Una preocupante noticia desde todo punto de vista fue la absurda posición tomada por los vocales de la Tercera Sala Penal del Poder Judicial quienes resolvieron revocar la prisión preventiva de 9 meses impuesta en primera instancia contra varios miembros de la cúpula del MOVADEF (brazo legal de la organización terrorista Sendero Luminoso) a quienes les otorgó el beneficio de ser juzgados en libertad por los delitos de terrorismo agravado y financiamiento al terrorismo.
Este escandaloso fallo ha generado una ola de indignación en la opinión pública frente a una decisión que a todas luces constituye un precedente que favorece el activismo legal del terrorismo. Esta irrita decisión de los vocales se “justifica” - según dicen – “por una supuesta insuficiencia de las pruebas presentadas por la fiscalía para vincular a los denunciados con dichos delitos”. Los cuestionados vocales también señalaron que la fiscalía “solo ha presentado los testimonios de colaboradores eficaces sin corroborar si estas declaraciones son verdaderas, que fueron mostrados recortes de periódicos sin ningún valor en las investigaciones y que los imputados no amenazan la actividad procesal con una probable fuga”.El escándalo fue tal que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se vio en la obligación de destituir a dichos magistrados, pero el daño esta hecho.
No es la primera vez que este Poder del Estado se encuentra en el ojo de la tormenta; por todos es conocido su infiltración por los integrantes de la mafia criminal aprofujimorista y ello se traduce por ejemplo en las espurias acciones de amparo expedidas a favor del bufón aprista Alan García Pérez, las gollerías que disfruta en su celda de la DINOES el despreciable genocida Kenyo Fujimori (condenado a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad), la “exculpación” de Castañeda Lossio por el Caso Comunicore o la puesta en libertad de Benedicto Jiménez, integrante del Clan Orellana, una organización delictiva cercana al APRA y hoy prófugo de la justicia. Estos casos demuestran que algo se pudre en el Poder Judicial y el gobierno no hace nada por solucionarlo. En relación a la liberación de la cúpula senderista, esta se dio a pesar de existir abundante información recabada con solvencia por la policía y la fiscalía durante cuatro años que condujo a la operación Perseo en abril pasado al arresto de 28 personas cuyo vínculo con SL se encuentra acreditado. Los vocales han desmerecido el trabajo de interceptación telefónica legalizados por una decisión jurisdiccional, los hallazgos en la celda de Guzmán y en sus colaboradores, y los cuatro colaboradores eficaces que coincidieron en señalar que Alfredo Crespo, Manuel Fajardo y otros miembros de la cúpula del MOVADEF se reunieron en el Alto Huallaga con ‘el camarada Artemio’, para recibir fondos que financien la legalización de SL. En un extremo censurable, los vocales se han referido despectivamente a los “recortes periodísticos”, un lapsus negligente que olvida el enorme papel desempeñado por la prensa en la denuncia del terrorismo, la violación de DDHH y la corrupción y que sí han sido tomados por los jueces en centenares de casos. Las explicaciones de los magistrados han sido básicas, primarias y desprovistas de una apreciación procesal solvente. Surge claramente la imagen de vocales de una sala nacional con escasa capacidad discrecional, imposibilitados de inferir el alcance de las pruebas, encerrado en los códigos, renuente a apreciar los tipos penales en juego y poco avisados sobre la naturaleza del proceso que tienen entre manos. Sus argumentos nos han mostrado que se encuentran en una frecuencia distinta a la de las leyes vigentes, preocupados en separar a SL del MOVADEF y a este último grupo del líder senderista Abimael Guzmán. Su sentencia demuestra que el Poder Judicial no se encuentra preparado para juzgar las actividades terroristas no armadas pero igualmente ilegales. Es un precedente que debe preocuparnos.
Entretanto, los dirigentes senderistas ya están en libertad, listos para pasar a la clandestinidad y reiniciar sus acciones subversivas con apoyo del narcotráfico, los cuales por cierto, también financian la campaña de Keiko Fujimori - la hija del genocida - tal como lo denuncio recientemente el ministro del Interior. Por lo visto, los extremos se juntan. Es por ello necesario hoy mas que nunca combatirlos a ambos con firmeza y con la ley en la mano, para evitar un retorno al pasado. El Perú no se lo merece :(
