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sábado, 26 de marzo de 2022

PERÚ: A la captura del Estado

Aun cuando muchos se resistan a creerlo, el país andino vive el comienzo de lo que podría ser, en el más breve plazo, el peor desastre político, económico y social de toda su historia. No es de extrañar por ello, que el gestor principal de este negro horizonte sea Pedro Castillo, un oscuro individuo de filiación senderista que llego al poder mediante el fraude, el cual siguiendo fielmente las enseñanzas de su maestro y guía Abimael Guzmán Reynoso , se propone destruirlo íntegramente por dentro, para instaurar sobre sus ruinas su llamada “república popular de nueva democracia”. Lo trágico de todo ello es que sus demenciales intenciones están a la vista de todos, pero en el Congreso increíblemente, no lo ven así y asumen una posición cómplice. Cuatro factores envuelven dramáticamente la suerte del país en esta dirección: 1.- Este vil sujeto ha demostrado que no solo no está preparado para gobernar, ya que carece del más mínimo respeto por la democracia y su sistema de separación de poderes, por la Constitución y las leyes de la República, y por las prerrogativas presidenciales y de Estado, a las que miente, trampea y maltrata permanentemente con total impunidad; 2.- Nunca le importó no estar preparado para gobernar porque su propósito de llegar a la presidencia era otro: capturar el Estado, como lo viene haciendo, y disolver ilegal e inconstitucionalmente el Congreso para luego convocar a una espuria asamblea constituyente e instaurar un régimen dictatorial marxista-leninista- maoísta-mariateguista-pensamiento Gonzalo, tal como aparece descrito en el ideario de su partido Perú Libre (organismo de fachada de Sendero Luminoso) y tal cual reza el destino de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde, precisamente, el principio de gobernar bien, con entereza y eficiencia, no existe, pero si el de hacer todo lo posible para eternizarse en el poder; 3.- Si bien no ha cumplido hasta hoy su propósito de disolver el Congreso - ya que aun no tiene la fuerza para ello - y habiendo más bien acumulado tantas causales necesarias como para justificar una vacancia presidencial, Castillo se ha apropiado en poco tiempo de la voluntad de varios congresistas. No solo ha comprado consciencias al estilo Vladimiro Montesinos, haciendo coparticipes de sus negociados a congresistas de “la oposición” (dixit Los ‘niños’ de Acción Popular y los oportunistas de APP) y para ello, ha dispuesto de secretarios como Bruno Pacheco, de lobbystas como Karelim López y de amigotes y parientes de toda su confianza - pobres diablos que no tenían donde ni caerse muertos antes de la llegada de Castillo al poder - para montar oscuras reuniones tanto en Palacio de Gobierno como en el despacho paralelo del pasaje Sarratea, en Breña, para repartir ministerios, digitar ascensos militares y policiales, aprobar concesiones millonarias de obras públicas y, por supuesto, asegurarse la voluntad clave del Congreso en provecho suyo; 4.- Por lo mismo que no le interesa gobernar, a Castillo le tiene sin cuidado negociar una mayoría del Congreso a favor de sus proyectos de ley. ¿Para qué? Lo que él busca es que el Congreso no pueda votar por su vacancia. Se ha asegurado un increíble poder de veto con 47 inamovibles votos, por más escándalos que surjan todos los días y que lo comprometen gravemente en múltiples casos de corrupción, por lo cual hace tiempo debería haber sido destituido y recluido en prisión por corrupto y por ladrón. Pero ello no ha ocurrido porque, digámoslo metafóricamente y en términos empresariales: Castillo ha adquirido el número necesario de acciones en el Congreso como para sentirse su nuevo dueño y para no tener que preocuparse un minuto más por su vacancia; La pregunta que los peruanos tienen que hacerse frente a estos cuatro factores es si, en efecto, el poder de veto de Castillo podría romperse en algún momento ante un nuevo escándalo presidencial que vaya a remover los cimientos morales del poder político; es decir, de los pocos cimientos morales que le quedan. Si bien no se descarta esa posibilidad, como tampoco que nuevas revelaciones de colaboradores eficaces sometidos a proceso en la fiscalía comprometan aún más las responsabilidades presidenciales en actos ilícitos, Castillo pretendería dar un paso más en el Congreso procurándose espacios favorables a proyectos reformistas del Ejecutivo dirigidos a desestabilizar el orden constitucional, creando un retroalimentado mecanismo de distracción y desviación de la atención pública. Es más, si Castillo ya ha comprado a una serie de congresistas, no podemos dejar de pensar que lo siga haciendo y que ningún control parlamentario, fiscal o judicial pueda detener su objetivo de (des)gobernar como le viene en gana, con los ministros y funcionarios incompetentes con amplio prontuario delictivo que él designe y con las consecuencias que el país aguante. Lo que ha hecho recientemente Castillo con Petro-Perú por ejemplo, llevándolo al colapso financiero en solo siete meses, no tiene nombre, como tampoco lo que viene haciendo con la gran minería, poniéndola al borde de la paralización en momentos de mayor incremento sostenido de los precios internacionales de los metales. Tampoco tienen perdón las disparatadas declaraciones de ese viejo senil de Aníbal Torres como del canciller César Landa, descalificando prematuramente la sentencia del Tribunal Constitucional que le restituye el indulto a Kenyo Fujimori, cuando, al margen de posiciones políticas o ideológicas, es el régimen al que ellos representan quien no solo tiene que velar por la correcta ejecución de esa sentencia, sino también, llegado el caso, por su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La alerta roja que advierte los peligros del destino del Perú ya no luce encendida solo sobre la cabeza de Castillo, quien se cree prácticamente inmune, impune e inimputable, mientras continua en su labor de destruir la frágil institucionalidad democrática. La alerta roja luce encendida ahora sobre la cabeza del Congreso y las cabezas de sus integrantes, quienes no quieren dejar sus cómodos sueldos y privilegios por ningún motivo, mientras observan indiferentes como el país se va al abismo, viendo a Castillo y sus secuaces atacando diariamente tanto a la prensa independiente como a todos los organismos del Estado que aun no controlan, incluido claro está y en primer lugar, el Congreso. Así, mientras Aníbal Torres ha pedido la disolución del Tribunal Constitucional, una congresista oficialista ha presentado una acusación constitucional contra el Contralor, a la vez que todos los integrantes de esa banda delictiva llamada Perú Posible presionan a una sola voz al Defensor del Pueblo para que abandone su cargo y colocar a uno de los suyos en su lugar. A ello debemos agregar las burdas maniobras de Castillo de querer convertir la Dirección General del Ministerio del Interior (DIGIMIN) en una policía política al servicio de régimen para perseguir y silenciar a sus opositores. O los congresistas asumen sin demora su responsabilidad sancionadora constitucional o se hacen cargo, de aquí en adelante, ante el país y ante la historia, de los pasivos y activos de todas las desgracias que van a caer sobre el Perú de las cuales serán cómplices por no haber actuado a tiempo. Esa es la cuestión. Tienen la oportunidad de demostrarlo de no serlo este lunes, cuando se debata y vote el pedido de vacancia del senderista, pero a menos que ocurra un imprevisto - dado lo sucedido recientemente por la vergonzosa posición ‘conciliadora’ asumida por AP y APP - temo que al final nada sucederá y el delincuente ese va a seguir haciendo y deshaciendo de las suyas. Espero equivocarme, pero todo parece indicar que no... Qué triste ver como se hunde el Perú cada vez más en sus propias miserias :(
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