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sábado, 22 de octubre de 2022

PERÚ: Sin vergüenza ni moral

Venga ya, lo que sucede en el país andino no debe sorprender a nadie, ya que se sabía perfectamente que ello iba a ocurrir desde que un oscuro individuo llamado Pedro Castillo - de limitado lenguaje y nula inteligencia - accediera al poder mediante el fraude, y montara una red criminal con familiares y allegados para saquear al Estado desde el primer minuto, por lo que ahora, acorralado ante las evidencias sumamente comprometedoras (que más temprano que tarde lo llevaran a la cárcel por corrupto y por ladrón) ataca en todos los tonos a la Fiscalía de la Nación, el Congreso y la prensa independiente, acusándolos de “golpistas” cuando es él quien pretende hacerlo, para instaurar a continuación “su república popular de nueva democracia” siguiendo los lineamientos de su maestro y guía Abimael Guzmán, buscando con ello la impunidad de sus delitos y atornillarse en el cargo como hacen todos los comunistas, de la cual, tal como lo ha demostrado la historia, solo salen muertos. Si es que no lo hizo hasta el momento - ya que ganas no le faltan para ello - es que aun no tiene el control de las FF.AA., pero va en ese camino. Ahora, de una forma por lo demás cobarde, dejando traslucir el miedo que lo embarga ante la posibilidad de ser vacado y terminar de por vida tras las rejas en la misma celda en la que murió su idolatrado “Presidente Gonzalo”, no solo hace trasladar a Lima desde el interior del país, a un grupo de delincuentes prontuariados disfrazados de “reservistas” del ejército, para que en un esperpéntico espectáculo desfilasen en Palacio amenazando a voz en cuello con asaltar el Congreso, tratando con ese operativo psicosocial de infundir miedo entre la población, sino que además en un patético Mensaje a la Nación rodeado de sus secuaces e integrantes de la banda delincuencial que él lidera - apodada La Chota Nostra - ha implorado a la OEA a que active la denominada “Carta Democrática” buscando deslegitimar con ello la fundamentada denuncia constitucional formulada en su contra por la Fiscal de la Nación. Pero ello de nada le va a valer por más que lo haya conseguido, ya que como afirmo el Presidente del Congreso, José Williams, “La decisión de la OEA de avalar a este corrupto régimen - tal como se esperaba desde el primer momento - teniendo a un sujeto tan repelente como Luís Almagro al frente de ese desacreditado organismo, de ninguna manera afectaran los procesos que se realizan en el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Publico o Defensoría, los cuales seguirán su curso. La OEA no es nadie para inmiscuirse en nuestros asuntos y lo que diga o haga nos tiene sin cuidado” expresó. Como sabéis, hasta hace relativamente poco, Torre Tagle era una de las pocas instituciones que prestigiaban el servicio público en el Perú. Una reputación que se labró durante años y que ha ido dilapidando en cuestión de meses a una velocidad insólita. Por eso, más que indignar, apena verla hoy entregada sin remilgos al servicio del filosenderista Pedro Castillo y convertida en una caja de resonancia de su ridículo discurso de victimización que a estas alturas solo sus más afiebrados seguidores podrían comprarle. Si tenéis memoria, hace poco más de un año, muchos analistas sostuvieron que el régimen había demostrado que “siempre puede alcanzar nuevos sótanos de vergüenza”. Ello, a raíz de los fallidos intentos del Ejecutivo por colocar a cuestionados individuos como Richard Rojas (exjefe de campaña de Perú Libre investigado por lavado de activos y sin experiencia diplomática alguna) de embajador del Perú en Panamá y Venezuela. Aquello no fue otra cosa que un intento por sacar del país a una persona a la que la fiscalía le venía siguiendo los pasos para el que cancillería se prestó de manera deplorable. Hoy Torre Tagle ha vuelto a prestarse para un acto vergonzoso que quedará en las peores páginas de la historia de la ignominia. En efecto, en una misiva enviada una semana atrás, pero conocida recién este miércoles, a la Organización de Estados Americanos (OEA), Castillo y su canciller César Landa solicitaron la activación de la Carta Democrática Interamericana para el Perú, apelando a sus artículos 17 y 18, ideados para los casos en los que la democracia en uno de los países de la región se ve amenazada, como suele ocurrir tan frecuentemente en esta parte del mundo. Según el régimen, “en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de otros órganos constitucionales que […] han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado”. Una denuncia absurda desde todo punto de vista que no aguanta el menor análisis… al igual que los argumentos enumerados por el Ejecutivo para sostenerla. Es cierto que el Perú viene atravesando una crisis política sin precedentes, con un analfabeto que usurpa el cargo inmerso en seis investigaciones fiscales acusado de los delitos de corrupción y crimen organizado, muchos de cuyos familiares vienen enfrentando también sus propios procesos penales (incluyendo a algunos detenidos y a otros fugados, protegidos por el régimen), y un Congreso incapaz de ponerle fin a esta situación. Pero también es verdad que hasta ahora la crisis se ha mantenido dentro del cauce constitucional, que las investigaciones contra ese vil sujeto siguen avanzando a pesar de los escollos puestos por el régimen y sus operadores, y que las discusiones legales (como, por ejemplo, aquella en torno de la denuncia presentada por la Fiscal de la Nación al Legislativo) se encaminan a resolverse en los foros correspondientes. Si, por el contrario, existe un actor que ha venido socavando la democracia en el Perú, ese es el régimen. Son Castillo y sus funcionarios, quienes al fin y al cabo son los que no han venido respetando la separación de poderes, interfiriendo groseramente en la labor del Ministerio Público y del equipo especial de la policía a través de ardides cada vez más burdos, o dándole largas a la orden del Poder Judicial de reponer al procurador general del Estado, Daniel Soria, en un puesto del que se lo destituyó de manera ilegal. Son ellos los que vienen limitando sistemáticamente la labor de la prensa independiente, a la que el analfabeto ese no solo rehúye, sino que también ahora impide el acceso a conferencias celebradas en Palacio de Gobierno. Son ellos, en fin, los que cargan con serias imputaciones de obstaculización de la acción de la justicia, destrucción de pruebas e intentos por copar las Fuerzas Armadas. Obviamente, no sorprende este nivel de descaro en un régimen que hace tiempo perdió la vergüenza, pero sí hasta dónde más puede escarbar para intentar mantenerse en el poder a como dé lugar. No es de extrañar que siempre encentrarán nuevos sótanos de abyección para sorprendernos. Es más, para decepción de Castillo y su banda delincuencial, la OEA no los salvará del destino que les espera :)
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