Populista como ninguno, aquel improvisado golpista que (des)gobierna este país de pandereta, aprovechando la actual coyuntura, no ha encontrado la mejor manera de desviar la atención publica no solo de los casos de corrupción en los cuales se encuentra seriamente involucrado, sino también de tratar de ocultar no solo su absoluta incapacidad para hacer frente a la inseguridad ciudadana que se vive en las calles - producto de los millones de venezolanos que han ‘invadido’ literalmente el país para hacer de las suyas cometiendo toda clase de crímenes atroces las 24 horas del día - sino también su total inoperancia ante la temible plaga del Coronavirus que ha llegado al Perú pillándolo con los hospitales y centros de salud públicos colapsados, para proponer demagógicamente cual cortina de humo, la instauración de la pena de muerte, cuando sabe muy bien que se trata de un largo proceso antes de que pueda entrar en practica y que ante todo va a generar grandes e innecesarios debates en el Congreso, el cual como sabéis, apenas va a tener un año de funcionamiento por lo que no va a haber tiempo para ocuparse de ese tema cuando hay otros asuntos mas importantes en espera y que son realmente impostergables. Se trata a no dudarlo, de una estrategia barata para ganar el aplauso fácil de la población creyendo que así mejorara en las encuestas, que como podéis haber daros cuenta es su única obsesión, pensando en una reelección en el 2021 a pesar de estar impedido de hacerlo. Pero para un autócrata dispuesto a eternizarse en el cargo de la manera que fuera - ya que la cárcel lo espera por sus innumerables delitos apenas deje Palacio - todo vale para lograr su ruin objetivo. Como sabéis, a inicios de semana Vizcarra, a raíz del secuestro, ultraje y muerte de una niña de cuatro años en un distrito populoso de Lima y que genero gran indignación, dijo que “se debe evaluar una propuesta que contemple la pena de muerte para los violadores como medida que permita reducir los índices de violencia contra la mujer”. Según indicó, “no se debe descartar ninguna alternativa que permita proteger a este sector de la población ante el incremento de casos de violencia y feminicidio”. También precisó que cualquier cambio en la normativa tiene que ser visto por el nuevo Parlamento. “No quiero adelantar una opinión (sobre la pena de muerte). Hay que analizar todas las opciones que haya y vemos lo que sea efectivo. Tenemos que redoblar esfuerzos”, dijo. “El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso y en consecuencia estamos próximos a tener una nueva representación, (…) hay que evaluarlo”, acotó demagógicamente. Si bien es cierto que la pena de muerte en el Perú no es absolutamente ajena a su orden jurídico, ya que se permite su aplicación en caso de traición a la patria durante conflictos bélicos, sin embargo este mecanismo tuvo más alcance hasta la década de los 70. Hasta 1973, la pena capital estaba contemplada para delitos comunes, tales como parricidio, homicidio calificado, atentar contra miembros del ejército e, incluso, robo agravado que hayan causado la muerte de la víctima. Fue en 1978 cuando el Perú suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José. Desde ese momento, quedó abolida toda posibilidad de implementar la pena de muerte en el marco jurídico del país. En el artículo 4 del referido pacto se establece que: “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”. Así lo entendió la Asamblea Constituyente de 1978. La pena de muerte no se contempló en la Constitución de 1979, salvo para el escenario de traición a la patria antes mencionado. Desde ese momento, el debate siempre estuvo en la mesa como una forma de crear cortinas de humo por diferentes gobiernos para que al final como es obvio, quedo en nada. Para ofrecer un panorama más claro, contrastaremos las opiniones de tres abogados consultados con conocimiento de causa. Aníbal Quiroga señaló que las palabras de Vizcarra son precipitadas y de alguien que no tiene conocimiento absoluto del tema. “Ha sido una infeliz declaración que no se ajusta al canon legal y constitucional del país”, resaltó. “El primer paso para la aplicación de la pena de muerte es denunciar el Pacto de San José. Ningún país de Latinoamérica ha salido a excepción de Venezuela, que está en proceso de salida”, indicó. En este momento entra a tallar la jerarquía de la Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales a los que este país se comprometió a respetar. “La Constitución de 1979 desapareció la pena de muerte para los delitos comunes, así que no se puede restaurar porque así lo dice el artículo 4 del Pacto de San José”, señaló. Sobre dicho tema, el constitucionalista Luciano López emitió su opinión en su artículo ¿Por qué el Congreso no puede aprobar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)?, donde sostiene que “la CADH, al ser un tratado de derechos humanos, tiene rango constitucional y constituye un límite a la reforma parcial de la Constitución por parte del Congreso de la Republica”. Sin embargo, renunciar al Pacto de San José no surgiría efecto inmediato. Para dejar de ser parte de la CADH se tiene que realizar un preaviso de un año, tal como se indica en al artículo 48 de la Convención. Asimismo, hace falta una reforma constitucional luego de concretar la renuncia al Pacto de San José. Dicha reforma se consigue con votos de mayoría calificada en dos legislaturas o mediante la realización de un referéndum, tal como sucedió hace un par de años con los planteamientos en materia electoral y judicial. Además de lo antes mencionado, el Código Penal requerirá ser modificado con los nuevos alcances por la implementación de la pena de muerte en el Perú. Se requerirán largos debates en diferentes comisiones parlamentarias y analizar detalladamente cada punto aprobado en el Pleno del Congreso. El tiempo, por tanto, no sería el mejor aliado. Por su parte, Rosa María Palacios, en su programa Sin Guión, consideró que, en promedio, la inclusión de la pena de muerte en el Perú, demoraría entre tres o cuatro años, para recién poder aplicarse. La pena capital sigue siendo parte del orden jurídico de países como China, Irán, Japón y algunos estados de los EE.UU., siendo el gigante asiático el lugar en el que se sometido a más personas a dicho castigo. No obstante, un estudio publicado por World coalition against the death penalty dio como resultado que en el 2018, 160 países abolieron de su sistema jurídico penal la pena de muerte. Además, centrándonos en este continente, un estudio de Amnistía Internacional indicó que durante dicho año, solo EE.UU. y Guyana condenaron a muerte a procesados en su territorio. La suma de este tipo de sentencias representó la cifra más baja desde 1979. Incluir la pena de muerte en el ordenamiento jurídico peruano podría significar una muestra de la realidad de la frase: el remedio cuesta más que la enfermedad. Renunciar al Pacto de San José significaría además privar a los sentenciados que ven vulnerados sus derechos humanos más esenciales de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia más que podría salvarlos de una injusticia sin retorno.Como podéis imaginaros, el pedido de Vizcarra ha generado gran rechazo en diversos sectores y congresistas de diferentes partidos que recién asumirán sus cargos han mostrado su desacuerdo con la idea, ya que lo calificaron de un retroceso al pasado y anunciaron que votaran en contra si llega a ser presentado en el Parlamento. Así por ejemplo, el vocero alterno de la bancada del Frente Amplio, Carlos Fernández, consideró que Vizcarra ha querido distraer la agenda que realmente importa a los peruanos. “Él sabe que no se puede aplicar esa pena, y no puede dejar el tema en manos del Congreso porque parece que se quiere lavar las manos. Yo lo reto a que envíe un proyecto de ley con la propuesta a ver si se atreve. Es más, que ese proyecto sea con carácter de urgencia”, resaltó. Solo UPP de Antauro Humala apoya la controvertida medida destacando que “Vizcarra recoge su propuesta de campaña”. Venga ya, a que árbol se arrima el corrupto. Por si parte, el expresidente del TC, Víctor García Toma, señaló que la propuesta es demagógica y advirtió que si el Perú sale del Pacto de San José, “habrá consecuencias en el ámbito internacional ya que sería un retroceso nefasto”, indicó el constitucionalista. Incluso personajes cercanos al oficialismo se han mostrado reacios a la propuesta. Así, el exministro Pedro Cateriano se pronunció en contra de tal medida, argumentando que “otorgar esa facultad al Poder Judicial, conociendo la grave situación en la que se encuentra, sería muy peligroso” para la vigencia de los derechos humanos y anotó que los graves problemas del Perú no se arreglan “fusilando”, ni “con silla eléctrica”. A su turno, Alberto de Belaunde (PM) dijo que la propuesta no es disuasiva y más bien se incumpliría con el compromiso internacional de los derechos humanos y se iría en contra de la tendencia internacional debilitando la imagen del país. “Se trata de un peligroso juego político del presidente, ya que dicha iniciativa se da cuando el gobierno no tiene un norte claro en seguridad” sentenció. Ni siquiera en los años 80 y 90, cuando la violencia terrorista y la sangrienta represión de las “fuerzas del orden” llegaban a sus extremos más salvajes, la dictadura fujimorista se atrevió a modificar la Constitución a fin de eliminar a los integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA, al menos a sus líderes Abimael Guzmán y Víctor Polay, que cumplen Cadena perpetua en la Base Naval del Callao. Ni siquiera al mismo Fujimori con lo genocida que fue, se le pudo aplicar la pena capital tras su captura y condena ejemplar a 25 años de prisión por Crímenes de Lesa Humanidad. Hoy pensar en eso sería mucho más difícil, ya que a nivel mundial la tendencia es ir suprimiendo la aplicación de la pena de muerte, por más que haya muchos que la merezcan. No cabe duda que ante el repudio generalizado, Vizcarra ahora dice que no dijo lo que dijo, sabiendo que se ha quedado solo en su absurdo pedido ya que nadie con dos dedos de frente ha querido acompañarlo en esta maquiavélica jugada creada con oscuros fines electorales. Y no va a ser :(
