Luego de 90 años, el Estado aprobó el pasado 29 de junio un protocolo para el procedimiento cuando la vida de la madre peligra, una medida que era muy esperada por diversas organizaciones, quienes saludaron su aprobación. Sin embargo, esta a su vez ha originado un rechazo absoluto tanto de la corrupta y decadente Iglesia Católica –
defensora de genocidas y encubridora de curas pederastas – como de los sectores mas retrógrados y conservadores de la sociedad, quienes salieron a ladrar rabiosamente afirmando sin razón alguna, que el aborto terapéutico “es una guía para matar”, cuando precisamente es todo lo contrario. En efecto, mientras en Ginebra el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación de la mujer (CEDAW, sigla en inglés) saludaba al Estado peruano por la reciente aprobación del protocolo para el aborto terapéutico, no se hicieron esperar las infundadas críticas del cuestionado arzobispo de Lima, Juan Luís Cipriani, quien pidió la derogatoria de dicha norma, y de la Conferencia Episcopal que sostiene –
demostrando una ignorancia supina en cuanto al tema - que la norma “abre las puertas al aborto por primera vez en la historia del Perú” (?). Como sabéis, en este país, el Código Penal de 1924 autoriza el aborto terapéutico, es decir, la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre o para evitar un mal grave y permanente. Sin embargo, ante la falta de un protocolo que estandarice el procedimiento, en algunos establecimientos esta opción era denegada por temor a posibles incriminaciones, dada la falta de un procedimiento regulado por el ministerio de Salud. De más de 100 hospitales, solo 15 tenían su propio protocolo, precisó la ministra de la Mujer, Carmen Omonte.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2012, el aborto es la tercera causa de muerte materna en Perú, con un 17% de los casos: 93 mujeres fallecen por cada 100.000 nacidos vivos. Un reporte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) indicó en 2008 que cada año se realizan 400.000 abortos, la mayoría clandestinos. Aunque durante el gobierno de Alejandro Toledo, en el 2005, el ministerio de Salud ya había elaborado una guía para el aborto terapéutico, el entonces primer ministro, Luís Solari – conspicuo miembro del Opus Dei - impidió su aprobación. Solari es un portavoz de los católicos más conservadores en Perú y también ha condenado en estos días el protocolo. En abril del 2013, el Ministerio de Justicia preparó un informe legal sobre el protocolo de aborto terapéutico y afirmó que su aprobación “no solo resultaba constitucionalmente permitida, sino constitucionalmente obligatoria”. El protocolo incluye diez diagnósticos precisos en los que una junta médica puede evaluar la posibilidad de interrumpir el embarazo. Además agrega la siguiente posibilidad: “cualquier otra enfermedad materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica”. Para Cipriani y la Conferencia Episcopal esta es “la ventana abierta al aborto”. Cuando la norma fue publicada en el diario oficial, este criticó la decisión del Gobierno y reclamó al presidente Ollanta Humala “el no haber cumplido con su palabra”, ya que en 2011, cuando el militar en retiro era candidato presidencial, sostuvieron una reunión en privado para tratar diversos temas entre los cuales se trato el tema del aborto, del matrimonio de los homosexuales y de la educación católica, asegurando - según afirma Cipriani - que no estaba de acuerdo con ninguno de ellos. “Había un compromiso de no ir adelante en ningún aspecto que era promover el aborto”, reclamó el polémico arzobispo. En la misma línea, la Conferencia Episcopal divulgó un comunicado en el que rechaza el protocolo del aborto terapéutico por “inmoral, inconstitucional e ilegal”.
Venga ya, ¿desde cuando la Iglesia Católica tiene algún derecho de opinar en temas que no son de su incumbencia? Si Cipriani – autoproclamado “defensor de la vida”(?) – quiere hace una campaña política, que renuncie a su cargo y baje al llano ¿Qué autoridad moral puede tener este sujeto, quien es un acérrimo defensor del despreciable genocida Kenyo Fujimori – condenado a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad - y para quien exige en todos los tonos que se le otorgue un indulto “humanitario” al cual no tiene derecho alguno? ¿Acaso no es el mismo quien acuño esa infeliz frase: “Los Derechos Humanos son una cojudez”, justificando las asesinatos extrajudiciales cometidos por miembros del ejercito en contra de civiles inocentes, durante la llamada "lucha contra el terrorismo"?. Con ello se pinta de cuerpo entero. Así que no venga a darnos clases de respeto por la vida quien tiene las manos manchadas de sangre. El protocolo se aprobó y así se queda ¿A que se enteran? :)
