Como sabéis, durante año y medio de desastrosa gestión, el régimen filosenderista del delincuente terrorista Pedro Castillo (alias Abimael 2.0) que llego al poder mediante el fraude, habituó a la ciudadanía a esperar engaños de parte de su administración. Pero posiblemente ninguno fue tan grosero y absurdo como el que intento promover desde su defensa legal. En concreto, para debilitar el argumento de la fiscalía respecto de su alto riesgo de fuga, el burro chotano niega cínicamente que haya solicitado asilo a Méjico a través de su embajada en el Perú. Pero la aseveración es francamente ridícula ya que las pruebas dicen lo contrario. Como recordareis, a dos horas de su fallido golpe de Estado, Castillo fue detenido en flagrancia por la policía en plena vía pública en medio de su desesperado intento por llegar a la Embajada de Méjico, maletas de mudanza incluidas. En su disparatada versión ante el juez, él dice “que no buscaba asilarse, sino tan solo acompañar a su familia a la sede diplomática”. Luego, él regresaría “para liderar heroicamente la resistencia popular”. Sin embargo, documentos y afirmaciones públicas de los mismos días hacen el cuento todavía más inverosímil. El mismo 7 de diciembre, el entonces abogado de Castillo, Víctor Pérez, solicitó asilo para su patrocinado mediante una carta dirigida al presidente de Méjico, Andrés Manuel López Obrador. El propio canciller mexicano, Marcelo Ebrard, hizo pública la carta, y López Obrador confirmó en conferencia de prensa al día siguiente que Castillo buscaba asilo en su embajada. Hoy, el nuevo abogado de Castillo, Luis Walter Medrano, dice desconocer la carta y niega que su cliente conozca a Pérez, a pesar de que aparecieron juntos en la defensa del golpista al día siguiente de su ignominiosa captura. Juan Carlos Checkley, el juez que participó en esa audiencia y vio a Castillo con Pérez es el mismo que ahora desbarató la afirmación de Medrano respecto de que Castillo “no conoce a Pérez”. El chiste se cuenta solo. La cercanía con el gobierno del zapatista López Obrador sigue alcanzando, sin embargo, a su familia. Fuentes mejicanas señalan que Lilia Paredes, conviviente de Castillo, y su familia reciben US$10.000 mensuales y seguridad personal de parte del Gobierno Mejicano. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país indicó que “en los expedientes que obran en sus archivos” no encontraron información sobre si Paredes recibe ayuda económica de su gobierno. En marzo del 2023, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Paredes y dos de sus hermanos, pero esta fue desestimada por el Poder Judicial y ahora Paredes permanece como investigada. El descaro de Castillo para negar su pedido de ayuda y asilo al Gobierno Mejicano es notable, incluso para sus estándares. Si bien es cierto que la excepcional rotación de abogados que lo ha representado (26 letrados desde el 7 de diciembre del 2022) hace difícil mantener líneas de defensa legal coherentes, negar hechos registrados, documentos y hasta abogados previos lleva al límite lo que puede permitir el sistema de justicia. A la fecha, Castillo no ha demostrado ningún indicio de arrepentimiento por lo que intentó hacer en diciembre del 2022. Su estrategia ha ido cambiando mes a mes, pero básicamente consiste en desestimar cada suceso de aquel día, aún si estas múltiples patrañas son contradictorias entre sí o pueden ser fácilmente desmentidas. Pero quizá sea mejor que la historia política lo recuerde precisamente así: como un despreciable sujeto sin escrúpulos y sin la capacidad para poner sus propios argumentos en orden ni tampoco con el coraje mínimo para aceptar sus acciones criminales. Como era de esperar, el Poder Judicial rechazo sus ridículos argumentos y amplió por 14 meses más la prisión preventiva contra este oscuro individuo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. El juez determinó que el nuevo plazo se compute desde el 7 de junio del 2024 hasta el 6 de agosto del 2025. Castillo enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El proceso se encuentra en etapa de control de acusación, fase previa al juicio oral. En su resolución, el Poder Judicial mencionó la intención de este miserable de asilarse en Méjico como elemento del peligro de fuga. Enfatizó que ello también fue determinante y quedó evidenciado cuando se evaluaron tanto la detención preliminar en flagrancia como la prisión preventiva, en diciembre del 2022. Remarcó que, si bien se considera como familia a los padres y hermanos, “no se puede negar que la nuclear, la que depende de él” son su conviviente (Lilia Paredes) e hijos que “hoy se encuentran en calidad de asilados en Méjico”. “El potencial asilo, hoy no descartado, fue evidenciado con la concurrencia de un diplomático mejicano que acudió a la sede policial donde se encontraba recluido Castillo Terrones y por el propio Andrés Manuel López Obrador”, indicó el PJ, que incluyó un link de YouTube con las declaraciones del ahora saliente gobernante mejicano. Por lo tanto, estableció que el argumento de la defensa de Castillo no tenía sustento alguno. Es efecto, el embajador mejicano en el Perú por esos días era Pablo Monroy, visitó a Castillo el mismo 8 de diciembre por la tarde. En ese encuentro, el golpista ratificó su solicitud de asilo al gobierno mejicano. Y así lo informó el propio canciller de ese país. En suma, no solo fue un pedido de asilo: Castillo los contactó antes de su captura para avisar que iba rumbo a la embajada, luego envió una carta a través de su abogado para solicitar el asilo por escrito y, por último, ratificó su pedido durante la visita el embajador mejicano en su detención. Cabe recordar que el 8 de diciembre del 2022, el propio López Obrador confirmó que Castillo llamó el miércoles (7 de diciembre el 2022) a su oficina en el Palacio Nacional para avisar que iba camino a la embajada de Méjico en Lima a fin de solicitar asilo y que él ordenó al embajador abrirle la puerta. “Habló aquí a la oficina para que me avisaran que iba hacia la Embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono e iba a solicitar asilo y que si le abrían la puerta de la Embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé, que hablara con el embajador y le abrieran la puerta”, dijo López Obrador en habitual conferencia de prensa de las mañanas. Para el juzgado, también debe tenerse en cuenta la gravedad de la pena solicitada por la fiscalía y del delito en cuanto a la magnitud del daño causado. “Debe tenerse también en cuenta que tanto la gravedad de la pena solicitada por la fiscalía (34 años de pena privativa de la libertad) y del delito (en este caso se trata de tres delitos) en cuanto a la magnitud del daño causado, si bien por sí solas no son criterios para imponer una prisión preventiva y en consecuencia prorrogarla, sumadas a la falta de arraigo y al factor relevante como es la posibilidad de asilo latente, suman como elemento de respaldo al peligro de fuga ya referido”, remarcó. Si bien el Ministerio Público pidió que la prisión preventiva contra Castillo se extienda en 18 meses, el Poder Judicial consideró que esta solicitud “no es proporcional” y dispuso que el plazo se amplíe solo por 14 meses. Para el PJ debe tenerse en cuenta que se está “frente a un caso complejo”, no solo por el número de acusados, sino porque se trata de quien está procesado por el delito de rebelión. La decisión judicial responde a un requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, que fue evaluado el pasado jueves 6 de junio. Toca ahora al Ministerio Público acelerar sus investigaciones para presentar formalmente la acusación fiscal ante el juez para que por fin se dé inicio al juicio que lo condene a 34 años de prisión. Si por mí fuera, le daría Cadena Perpetua con trabajos forzados en El Frontón. Es lo mínimo que merece ¿No lo creen ustedes?
