Tal como señalamos al final la semana pasada, es absolutamente incomprensible como en el Congreso se dilate hasta las calendas griegas un asunto que debió haberse tratado con absoluta prioridad, como es la inhabilitación política del despreciable asesino de policías y sucio drogadicto Antauro Humala, quien (con el apoyo del JNE, en manos del otrora defensor de terroristas Víctor Salas Arenas, alias ‘Camarada Coquito’) pretende presentarse como candidato en las próximas elecciones, lo cual no debe permitirse por ningún motivo. Pero lamentablemente hasta el momento nadie quiere tomar una decisión, el tiempo corre y mientras tanto, a la Presidencia del Perú pueden postular, ladrones, asesinos, terroristas y otros criminales gracias a la inacción de los parlamentarios. Pese a que el dictamen está aprobado hace cinco meses, el Congreso de la República sigue dilatando el debate de la ley que busca evitar que las personas condenadas por delitos graves puedan postular a cargos de elección popular, tras cumplir su condena. ¿A qué están esperando? Como sabéis, mientras la incertidumbre política actual en el país andino no disminuye por obra y gracia de los parásitos caviares y la prensa basura que continúan con sus escandaletes mediáticos a pesar de sus reiterados fracasos, el Perú se sigue acercando al 2026, año en el que deberán ser las próximas elecciones generales. Sin embargo, se enfrenta a un gran problema de cara a ello. Actualmente puede postular a la presidencia casi todo el mundo. Si hasta un analfabeto como Pedro Castillo lo pudo hacer, también pueden postular incluso aquellos que han cometido crímenes gravísimos contra la sociedad. Hoy en día, un asesino, un ladrón, un violador o un terrorista, que ya haya cumplido su condena en la cárcel, puede postular a la Presidencia del Perú, o en todo caso al Congreso. Lo que significa que la idoneidad de los candidatos para las próximas elecciones se encuentra seriamente comprometida. Gracias a esta situación, se podría tener al asesino de policías Antauro Humala como candidato a la presidencia de la República en el 2026, quien, como recordareis, ya cuenta con un partido político, el cual cuyas siglas forman su nombre, preparado para impulsarlo en su campaña electoral financiada por el narcotráfico. Tras esta situación, en diciembre del 2023 se debatió la iniciativa que unía distintos proyectos de bancadas como Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre para impedir que quienes hayan cometido delitos graves puedan acceder a cargos de elección popular. No obstante, dicha iniciativa, y de manera escandalosa se habría quedado en la Comisión de Constitución hasta el día de hoy. ¿Qué oscuros intereses hay detrás de esa decisión? En los primeros días de abril, el congresista Alejandro Muñante envió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, con la intención de que el pleno del legislativo priorice este proyecto de reforma constitucional para impedir que aquellos que hayan cometido delitos graves puedan acceder a cargos de elección pública, hasta por un plazo de 10 años tras salir de prisión. Recalcando el hecho de que esta iniciativa ya habría sido aprobada hace meses por la Comisión de la Constitución. “Sustento mi pedido en que esta iniciativa de ley [...] busca garantizar que estos cargos sean ocupados solamente por personas con probada trayectoria moral, y no postulantes que amenazan nuestros intereses nacionales y nuestra democracia”, manifestó el legislador. Sin embargo, nos encontramos a finales de mayo y dicha iniciativa no ha sido debatida en el pleno del Congreso. Tras este inaudito retraso, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó cualquier responsabilidad, señalando que no depende de la Mesa Directiva la realización del debate. El más que cuestionado parlamentario, señaló el lunes 20 de mayo, que el proyecto de ley para esta reforma constitucional no ha salido de la Comisión de Constitución, presidida por la legisladora fujimorista Martha Moyano, pese a que su aprobación se dio hace más de cinco meses. “Ni el presidente del Congreso, ni la Mesa Directiva, tienen en la agenda de Orden del Día ningún proyecto referido al impedimento en la postulación de sentenciados a cargos de elección popular. Dicho dictamen se encuentra en la Comisión de Constitución hace varios meses, por lo tanto, cuando ellos evalúen la priorización del debate, se le dará el trámite correspondiente”, manifestó Soto. De igual manera, el congresista Roberto Chiabra se pronunció en contra de que esta iniciativa se encuentre aún desatendida en el legislativo. “Yo también presenté un proyecto de ley y lo estuvimos viendo en el pleno. Sin embargo, pasó a cuarto intermedio que ya parece cuarto eterno. Es tiempo de que se debata. Habrá que preguntarle a la presidencia de la Comisión de Constitución por qué no se pone en el pleno”, mencionó. Declaraciones llamativas, considerando que hace unos días, el 14 de mayo, la congresista Moyano manifestó a la prensa que la demora del debate de la iniciativa es responsabilidad de la Mesa Directiva del Congreso. “Está (la iniciativa) en cuarto intermedio y tenemos que retornar del cuarto intermedio (¿cuándo lo verán en el pleno?) Eso depende de la Mesa Directiva”, sentenció. Sin embargo, hay quienes la señalan como la responsable de estar bloqueando su admisión a debate debido a que de ser aprobado impediría no solo a Humala, sino al propio Kenyo Fujimori postular, como se especula desde que este fue indultado. Por más que su círculo lo pueda negar, se sabe que tiene intenciones de presentarse el 2026 y no hay dudas que los fujimoristas preferirían que sea el candidato de Fuerza Popular antes que su hija Keiko. Pero de aprobarse esta norma, podría verse impedido a postular, sentenciando los anhelos de sus seguidores. ¿Será por ello que Moyano y Fuerza Popular están poniendo en riesgo la democracia, aplazando irresponsablemente este proyecto, solo para que Fujimori pueda postular? No cabe duda que en el Congreso nadie se quiere responsabilizar por la inacción de esta medida. Si los peruanos quieren mejorar las posibilidades para las próximas elecciones, deben hacer hincapié en esta situación para que el Pleno la debata (y apruebe) lo más pronto posible. Los criminales como ese autodeclarado consumidor de marihuana y abierto admirador de Sendero Luminoso, no pueden ni deben poder aspirar a la presidencia del país, al Congreso, ni a ningún cargo público. Si los peruanos quieren que la vitalidad de su democracia no se vea aún más en riesgo, la idoneidad de los candidatos debe ser un tema primordial. Al respecto, el congresista Alejandro Muñante escribió: “Una reciente encuesta de Ipsos Perú revela interesantes datos de percepción ciudadana sobre las personas que no deberían postular a la presidencia del Perú. Así, 94% de peruanos considera que no debería permitirse que postulen a la presidencia, los condenados por homicidio aun cuando hayan cumplido su condena. Asimismo, 93% considera que no debería postular a la presidencia una persona sentenciada por rebelión contra el Estado. También, 55% de peruanos considera que el ex primer ministro Aníbal Torres debe ser inhabilitado para ejercer cargos públicos. Esto evidencia el hartazgo de la población hacia la corrupción; la delincuencia; e incluso los indicios de la misma. Fundado en esta razón es que presenté el Proyecto de Ley 3911/2022-CR que ya cuenta con un dictamen en mayoría en la Comisión de Constitución, y cuyo objetivo es garantizar la idoneidad en los cargos de elección popular, y en la función pública. Esta iniciativa de ley que actualmente se encuentra en agenda del Pleno en estado procesal de cuarto intermedio, prevé que una persona que ha sido condenada a pena privativa de libertad como autora, cómplice o instigadora por la comisión dolosa de los tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional, y traición a la patria contra los poderes del Estado y el orden constitucional estén impedidos de postular hasta 10 años posteriores de haber sido rehabilitadas. Es decir, que está impedido de postular a la presidencia toda persona que haya cometido alguno de los delitos citados; y este impedimento subsiste hasta pasado10 años de su rehabilitación en sociedad. Como legisladores hemos previsto este plazo prudente para que se pueda demostrar que el exrecluso realmente se ha arrepentido del accionar delictivo por el que fue condenado. El hecho de que un expresidiario recupere su libertad no significa necesariamente que haya cambiado su manera de pensar, sino rememoremos la funesta frase de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, cuando dijo al momento de su captura en 1992: “Así lo maten. Si uno muere, esto (las ideas), queda en los demás”, hablando de la perpetuidad de la ideología terrorista que enlutó a miles en el país, un nefasto episodio que no queremos repetir ¡Jamás! Asimismo, es inconcebible que alguien que haya asesinado policías o se haya levantado contra el Estado pueda ser presidente del Perú. Los congresistas escuchamos, representamos, y en consecuencia actuamos. Por ello, impulsaremos la aprobación de esta ley que busca la idoneidad en la política y en la función pública. Es justicia. ¡Ningún asesino de policías puede ser presidente del país!”, puntualizó. Compartimos plenamente su punto de vista, pero que no quede solo en palabras y pasen a la acción de inmediato... No hay tiempo que perder.
