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sábado, 1 de julio de 2023

PERÚ: Hundido en su inmundicia

Como podéis suponer, nos estamos refiriendo al delincuente terrorista Pedro Castillo (alias Abimael 2.0) quien se encuentra en la cárcel por golpista y por ladrón, el cual semana a semana sufre continuas derrotas en el Poder Judicial al quedar desbaratada toda la estrategia montada por sus abogados quienes con absurdos argumentos tan grotescos como risibles, buscan la manera de que salga de prisión, sin conseguirlo. Como sabéis, este analfabeto filosenderista que llego al poder mediante el fraude, cumplirá la próxima semana 7 meses tras las rejas, como consecuencia del golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre con el objetivo de instaurar una sangrienta dictadura comunista y que fracasó miserablemente a las pocas horas, siendo capturado públicamente por la policía y enmarrocado como un vulgar delincuente, mientras huía desesperadamente por las calles de Lima. Desde entonces, no ha cesado en su empeño de tratar de evadir a la justicia, que lo condeno a 36 meses de prisión preventiva, en espera de su juicio, donde por la gravedad de sus múltiples delitos cometidos, le espera una sentencia entre 30 a 35 años de prisión. Pero hay algo que no ha tomado en cuenta para pretender salir de la cárcel, y es la pésima labor de su defensa legal que ha logrado lo impensable: ser tan caótica como el régimen del mafioso al que patrocinan. En efecto, desde su entrada en la DIROES, el burro chotano ha contado, con al menos 17 abogados. Los ha tenido de todo tipo. Algunos más estridentes que otros. Algunos más enfocados en defenderlo en la esfera internacional que a nivel interno. Están también aquellos que lo acompañan desde hace varios meses y quienes ejercieron su defensa durante apenas un puñado de semanas. Y no faltan los que tuvieron algún cargo público durante su administración, como los exministros Aníbal Torres y Walter Ayala. Todos ellos, sin embargo, han logrado ser un desastre. Ese es, a decir verdad, el único logro que han obtenido en conjunto, porque, hasta el momento, todos y cada uno de los variados - y muchas veces descabellados - recursos que han presentado ante diferentes instancias del Poder Judicial han sido rechazados. Ni siquiera han sido capaces de urdir una estrategia uniforme para defender a su cliente y, más bien, entre ellos parece haberse establecido la máxima de buscar el mayor protagonismo posible a costa del resto. Un esfuerzo bastante cuestionable, por cierto, ya que no olvidemos que, a fin de cuentas, se trata de defender a quien intentó subvertir el orden constitucional y que, una vez que vio naufragar sus planes, intentó cobardemente huir a Méjico. En estos casi siete meses desde el zarpazo de Castillo, sus abogados se la han pasado difundiendo una retahíla de alegatos para justificar lo injustificable tan disímiles que resulta imposible tomarlos en serio. El mismo día del golpe, por ejemplo, Víctor Pérez Liendo afirmó que se pretendía procesar a su patrocinado “por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal”, refiriéndose a las decisiones de Castillo de disolver el Congreso, reorganizar el sistema de justicia, instaurar un estado de emergencia y gobernar por decreto anunciadas en su mensaje a la nación. Sin embargo al día siguiente, Guillermo Olivera se sacó de la manga el recurso de que ese oscuro individuo “no se encontraba en sus cabales” cuando leyó el discurso golpista en la televisión. “Cuando leyó ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida y luego de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. [...] Estaba un poco sedado”, afirmó. A los pocos meses, no obstante, su nuevo abogado argentino Guido Croxatto conto en una entrevista que Castillo tenía siete discursos diferentes el día del golpe y que optó por leer “el más suave”. Una revelación que echaba por tierra la versión de Olivera y que, para variar, quedó posteriormente desacreditada por su colega Eduardo Pachas, quien afirmó que Castillo leyó el mensaje golpista debido a que se hallaba “con amenazas de muerte hacia su persona” (?) Ahora, además, a las diferencias de versiones entre los abogados del aprendiz de dictador se han venido a sumar los ataques directos entre ellos. Esta semana, Olivera calificó de “entreguista” al exministro Aníbal Torres por haber firmado, en calidad de defensor legal, el acta de detención de Castillo el día del golpe, y lo acusó de haber desempeñado “un rol teleridigido, un rol encubridor”. Según fuentes consultadas, además, Olivera se habría convertido en el agente discordante en el interior del equipo de abogados de Castillo debido a su afán de “figurar, de ser el jefe”. Y en las últimas semanas ha pasado a fungir de vocero de la estrategia legal - en el sentido, claro está, de que esta exista - del golpista, anunciando, por ejemplo, las movidas de abogados de un caso a otro. Como imagináis, el patético espectáculo que dan los abogados de Castillo termina emulando en muchos aspectos lo que fue su nefasto régimen, y daría risa si no fuera porque estamos hablando de un asunto tan serio como el procesamiento de quien trató de liquidar la democracia peruana. Y el sainete montado por sus defensores legales no debería eclipsar esta verdad incontestable. No cabe duda que estos continuos reveses legales representan una derrota significativa para ese impresentable sujeto - que pretendía hacer realidad el sueño de su idolatrado líder, el despreciable genocida senderista Abimael Guzmán de instaurar en el Perú una “república popular de nueva democracia” - ya que la investigación por rebelión en su contra continuará. El proceso legal seguirá su curso, y se espera que se lleve a cabo cuanto antes. Esperemos que el Poder Judicial dé su veredicto sin mayores contratiempos y lo castigue ejemplarmente. No se puede vivir bajo el imperio de la ley si no se sanciona a los que violan y se burlan de la justicia ¿No os parece?
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