A nadie debe extrañar que desde el (des)gobierno del Traidor a la Patria y conocido lobbysta Pedro Pablo Kuszynski se abrieran las fronteras del Perú para que millones de indeseables venezolanos “invadirán” el país andino - donde han desatado el terror y la delincuencia a niveles nunca vistos antes - estas inexplicablemente han quedado prácticamente desguarnecidas desde entonces, situación que ha sido aprovechada por grupos narcoterroristas en la frontera natural peruano-colombiana formada por el río Putumayo por ejemplo, donde los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (ex FARC) las cruzan a voluntad, instalando sus bases en el lado peruano, desforestando los bosques y convirtiéndolas en zonas cocaleras. ¿Y qué hace el Estado para impedirlo? En efecto, el pasado domingo, el programa “ContraCorriente” de Willax reveló un documento proporcionado por inteligencia, el cual indica que estos remanentes se hacen llamar “Los Comandos de la Frontera - Segunda Marquetalia” y surgieron tras el rechazo al acuerdo de paz, firmado con Colombia en el año 2016. Su avance en el Perú data desde hace cinco años. Asimismo, se reveló que el cabecilla del comando se llama Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, quien ha tejido una red peligrosa que amenaza la seguridad de la población en la zona. “Nuestra organización se conforma por ex combatientes (...) y por personas que han creído en nuestra lucha, en este proyecto político-militar”, señaló Rojas en una entrevista en formato video al diario colombiano El Espectador, la cual fue incluida en el reportaje dominical. Los alcaldes de los distritos de esta región fronteriza han expresado su preocupación por la grave situación en ese lugar, quienes cuestionan la ausencia del Estado en casi todos los campos. Para José Luis Gil, ex miembro del GEIN, estos remanentes representan un gran peligro para el país debido a que sus acciones no conocen límite alguno. “Esas personas son capaces de cualquier cosa, son capaces de matar. Esas personas no tienen ningún escrúpulo, tenemos que entender esto”, expresó Gil. Las primeras apariciones de la “Araña” en las comunidades de Putumayo datan de mediados del año 2020, específicamente en la localidad de Huapapa, a donde llegaron en tres embarcaciones fluviales portando armas. Tras instalarse, empezaron a incentivar a la población a realizar cultivos de coca. Según las imágenes presentadas por “ContraCorriente”, desde febrero del 2021 hasta enero del 2023, el servicio de inteligencia obtuvo evidencias de cómo los miembros del comando han supervisado la expansión de las plantaciones de coca. Incluso habían logrado conseguir acceso a Internet a través de teléfonos celulares. Gil, quien ha recorrido ese territorio, conoce el modus operandi de los terroristas. “Por ejemplo, generan tráfico de drogas porque ellos promueven el cultivo en el lado peruano. Obligan a los campesinos peruanos a cultivar la hoja de coca, los ponen como guardianes”, explicó. Por otro lado, de acuerdo con los reportes de inteligencia, otra de las operaciones de los disidentes de las FARC en la zona es la instalación de campamentos. El primero de estos se situó en el distrito Manuel Clavero en marzo del 2021, lugar que ha sido declarado en emergencia. Posteriormente, tras una investigación, se descubrió en septiembre del 2023 otro campamento en Puerto Lupita, ocupado por siete terroristas. En ese lugar, ocurrió una masacre y el asesinato de una mujer en diciembre de ese mismo año. Para José Luis Gil, la existencia de estos campamentos es una suerte de base de operaciones. “La necesidad de sostener operaciones ilícitas de esta gente generan que se afinquen en lugares para poder desarrollar sus actividades. Entonces ellos hacen campamentos temporales mientras que dura el proceso de la cosecha y de elaboración de coca y de ahí se van moviendo por el área, se afincan y utilizan a la población”, precisó el ex miembro del GEIN, quien asimismo abordó otros actos cometidos por los terroristas de las FARC: “También se dedicaban a promover la “doble identidad”, debido a la inmigración ilegal, distorsionaba el uso de la moneda (imponían el dólar en la zona), aplicaban el sicariato y desplazaban columnas terroristas por el río Putumayo y en los pueblos aledaños. El control del río Putumayo, incluso del río Napo hasta el que llegaban, les permitía el control de casi toda la zona para facilitar el tráfico de drogas”, señaló. Respecto a la situación de los locales, cuatro alcaldes, cuyos nombres no fueron revelados, expresaron a los reporteros de “ContraCorriente”, que muchos caciques han abandonado sus localidades ante el miedo de las represalias contra sus familias. “¿Quién denuncia eso? Nadie denuncia por el miedo a que sigan matando a sus familiares”, indicaron y señalaron que la proliferación de los remanentes de las FARC también es una consecuencia de la falta de una presencia sólida del Estado peruano en la región fronteriza, así como la carencia de obras e infraestructura decente. Según informó Willax, la DIRCOTE ha identificado a más disidentes de las FARC y que “pronto habrían resultados”… palabras al viento. Otra de las cuestiones que preocupa a José Luis Gil es la inmigración ilegal, para la cual no hay un control. “En el año 2006, nosotros descubrimos más de 30 niños cuyos padres habían cruzado la frontera peruano-colombiana y no habían regresado nunca. Muerte segura”, comentó sobre esta realidad, la cual ha empeorado hasta la actualidad. El reportaje de “ContraCorriente” afirmó además que la puerta de entrada a lo que se ha convertido en un “Segundo Vraem” es la triple frontera donde están la localidad de Santa Rosa (Perú), y las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Aunque es una zona donde hay control migratorio, se ha identificado el ingreso de criminales, narcotraficantes y de los terroristas remanentes de las FARC. Incluso un grupo de peruanos propietarios de botes, ofrecen movilidad clandestina entre las fronteras, a cambio de una suma que puede llegar hasta los 500 soles por persona. También ha surgido una mafia llamada “Los Gota a Gota del Oriente”, quienes extorsionan a la gente y que recientemente fueron golpeados por un operativo de las autoridades peruanas, donde fueron allanados 22 locales. Al respecto, José Luis Gil aseguró que una posible solución a todos estos problemas es fortalecer la presencia del Estado Peruano. Lamentablemente, sin una buena infraestructura, sin un número alto de efectivos policiales y militares y sin un control migratorio riguroso, el Putumayo sigue consolidándose como un “Segundo Vraem” y en un peligroso bastión narcoterrorista. Esta cuestión debería ser abordada con urgencia por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Cancillería. No se puede permitir que los terroristas colombianos hagan lo que quieran en territorio peruano ¿No os parece?
