Como logro no parece gran cosa, pero agotar el mandato de cinco años en la presidencia del Perú es algo que, en la última década, ha quedado fuera del alcance de los ocho que han precedido en el cargo a Keiko Fujimori, de 51 años, la hija de un ex dictador que gobernó con mano de hierro el país andino en la década de los 90. Perdurar en el Poder y no tener un destino similar a sus antecesores - algo muy difícil dada la composición del Senado, donde sus adversarios no van a tener la mayoría requerida para lograrlo - será uno de los principales retos de la primera mujer que llega a la Casa de Pizarro en las urnas, tras vencer en el ballotage al ultraizquierdista Roberto Sánchez, quien como el mal perdedor que es, se niega a reconocer su derrota, y por el contrario, promueve una asonada terrorista para antes del 28 de julio, similar a lo sucedido en el 2023, tras la ignominiosa caída del régimen filosenderista de Pedro Castillo, tras el fracaso de su autogolpe de Estado. De esta manera, Fujimori por fin gobernará al Perú al cuarto intento, luego de tres derrotas consecutivas, también por la mínima, en un país sumido en la inestabilidad política y fracturado por la desigualdad, las diferencias ideológicas y las tensiones territoriales especialmente en el empobrecido sur del país, de mayoría indígena - radicalizados además por los discursos de odio promovido por una izquierda que busca el caos y la violencia - por lo cual será desde el primer momento un foco de abierto desafío a su poder. Fujimori tendrá que aplicar toda la perseverancia que ha demostrado para llegar a la Presidencia en convencer a la mitad del electorado que no votó por ella – de hecho, Sánchez fue quien ganó dentro del territorio nacional, pero el voto de los peruanos en el exterior inclinó el resultado final a favor de la candidata de Fuerza Popular – de la nueva imagen que empieza a construir. “El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, sino que los resuelva. No hemos venido a administrar la inercia sino el sentido de urgencia del Estado. Ha llegado el momento de acelerar las decisiones que el país espera desde hace mucho tiempo, con orden, eficiencia y sensibilidad humana”, dijo Fujimori al momento de recibir las credenciales como presidenta electa de un cargo que jurará el próximo 28 de julio. En el ámbito internacional, gobernará rodeada de aliados ideológicos en toda Latinoamérica y de Estados Unidos, que con Donald Trump esta región vuelve a ser “su patio trasero” con el objetivo de intentar mantener alejado a China, cuyas millonarias inversiones y su creciente influencia en la zona, preocupan seriamente a Washington. No es de extrañar por ello, que, con efusivas felicitaciones a la nueva presidenta en redes sociales, el Departamento de Estado puso el acento en un comunicado en la seguridad: “La Administración Trump espera con entusiasmo profundizar la colaboración con la Administración Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región”. Como podéis imaginar, la respuesta de Fujimori al embajador estadounidense en el Perú fue también entusiasta, ofreciendo “la mejor disposición” ya que, dijo, “estamos listos para trabajar conjuntamente desde el primer día”. Como no podía ser de otra manera, desde Bukele en El Salvador, a Milei en Argentina y Kast en Chile, sin olvidarnos del electo De la Espriella en Colombia, los lideres ultraderechistas latinoamericanos felicitaron por su triunfo a Fujimori, quien por cierto ha anunciado que desde el primer día de su gobierno integrara al Peru al llamado Escudo de las Americas creado por Trump, oficialmente para combatir al narcotráfico, pero que posibilitara la entrada de tropas estadounidenses en territorio peruano las veces que haga falta. De otro lado, desde el cierre de su campaña hasta ahora, la presidenta electa ha hablado poco y ha medido el tono, que quiere ser conciliador: “iniciar un camino de orden y esperanza”, “buscar la reconciliación y la unidad”, “gobernar para todos los peruanos”. En qué se traducirá todo eso es todavía una incógnita. Por ahora ya ha anunciado un plan de preparación frente al fenómeno del Niño, que puede ser más intenso por el cambio climático y ocasionar lluvias torrenciales y grandes inundaciones en el norte del país. Asimismo, el atraer inversión privada e incentivar las pequeñas empresas es otro de sus ejes, por eso una de sus primeras acciones como presidenta electa fue acudir al Banco Central de Reserva. Allí sostuvo una reunión con su presidente, Julio Velarde, y le pidió permanecer cinco años más al frente de la institución. Velarde aceptó la propuesta de inmediato. La decisión busca enviar una señal de continuidad en la política monetaria y de estabilidad a los mercados. No es un detalle menor. Velarde preside el BCR desde el 2006 y, en casi dos décadas, ha visto pasar a diez presidentes de la República. En un país donde se suceden las crisis políticas, Velarde es el rostro más reconocible de la estabilidad económica que goza el Perú, con una moneda como el Sol, que es la más fuerte de la región, y que se ha mostrado inmune a la tormenta política que sacude al país andino desde la obligada renuncia del judío Pedro Pablo Kuczynski en el 2018 por presiones del fujimorismo para no ser vacado. Pero el principal reto de Fujimori conecta indudablemente con la mayor preocupación de los peruanos, la inseguridad ciudadana. En el último informe de la Fiscalía, se ve la magnitud de la criminalidad en Lima con 152 asesinados en atentados vinculados a extorsiones a conductores, un delito muy extendido que afecta a los transportistas, pero también a pequeños comerciantes entre el 2024 y lo que va de año. Fujimori prometió en campaña contundencia contra este delito, y usó el legado de su padre de acabar con el terrorismo en los noventa para luchar contra el crimen organizado de hoy, “importado” desde Venezuela por Kuczynski, quien como recordareis, abrió las fronteras de par en par a millones de venezolanos, quienes desde entonces han instaurado un clima de terror en el Perú. Por eso, Fujimori ha planteado, entre otras cosas, atacar la estructura financiera de estas bandas criminales, crear nuevas cárceles de máxima seguridad, con patrullas con militares en el transporte y que los presos trabajen por su comida. Sería bueno además que reabra los penales de El Frontón y Yanamayo, ampliando asimismo la capacidad de Challapalca para encerrar de por vida a esa lacra que hace de las suyas y que hoy se sienten ‘empoderados’ por un corrupto sistema judicial, conformado por jueces y fiscales caviares que los liberan al día siguiente de ser capturados. Eso se debe terminar y sus cómplices en el Poder Judicial deben ser expulsados y terminar en la cárcel junto a quienes defienden. Por cierto, desde que los resultados de las elecciones fueron oficiales, el pasado 3 de julio, Fujimori ha lanzado una cuenta en redes sociales para escenificar el traspaso de poderes, en los que muestra un perfil ejecutivo y expeditivo. Se trata de vídeos cortos en los que ella sale hablando por videollamada o por teléfono con figuras políticas -conversa, por ejemplo, con el líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, y con de la oposición venezolana, María Corina Machado – o presidentes como Javier Milei - a quien se queja de la burocracia que encuentra en el Estado peruano y a quien le dice que aplicará medidas “parecidas” a las que él ha llevado a cabo en Argentina. Para lograrlo cuenta con el apoyo incondicional de su partido, Fuerza Popular, que es el más disciplinado y con representación en ambas cámaras, pero no cuenta con la mayoría absoluta que necesita especialmente en el Senado, que es la más importante y donde se decide todo, para sacar adelante sus propuestas. Ni el apoyo de las agrupaciones de López Aliaga y Nieto Montesinos (si finalmente ‘convence’ a este último de integrarse al oficialismo) le alcanzarían para lograrlo, ya que contaría apenas 38 votos en una cámara de 60. Por su parte, la izquierda, con la sangre en el ojo por lo que consideran ser víctimas de un “fraude” y sus aliados tienen el resto de escaños, y si al final - como se está rumoreando - atraen a su lado a Nieto ofreciéndole la presidencia del Senado, quedarían 30 a 30, por lo que prevé una gran pelea para ver cuál de los dos bandos se queda con ese codiciado puesto. En Diputados, ocurriría algo similar, y de suceder aquello, Keiko accedería al Poder con un Congreso dominado por la oposición, con el riesgo que ello implica que pueda ser disuelto con el pretexto “que no la dejan trabajar” tal como esgrimió su padre en 1992 para cerrarlo e instaurar una dictadura. Es indudable por ello que antes de dar ese zarpazo, “la compra de votos” por parte de Keiko estará a la orden del día. Pero, de no conseguirlo, ya sabemos lo que se viene. Y es que la historia ha demostrado en el Perú que cuando el Congreso no está en manos del oficialismo, termina mal. La presidenta electa sabe bien qué terreno está pisando. Sabe, por ejemplo, que una parte de la sociedad se ha unido en el pasado en el antifujimorismo, un movimiento heterogéneo y amplio cuyo principal pegamento consistió durante años en cerrarle el paso a la presidencia. Sin embargo, el desastre que fue el régimen filosenderista de Pedro Castillo y su ignominioso final - que esos sectores apoyaron - representó un duro golpe para la izquierda que ha perdido la brújula y termino siendo derrotada en la lid electoral. Precisamente, a ellos se ha dirigido Fujimori con las siguientes palabras: “Quiero hablar a quienes no votaron por mí. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos ahoga como sociedad. La democracia nos entrega un mandato, pero la república nos impone una responsabilidad mayor: gobernar para todos”, ha dicho. Es consciente además de que parte de la población la considera una de las instigadoras de la inestabilidad política del país a través de la acción de su partido en el Congreso, que acaba de aprobar una ley, impulsada por el fujimorismo, que traslada a la jurisdicción castrense los delitos que podrían cometer policías y militares, evitando con ello el circo mediático y la persecución al que estaban sometidos por jueces y fiscales caviares que aun pululan en la administración de justicia. “Lo que se viene es un endurecimiento del poder ejecutivo, acabar con la independencia del resto de instituciones. [El fujimorismo] ya controla el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, los militares, la Fiscalía de la Nación”, indica la politóloga Paula Távara. “Lo más cercano a una oposición institucional que aún queda es el poder judicial, que está en la mira del otrora ultraizquierdista Fernando Rospigliosi - hoy reconvertido en un rabioso fujimorista - quien ha jurado con ‘barrerlos’ a partir del 28 de julio” apunto. Y sabe, por último, que su apellido, y el controvertido legado de su padre, encienden la polarización y despiertan temores. Sobre todo, en dos terrenos, la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos. No se trata únicamente de la historia familiar de la presidenta electa - su padre, el autócrata Kenyo Fujimori, fue condenado por delitos de lesa humanidad -, sino también del camino que ha seguido su partido Fuerza Popular desde el Congreso, con el apoyo de un pacto corrupto con otras agrupaciones, que le proporciono una mayoría para hacer lo que se antojara. Al respecto, el historiador Manuel Burga, quien dirigió el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social - un edificio levantado por el Gobierno alemán frente al océano Pacífico donde miles de fotografías, videos, testimonios y objetos reconstruyen una de las etapas más oscuras del Perú - cree que “es necesario mantener el recuerdo de los abusos cometidos por aquellos años y no eliminarlos como siempre ha pretendido el fujimorismo desde su fundación y que ahora, con su llegada al poder, podrán cumplir sus deseos” asevero. Sobre el futuro gobierno de la hija del autócrata, aseguro: “Nunca han estado interesados en conservar la memoria. Por el contrario, pretenden reescribir la historia donde los vencedores del terrorismo serán los nuevos héroes del Perú”, dice. Para Burga, los lugares de memoria (que el fujimorismo ha prometido destruir, al igual que el denominado monumento del Ojo que llora, en el Campo de Marte) no deben responder a la voluntad de un gobierno, sino a la de una sociedad que todavía intenta comprender su propia historia. “La riqueza de la memoria está en su diversidad y en la aceptación que tenga en la sociedad civil. Lo que no debe hacer el Estado es fomentar un direccionamiento, porque se convertiría en manipulación de las memorias”. Lo dice mientras subraya que el país todavía tiene cerca de 20.000 personas desaparecidas. Para él, la memoria sigue siendo una tarea inconclusa. En tanto, Teresa Carpio, quien dirigió Amnistía Internacional entre el 2000 y el 2004, los años en que cayó el régimen fujimorista y el país volvió a la democracia, encuentra muchos paralelismos entre aquel tiempo y el discurso de abrazarse al legado del padre que ha usado la campaña de Keiko Fujimori. “Fue un periodo de nuestra historia en el que la idea de orden era controlar a la sociedad, la información y a todas las instituciones”. Para Carpio, algunas de las leyes promovidas por Fuerza Popular, como la que evita que los policías y militares sean siendo víctimas de una infame persecución por parte de jueces y fiscales caviares, anticipan la orientación que podría asumir el nuevo gobierno. “Son leyes que están en consonancia con todo lo que hizo el padre. Todo indica que estamos frente a una vuelta al ayer, que ya ha empezado antes de que ella tome el poder. Ello es posible debido a que casi todas las instituciones del Estado ya están bajo su control, facilitándole el camino cuando asuma el poder” asevero. De esta manera, a escasos días del cambio de mando este 28 de julio, el futuro gobierno aún no comienza a gobernar oficialmente, pero ya ha decidido que antes de mirar hacia adelante “en busca de la reconciliación” prometida, pretenderá reescribir el pasado. (Por cierto, no es de extrañar que el cuestionado Tribunal Constitucional - conformado por elementos que se encuentran completamente subordinados al fujimorismo y solicito a cumplir todas sus órdenes - haya decidido esta semana declarar fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el prófugo delincuente Vladimir Cerrón, cabecilla de Perú Libre, quien podrá así salir de la clandestinidad, y cuya agrupación, no hay que olvidar, fue parte del pacto mafioso en el Congreso... FAVOR CON FAVOR SE PAGA)
