El pasado domingo se realizo en este país un censo poblacional por parte del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) que obligo a los más de 30 millones de peruanos a quedarse en sus casas para ser empadronados durante la ocasión. Sin embargo, como podéis imaginaros, este fue mal planificado y se desarrollo en medio de un caos absoluto - incluyendo robos, ataques y hasta violaciones sufridas por los empadronadores al momento de realizar su labor - demostrando con ello una vez mas el grado de improvisación de este (des)gobierno que va a la deriva en todo orden de cosas. A ello debemos agregar que miles de personas no llegaron a ser empadronadas, aduciendo las excusas más ridículas por parte del INEI para no hacerlo (como la ‘proliferación’ de edificios multifamiliares que se han levantado por todo Lima y ‘que no están en la base de datos’ a pesar de que llevan años de construidos y habitados) por lo que muchos especialistas cuestionan la versión oficial dada apresuradamente la noche del domingo por el propio jefe del INEI, quien informo irresponsablemente “que solo entre 2% y 3% de los cerca de 7’668.000 viviendas de la zona urbana de todo el país no alcanzó a ser censado”, aunque no quedó claro cómo sustentaba tal afirmación, ya que en realidad se tratarían de muchos mas, por lo que según la legislación existente, obligaría a realizar un nuevo censo. Por si fuera poco, es lamentable el maltrato dado a los ‘voluntarios’ que realizaron dicha labor, ya que les habían ofrecido unos míseros S/. 50 por empadronar, pero hasta ahora no les pagan, y se han pasado toda la semana formando largas colas desde las 3 a.m. dejando de ir a estudiar y/o trabajar, exigiendo a las autoridades que cumplan lo prometido. Y eso que solo nos referimos a lo que sucedió en Lima, ya que en el interior del país fue peor. Como si ello no fuera suficiente, el escándalo suscitado al descubrirse la existencia de un convenio de auspicio firmado entre el INEI con una universidad perteneciente al cuestionadísimo César Acuña (el de las tesis plagiadas) quien resulto el gran beneficiado ya que no solo coloco el logo de su institución en los stickers de las casas censadas - publicidad gratuita para su campaña - sino que también será quien maneje a su antojo la información privilegiada obtenida del censo, lo cual por cierto esta prohibido por ley, ya que tendría acceso a datos confidenciales de los ciudadanos que únicamente debería de estar en poder del Estado - obligo a la destitución del jefe del INEI Aníbal Sánchez, quien demostró una incapacidad a toda prueba, pero el daño ya estaba hecho. ¿Cuál sería el fin académico para que la empresa de un candidato a la presidencia tenga la base de datos de todos los peruanos, si no es otro que para utilizarlo con fines políticos? Venga ya ¿La finalidad del censo era obtener información demográfica o fue una actividad proselitista? Por lo visto, se trato de este último, utilizando la maquinaria del Estado para favorecer groseramente a su ‘socio’ de gobierno. Por cierto, seria conveniente investigar los convenios suscritos por dicha universidad con el Poder Judicial, que son más que sospechosos. Como sabéis, la Universidad César Vallejo (UCV), de propiedad de César Acuña, no solo financió y firmó un convenio con el Censo Nacional 2017, sino también con el Poder Judicial de La Libertad y el Ministerio Público de Lima, para ‘capacitar’ a jueces y fiscales. Esta alianza tiene una duración de cinco años y terminaría en el 2018, ya que fue firmado en noviembre del 2013. Asimismo, en la quinta cláusula se lee que la universidad se compromete también a darle facilidades a los hijos y esposas de los magistrados. “Promover la capacitación de los fiscales de todos los niveles personal administrativo y médico legal del Ministerio y de sus familiares directos (cónyuge e hijos) facilitando el acceso a las diferentes especialidades con la que cuenta la universidad a nivel nacional, en Pre y Post Grado, maestrías en sus diferentes modalidades doctorados, cursos anuales y centro de idiomas, otorgándoles la categoría especial en la pensión mensual a pagar”, señalan. Quien firmó este tratado fue el titular de la Fiscalía de la Nación de ese entonces, José Peláez. No obstante, precisan que no se renovaría el convenio una vez que termina la capacitación a los fiscales. Pero no todo es gratis, y ahí está el detalle. Por todas estas facilidades, el Ministerio Público acordó ‘asignar’ personal administrativo como fiscales, médicos legales y forenses. Incluso, facilitar el uso de auditorios, ambientes e instalaciones para la realización de conferencias que realice la Universidad César Vallejo. A su turno, el Poder Judicial también firmó este tratado en el 2013 con el entonces presidente Enrique Mendoza, que hoy se desempeña como ministro de Justicia. En suma, los beneficiados aquí fueron los jueces de Lima y La Libertad, quienes en ‘agradecimiento’ por aquella muestra de generosidad para con ellos y sus familias, se encargan de ‘blindar’ a Acuña, archivando todos los juicios en los cuales aparece involucrado en una serie de graves delitos. Es a este impresentable sujeto a quien el INEI le ha entregado toda aquella información privilegiada obtenida del empadronamiento y que en ningún caso debió pasar. No cabe duda que por su pésima organización, politización y falta total de transparencia, el censo ha sido un rotundo fracaso y los responsables de este desastre - y todo apunta tanto a la inefable Mercedes Araoz como a su antecesor en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Fernando Zavala, ya que en su periodo se firmo dicho convenio - deberán rendir cuentas ante la justicia de este negociado realizado a costa del Estado. Toca al Congreso investigar, a la Fiscalía acusar y la Contraloría revisar un proceso cuestionado desde sus inicios :(
