Esta semana el país andino ha vuelto a dar la nota, y de la peor manera. En efecto, dos despreciables políticos y rankeados delincuentes - Martin Vizcarra y Pedro Castillo - han sido hallados culpables de los cargos por los cuales habían sido acusados y, con un día de diferencia, han sido condenados por sus delitos a largos años de prisión (y conste que estas sentencias son el inicio de otros juicios que se les vienen más adelante y que se seguro prolongarán sus estadías en la cárcel). El mansaje es claro: Quien comete un crimen debe ser castigado. Lo triste de todo ello es que el nombre del Perú vuelve a estar asociado una vez más a la corrupción generalizada que la consume y que ha dado como consecuencia que en los últimos tiempos, quienes lo hayan gobernado terminen tras las rejas en medio de la ignominia. Comenzando con ese miserable lagarto de Martin Vizcarra, finalmente el Poder Judicial dictó sentencia en el proceso que se le seguía por los sobornos que recibió de dos empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua. La acusación sostenía, efectivamente, que Vizcarra cobró un soborno de S/1 millón para conceder la buena pro del proyecto Lomas de Ilo, y otro de S/1,3 para hacer lo propio a propósito del Hospital de Moquegua. El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional ha considerado que las pruebas y testimonios aportados por la fiscalía en cada uno de los casos son consistentes y ha desestimado también los argumentos de la defensa sobre el rol de la Unops en la firma del contrato del proyecto Lomas de Ilo, y sobre una supuesta relación de odio o enemistad entre los directivos de Obrainsa y el acusado. En consecuencia, este ladrón ha sido condenado a una pena privativa de la libertad de 14 años. Se trata, obviamente, de un pronunciamiento en primera instancia que será apelado por sus abogados, pero en honor a la verdad, los elementos acusatorios son bastante consistentes y no le auguran al condenado una suerte distinta en la instancia superior. Durante el curso de la apelación, además, deberá purgar prisión efectiva. Con esto caen por tierra todos sus esfuerzos por presentar el proceso que se le seguía como una persecución política que no llegaría muy lejos. Las primeras revelaciones sobre este caso fueron dadas a conocer en diciembre del 2019 donde se detallaba el pago de coimas a Vizcarra. Luego siguieron otros testimonios que demostraron plenamente su culpabilidad.... Y el desenlace de esta truculenta historia es el fallo leído el miércoles. Vizcarra, como sabéis, tiene otras investigaciones en camino que, en varios casos, le han valido ya inhabilitaciones políticas de parte del Congreso, y que podrán tardar también años en alcanzar un resultado en el ámbito judicial. Pero ya esta sentencia ha hecho que se le caiga la careta. Ninguna de las insignificancias que suele colgar en las redes este vil sujeto podrá distraer a la ciudadanía del hecho incontrovertible de que la justicia lo ha encontrado culpable de corrupción. Una circunstancia que debe llamar a reflexión a quienes todavía lo tienen en alta estima, fundamentalmente porque mandó cerrar un Congreso que deploraban. La descalificación moral que acarrea esta condena es una infección contra la que no podrá vacunarse. Nunca más apropiado el famoso apotegma que suele recitarse en referencia a las demoras de la justicia y la inexorabilidad de su llegada; En cuanto al delincuente terrorista Pedro Castillo, a pocos días de que se cumpla el tercer aniversario del autogolpe de Estado que realizo el 7 de diciembre del 2022 con el objetivo de eternizarse en el Poder e instaurar una dictadura comunista, el Poder Judicial ha sentenciado a sus perpetradores. Lo hizo, por si hacía falta subrayarlo, en un proceso histórico, en el que se respetaron los derechos de los acusados gracias a las garantías que otorga el Estado de derecho, ese mismo Estado de derecho que estos miserables buscaron desmantelar y del que se han venido burlando desde entonces, desacatando las medidas procesales y efectuando maniobras leguleyas para dilatar su accionar. Seguramente, se comentará mucho sobre este fallo en el futuro, pero, por lo pronto, su importancia radica en dos aspectos. El primero es que manda un mensaje poderoso a todos aquellos que en el futuro traten de acceder o tomar el control total del Estado por la fuerza: el Perú castiga a los golpistas. Una lección valiosa viniendo de un país que, a lo largo de su vida republicana, ha sufrido el embate constante de quienes buscaron aniquilar la democracia, casi siempre con impunidad. Para el Poder Judicial, este accionar merece un castigo de 11 años y cinco meses de cárcel, aunque la fiscalía había solicitado una pena de 34 años de prisión. Pero, además, la sentencia recoge los pormenores de lo que ocurrió el día del golpe, dejando en claro que este fue planeado –principalmente– por Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres, que hubo órdenes para la policía de cerrar el Congreso y arrestar a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que, una vez que se dieron cuenta de que no lograrían imponerse, los golpistas trataron de refugiarse en la Embajada de Méjico, fracasando en su intento, siendo capturado Castillo como el vulgar delincuente que es, en plena vía pública, cortando así su aparatosa huida. De manera particular, además, ha quedado evidenciado el papel protagónico que jugó la entonces jefa del Gabinete en el zarpazo, convocando al equipo de TV Perú que transmitió el mensaje y tratando de sacar un decreto supremo para hacerlo efectivo. Todo ello, en suma, retrata el vergonzoso papel que han jugado en los últimos años quienes han tratado de restarle gravedad a lo ocurrido o, peor aún, presentar a los perpetradores como ‘víctimas’, incluyendo algunos ‘partidos’ políticos que buscarán el voto el próximo 12 de abril y, en especial, el Gobierno mejicano de la P. judía Claudia Sheinbaum, que defendió y sigue defendiendo a una gavilla de criminales a los que busca darles impunidad. Ellos serán juzgados por la historia. Pero, por lo pronto, la justicia peruana ya ha dado su veredicto sobre lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022: aquello fue un golpe, y quienes lo planificaron, unos golpistas sin atenuantes. Especialistas consultados consideran que el tribunal optó por la figura penal con mayor solidez para evitar un revés en segunda instancia. La penalista Romy Chang afirma que la conspiración se acredita con claridad, el exprocurador Antonio Maldonado destaca que el mensaje a la nación de Castillo constituye un elemento probatorio contundente, y el abogado Carlos Caro destaca que el fallo reafirma que un intento de golpe de Estado debe generar responsabilidad penal, aun cuando no llegue a concretarse. Los tres apuntan a que la sentencia tiene altas probabilidades de ser ratificada. La sala tomó la decisión que menos posibilidades tendrá de revocarse en segunda instancia. Eso implica el delito de conspiración para la rebelión. Este delito no requiere probar el alzamiento en armas. Basta con probar que hubo una conspiración para dar un golpe de Estado, y qué mejor prueba para eso que el video del mensaje a la nación. ¿Qué se ha sacrificado con esto? La pena, porque por el delito de rebelión, que sí exige el alzamiento en armas, es hasta 20 años de cárcel, mientras que por conspiración a la rebelión no hablamos de penas tan altas. Ahora, creo que el Ministerio Público de todas maneras tiene que apelar, no tanto porque sea un revés, sino porque evidentemente Castillo apelará. Si el Ministerio Público no apela, Castillo iría solo a la sala superior a discutir una rebaja de sanción. Por cierto ¿Qué evidencias considera más determinantes en el proceso? Se valoraron una serie de pruebas: mensajes, comunicaciones telefónicas, declaraciones de testigos. Pero creo que lo más contundente fue el video del mensaje a la nación. Con este se revela que Castillo tenía toda la voluntad de generar un golpe de Estado. Otra cosa es que no se haya podido concretar porque nadie le hizo caso. El hecho de que sea un analfabeto mononeuronal no significa que este pobre diablo se vaya a quedar sin sanción penal. Por lo menos en una conspiración, eso claramente calza. Él en el mensaje dice claramente que se disuelve el Congreso, que reorganizará el Ministerio Público. Él cierra todo para acumular el poder, y materializó el comportamiento. ¿Qué posibilidades existen que la sentencia sea confirmada en segunda instancia? Que le revoquen la condena por conspiración está difícil. Mínimamente se confirmará la conspiración. En el mejor de los supuestos para el Ministerio Público, se le condenará por rebelión, pero eso lo veo un poco más difícil porque me parece que los elementos de prueba no dan como para acreditar contundentemente ese delito. La conspiración sí es bastante clara. Además, la sala dijo que los delitos de perturbación a la tranquilidad pública y el abuso de autoridad están contenidos en el acto de conspiración. Y el solo hecho de conspirar implica una perturbación, por lo que confirmarán ese extremo, que los delitos se subsumen. Al respecto, Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción asevero: “El mensaje a la nación fue un elemento probatorio contundente por el cual fue sentenciado”. Las condenas a Vizcarra y Castillo deberían de servir de lección a los peruanos, ya que es el resultado de elegir sin exigir integridad, valores ni principios a quienes aspiran a gobernar el país, por lo que se espera que está situación no se repita en las próximas elecciones, pero viendo la cantidad y “calidad” de candidatos - uno más impresentable que otro - y que solo piensan en robar, dudo que este lamentable escenario no se repita.... ¿No sería lo más conveniente que Jeri alargarse su mandato y se quedase hasta el 2031? Solo digo.
