Como sabéis, y de una manera por lo demás vergonzosa, las bancadas de AP y APP han declinado muchas veces ejercer el rol fiscalizador que les corresponde en el Congreso frente al régimen filosenderista de Pedro Castillo, comportándose en la práctica como cómplices de este vil sujeto en su indisimulado intento de cerrar el Parlamento e instaurar al margen de la legalidad una dictadura comunista en el país andino, al mismo estilo de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte, siguiendo paso a paso las enseñanzas de su maestro y guía Abimael Guzmán Reynoso, aquel despreciable genocida quien murió en prisión sin ver realizado su demencial sueño, pero que ahora su más ferviente discípulo - aquel burro que por más que se haya quitado el sombrero chotano, burro se queda - busca convertir en realidad y para ello, tiene a sus “niños” en el Congreso. Como recordareis, el debate y la votación frustrada de la moción de censura al ahora exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, puso el pasado lunes en evidencia que existe dentro de la “oposición parlamentaria” un sector que, cuando la situación exige decisiones terminantes, no está dispuesto a cumplir su rol. Se trata, por cierto, de una evidencia reiterada, ya que desde las ocasiones en que Castillo presentó al pleno del Congreso gabinetes integrados por delincuentes de la más baja estofa, salidos de algún presidio y con evidentes lazos con el terrorismo y el narcotráfico, a la par de estar involucrados en sonados casos de corrupción. Era por ello inaceptable para quien estuviera comprometido con la fiscalización al Ejecutivo, que entregase su voto de respaldo a esa gentuza en aras de una aparente “gobernabilidad” que se sabía imposible. La circunstancia de que esos gabinetes terminaran cayendo en medio de los escándalos que todos conocemos son prueba de ello. Lo sucedido el último lunes, sin embargo, fue algo más que una lluvia sobre suelo mojado. La situación del removido titular del MTC era quizás - junto a la del todavía responsable de la cartera de Salud, el charlatán y vendedor de sebo de culebra Hernán Condori - la que más clamorosamente expresaba la vocación del okupa de Palacio por colocar al frente de ministerios medulares (y con mucho presupuesto) a individuos que a las claras tenían una agenda que iba a contramano de lo que la sensatez aconsejaba. Resultaría ocioso abundar aquí en los motivos por los que los personajes a los que aludimos eran bastante inadecuados para asumir las responsabilidades que se les confiaron: nombramientos temerarios, denuncias de sus subordinados y hojas de vida espeluznantes son algunos de ellos, y que en un país serio donde se respeta las leyes, todos ellos sin excepción estarían hace mucho en la cárcel. Era obvio que la censura al ministro Silva se caía de madura desde tiempo atrás y solo la sospechosa actitud contemplativa de muchas bancadas “de oposición” - incluidas aquellas que en otros contextos pretenden aparecer como radicales - le había salvado la vida hasta ahora. Pero la gravísima denuncia de su viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, en el sentido de que el MTC se había convertido en “una agencia de empleos” y los testimonios de la señora Karelim López sobre la pertenencia de Silva a una mafia liderada por Pedro Castillo para orientar licitaciones en el sector cambiaron las cosas. No obstante, aun así y antes de que se conociera la renuncia de Silva, bancadas como la de Acción Popular (AP), Somos Perú y Podemos Perú anunciaron que votarían en abstención la moción de censura que finalmente se animó a impulsar Fuerza Popular. Es probable que a la hora de emitir el voto en algunos de esos grupos parlamentarios se hubiesen producido ciertas excepciones, pero la determinación del conglomerado político en su conjunto es lo que importa. En este caso, Alianza para el Progreso (APP) iba a apoyar, aparentemente el esfuerzo por licenciar al ministro en cuestión, pero eso en realidad nunca lo sabremos... Algo parecido, por lo demás, es lo que se anticipa ante la eventualidad de una nueva iniciativa para vacar a Castillo por incapacidad moral permanente: una definición que, a estas alturas, parece calzarle como anillo al dedo. De cualquier forma, de bancadas como las de Podemos Perú o Somos Perú, nadie esperaría un comportamiento opositor sin dobleces. Ambas se han mostrado consistentes con el claroscuro asociado a sus orígenes políticos o a su pasado reciente. En los casos de AP y APP, en cambio, las expectativas eran un poco más altas. Pero cuando ha estado en sus manos sancionar una situación en la que el Ejecutivo evidentemente estaba fuera de tino, han carecido de reflejos y han dejado que fuese el propio régimen el que, con desdeñosa morosidad y porque ya no le quedaba otra, diera fin al vergonzoso trance. Tener una administración como la que encabeza Castillo es, sin lugar a dudas, una tragedia para el país; pero tener en el Congreso una oposición que en última instancia se conduce como lo está haciendo, no lo es menos. Si ese oscuro individuo jamás ha estado a la altura de las circunstancias, lo mismo se podría decir del Congreso y, en especial de su infame Mesa Directiva, encabezada por AP y APP, que deberían dar un paso al costado y dejar que otras fuerzas realmente democráticas como Renovación Popular por ejemplo, asuma el mando. A estas alturas, es insostenible que esas fuerzas que actúan como cómplices de los enemigos de la democracia continúen al frente como si nada hubiese pasado, especialmente los de AP cuando cinco de sus integrantes han sido comprados por Castillo. Apodados “los niños” porque obedecen todo los que les ordena este, son seguramente parte de una facción más amplia de sobornados por la mafia que se ha encaramado en el poder, asegurándose a su vez que estos voten en contra de sus pedidos de vacancia, permitiendo con ello que la oposición no alcance el número suficiente de votos para echarlo del poder. Lo que ha ocurrido con la bancada de AP es consecuencia de la crisis de los partidos que se arrastra desde hace décadas, pero la desastrosa reforma política que impusieron el delincuente Martín Vizcarra y sus secuaces, incluyendo la prohibición de reelección de congresistas, terminó de destruir lo poco que quedaba de institucionalidad. Ninguno de los integrantes de ese grupo parlamentario tiene alguna trayectoria ni experiencia, pero sí de la ambición para disfrutar de las delicias del poder que nunca antes habían conocido, aun así si ello significaba aliarse con Sendero Luminoso… Todo sea por la pasta. Ahora comprobamos las consecuencias de esa desacertada medida populista tomada por ese maldito lagarto que inexplicablemente sigue libre a pesar de tosos sus delitos cometidos. No cabe duda que este escándalo haya terminado por sepultar en la ignominia y el oprobio a AP, que cual muerto viviente inexplicablemente aun tenía vigencia en el Perú, pero que de una forma por lo demás grotesca haya decidido “blindar” a esos congresistas que se vendieron al régimen. En el caso de APP -“propiedad” de un cacique provinciano - ya se ha dicho todo. Se trata de una banda de oportunistas al acecho de quien está en el poder para darle su apoyo a cambio de algunas migajas. El asunto es que el entramado de la corrupción hoy día es tan extenso y ha penetrado tan profundamente no solo los partidos, sino también las instituciones - como la fiscalía y el Poder Judicial - por lo que es mucho más difícil que antes realizar los cambios políticos indispensables. De eso aprovechan los comunistas para sostener a Castillo y su gavilla de maleantes. Como es obvio, esta situación no se va a mantener indefinidamente. Si no se les echa ahora, ellos seguirán consolidándose y avanzando hacia la instauración de una oprobiosa dictadura que han tenido en mente desde el primer momento. Peruanos ¿A qué esperan para reaccionar? :(
