Hace unos días en medio de la vomitiva campaña mediática sobre el diferendo marítimo con Chile, se dio a conocer sorpresivamente por parte de un oscuro fiscal con afán de figuración, del archivamiento de la denuncia presentada contra el despreciable genocida Kenyo Fujimori y sus ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, y Eduardo Yong Motta por la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas durante una campaña de control de natalidad en las zonas rurales más pobres del país En efecto, este emblemático caso –
una de las mayores atrocidades de violaciones de los Derechos Humanos cometidos en el Perú - bien pudo haber extendido la sentencia de 25 años de prisión por crímenes de Lesa Humanidad que actualmente cumple Fujimori en la DIROES. Es por ello que esta insólita decisión tomada por ese polémico fiscal , ha generado el rechazo unánime de todos los sectores, quienes han condenado esta burda maniobra de la mafia. De acuerdo con la denuncia elevada por las víctimas de esterilizaciones forzadas existen pruebas contundentes que demuestran que esta práctica ejecutada durante la dictadura fujimorista fue una política estatal de reducción de la población indígena a través de la violación de derechos fundamentales. en la cual unas 300.000 mujeres perdieron su fertilidad durante cuatro años de campaña. Documentos del Ministerio de Salud y de las direcciones regionales del sector de los años 90 señalan que programa fue planificado con metas mensuales y anuales y el número de mujeres que debían ser intervenidas, aún sin consentimiento.
A estas pruebas documentales se añaden múltiples pruebas de carácter testimonial, como las declaraciones que dieron médicos, enfermeras y técnicas, además de los testimonios de las víctimas, quienes contaron con lujo de detalles el sufrimiento que padecieron al momento de ser esterilizadas, quedando demostrado fehacientemente que este programa fue parte de una estrategia criminal orquestada por el régimen dictatorial de Fujimori. En sus declaraciones se advierte que estas mujeres de humilde condición fueron engañadas, coaccionadas, y amenazadas para llevar a efecto el proceso de esterilización. Es notorio también que este plan de control de la natalidad fue dirigido hacia ámbitos donde había pobreza e ignorancia. El perfil determinado de personas-objetivo es claro. Al respecto, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, consideró que la decisión de la Fiscalía es una vergüenza y anuncio que presentarán un recurso de queja para que un fi
scal superior revise el caso y se incluya en la acusación a Fujimori y sus secuaces: "La indignante decisión que ha adoptado la fiscalía no es definitiva, el caso de las 300 mil mujeres esterilizadas contra su voluntad no está cerrado, no estamos aún en la impunidad. Un fiscal superior deberá verlo y decidir, algo que esperamos no tome mucho tiempo" aseveró. De otra parte, el procurador anticorrupción Christian Salas aseguró que existe material probatorio para formalizar la denuncia por las esterilizaciones forzadas que se realizaron durante el gobierno fujimorista. Indicó que 400 mujeres han dado sus testimonios sobre los procedimientos a los que fueron sometidas y coinciden en sus versiones, lo que ha permitido elaborar una argumentación sólida para sustentar la denuncia.Indicó que ”la impugnación que ha presentado a la decisión del fiscal Guzmán se sustenta en la existencia de una incongruencia en su argumentación y porque atenta contra el derecho a la verdad de las víctimas”.
Las esterilizaciones forzadas cometidas por orden expresa de Fujimori y sus ministros, es un crimen que no puede ni debe permanecer bajo el manto de la impunidad :(
