En un acto perverso contra sí mismo, como si buscara el suicidio político y civil, el octogenario comunista José María Balcázar intenta acabar con el final que le queda de su incoloro mandato presidencial transitorio - al que accedió, envuelto en turbulencia legal y constitucional, gracias a las maniobras desestabilizadoras de Rafael López Aliaga y su banda delictiva en el Congreso - en un momento de grave crisis política del país andino. Pero este acto perverso no comienza ni termina en Balcázar. Se encuadra en el premeditado plan político interno y externo de causarle un profundo daño al sistema democrático peruano, al pretender sustraer al delincuente terrorista Pedro Castillo (alias Abimael 2.0) de sus procesos judiciales penales por rebelión y corrupción, mediante amañados recursos que distorsionan y desprestigian las figuras del indulto y la gracia común. A ninguna de estas figuras, ya sea de perdón o de interrupción de sus procesos judiciales, puede aplicar ese oscuro individuo de limitado lenguaje y nula inteligencia, a menos que se produzca una flagrante desviación política, moral y jurídica de las prerrogativas presidenciales. Al terco voluntarismo de Castillo por eludir la justicia, contra la ley y la Constitución, se suma ahora el escandaloso “lobby” de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, no vinculante, con el falaz argumento de que el fallido golpe de Estado de Castillo “no fue más que una declaración, porque no tenía la firma ni la aprobación del Consejo de Ministros” (?). En efecto, una vez más ha quedado evidenciado que organismos internacionales creados para defender los Derechos Humanos Universales están ideologizados por sectores caviares que protegen a personajes de su misma línea política, pese a ser responsables de delitos flagrantes. Es el caso del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que opinó por la liberación de Castillo. Según su insólito parecer, a este sujeto “se le procesó de manera irregular transgrediendo sus derechos al no permitirle defenderse” lo cual no es cierto. Al respecto, existe toda una orquestación política por extremar la interesada versión de que Castillo solo dio un ‘inocente’ Mensaje a la Nación (cuando medio mundo lo vio en señal abierta ordenando el quiebre constitucional del Perú el 7 de diciembre del 2022 con el propósito de entornillarse en el poder e instaurar una sangrienta dictadura comunista, mediante el cambio de la Constitución a cargo de una espuria Asamblea Constituyente conformada únicamente por elementos afines a Sendero Luminoso), y por involucrar al propio Balcázar en la responsabilidad de firmar como sea un indulto o una gracia común, cual manso y resignado rehén de los seguidores de Castillo que lo encumbraron al poder desde el Congreso, contando con el apoyo de López Aliaga. No cabe duda, que los extremos se juntan. Aunque no se trata de una resolución o fallo emitido por la ONU como institución, ese pedido es una ofensa a los peruanos. La detención de Castillo no fue arbitraria. Se le detuvo en flagrancia luego de que en vivo y en directo anunció un golpe de Estado y a los pocos minutos, como nadie aceptó su medida antidemocrática, el muy cobarde pretendió refugiarse en la embajada de Méjico, siendo detenido durante su huida en plena vía pública por la policía, enmarrocado como cualquier criminal de su calaña y recluido en la cárcel. Entretanto, el Congreso lo vacaba con la votación incluso de su propia bancada. Cualquier persona mínimamente informada sabe que ese arresto fue legal, lo que no parece ocurrir con los miembros de ese grupo integrado por caviares extranjeros, quienes pretenden ignorar el limpio y transparente proceso judicial que se le siguió a Castillo. Esas audiencias fueron transmitidas en tiempo real y en ninguna de ellas se apreció violación alguna a sus derechos. Todo lo contrario. Muchas veces este pretendió burlarse de los magistrados que lo juzgaban, se negaba a hablar, daba discursos políticos y hasta se dio el lujo de lanzar, en pleno juicio, a su aliado Roberto Sánchez como su candidato presidencial. Todo indica que, tras ser condenado a once años de prisión por el delito de conspiración, Castillo y sus seguidores pusieron en marcha un lobby internacional en la ONU y la GTDA para que abogaran por su libertad. Lo más sorprendente es la identidad de la persona que presentó ese absurdo reclamo a su favor. Se trata del abogado Wilfredo Robles Rivera, quien estuvo preso por terrorismo. Según información pública, Robles fue detenido en 1992 cuando trasladaba explosivos junto con otros terroristas. Asimismo, es miembro del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Por cierto, la difusión de este pedido no es ninguna casualidad. Forma parte de la campaña que está en marcha para que Balcázar - su amigo personal y compañero ideológico - lo indulte antes de dejar el cargo de presidente interino. No es arriesgado suponer que Balcázar, quien cuando era congresista visitó a Castillo múltiples veces en prisión, sea parte de esa patraña para liberarlo. Apenas se conoció la noticia, declaró que lo opinado por la GTDA “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. De esta manera, Balcázar cometería dos graves delitos: el del encubrimiento de los cargos penales de rebelión y corrupción de los que es acusado Castillo y el de abuso de autoridad, si su actual ministro de Justicia u otro posterior termina por refrendar la decisión presidencial de ceder finalmente a las solicitudes del indulto o la gracia común. En su paso agresivo de afectación al sistema judicial peruano y a la majestad presidencial, la perversidad del plan interno y externo de liberar a Castillo no parece medir consecuencias a mediano ni largo plazo. De otro lado, la impresentable izquierdista Claudia Sheinbaum sigue condicionando cualquier eventual posibilidad de normalización de las relaciones diplomáticas entre Méjico y el Perú a la liberación de ese delincuente y a la concesión de un salvoconducto a favor de Betssy Chávez, cómplice del fallido golpe de Estado, actualmente asilada en la embajada de ese país en Lima. Pareciera que a Balcázar lo persiguiera también ese otro síndrome presidencial que desgraciadamente, para bien o para mal, se ha hecho común en el Perú: el de terminar sus días en la cárcel por corrupción, y en su caso, además, ser cómplice de un golpista. Sería lamentable que, a escasos días del final de su mandato, Balcázar apueste su cabeza por Castillo, arruinando innecesariamente su breve paso por el Gobierno. Al pretender abrirle las puertas sin un sustento jurídico sólido, debería prepararse para afrontar las consecuencias. Aun así, según fuentes informadas, se sabe que está dispuesto a correr ese riesgo, ya que por su avanzada edad - más de 80 años - no iría a la cárcel y a lo sumo, se le dictaría prisión domiciliaria en su contra, como sucede actualmente con el conocido lobbysta y Traidor a la Patria, el judío Pedro Pablo Kuczynski, quien se aferra a esa condición para no terminar en prisión junto a Castillo, Humala y Toledo, ocupando la celda que tenía Fujimori hasta el 2023. Para quienes alegan que el Congreso podría removerlo para impedir que ello suceda, ignoran que este ya fue disuelto y la actual Comisión Permanente, que estará en funciones hasta el 28 de julio, no tiene facultades para vacarlo ni tampoco censurar a sus ministros. De ello se puede aprovechar Balcazar para liberar al golpista antes que Keiko Fujimori asuma el Poder. Y de que lo va a intentar, es indudable de que lo hará. Hay que impedirlo como sea... Que López Aliaga asuma las consecuencias de lo que ha hecho.
