no le compete ¿no os parece?
